Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.915-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VI.- de la presente.
2Declarar PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la operación N° 04001TG17001202P, de la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-116958258-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Octubre de 2025 Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis para dictar sentencia en el Expediente N° 37.915-A caratulado “MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. C/DGA S/ Recurso de Apelación”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 6139/2016 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA N° 15803-240-2011, en fecha 05/12/2016, en cuanto resuelve condenar a la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. al pago de una multa de $ 2.453.963 y formularle cargo por tributos equivalentes a U$S 158.371,26 y $ 288.479,22 (IVA adicional e impuesto a las ganancias), en orden a la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, por el incumplimiento al régimen de importación temporaria en relación a la destinación N° 04001TG17001202P, con vencimiento el 23/09/2006.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 147/169 se presenta, por apoderado, la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aludida. A continuación, desarrolla sus agravios. Relata sucintamente los antecedentes de la causa. En primer lugar, sostiene que el auto de apertura sumarial es nulo por carecer de los requisitos previstos en el art. 1094 del C.A. Explica que, como consecuencia de ello, operó la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia y doctrina que entiende aplicable. Esboza que la resolución apelada es nula por carecer de los elementos esenciales previstos en el art. 7 de la Ley N° 19.549. Agrega que la extensión temporal del procedimiento implicó una vulneración a su derecho a obtener un pronunciamiento en plazo razonable. En subsidio, argumenta que dio cumplimiento a la totalidad de las obligaciones impuestas por el régimen de excepción al que se adhirió. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se revoque el acto apelado.
III. Contestación del traslado: A fs. 179/189 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. Seguidamente, relata los hechos del caso y efectúa una negativa general. Inicialmente, se opone al planteo de nulidad efectuado por la actora, así como al de prescripción. Se expide en relación a la carga de la prueba que pesa sobre la importadora y al carácter excepcional del régimen al que se adhirió y del que se vio beneficiada. Explica los alcances de la infracción endilgada, así como la graduación de la sanción. Puntualiza que la garantía del “plazo razonable” no fue proyectada para las personas jurídicas y debe ser evaluada con suma prudencia. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero apelado, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 15803-240-2011 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 145/11. A fs. 6/14 se agregan constancias del sistema informático vinculadas a la destinación en trato. A fs. 19 se dispone la instrucción de sumario, en fecha 06/12/2011. A fs. 22/29 constan las pólizas afectadas a la operación. A fs. 35 se incluye el sobre original de la DIT. A fs. 37/46 se efectúa el aforo de la mercadería y a fs. 48 y vta. la liquidación tributaria. A fs. 58 vta. se corre vista de lo actuado, en fecha 30/11/2015. A fs. 64/73, 74/82, 84/97 y 98/120 la importadora y las aseguradoras contestan vista. A fs. 123/128 lucen constancias del registro de infractores. A fs. 130/132 se emite la resolución aduanera. A fs. 133 la actora se notifica personalmente, en fecha 07/04/2017. Mediante el SIGEA N° 15803-240-2011/1 la actora da cuenta del recurso de apelación y acompaña formulario F4.
V. Que, en fecha 08/03/2019 se abrió la causa a prueba. A fs. 226 se certificó la prueba producida, a fs. 226 se cerró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a la Sala “G” (PV-2025-76533329-APN- VOCXXI#TFN. En fecha 15/07/2025 (IF-2025-76719341-APN-VOCXXI#TFN) se pusieron para alegar. Finalmente, en fecha 13/09/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-101954019-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, previo a todo, debo señalar que, de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que no procede la acción intentada por el Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer sanciones, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., por encontrarse prescriptas, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 19 de las act. adm.).
Que, en este punto, cabe dar favorable acogida al agravio de la actora en tanto plantea que el auto de apertura carece de los requisitos exigidos para su validez (cfr. punto IV. a), fs. 148/156 del recurso de apelación). Ello así, toda vez que, tal como a continuación se analizará, dicho acto carecía de la liquidación y el aforo de la mercadería, los que fueron efectuados con posterioridad al vencimiento de los plazos prescriptivos.
Que no es ocioso destacar la insistencia puesta por el legislador en el detalle de los incisos del 1094 del C.A., la cual se explica en que consiste en el primer paso procesal completo en el que al contribuyente se le enrostra la realización de un acto ilícito.
Que consentir su cumplimiento parcial implica postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A. que, en su diseño no puede desmembrase o deformar para sostener una imputación que no fue hecha en tiempo y forma. Consecuentemente, es una falla en el procedimiento que conculca el principio constitucional del debido proceso y de defensa en juicio.
