Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36700-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (ARCA-DGA), con costas por no existir mérito para la dispensa (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
2Establecer los honorarios de conformidad con lo expresado en el Considerando V.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. José Luis Lopez Castiñeira; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/26 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4943/2025 MERCEDES BENZ ARGENTINA SA Y OTRAS (TF 36700-A) Y
OTROS c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 28 de abril de 2026.- SH Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto y fundado por el Fisco Nacional a fs. 424/438, contra la sentencia de fs. 378/385, cuyo traslado fuera contestado por las co-actoras a fs. 466/473 (Chubb Argentina de Seguros SA), fs. 475/482 (Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros), fs. 484/496 (Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros), y fs. 488/491(Mercedes Benz Argentina SA). Asimismo, los recursos de apelación interpuestos por el Fisco Nacional y los letrados de las actoras a fs. 409/413, 420, 449 y 453/454, contra las regulaciones de honorarios de fs. 402/403 y fs. 414/415; y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La importadora DaimlerChrysler Argentina SA (actual Mercedes Benz Argentina), el 28/10/2003, por el despacho de importación temporaria 03 001 TG14 000869G, documentó la importación de la mercadería para ser sometida a un proceso de transformación industrial (autopartes) para la fabricación de automóviles comerciales, cuyo vencimiento operaba el 24/10/2005. En el año 2010, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 7/12/2010 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta del fo. 1), dando origen a las actuaciones SIGEA 12140-320-2010. De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 30/12/2010 se dispuso la apertura del sumario (fo. 18 de las act. adm).
La importadora al contestar la vista conferida por la resolución del 11/09/2015 (fo. 55 de las act. adm), opuso la prescripción de la acción punitiva y tributaria, planteó la nulidad del auto de apertura del sumario e invocó la aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Losicer, denunciando la irrazonable duración del procedimiento. En subsidio, argumentó que la totalidad de la mercadería involucrada en el despacho fue reexportada en término (fo. 71/78 y fo. 117/118). Las aseguradoras también contestaron la vista en fo. 61/65, 66/70, 104/109 y 110/116, solicitando que se agreguen las pólizas y destacando que sin tal agregación el Fisco carece de causa para reclamar los tributos.
El sumario concluyó con el dictado de la resolución DE PRLA 8040, del 14/12/2015 (fo. 183/185 de las act. adm), por la que el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros absolvió a la importadora respecto de la porción de mercadería debidamente cancelada (ver ítems individualizados en fo. 120 de las act. adm) y, en cambio, la condenó al pago de una multa por la infracción al art. 970 del CA con relación a la restante mercadería que se consideró no reexportada, respecto del DTI 03 001 TG14 000869G, por la suma de $56.900,90 (art. 3°) y formuló cargo por los tributos a las firmas aseguradoras por U$S 9.553,54 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y $17.181,66 en concepto de IVA adicional e impuso a las ganancias (art. 5°). Contra dicha resolución, la importadora y las aseguradoras Chubb Argentina de Seguros SA y Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros interpusieron recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA (cfr. fs. 67/84, fs. 97/103, fs. 115/122), dando origen al expte. 36700-A, del registro del Tribunal Fiscal, al que se acumularon los recursos interpuestos por Afianzadora Latinoamericana de Seguros SA (cfr. fs. 140/141 refoliado; fs. 11/12 del expte 36711-A) y por Zúrich Argentina Compañía de Seguros (fs.162/173; fs. 15/25 del expte. 36807-A).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Que la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, por la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2024, confirmó parcialmente el art. 3° de la resolución (DE PRLA) 8040/2015, declarando que el importe de la multa a cargo de la co-actora Mercedes Benz Argentina S.A asciende a la suma de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 90/100 ($28.387,90) imponiendo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4943/2025 MERCEDES BENZ ARGENTINA SA Y OTRAS (TF 36700-A) Y OTROS c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO las costas según sus respectivos vencimientos, los que se estiman en 50% a cargo de la co-actora Mercedes Benz Argentina Sa y en un 50% a cargo de la DGA.
