Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.250-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario.
2Declarar PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de las operaciones Nros. 05001TG14000678G, 05001TG14000691B, 05001TG14000700P, 05001TG14000703S, 05001TG14000732U, 05001TG14000873D, 05001TG14000942A, 05001TG14000972D, 05001TG14000973E y 05001TG14001005Y, de la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-95885497-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Agosto de 2025 Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis para dictar sentencia en el Expediente N° 38.250-A caratulado “MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. C/DGA S/ Recurso de Apelación”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5133/2016 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA N° 15803-384-2011, en fecha 31/10/2016, en cuanto resuelve condenar a la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. al pago de una multa de $ 430.978,40 y formularle cargo por tributos equivalentes a U$S 27.945,13 y $ 49.440,588 (IVA adicional e impuesto a las ganancias), en orden a la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, por el incumplimiento al régimen de importación temporaria en relación a las destinaciones Nros. 05001TG14000678G, 05001TG14000691B, 05001TG14000700P, 05001TG14000703S, 05001TG14000732U, 05001TG14000873D, 05001TG14000942A, 05001TG14000972D, 05001TG14000973E y 05001TG14001005Y, con vencimiento en fechas 21/06/2006, 24/06/2006, 27/06/2006, 01/07/2006, 04/08/2006, 19/08/2006, 31/08/2006 y 09/09/2006.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 20/46 se presenta, por apoderado, la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aludida. A continuación, desarrolla sus agravios. En primer lugar, sostiene que el auto de apertura sumarial es nulo por carecer de los requisitos previstos en el art. 1094 del C.A. Explica que, como consecuencia de ello, operó la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia y doctrina que entiende aplicable. Agrega que la extensión temporal del procedimiento implicó una vulneración a su derecho a obtener un pronunciamiento en plazo razonable. En subsidio, argumenta que dio cumplimiento a la totalidad de las obligaciones impuestas por el régimen de excepción al que se adhirió. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se revoque el acto apelado.
III. Contestación del traslado: A fs. 27/62 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Seguidamente, relata los hechos del caso y efectúa una negativa general. Inicialmente, se opone al planteo de nulidad efectuado por la actora, así como a los de prescripción. Se expide en relación a la carga de la prueba que pesa sobre la importadora y al carácter excepcional del régimen al que se adhirió y del que se vio beneficiada. Explica los alcances de la infracción endilgada. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero apelado, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 15803-384-2011 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 252/11. A fs. 2/32 se agregan impresiones de pantalla del sistema informático vinculado a las destinaciones en trato. A fs. 36, en fecha 25/11/2011, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 60/69 se incluyen los sobres originales de las destinaciones. A fs. 71/72 y 74/100 se efectúa el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 124, en fecha 28/03/2016, se corre vista de lo actuado, notificada a fs. 127 vta., en fecha 06/04/2016. A fs. 165/170 se incluyen constancias del Registro de Infractores. A fs. 171/173 se emite la resolución apelada. A fs. 176/177 la actora da cuenta del recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal y adjunta formulario F4.
V. Que, en fecha 27/08/2018 se abrió la causa a prueba. A fs. 154 se certificó la prueba producida, a fs. 155 se cerró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a la Sala “G” (PV-2025-55223395-APN- VOCXXI#TFN. En fecha 23/05/2025 (IF-2025-55294582-APN-VOCXXI#TFN) se pusieron para alegar. Finalmente, en fecha 03/07/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-72108945-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, previo a todo, debo señalar que, de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que no procede la acción intentada por el Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer sanciones, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., por encontrarse prescriptas, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 36 de las act. adm.).
Que, en este punto, cabe dar favorable acogida al agravio de la actora en tanto plantea que el auto de apertura carece de los requisitos exigidos para su validez (cfr. fs. 21/31 del recurso de apelación). Ello así, toda vez que, tal como a continuación se analizará, dicho acto carecía de la liquidación y el aforo de la mercadería, los que fueron efectuados con posterioridad al vencimiento de los plazos prescriptivos. Que no es ocioso destacar la insistencia puesta por el legislador en el detalle de los incisos del 1094 del C.A., la cual se explica en que consiste en el primer paso procesal completo en el que al contribuyente se le enrostra la realización de un acto ilícito.
