Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 114426107-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) confirmar la sentencia apelada con el alcance aquí indicado, modificándola en cuanto por la presente se declara prescripta la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos aduaneros. Con costas de ambas instancias al ARCA; (ii) establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo determinado en el Considerando XIII.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 24075/2025 “MERISANT ARGENTINA SRL (TF 114426107-A
Y ACUM) Y OTRO c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de febrero de 2026.- NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La firma Merisant Argentina SRL realizó la importación de mercadería. La Dirección General de Aduanas al detectar presuntas irregularidades ordenó la instrucción de un sumario administrativo que finalizó con el dictado de la resolución por medio de la cual se ordenó el archivo de las actuaciones, se formuló cargo a Merisant Argentina SRL en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y se intimó a la aseguradora Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA al pago de los rubros afianzados. Ante dicha situación, la empresa Merisant Argentina SRL interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que declaró la nulidad del auto de apertura del sumario.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 14/5/2024 resolvió declarar la nulidad de la Resolución Nº 731/2019 dictada en la Actuación Administrativa SIGEA Nº 12197-3498-2013; con costas al fisco.
Para así decidir, señaló que de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-3498-2013 se observaba que luego del acta de denuncia por la presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero a la importadora Merisant Argentina SRL, se había procedido a clasificar y valorar la mercadería y a liquidar los tributos y la multa. Asimismo, puntualizó que con posterioridad se había instruido sumario, se había dispuesto la corrida de vista, se había consultado al Sistema SUMARCHI si la sumariada tenía antecedentes registrados, lo cual había arrojado resultado negativo, y finalmente se había dictado la resolución apelada en la presente causa.
Así, las cosas, respecto de la nulidad planteada, puntualizó que no existía evidencia documental en el expediente administrativo que demostrara que la notificación establecida en la corrida de vista –la cual conforme la normativa aplicable es un acto obligatorio– hubiera sido efectuada. Ello así, determinó que la parte demandada no había cumplido con lo establecido en el artículo 1101 del Código Aduanero.
En este orden de ideas, indicó que la ausencia de la corrida de vista demostraba que las co-actoras no habían tenido oportunidad de ejercer sus derechos, que se habían vulnerado las garantías elementales del debido proceso y el derecho de defensa con raigambre constitucional y convencional, concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, en la que se había sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales.
Así las cosas, concluyó que la omisión de correr vista de lo actuado conforme el artículo 1101 del Código Aduanero, se traducía en un incumplimiento palmario a los mencionados requisitos, por lo que la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo carecía de validez en su totalidad.
III. Regulación de honorarios Por otro lado, mediante sentencia del 12/12/2024, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, reguló los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri, por su actuación ante el tribunal en el doble carácter de apoderado y letrado patrocinante de la co-actora Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA, en la cantidad de 3 UMA, equivalentes a la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco ($185.985).
Asimismo, reguló los honorarios del Dr. Marcelo Gottifredi y de la Dra. María Gottifredi, en el carácter de letrados co-patrocinante de la co-actora Merisant Argentina SRL, en la cantidad de 1,08 UMA, equivalentes a la suma de pesos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro con sesenta centavos ($66.954,60.-).
IV. Agravios de la parte demandada Contra la sentencia del 14/5/2024, el fisco interpuso recurso de apelación el 6/6/2024 (confr. v. F-2024-59507647-APN-DTD#JGM), y expresó agravios el 1/7/2024 (confr. v. IF-2024-68626682-APN-DTD#JGM), los cuales fueron contestados por la firma Merisant Argentina SRL y por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA el 12/11/2024 (confr. v. IF-2024- 123952392-APN-DTD#JGM y RE-2024-124372000-APN-DTD#JGM).
Se agravia respecto de la declaración de nulidad de la resolución aduanera. Al respecto, sostiene que en la causa bajo análisis no se discute una infracción sino un cargo y que el cargo tiene su génesis en la importación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 24075/2025 “MERISANT ARGENTINA SRL (TF 114426107-A Y ACUM) Y OTRO c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
definitiva a consumo de la mercadería objeto del DIT y no en la infracción propiamente dicha.
Así las cosas, manifiesta que si no hay una imputación penal concreta (por infracción) no se corre vista, sino que solamente se formula un cargo y contra el cargo el ordenamiento prevé dos alternativas: la impugnación del artículo 1053 del Código Aduanero o el pago extintivo de la obligación y, eventualmente, y de encuadrar en determinados supuestos puntuales, la posibilidad de repetir lo pagado en demasía, de conformidad al procedimiento del artículo 1069 del Código Aduanero.