Asimismo, confirmó parcialmente el art. 5° de la Resolución 8040/2015 (DE PRLA) declarando que “la obligación tributaria a cargo de la co-actora Mercedes Benz Argentina SA en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 03001TG14000869G asciende a la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 54/100 (USD 9.532,54), la cual deberá convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses devengados desde el 25/09/2015 hasta la fecha de pago de la deuda; con costas a la actora (...)”.
Por otra parte, revocó parcialmente la resolución apelada en cuanto a las percepciones de IVA adicional y Ganancias ($17.181,66), con costas al Fisco.
Finalmente revocó el art. 5° de la Resolución 8040/20115 (DE PRLA) respecto de las co-actoras Afianzadora Latinoamericana Compañía De Seguros S.A, Chubb Argentina De Seguros SA, Zúrich Argentina SA Compañía De Seguros y Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros, con costas al Fisco (cfr. fs. 378/385).
Para así decidir, consideró que el auto de apertura del sumario es válido dado que satisface los recaudos del art. 1094 del CA, de manera que rechazó a alegada nulidad y, atendiendo a su efecto interruptivo y suspensivo, rechazó ambos planteos de prescripción.
En cuanto al fondo del asunto, recordó que existe jurisprudencia pacífica según la cual queda a cargo de la importadora o, en su caso, de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería y la forma de acreditar lo es con la descarga del DIT correlacionando la mercadería ingresada con permisos de embarque o acreditar su importación definitiva, antes del vencimiento del plazo de permanencia. En cuanto a las concretas circunstancias del caso, recalcó que la operación de importación suspensiva de autopartes para ser sometidas a un proceso industrial tramitó bajo el decreto 1439/96, que impone al beneficiaron del régimen la tramitación de los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC), para lo cual se deberá efectuar una declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos y si estas tienen valor comercial.
Puntualizó que los permisos de embarque acompañados en copia no acreditan la cancelación del DIT dado que carecen de hoja de descarga. En cuanto a los print de pantalla de los permisos de embarque enunciados en el Considerando XVI de su voto, consideró que tampoco acreditan la descarga ni la imputación del DIT en cuestión. Agregó que la importadora no ha aportado en sede administrativa ni en la instancia del Tribunal Fiscal los CTC correspondientes.
En cambio, advirtió que el despacho de importación para consumo para grandes operadores 040011G81000374Y oficializado el 10/12/2004 imputa el DIT investigado en el caso y regulariza 840 unidades de mercadería clasificada por al PA 7318.15.00.900X, código de producto A005598878 (ítem 5 del DIT). Por todo lo cual, concluyó que el saldo de la mercadería en infracción asciende a 220 unidades de la PA 7306.50.00.100W (ítem 1), 5.700 unidades de la PA 7318.15.00.490Z (ítem 2), 220 unidades de la PA 7318.15.00.900X (subítems 3 del ítem 3), 1860 unidades de la PA 7318.24.00.000A (ítem 5), 836 unidades de la PA 8708.29.99.990J (ítem 6) y 800 unidades de la PA 8703.31.90.00F (ítem 7). Solo respeto de estas mercaderías reliquidó el importe de la multa mínima arribando a $28.387,90.
Por otra parte, justificó la reducción de la multa, graduada originalmente en dos veces el importe de los tributos que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4943/2025 MERCEDES BENZ ARGENTINA SA Y OTRAS (TF 36700-A) Y OTROS c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, en que los antecedentes infraccionales de fs. 141/142 no pueden ser tomados para considerar a la importadora como reincidente dado que no se informa la fecha de la comisión de los hechos alegados por la aduana. Es decir, a la luz de lo dispuesto por los arts. 915, 927 y 928 del CA, resultan incompletos para merituar la reincidencia del infractor. En consecuencia, fijó la multa en una vez el importe de los tributos que gravan la mercadería no reexportada ni nacionalizada a término.
Desde otra perspectiva, examinó la procedencia de los tributos exigidos a las firmas aseguradoras. Al respecto, dejó sentado que de la impresión de pantalla de la consulta de una garantía global o unitaria 02001009080C afectada a la DIT 03001TG14000869G -agregada por el servicio aduanero a fs. 30 del sumario administrativo- no consta identificada la garante de la obligación tributaria.