Que consentir su cumplimiento parcial implica postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A. que, en su diseño no puede desmembrase o deformar para sostener una imputación que no fue hecha en tiempo y forma. Consecuentemente, es una falla en el procedimiento que conculca el principio constitucional del debido proceso y de defensa en juicio.
Que los arts. 803 y 934 del C.A establecen: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera” y “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que con respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones, el inc. a) del art. 937 reza: “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario…;”
Que razonablemente, para poder tener los efectos que la legislación aduanera le confiere, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que a fs. 36 del sumario administrativo antecedente de estos autos obra el auto de apertura del sumario de fecha 25/11/2011.
Que, de la compulsa del aludido auto resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la actora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto. Que, en efecto, en el mismo auto se dispone la instrucción de sumario en los términos del 1090 inc. c) del C.A., en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura.
Que, la irregularidad se desprende del mismo acto, en el que establece que- previo a todo trámitedebían agregarse las carpetas originales de los despachos y remitirse las actuaciones a efectos de que se informe el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria y demás tributos que gravaren su importación.
Que, en este caso, el aforo de la mercadería se efectuó en fecha 19/03/2014 (conf. fs. 71/72, Nota N° 229/2014-SD RDBA R6) y la liquidación de tributos fue efectuada con posterioridad (fs. 74/100). Que, en virtud de ello, y conforme el criterio sostenido, en mi voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala, considero que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 25/11/2011 -obrante a fs. 36 de los antecedentes administrativos-es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 del C.A.
Que, en virtud de lo manifestado, al ser nulo, el acto de apertura de sumario, de fecha 25/11/2011, carece de aptitud para surtir los efectos que la legislación aduanera le atribuye.
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de las temporales en trato operó en diferentes fechas, todas ellas del año 2006 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años tanto para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por parte del Fisco (conf. arts. 803 y 934 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2007, en los términos de los arts. 804 y 935 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2011, careciendo de aptitud suspensiva e interruptiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 25/11/2011, por las razones ya expresadas precedentemente.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que en este caso la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de apertura sumarial atento a que ella se dispuso en fecha 28/03/2016 (ver fs.124 y vta. de las act. adm.), una vez operada la prescripción.
VII. Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte. 40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la CSJN. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 04/02/2014)”. Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29.422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA - Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)”.
Dicho criterio fue mantenido en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/04/17; 39.183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88.231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/03/18, entre otras.
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28.874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayó acerca de la interpretación que la Sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular —lo que no se garantizaría si, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 10 años después de realizado el hecho gravado—; y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas” (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 28836- A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada).”
A mayor abundamiento, en recientes precedentes, la Cámara antes citada ha reafirmado la importancia del auto de apertura de sumario y la necesidad de que este cumpla con todos los requisitos del régimen legal. (Sala I, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. –TF 33.562-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 03/11/2022, Sala I, “Federal Express Corporation (TF 30.584-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 11/10/2022).
Que también ha puntualizado que “…las exigencias normativas no comportan…una mera referencia o arbitrio susceptible de ser soslayado a voluntad por el operador; por el contrario, los recaudos contenidos en el precepto analizado deben ser cumplidos como requisitos de validez de la apertura sumarial, pues una interpretación contraria importaría lisa y llanamente vaciar de contenido a la norma, temperamento que resulta claramente inadmisible.” (CNCAF, Sala II, “SA Marítima y Comercial JR Williams (TF 27.600-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 12/03/2024.
Que, con fundamento en expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario, y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de las operaciones Nros.
05001TG14000678G, 05001TG14000691B, 05001TG14000700P, 05001TG14000703S, 05001TG14000732U, 05001TG14000873D, 05001TG14000942A, 05001TG14000972D,
05001TG14000973E y 05001TG14001005Y, con costas al Fisco.
VIII. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario.