En este sentido, aduce que la Administración al no notificar la corrida de vista y disponer el archivo más la formulación de un cargo, lo que hizo es, voluntariamente, optar por quitarle eficacia al acto administrativo (de la apertura y corrida de vista) con el convencimiento (implícito) que solo una vez que se notifica al interesado, el acto administrado adquiere eficacia. Por lo tanto, sostiene que debe considerarse que el procedimiento para las infracciones es inexistente para el administrado, en la medida que la Administración nunca tuvo la voluntad de inmiscuirlo en él y resolvió únicamente respecto de un cargo (determinación por tributos por haberse considerado nacionalizada la mercadería únicamente).
En esta línea, alega que al notificarle a la parte actora únicamente el cargo (determinación de tributos) y no la mentada corrida de vista por la infracción aduanera; técnicamente, no se está frente a la sustanciación del procedimiento para las infracciones, sino que se está ante un acto administrativo determinativo de tributos (atacable por el procedimiento de impugnación). Por lo que, el cargo (que determina tributos solamente) puede revisarse exclusivamente mediante el procedimiento administrativo que la normativa prevé a dichos efectos, es decir, mediante el procedimiento de impugnación del artículo 1053 del Código Aduanero o, sí paga, luego por el procedimiento previsto en el artículo 1068 y siguientes del Código Aduanero y no otro.
Finalmente, se agravia respecto de la imposición de las costas. En este sentido, sostiene que la representación fiscal tenía motivos válidos para litigar, por lo que solicita que las mismas sean impuestas por su orden.
V. Agravios de la parte actora Por su parte, contra la sentencia del 14/5/2024 interpuso recurso de apelación la parte actora Merisant Argentina SRL el 18/6/2024 (confr. v. RE- 2024-64008338-APN-DTD#JGM), y expresó agravios el 25/7/2024 (confr. v. RE- 2024-78275290-APN-DTD#JGM), los cuales no merecieron réplica de la contraria.
Asimismo, contra la regulación de honorarios del 12/12/2024, la parte actora interpuso recurso de apelación el 17/12/2024 (confr. v. RE-2024- 138360122-APN-DTD#JGM) por considerarlos bajos, cuyo traslado fue contestado por la parte demandada el 14/03/2025 (v. IF-2025-26739404-APN- DTD#JGM).
Respecto del fondo de la cuestión, la mencionada aduce que el Tribunal Fiscal se extralimitó en sus facultades al declarar la nulidad de la resolución aduanera como así también al haber omitido expedirse respecto de la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos y al no haberse expedido respecto del allanamiento parcial formulado por la parte demandada.
Así las cosas, plantea que la firma Merisant solicitó la nulidad de todo lo actuado por encontrarse vulnerado su legítimo derecho de defensa como así también, respecto de la co-actora, planteó la nulidad de todo lo actuado. Seguidamente, puntualiza que solicitó la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos y la aplicación del plazo razonable, en tanto considera que el plazo de 14 años transcurrido desde la oficialización de la DIT resulta por demás irrazonable y afecta el derecho de defensa de la parte actora. En esta línea, sostiene que el Tribunal Fiscal se extralimitó en sus facultades declarando la nulidad de un acto en particular que no fue objeto de petición por parte de las co-actoras, dejando latente la acción de fisco para percibir los tributos.
En este orden de ideas, alega que el hecho de haberse archivado el sumario infraccional no significa que se tenga por probado el hecho constitutivo de infracción por la que resultaría exigible el pago de tributos, por lo que resulta contrario a derecho la exigencia tributaria por un hecho no probado por quien es titular de la acción penal.
Por otro lado, en cuanto a la prescripción de la acción de fisco para percibir tributos, manifiesta que el presunto incumplimiento (hecho gravado no probado ni investigado) habría ocurrido el 22/1/2009, que el plazo de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 24075/2025 “MERISANT ARGENTINA SRL (TF 114426107-A Y ACUM) Y OTRO c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
prescripción conforme los artículos 803 y 804 del Código Aduanero habían comenzado a correr el día 1/1/2010, que el auto de apertura de sumario (acto administrativo que suspende el plazo) se había dictado el 16/12/2014, y que debido a que la investigación (acto que motiva la suspensión de la acción) había fenecido con el dictado del archivo del sumario que había sido iniciado para su investigación, la acción del fisco para percibir tributos había prescripto debido a que existía acto hábil para la suspensión de la prescripción de la acción. A continuación, aduce que la sentencia de la anterior instancia no se expidió respecto del allanamiento ni a la imposición de las costas correspondientes.