A lo antedicho, añadió que la Aduana se limitó a agregar las pólizas emitidas mediante el sistema de póliza electrónica correspondiente a la firma importadora imputada, obtenidas del Sistema Único de Garantías de la AFIP (SUG) para luego citar a las cuatro compañías aseguradoras y finalmente condenarlas a todas por el total de los tributos emergentes de la DIT.
Expuso que las pólizas nros. 229701 (emitida por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros), 732883 (Chubb Argentina de Seguros SA), 2010117816 (Zúrich Argentina CIA de Seguros SA) y 345731 (Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros) resultan garantías globales que fueron emitidas el 5/03/2015 por un periodo de vigencia que va desde esa fecha hasta el 11/03/2016. De este modo, concluyó que no garantizaron el DIT examinado en el caso, toda vez que fueron emitidas con posterioridad a su fecha de oficialización y casi diez años después de producido en siniestro (vencimiento del DIT 24/10/2005). Por consiguiente, consideró que el reclamo tributario efectuado a las aseguradoras carece de título o causa que lo sustente.
Finalmente, en lo que atañe a la percepción del impuesto a las ganancias y al impuesto al valor agregado adicional acató lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa nº 22.930/2009/CA1 -CS1 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA – resol 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, al dictar sentencia del 26 de noviembre de 2019 y declaró que la DGA carece de facultades en el caso para exigir dichos tributos.
III. Los agravios del Fisco Nacional En su memorial la ARCA - DGA cuestiona la reducción de la multa y plantea que el Tribunal Fiscal de la Nación ha vulnerado el ejercicio de las facultades discrecionales del Servicio Aduanero, al no demostrar que el accionar de su representada fue arbitrario y/o contrario a derecho, “toda vez que el TFN realiza una interpretación errónea de las facultades conferidas a la autoridad aduaneras en los artículos 915, 916, 970 y 1115 del Código Aduanero, así como también en el artículo 9, inciso b), del Decreto N° 618/1997, que resulta en una actividad administrativa de naturaleza discrecional que -en principio- es el resorte primario de la Administración”.
Aduce que “debió limitarse a confirmar su actuación o descararla por arbitraria o carente de razonabilidad y no a presentarse -directamente y sin verificar lo anterior- como un nuevo juez administrativo”.
En otro orden de ideas, sostiene que el fallo “Cladd” no aplica a la aseguradora, soslayando que la decisión del Tribunal Fiscal ha excluido a las firmas garantes del caso, precisamente, con motivo de la ausencia de pólizas referidas al DIT.
Asimismo, invoca el principio general del derecho, recientemente receptado en el art. 1° bis de la ley 19.549, para afirmar que la Aduana depositó su confianza legítima en “la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4943/2025 MERCEDES BENZ ARGENTINA SA Y OTRAS (TF 36700-A) Y OTROS c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO aseguradora” en función de la póliza que mantuvo sin liberarla. Nuevamente, aquí cabe apuntar que esto no guarda relación con los argumentos que sustentan la sentencia que recurre.
IV. Deserción del recurso Que cabe recordar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio y razonado de la resolución cuestionada y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas, ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada en el pronunciamiento apelado, sin suministrar las bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no alcanza para sostener un recurso. De tal modo que el mero desacuerdo manifestado por el recurrente y, en definitiva, la omisión de impugnar los fundamentos esenciales de la instancia anterior, sella la suerte de la cuestión materia de apelación (conf. esta Sala, expte. nro. 9008/2023 “Imagen e Información SA (TF 93165229-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1°/04/2025 y sus citas.). En tal sentido, se ha señalado que “no constituyen expresiones de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la solución acordada al juicio, omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre aquella; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada” (conf. Palacio, Enrique Lino, “Derecho Procesal Civil” -Tomo V-, Buenos Aires, Lexis Nexis -Abeledo Perrot, 2005, pág. 262).