Que los arts. 803 y 934 del C.A establecen: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera” y “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que con respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones, el inc. a) del art. 937 reza: “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario…;”
Que razonablemente, para poder tener los efectos que la legislación aduanera le confiere, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que a fs. 19 del sumario administrativo antecedente de estos autos obra el auto de apertura del sumario de fecha 06/12/2011.
Que, de la compulsa del aludido auto resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la actora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto. Que, en efecto, en el mismo auto se dispone la instrucción de sumario en los términos del 1090 inc. c) del C.A., en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura.
Que, la irregularidad se desprende del mismo acto, en el que establece que- previo a todo trámite- debía agregarse la carpeta original del despacho y remitirse las actuaciones a la División Verificación a efectos de que tenga a bien informar el valor en aduana de la mercadería, si resultaba de importación prohibida por el régimen general y los derechos y demás gravámenes a ella vinculados.
Que, en este caso, nótese que el sello de salida de fs. 19 vta. es de fecha 03/06/2014, el aforo de la mercadería se efectuó en fecha 27/11/2014 (conf. fs. 37 y ss.) y la liquidación de tributos de fs. 48 (que carece de fecha) fue efectuada con posterioridad al 05/11/2015, ya que a fs. 47 se ordena la remisión de las actuaciones al Sector Contable, a efectos de que proceda a la determinación de la multa y los tributos, excluyendo el derecho adicional.
Que, en virtud de ello, y conforme el criterio sostenido, en mi voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala, considero que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 06/12/2011-obrante a fs. 19 de los antecedentes administrativos-es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 del C.A.
Que, en virtud de lo manifestado, al ser nulo, el acto de apertura de sumario carece de aptitud para surtir los efectos que la legislación aduanera le atribuye.
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 23/09/2006 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años tanto para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por parte del Fisco (conf. arts. 803 y 934 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2007, en los términos de los arts. 804 y 935 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2011, careciendo de aptitud suspensiva e interruptiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 06/12/2011, por las razones ya expresadas precedentemente.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que en este caso la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de apertura sumarial atento a que ella se dispuso en fecha 30/11/2015 (ver fs. 58 y vta. de las act. adm.), una vez operada la prescripción.
VII. Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte. 40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la CSJN. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 04/02/2014)”. Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29.422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA - Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)”.
Dicho criterio fue mantenido en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/04/17; 39.183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88.231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/03/18, entre otras.
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28.874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayó acerca de la interpretación que la Sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular —lo que no se garantizaría si, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 10 años después de realizado el hecho gravado—; y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas” (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 28836- A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada).”
A mayor abundamiento, en recientes precedentes, la Cámara antes citada ha reafirmado la importancia del auto de apertura de sumario y la necesidad de que este cumpla con todos los requisitos del régimen legal. (Sala I, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. –TF 33.562-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 03/11/2022, Sala I, “Federal Express Corporation (TF 30.584-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 11/10/2022).
Que también ha puntualizado que “…las exigencias normativas no comportan…una mera referencia o arbitrio susceptible de ser soslayado a voluntad por el operador; por el contrario, los recaudos contenidos en el precepto analizado deben ser cumplidos como requisitos de validez de la apertura sumarial, pues una interpretación contraria importaría lisa y llanamente vaciar de contenido a la norma, temperamento que resulta claramente inadmisible.” (CNCAF, Sala II, “SA Marítima y Comercial JR Williams (TF 27.600-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 12/03/2024.
Que, con fundamento en expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario, y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la operación N° 04001TG17001202P, con costas al Fisco.
VIII. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VI.- de la presente.
2).- DECLARAR PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la operación N° 04001TG17001202P, de la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, sobre los que versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a IV del voto del Dr. Segura, a los cuales me remito por razones de brevedad. Estimo, asimismo, que en el caso corresponde revocar la Resolución DE PRLA N° 6139/16, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 05/12/2016, aunque por fundamentos que difieren de los expuestos en el voto que me precede. En efecto, en este último se propicia declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual se dispuso la apertura del sumario y, en consecuencia, reconocer la prescripción de las acciones del fisco tendientes a imponer sanciones y perseguir el cobro de la deuda tributaria. Tal decisión se sustenta en que, al momento de la referida apertura del sumario, no se había efectuado el aforo de la mercadería ni practicado la liquidación de los tributos correspondientes.
II. Tanto el art. 805, inc. a), del C.A., como el art. 937, inc. a), del mismo plexo normativo, establecen que el dictado del auto por el cual se ordenase la apertura del sumario trae como consecuencia la suspensión de la prescripción de la acción para percibir los tributos, y la interrupción de la acción para imponer penas respectivamente. En sentido contrario a mi convicción, la interpretación mayoritaria sostiene que estos efectos se producen automáticamente, sin que sea necesario que el acto sea notificado al presunto deudor/infractor. En otras palabras, la sola existencia de la resolución que dispone la apertura del sumario interrumpe o suspende el cómputo del plazo prescriptivo. Este criterio, que ha sido avalado en sede tanto administrativa como judicial, se funda en la lógica de que la investigación sumarial, una vez iniciada, genera efectos sobre la prescripción con independencia de la participación del sumariado.