Por último, refiere que resulta aplicable el criterio sostenido en los precedentes de la Corte Suprema “Losicer” y “Bossio García”, en cuanto a la vulneración del plazo razonable. Ello así, solicita que en caso de rechazarse los restantes argumentos, se revoque la pretensión tributaria debido a que el caso bajo estudio lleva mas de 16 años de sustanciación desde el vencimiento del DIT, lo cual implica una vulneración primaria de la garantía procesal coronada como un derecho humano en el Pacto de San José de Costa Rica.
VI. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, “LDC Argentina SA (TF 138542079-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 17645/2024, del 10/4/2025, entre otros).
VII. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso De manera preliminar, corresponde señalar que, la materia sobre la cual debe expedirse esta alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta litis– se circunscribe a: (i) la nulidad del auto de apertura de sumario; (ii) la prescripción respecto de las acciones del fisco para determinar y exigir el pago de tributos respecto de la destinación Nº 08 001 IT14 000638 H; (iii) la imposición de las costas y la regulación de los honorarios.
A tal fin, y con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, me parece conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197- 3498-2013:
(i) Mediante acta de denuncia del 24/5/2013 se iniciaron las actuaciones administrativas, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto del DIT Nº 08 001 IT14 000638 H (confr. fs 11).
(ii) Posteriormente, se efectuó la clasificación arancelaria y el valor en aduana de la mercadería (confr. fs. 13).
(iii) Seguidamente, se rectificó la fecha del momento imponible, estableciéndose que la misma es el 22/1/2009 (confr. fs. 15).
(iv) El 17/12/2003 se efectuó la liquidación de tributos (confr. fs. 16).
(v) A fs. 18 y 19 consta la determinación de tributos y multa.
(vi) El 16/12/2024 la División Secretaría de Actuación N° 4 dispuso la instrucción de sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero. Asimismo, corrió vista a la firma Merisant Argentina SRL para que en el plazo de 10 días de notificado esté a derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse respecto de la infracción tipificada en el artículo 970 de Código Aduanero en relación al DIT Nº 08 001 IT14 000638 H. También, citó a Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA, en su carácter de garante de la obligación tributaria, en los términos del artículo 1092 del Código Aduanero, para que en el plazo de 10 días se presente a tomar parte en el sumario a fin de ofrecer las defensas que correspondan (confr. fs. 20).
(vii) A fs. 23 consta otra determinación de tributos y multas.
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(viii) A continuación se agrega constancia de consulta del sistema SUMARCHI, del cual surge que no hay antecedentes registrados computables para la firma Merisant Argentina SRL (confr. fs. 24).
(ix) El 18/2/2019 se dictó la Resolución DE PRLA Nº 731 en la cual el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió archivar las actuaciones; formular cargo a la firma Merisant Argentina SRL por los tributos adeudados, por la suma de U$S 723,74.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA; y por la suma de $1140,49.- en concepto de IVA adicional, Ganancias e intimar a su pago a la firma Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA en los términos del artículo 1122 y concordantes del Código Aduanero (confr. fs. 25/26).
(x) El 17/10/2022 se notifica la Resolución DE PRLA Nº 731 a la firma Merisant Argentina SRL y a la firma Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA (confr. fs. 27/28).
VIII. El alcance de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargo por tributos.
La Resolución DE PRLA N° 731 que ordena el archivo de las actuaciones y formula cargo por tributos es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto aduanero encartado exclusivamente en función del bajo monto de la multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (vgr. Instrucción General 9/2017, similar a la Instrucción General 11/206, modificatoria de la IG 2/2008, ampliatoria de la IG 02/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible.