En definitiva, esa crítica concreta y razonada debe ser autosuficiente en relación con el pronunciamiento apelado y debe constituir un estudio de los razonamientos contenidos en aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (cfr., esta Sala, in rebus: “Santoro, Jorge Alberto Antonio c/ SEGEMAR s/ Empleo Público”, Causa Nº 38.452/2017, del 3/2/2022; “Caro, Jorge Enrique y Otros c/ EN- M Defensa – EMGA s/ Proceso de Conocimiento”, Causa N° 7.119/2015, del 30/5/2019; “Agencia Marítima Silversea SA (TF 14813-A) c/ DGA”, Causa Nº 160156/2002, del 9/8/2011; y en la actual integración, expte. nro. 5462/2021 “Mirre Federico c/EN-AFIP -Ley 20628 y otro s/proceso de conocimiento”, del 30/04/2024). Y aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios que se corresponda con el derecho de defensa, ello no puede conducir al extremo que implique en los hechos derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (art. 265 CPCCN; y esta Sala, causa CAF 39.303/2011, “Servicios Buenos Aires SA (TF 33906-I) c/ DGI”, del 07/02/13; causa CAF 31.393/2014, “Banbest SA c/ Dirección General Impositiva”, del 21/04/15; causa CAF 32.782/2017, “Incidente Nº 1 Ramallo, Gustavo Hipólito y otros c/ En-M Seguridad-PNA s/ Inc. Ejecución de Sentencia”, del 18/02/2020; causa CAF 31.077/2011, “Leiva, Néstor Claudio Y Otros c/ EN-M° Defensa-Armada”, del 18/11/2020; y –en su actual integración–: “Silva, Carlos Marcelo c/EN-AFIP-Resol 682/20 s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 2341/2022 y “Saporiti SA c/DGA s/ Dirección General de Aduanas”, Causa CAF 14654/2019, ambas del 21/5/24; y “Zambito Ruben Hugo y otra (TF 35343-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 39606/2023, del 25/06/2024).
Sobre la base de tales premisas, corresponde declarar desierta la apelación (arts. 265 y 266 del Código Procesal), toda vez que el contenido de los agravios presentados por la parte recurrente constituye una mera discrepancia con lo resuelto en la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, desde que no rebate el fundamento esencial de esa decisión referido a la imposibilidad de considerar a la importadora reincidente en función de los antecedentes agregados a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4943/2025 MERCEDES BENZ ARGENTINA SA Y OTRAS (TF 36700-A) Y OTROS c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO fs. 141/142 del sumario, por carecer estos de fecha, a la vez que tampoco ha fundamentado debidamente sus críticas ante la falta de agregación al sumario de una o varias pólizas que justifiquen la responsabilidad atribuida a las aseguradoras por el cargo tributario referido a la importación temporaria examinada en el caso. En definitiva, el Fisco Nacional dogmáticamente se opone a la reducción de la multa a la vez que pasa por alto cualquier argumento en torno a la ausencia de causa para mantener la exigencia tributaria a las citadas garantes, lo cual no conduce a la revisión de los argumentos expuestos en el pronunciamiento apelado, resultando su recurso, por ende, pasible de la consecuencia prevista en el art. 266 del Código Procesal, tal como lo han solicitado las co-actoras a fs. 466/473 (Chubb Argentina de Seguros SA), fs. 475/482 (Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros), fs. 484/496 (Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros), y fs. 488/491(Mercedes Benz Argentina SA).
V. Costas y honorarios.
En cuanto a las costas de Alzada, no se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, de modo que corresponde imponerlas al Fisco Nacional, quien ha resultado sustancialmente vencido (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
A fin de revisar las regulaciones de honorarios de fs. 402 y fs. 414/415, que se encuentran apeladas (por altas y por bajas; cfr. fs. 409/412 y fs. 420; y fs. 449 y fs. 453/454, respectivamente), cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación de honorarios. Por lo cual, el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 ––y su modificatoria ley 24.432––, o que hubieran tenido principio de ejecución (conf. CSJN in re “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.I”, sentencia del 04/09/18; en especial considerando 3° del voto mayoritario).