2).- DECLARAR PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de las operaciones Nros. 05001TG14000678G, 05001TG14000691B, 05001TG14000700P, 05001TG14000703S, 05001TG14000732U, 05001TG14000873D, 05001TG14000942A, 05001TG14000972D, 05001TG14000973E y 05001TG14001005Y, de la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por razones de estricta economía procesal, corresponde remitirse a la reseña efectuada por el vocal preopinante respecto del objeto de la litis, los agravios vertidos en la apelación y la contestación del traslado (considerandos I, II y III), a los fines de evitar reiteraciones innecesarias. No obstante, estimo que en el caso bajo examen corresponde revocar la Resolución DE PRLA n° 5133/2016, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros con fecha 31 de octubre de 2016. Sin embargo, la revocación que propongo descansa en fundamentos distintos de aquellos en los que se apoya el voto que me precede. En efecto, en esa opinión se decide declarar la nulidad del acto administrativo de apertura del sumario, y de allí derivar que la potestad sancionatoria y la acción fiscal tendiente a reclamar la deuda tributaria habrían quedado alcanzadas por la prescripción. Tal razonamiento descansa en la supuesta inexistencia, al momento de disponerse la apertura, de liquidación tributaria o aforo de la mercadería involucrada.
II. Tanto el artículo 805, inciso a), como el artículo 937, inciso a), ambos del Código Aduanero, disponen que el auto que ordena la apertura del sumario produce, respectivamente, la suspensión de la prescripción de la acción de cobro de tributos y la interrupción de la acción para imponer sanciones. Ahora bien, la postura mayoritaria —con la que discrepo— entiende que tales efectos se generan de modo automático, sin necesidad de notificación alguna al presunto deudor o infractor. Dicho de otro modo, bastaría la existencia formal de la resolución que dispone la apertura del sumario para que se detenga o reinicie el curso de la prescripción. Este entendimiento, reiteradamente avalado tanto en sede administrativa como en sede judicial, descansa en la idea de que la sola decisión estatal de iniciar la investigación produce consecuencias sobre los plazos prescriptivos, aun cuando el sumariado no haya tenido noticia ni oportunidad de ejercer su defensa.
III. En tales condiciones, resulta imprescindible recordar que el principio de conservación del acto administrativo constituye una de las columnas rectoras del derecho administrativo argentino. Tal principio obliga a privilegiar la eficacia de los actos estatales siempre que estos cumplan con su finalidad esencial, admitiendo la corrección de defectos menores o formales que no alteren su sustancia ni comprometan derechos fundamentales de los administrados. Bajo esa perspectiva, la resolución que ordena la apertura del sumario tiene como propósito acotar los hechos bajo investigación y habilitar el despliegue del procedimiento sancionador, con miras a esclarecer la presunta infracción aduanera y a impulsar las medidas necesarias para su adecuada sustanciación.
Desde esa óptica, la liquidación de tributos exigida por el inciso d) del artículo 1094 del Código Aduanero debe ser comprendida como un elemento accesorio del acto, cuya ausencia no impide la prosecución del sumario ni cercena el derecho de defensa del presunto infractor. En efecto, el administrado toma conocimiento de la pretensión fiscal al momento de corrérsele vista del sumario, instancia en la que puede ejercer de modo pleno su facultad de descargo. Por lo tanto, aun cuando la suspensión de la prescripción opere automáticamente desde la emisión del acto, el único fundamento válido de ese efecto se halla en el interés recaudatorio del fisco, sin que la omisión de una liquidación inicial provoque indefensión real ni altere la ecuación procesal.
Así planteadas las cosas, la ausencia de liquidación en la resolución de apertura no alcanza la entidad de vicio invalidante, pues no compromete la finalidad esencial del acto ni hiere garantías fundamentales. Declarar su nulidad sobre la base de una exigencia puramente ritual, sin perjuicio concreto para el administrado, equivaldría a consagrar una nulidad por la nulidad misma, práctica abiertamente incompatible con los principios de eficacia y conservación que inspiran el derecho administrativo. Tal desenlace, lejos de honrar el orden jurídico, lo degrada en formalismo vacío.
IV. Sin perjuicio de lo previamente señalado, las singulares circunstancias de la causa imponen declarar la invalidez del procedimiento instruido en autos, en razón de la inobservancia de pautas temporales mínimamente razonables. En efecto, del detenido repaso de lo actuado en sede administrativa se desprende un dato difícil de justificar: el auto de apertura del sumario fue dictado el 25 de noviembre de 2011; las liquidaciones de tributos y multas, junto con el aforo de la mercadería, se confeccionaron en 2014; sin embargo, la vista de tales actuaciones al presunto responsable recién se corrió el 28 de marzo de 2016. Dicho de otro modo, el fisco demoró casi cinco años desde la apertura del sumario y una década desde el vencimiento de las destinaciones temporarias en poner en conocimiento al administrado. Entre 2011 y 2016 el expediente sólo registró movimientos burocráticos menores: la agregación de destinaciones cuestionadas y la elaboración del aforo y de las liquidaciones. Ninguno de esos trámites justifica una parálisis de semejante magnitud.
Desde esta perspectiva, corresponde recordar que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8.1 garantiza no sólo el derecho a ser oído, sino también a serlo en un plazo razonable. A su vez, el artículo 25 de la misma Convención consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, incluso frente a violaciones perpetradas por autoridades en ejercicio de funciones oficiales. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que los órganos estatales investidos de facultades jurisdiccionales deben respetar dichas garantías en todas las instancias (caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31/01/2001, párr. 69; caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 02/02/2001; Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 27). Por ende, la demora en la notificación al administrado no es un defecto anodino, sino una transgresión frontal al derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución.
A mayor abundamiento, el análisis actual debe considerar la reciente ley N° 27.742, denominada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que al modificar la Ley 19.549 incorporó en su artículo 1° bis principios rectores del procedimiento administrativo, entre ellos la juridicidad, la razonabilidad y, decisivamente, el derecho a un plazo razonable. Tal consagración normativa robustece la obligación de la Administración de dictar y notificar sus decisiones en tiempo oportuno, pues lo contrario importa negar tutela administrativa efectiva. La inacción prolongada o la dilación injustificada no son simples disfunciones burocráticas, sino infracciones a derechos fundamentales.
Por consiguiente, la demora insólita verificada en autos no sólo contraría la razonabilidad exigida por la Constitución y la Convención, sino que, a la luz de la nueva legislación, exhibe un patrón de ineficacia administrativa que roza la arbitrariedad. Declarar la invalidez del procedimiento no es, entonces, un gesto formalista, sino una exigencia del Estado de Derecho: el administrado no puede ser rehén de la lentitud de la maquinaria estatal.
Por todo lo hasta aquí razonado, emerge con nitidez que la resolución apelada no puede sostenerse en pie por razones sustanciales ligadas a la violación del derecho de defensa, a la inobservancia del plazo razonable y al apartamiento de los principios de eficacia y conservación que rigen la actuación administrativa. En efecto, la demora injustificada en la tramitación del sumario desnaturalizó su finalidad y colocó al administrado en una situación de indefensión incompatible con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional.
Así entonces, mantener la validez de lo actuado implicaría convalidar un procedimiento inerte, más preocupado por la conservación burocrática del expediente que por la efectiva tutela de los derechos. El derecho administrativo, sin embargo, no se escribe para custodiar papeles, sino para garantizar justicia en las relaciones entre la Administración y los particulares.
En mérito de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la Resolución DE PRLA n° 5133/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 31 de octubre de 2016, declarando la invalidez del procedimiento seguido, en virtud de la irrazonable demora constatada y de la consiguiente afectación al derecho de defensa en juicio. Así voto.
En virtud de lo expuesto, voto por:
Revocar la Resolución DE PRLA n° 5133/2016, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 31 de octubre de 2016.
Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario.
2).- DECLARAR PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de las operaciones Nros. 05001TG14000678G, 05001TG14000691B, 05001TG14000700P, 05001TG14000703S, 05001TG14000732U, 05001TG14000873D, 05001TG14000942A, 05001TG14000972D, 05001TG14000973E y 05001TG14001005Y, de la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.08.29 13:14:28 ART Date: 2025.08.29 14:09:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.29 15:10:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.29 15:10:31 -03:00
Fin de la sentencia