Esta Sala, en el precedente “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 67137511-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 32755/2023, al dictar sentencia el 6/3/2025, (ver en especial Considerando VII) y luego en el expediente “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 1239/2024, sentencia del 20/3/2025, ha declarado que “el reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y que, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en estas resoluciones, en tanto que recaídas en un procedimiento para las infracciones, no son impugnables en sede aduanera por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del Código (arg. art. 1112, incs. a y b, CA)”, tal como lo sostuviera la Sala IV del fuero en diversos precedentes (confr. Sala IV, in rebus: “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, Causa N° 46832/22, del 20/9/2022, considerando 3°, primer párrafo; “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, Causa N° 47883/22, del 1/11/2022, en especial, considerando 5°, segundo párrafo). Lo antedicho, debe ser anudado con que la liquidación de tributos en la que se basa la exigencia aquí disputada, contenida en la medida en que ha recaído en Resolución DE PRLA N° 731, un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado en el artículo 1053, inciso a) del Código Aduanero.
Desde otra perspectiva, y como será analizado en seguida, cabe apuntar que la solución a la que arribó la aduana sólo se halla fundada en que el importe de la multa (calculada en $2.511,38) no alcanzaba el mínimo previsto por la Instrucción General DGA 11/2016, pero sin dar previa intervención a la importadora incriminada para que acreditase lo que estimare pertinente en su defensa respecto de los hechos que servían de base a la imputación, los cuales, condicionaban el reclamo de los tributos (esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria).
IX. La Aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero En lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (confr. artículos 1080 y 1081 del Código Aduanero).
El artículo 1091 del Código Aduanero. establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 24075/2025 “MERISANT ARGENTINA SRL (TF 114426107-A Y ACUM) Y OTRO c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el artículo 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. A su vez, el artículo 1101 del Código Aduanero que establece: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”. El artículo en cuestión, por un lado, obliga a la administración a que – previo a correr vista de lo actuado– determine con estricta certeza los hechos investigados. Por el otro, obliga efectivamente a realizar el pertinente traslado. En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En esta línea, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (confr. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo I, Abeledo-Perrot, 1º ed., Buenos Aires, 2011, Tomo III. pág. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso.
Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló “….es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechosbásicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CN)” (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pag. 225, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica; Ediciones Iara, 2017).
Así las cosas, del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que en el proceso sumarial se haya cumplido con la vista correspondiente a la aquí actora, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
La omisión antes mencionada no puede ser subsanada ante esta instancia, toda vez que la misma ha conllevado la violación del debido proceso de raigambre constitucional (confr. esta Sala, in re: “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 1239/2024, del 20/3/2025).
Esta solución resulta concordante con lo que tiene dicho la Sala IV del fuero en los precedentes “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, Causa N° 29997/11, sentencia del 9/2/2012; y “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, Causa N° 56691/15, del 5/4/2016, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (confr. Sala IV, in re: “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 46832/2022, del 20/9/2022).
Por todo lo cual, corresponde rechazar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de la resolución.
X. Falta de constatación del hecho imponible A mayor abundamiento, cabe mencionar que si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo por vicio en la causa, toda CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 24075/2025 “MERISANT ARGENTINA SRL (TF 114426107-A Y ACUM) Y OTRO c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. artículos 7, inciso b, y 14, inciso b, Ley N° 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y Sala IV, in rebus: “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, Causa N° 46832/22, del 13/9/22; y “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, Causa N° 46837/22, del 20/9/2022 y sus citas).
XI. El auto de apertura del sumario.
Según el Código Aduanero —en tu texto aplicable a la fecha de los hechos— la acción de la AFIP – DGA para reclamar el pago de los tributos y multas aduaneras tiene un plazo de prescripción de 5 años (artículos 803 y 934 del Código Aduanero), que se inicia el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se produjo el hecho gravado (artículos 804 y 935 del Código Aduanero).
Dicha prescripción se suspende, respecto a los tributos, “desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (artículo 805, inciso a, del Código Aduanero).