Según esta doctrina judicial a los fines de regular honorarios resulta de aplicación el arancel que se encontraba vigente en el momento en que efectivamente se practicó la tarea profesional en cada etapa (cfr. esta Sala expte nro. 17647/2010/CA1–CA2, in re “Charadia Oscar y otros c/EN–M Defensa–FAA–Dto 1104/05 751/09 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 25/08/2023; Sala II, expte. nro. 333/2024 “Forciniti, Alberto Antonio Rafael (TF 26263-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 24/04/2026).
A) Honorarios a favor del letrado patrocinante y apoderado de Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros:
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante las primeras dos etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE FIJAN los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz en la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA MIL ($970.000) por su actuación como letrado patrocinante y apoderado de la firma Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros (cfme. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores, según ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Con relación a la tercera etapa SE ESTABLECEN sus emolumentos en 10,12 UMA, que según la resolución CSJN 538/26, equivalen al momento del dictado de la presente a PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 84/100 ($ 935.917,84), por su actuación como letrado patrocinante y apoderado (cfme. arts.14, 16, 21, 24, 29 y cc. de la ley 27.423, resol CSJN 538/26).
En cuanto a las tareas de alzada, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4943/2025 MERCEDES BENZ ARGENTINA SA Y OTRAS (TF 36700-A) Y OTROS c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO contestación del recurso interpuesto por el Fisco Nacional (cfr. fs. 475/481) SE REGULAN los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz en la suma de 9,10 UMA, que según la resolución CSJN 538/26, equivalen al momento del dictado de la presente a PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20/100 -$841.586- (cfr. art. 30 de la ley 27.423, resol CSJN 538/26).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
B) Honorarios a favor del letrado patrocinante y apoderado de Chubb Argentina de Seguros SA:
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante las primeras dos etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE FIJAN los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz en la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA MIL ($970.000) por su actuación como letrado patrocinante y apoderado de la firma Chubb Argentina de Seguros SA (cfme. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores, según ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Con relación a la tercera etapa SE ESTABLECEN sus emolumentos en 10,12 UMA, que según la resolución CSJN 538/26, equivalen al momento del dictado de la presente a PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 84/100 ($ 935.917,84), por su actuación como letrado patrocinante y apoderado (cfme. arts.14, 16, 21, 24, 29 y cc. de la ley 27.423, resol CSJN 538/26).
En cuanto a las tareas de alzada, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por el Fisco Nacional (cfr. fs. 466/472) SE REGULAN los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz en la suma de 9,10 UMA, que según la resolución CSJN 538/26, equivalen al momento del dictado de la presente a PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20/100 -$841.586- (cfr. art. 30 de la ley 27.423, resol CSJN 538/26).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
C) Honorarios a favor del letrado patrocinante y apoderado de Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante las primeras dos etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE FIJAN los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri en la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA MIL ($970.000) por su actuación como letrado patrocinante y apoderado de la firma Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros (cfme. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores, según ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Con relación a la tercera etapa SE ESTABLECEN sus emolumentos en 10,12 UMA, que según la resolución CSJN 538/26, equivalen al momento del dictado de la presente a PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4943/2025 MERCEDES BENZ ARGENTINA SA Y OTRAS (TF 36700-A) Y OTROS c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO DIECISIETE CON 84/100 ($ 935.917,84), por su actuación como letrado patrocinante y apoderado (cfme. arts.14, 16, 21, 24, 29 y cc. de la ley 27.423, resol CSJN 538/26).
En cuanto a las tareas de alzada, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por el Fisco Nacional (cfr. fs. 484/486) SE REGULAN los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri en la suma de 9,10 UMA, que según la resolución CSJN 538/26, equivalen al momento del dictado de la presente a PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20/100 -$841.586- (cfr. art. 30 de la ley 27.423, resol CSJN 538/26).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
1. declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (ARCA-DGA), con costas por no existir mérito para la dispensa (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
2. Establecer los honorarios de conformidad con lo expresado en el Considerando V.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. José Luis Lopez Castiñeira; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/26 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
Fin de la sentencia