III. En tales condiciones, debe hacerse notar que el principio de conservación del acto administrativo constituye una pauta rectora del derecho administrativo argentino; e impone, este último, la necesidad de preservar la eficacia de los actos administrativos en tanto cumplan con su finalidad esencial, y sin perjuicio de la posibilidad de corregir defectos formales o menores que no alteren sustancialmente su contenido ni afecten derechos fundamentales de los administrados. En ese sentido, la resolución de apertura del sumario tiene por finalidad delimitar los hechos investigados y habilitar la instrucción del procedimiento sancionador, a fin de esclarecer la presunta infracción aduanera e impulsar las medidas necesarias para su debida sustanciación. Así, el aforo de la mercadería y la liquidación del tributo que pudiera corresponder, exigidos por el artículo 1094 del C.A., constituyen elementos accesorios del acto, dado que su ausencia no impide la prosecución del sumario ni afecta la posibilidad del administrado de ejercer su derecho de defensa durante el procedimiento.
En ese marco, conforme a la interpretación mayoritaria, si la suspensión de la prescripción opera automáticamente desde la emisión del acto administrativo, sin necesidad de notificación alguna al administrado, va de suyo que ese acto no podría tener otro fundamento válido que exhibir el interés fiscal recaudatorio. Ya que, en efecto, el administrado adquiere conocimiento de la suma reclamada al momento en que se le corre vista del sumario, siendo en esta instancia donde puede formular su descargo y ejercer plenamente su derecho de defensa. En consecuencia, la omisión del aforo de la mercadería y/o de la liquidación en la resolución de apertura del sumario, en rigor, no genera indefensión ni afecta el equilibrio del procedimiento, dado que tanto el aforo como la determinación del tributo pueden notificarse en una etapa posterior, sin menoscabo de los derechos del administrado.
En esas circunstancias, la omisión del aforo de la mercadería y la liquidación del tributo en la resolución de apertura del sumario no configura un vicio invalidante del acto administrativo, en tanto no compromete su finalidad esencial ni afecta garantías fundamentales. En este sentido, declarar la nulidad del acto en base a una exigencia meramente formal, sin perjuicio concreto para el administrado, implicaría una interpretación contraria a los principios de eficacia y conservación del acto administrativo, conduciendo a una nulidad por la nulidad misma, lo cual resulta inadmisible en el marco de los principios generales del derecho administrativo.
IV. Sin perjuicio de lo que antecede, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables.
En efecto, mediante el examen detenido de lo actuado en sede administrativa, se llega a observar que el auto de apertura del sumario fue dictado el 06/12/2011, mientras que el auto que ordena la corrida de vista, de fecha 30/11/2015, fue notificada a la importadora el 22/02/2016 (fs. 59). En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los 9 años, 4 meses y 30 días que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (23/09/2006) y la notificación de la corrida de vista operada el 22/02/2016.
De igual modo, resulta injustificable la demora de 4 años, 2 meses y 16 días entre el auto de apertura del sumario, dictado el 06/12/2011 (fs. 19), y la notificación efectuada a la importadora el 22/02/2016 (fs. 59), sin que surjan del expediente constancias que permitan explicar razonablemente tal dilación ni la excesiva extensión temporal del procedimiento. En efecto, durante ese lapso, los únicos movimientos en el expediente administrativo se limitaron a la incorporación de las constancias de las garantías afectadas a la operación (fs. 22/29), así como a la elaboración del aforo de la mercadería y de las liquidaciones correspondientes a los tributos y a la multa (fs. 37/46 y 48/vta). Ninguna de estas actuaciones, por su naturaleza y complejidad, justifica en modo alguno una demora superior a 4 años.
V. A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos pueden vulnerar derechos fundamentales. Por lo tanto, la inusitada demora en la notificación de la resolución aquí apelada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa. En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución DE PRLA n° 6139/16, dictada en la Actuación N.º 15803-240-2011, con relación al D.I.T. N.º 04001TG17001202P.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VI.- de la presente.
2).- DECLARAR PRESCRIPTAS las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la operación N° 04001TG17001202P, de la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. con costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.10.20 18:39:03 ART Date: 2025.10.20 18:40:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.21 12:21:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.21 12:21:52 -03:00
Fin de la sentencia