Respecto de las multas la prescripción se interrumpe por el dictado del acto de apertura de sumario (artículo 937, inciso a, del Código Aduanero). Ello así, resulta oportuno recordar que el artículo 1094 del Código Aduanero –según el texto vigente al momento de los hechos del caso (anterior a la sustitución de según Ley N° 27.430)– establecía que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
XII. La prescripción de la acción para percibir tributos En este orden de ideas, cabe mencionar que las circunstancias fácticas involucradas en el caso han sido examinadas y resueltas por esta Sala en los autos “Curtiembre Arlei SA TF 32832-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 42391/2018, del 7/2/2019; “Ferrero Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 32928/2019; del 18/2/2020; “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 55478/2019, del 18/11/2020; y, más recientemente y con la actual integración en los autos “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 1239/2024, del 20/3/2025, en sentido concordante con lo decidido por la Sala IV del fuero en los precedentes “Directv Argentina SA (TF 10419973-A) c/ DGA”, Causa N° 13529/22, del 8/9/2022; “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, Causa N° 46832/22, del 20/9/2022; y “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, Causa N° 47883/22, del 1/11/2022, a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad. En efecto debe evaluarse que, dada la fecha de vencimiento del DIT (22/1/2009), la prescripción de las acciones del Fisco comenzó a correr el 1/1/2010 y operó el 31/12/2015. A su vez, las constancias de las actuaciones administrativas dan cuenta que se ordenó instruir sumario el 16/12/2014, en tanto que la liquidación definitiva de la multa y de los tributos adeudados (en los términos del artículo 1094 inciso d) del Código Aduanero) recién tuvo lugar en alguna fecha posterior al 3/1/2019 y el 18/2/2019, cuando habían transcurrido en exceso los 5 años desde el 1 de enero del año siguiente al de la supuesta comisión de la infracción, posteriormente al vencimiento del plazo de prescripción.
En esas condiciones, y con arreglo a la aludida pauta jurisprudencial, se concluye que la apertura del sumario constituyó un acto de mero trámite, al que no cabe reconocer efectos suspensivos ni interruptivos de la prescripción de las acciones del Fisco en los términos de lo dispuesto por los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero. Ello, por haber sido dictado en violación a la ley y en detrimento del derecho de defensa en juicio de la recurrente (arg. artículo 1094, del Código Aduanero; confr. esta Cámara, Sala IV, in re: “HTI Cono Sur SA (TF 20529766-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 7718/2024, del 30/5/2024; y esta Sala, in re: “Compañía de Barcos SA”, Causa N° 1239/2024, ya citado).
Por consiguiente, corresponde admitir la excepción de prescripción que había opuesto la parte actora desde el inicio, y dejar sin efecto la decisión de devolver las actuaciones al servicio aduanero para que retome el trámite del procedimiento (confr. esta Sala, in re: “Merisant Argentina SRL (TF 71387564-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 4033/2024, del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAUSA Nº 24075/2025 “MERISANT ARGENTINA SRL (TF 114426107-A Y ACUM) Y OTRO c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
27/3/2025; y esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Henkel Argentina SA (TF32665-A) c/ DGA”, Causa N° 41265/2023, del 2/11/2023; y “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA (TF 112763372-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 43618/2023, del 28/12/2023).
XIII. Costas y honorarios Por último, en lo que respecta a las costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponerlas al Fisco Nacional – ex AFIP-DGA, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (artículos 1163 y 1182 del Código Aduanero, y 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la trascendencia económica que para el interesado revistió la cuestión en debate, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional y la única etapa cumplida, SE CONFIRMAN los honorarios de la Dra. María Gottifredi y del Dr. Marcelo Antonio Gottifredi en su carácter de letrados de la dirección letrada y representación de la parte actora (arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 44 de la Ley N° 27.423). Asimismo, teniendo en cuenta la forma en que han sido impuestas las costas en la presente, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN los emolumentos de la Dra. María Gottifredi y del Dr. Marcelo Antonio Gottifredi, por las tareas cumplidas en la alzada (confr. RE-2024-78275290-APN-DTD#JGM y IF- 2024-123952392-APN-DTD#JGM) en 0,4 UMA, para cada uno, que equivalen –a la fecha– a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 20/100 ($33.985,20.-) (confr. artículo 30 de la Ley N° 27.423 y Corte Suprema Resolución Nº 3160/2025).
Finalmente, con fundamento en pautas análogas a las expuestas, SE FIJAN los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri, por las tareas cumplidas en la alzada (confr. RE-2024-124372000-APN-DTD#JGM), en su carácter de apoderado y letrado patrocinante de la co-actora Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA, en 0,9 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 70/100 ($76.466,70.-) (confr. artículo 30 de la Ley N° 27.423 y Corte Suprema Resolución Nº 3160/2025).
Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten –en la instancia anterior– su condición de responsables inscriptos frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE: (i) confirmar la sentencia apelada con el alcance aquí indicado, modificándola en cuanto por la presente se declara prescripta la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos aduaneros. Con costas de ambas instancias al ARCA; (ii) establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo determinado en el Considerando XIII.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia