Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-114426107-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución N.º 731/2019 dictada en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-3498-2013, en los términos dispuestos en el considerando VII de la presente.
2Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-49715877-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Mayo de 2024 2022-119818524-APN-SGASAD#TFN (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver los autos caratulados “MERISANT ARGENTINA S.R.L. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente EX- 2022-114426107-APN-SGASAD#TFN y su acumulado EX-2022-119818524-APN- SGASAD#TFN caratulado “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A.
s/recurso de apelación”.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el presente caso, las co-actoras interponen recursos de apelación contra la Resolución N.º 731/2019 dictada en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-3498-2013, mediante la cual resolvió archivar el sumario infraccional iniciado contra la firma “MERISANT ARGENTINA S.R.L.” en virtud del monto de la multa sobre la base de lo estipulado en la Instrucción General N.º 09/2017 D.G.A., e intimar a la firma mencionada y a su aseguradora “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.”, al pago de los tributos aduaneros por la suma de U$S 723,74 y $ 1.440,49 por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación al DIT N.° 08 001 IT14 000638 H.
II. En el IF-2022-114425978-APN-DTD#JGM la firma MERISANT ARGENTINA S.R.L., luego de realizar una descripción sucinta de los hechos, manifiesta la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Por otro lado, solicita se aplique la doctrina de plazo razonable emanada por la CSJN en el precedente “Losicer”. Por parte, plantea la nulidad del procedimiento debido a la falta de evidencia que respalde la acusación, y agrega que fue notificada de la resolución aduanera luego de haber transcurrido ampliamente los plazos establecidos por ley. Añade la existencia de buena fe, el beneficio de la duda, la improcedencia tributaria en dólares y la aplicación de CLADD. Por último, indica que conforme las constancias de autos la DIT en trato fue cumplida en tiempo y forma. Ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada con expresa imposición de costas.
III. En el RE-2022-119817720-APN-SGASAD#TFN la firma AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. En primer lugar, argumenta la nulidad absoluta de todo lo actuado debido a la falta de notificación de la corrida de vista cfr. el art. 1101 del CA, lo que le impidió ejercer adecuadamente su derecho de defensa en el sumario aduanero cfr. el art. 18 de la CN. Agrega que recién tomo conocimiento de la existencia del sumario con la notificación de la resolución apelada. Cita abundante jurisprudencia. Por otro lado, opone la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Añade, que se debe tener en cuenta que transcurrieron 14 años desde la oficialización de la destinación hasta la primera notificación del sumario, lo cual evidencia una clara vulneración del derecho a obtener una resolución dentro de un plazo razonable. Cita doctrina y la jurisprudencia de la CSJN en el caso “Losicer”. Subsidiariamente, indica la naturaleza jurídica del seguro de caución, el alcance de su responsabilidad, la falta de configuración del siniestro y la improcedencia del reclamo de Iva Adicional y Ganancias por aplicación de CLADD. Finalmente limita su responsabilidad al monto máximo garantizado en la póliza. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada con expresa imposición de costas.
IV. Por medio del IF-2023-44162572-APN-DTD#JGM e IF-2023-34499268-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta los traslados de los recursos conferidos. Luego de hacer la negativa genérica de rigor y un sucinto relato de los hechos, en prieta síntesis manifiesta que según resulta de las constancias del expediente administrativo, la importadora no acredito que la mercadería involucrada haya sido reexportada en el plazo concedido, este incumplimiento de las obligaciones que surgen del régimen configuró la infracción prevista en el art. 970 del C.A. En ese orden de ideas, destaca que el archivo de la multa que dispone la IG 09/17, no obsta de la formulación de cargo por los tributos que la aduana considere corresponder, dado que los tributos se deben por la producción del hecho imponible y no por la comisión de la infracción. Cita normativa y jurisprudencia que considera aplicable. Por otro lado, niega la nulidad del procedimiento y que este prescripta su acción para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. En relación al planteo sobre la vulneración de la garantía del plazo razonable, señala que la protección establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es acordada solo a las personas físicas y no a las personas jurídicas, como es el caso de las recurrentes. En cuanto a la determinación tributaria destaca que es constitucional y conforme a derecho. Concluye allanándose parcialmente del Iva Adicional y la Percepción de Impuesto a las Ganancias por aplicación de CLADD. Hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba el expediente administrativo y solicita que se confirme el fallo aduanero recurrido, con costas.
V. Actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-3498-2013 (v. IF-2023-74552459-APN-DTD#JGM e IF-2023-34469108-APN-DTD#JGM). A fs. 11 obra el acta de denuncia de fecha 24/05/2013 por la presunta comisión de la infracción del art. 970 del CA. de la mercadería detallada en la nota adjunta del DIT involucrado. A fs. 13 se determina la clasificación arancelaria y el valor en aduana de la mercadería. A fs. 16 se liquidan los tributos. A fs. 17 se incorpora el print de pantalla de la garantía afectada a la operación. A fs. 18/19 obra determinación de multa y tributos. A fs. 20/vta, en fecha 16/12/2014, se dispone la instrucción de sumario y se ordena correr vista de los actuados (no hay constancia de su notificación). A fs. 23 se agrega otra liquidación de tributos y multa. A fs. 24 obra constancia que la sumariada no posee antecedentes registrados en el Sistema SUMARCHI. A fs. 25/vta, en fecha 18/02/2019, se dicta la Resolución N.º 731/2019 apelada en autos, notificada a las co-actoras a fs. 27 y 28 en fecha 17/10/2022).
VI. Mediante la PV-2024-38995679-APN-VOCXIX#TFN, se dispone a tratar la nulidad planteada por las recurrentes como de previo y especial pronunciamiento y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
VII. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
Dicho lo que antecede, corresponde analizar el planteo de nulidad efectuado por las co-actoras. De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-3498-2013 se observa que luego del acta de denuncia por la presunta infracción al art. 970 a la importadora MERISANT ARGENTINA S.R.L., se procedió a clasificar y valorar la mercadería (ver fs. 13) y a liquidar los tributos y la multa (ver fs. 16, 18/19). Posteriormente se instruyó sumario y se dispuso la corrida de vista (ver fs. 20/vta). Seguidamente se consultó al Sistema SUMARCHI si la sumariada tenía antecedentes registrados, ante la constancia negativa, inmediatamente después se dictó la Resolución apelada en autos.
En ese entendimiento del asunto, es importante recalcar que no existe evidencia documental en el expediente administrativo que demuestre que la notificación establecida en la corrida de vista haya sido efectuada (ver fs. 20/vta y siguientes de las act. adm.), siendo este acto obligatorio conforme la normativa aplicable.
En este contexto, es evidente que la demandada no cumplió con lo establecido en el art. 1101 del CA: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”
Al respecto, es importante mencionar la interpretación que la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal realizó del artículo 1101 del Código Aduanero en un caso análogo, (…) “conviene recordar que el principio que determina la inviolabilidad de la defensa en juicio está tutelado en la Constitución Nacional (art. 18) y asegura a toda persona el derecho a participar en el proceso ejerciendo plenamente su derecho a ser oído, a probar sus dichos y a que esas defensas sean debidamente valoradas por el juez. Se concluye fácilmente, entonces, que mediante la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se pretende dar plena dimensión a la referida garantía constitucional, permitiendo al particular ejercer la defensa de sus derechos e intereses. Sobre esa base, y en la medida en que el proceder de la Aduana impidió a la aquí actora desincriminarse en forma oportuna, se constata la situación de indefensión provocada (…). La defensa en juicio requiere indispensablemente, aun en juicios especiales, como los de faltas, que se oiga al acusado y se le dé alguna oportunidad para producir su prueba de descargo (Fallos: 198:467); ello es así por cuanto esa garantía constitucional impone que los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar y demostrar los hechos que se consideren conducentes a su defensa. La doctrina de la subsanación judicial del acto administrativo ha de tener un campo de aplicación limitado a casos extraordinarios, pues lo contrario llevaría a los jueces a tener como función normal suplir la voluntad de la administración, exorbitando sus atribuciones, las que son de control, para transformarse en administradores con evidente violación al principio de división de poderes (Sala IV, in re: “Hsien Yuzh S.A. (T.F. 9852-A) c/ D.G.A.”, del 19/11/99). En tales condiciones, cabe concluir que el hecho de que la Aduana no se haya ajustado a la normativa prevista en el Código Aduanero, en materia alguna puede tener el efecto de que la actora se vea imposibilitada de ejercer su derecho de defensa y que, a su vez, se vea irremediablemente condenada por un cargo que no pudo cuestionar” (Sala II, Sentencia de fecha 12/11/2019 dictada en el Expte. N° 44.039/19 caratulado “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
En ese marco, es claro que la ausencia de la corrida de vista denota que las co-actoras no tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, encontrándose vulneradas las garantías elementales del debido proceso y el derecho de defensa con raigambre constitucional y convencional, concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde ha sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
De acuerdo con estos principios sobre la materia, debe hacerse hincapié que la LNPA establece que, antes de la emisión del acto administrativo (en este caso la resolución definitiva), deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico (cfr. art. 7°, inc. d), por lo que la ausencia de algunos de estos requisitos hace que el acto sea nulo de nulidad absoluta e insanable (cfr. art. 14 inc. b).
Bajo ese enfoque interpretativo, la omisión de correr vista de lo actuado conforme el art. 1101 del CA, se traduce en un incumplimiento palmario a estos requisitos, por lo que la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo carece de validez en su totalidad.
VIII. Con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas al Fisco.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la Resolución N.º 731/2019 dictada en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-3498-2013, en los términos dispuestos en el considerando VII de la presente.
2. Costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la Resolución N.º 731/2019 dictada en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-3498-2013, en los términos dispuestos en el considerando VII de la presente.
2. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.05.10 11:24:46 ART Date: 2024.05.10 11:56:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.14 13:48:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.14 13:49:18 -03:00
Fin de la sentencia