Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 71387564-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada con el alcance aquí indicado, modificándola en cuanto por la presente se declara prescripta la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos aduaneros. Con costas de ambas instancias al ARCA.
2Establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo determinado en el Considerando XI.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
4033/2024 MERISANT ARGENTINA SRL (TF 71387564-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 27 de marzo de 2025.- SH
Los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por el Fisco Nacional el 09/10/2023 y 12/10/2023 (v. IF-2023 -120104432-APN-DTD#JGM e IF-2023-121745973-APN-DTD#JGM), concedidos el 17/11/2023 (v. IF-2023-137664159-APN -VOCXVII#TFN Punto 2) contra la sentencia dictada el 07/09/2023 (v. IF-2023-105215512-APN-VOCXVII#TFN), fundados respectivamente por las expresiones del 12/10/2023 y del 30/10/2023 (v. IF-2023 -121745973-APN-DTD#JGM e IF-2023-128974074-APN-DTD#JGM), cuyos traslados corridos en IF-2023-137664159-APN-VOCXVII#TFN “Punto 2” fueron contestados el 05/12/2023 y 12/12/2023 (v. IF-2023 -145019228-APN-DTD#JGM e IF-2023-147855412-APN-DTD#JGM).
Asimismo, a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por los letrados de la actora y el Fisco Nacional el 27/11/2023 y 28/11/2023 (v. IF-2023-141131562-APN-DTD#JGM e IF -2023-141762208- APN-DTD#JGM), concedidos el 14/12/2023 (v. PV -2023-149003202-APN-VOCXVII#TFN) contra los honorarios regulados en el Punto 1 de la sentencia dictada el 17/11/2023 (v. IF-2023 -137664159-APNVOCXVII# TFN). El Fisco Nacional contestó el traslado de fundamentos el 15/02/2024 (v. IF-2024- 16159221-APN -DTD#JGM). Y
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma importadora MERISANT ARGENTINA SRL el 6/03/2006 oficializó la importación temporaria de preparaciones alimenticias por el DIT 060731114 000591 M (v. sobre contendedor de fs. 3 de las act. adm. SIGEA 12210-471-2012, página 322 del DEO 13351907), cuyo vencimiento operó el 7/03/2007.
En el año 2012, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 2/02/2012 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta de denuncia de denuncia, fs. 1 de las act. adm. p.312 del DEO 13351907), que tramitó en la actuación SIGEA 12210-471-2012. De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 13/08/2012 se dispuso la apertura del sumario, el cual concluyó, sin que se haya corrido la vista del art. 1101 del CA, con la resolución (DE PRLA) 5348 del 24/07/2017, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros ordenó el archivo de las actuaciones en los términos de la Instrucción General (DGA) 11/2016, modificatoria de la IG 2/2007 y su ampliatoria 2/2008 (ver art. 1°) y, al mismo tiempo, formuló cargo por los tributos a la importadora y a la aseguradora, como garante de las obligaciones tributarias (art. 3°; fs. 15 de las act adm; pp 362-363 del DEO 13351907).
Contra dicha resolución, la importadora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que planteó la nulidad del procedimiento, opuso la excepción de prescripción de la acción para exigir tributos y para imponer penas, expresó las defensas que se vio privada de oponer a fin de acreditar el cumplimiento de la reexportación de la mercadería importada temporariamente con transformación, e impugnó en subsidio la liquidación tributaria.
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 7 de septiembre de 2023 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación; (i) declaró la nulidad de la resolución 5348/2017 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA n.º 12210-471-2012, con relación a la firma MERISANT ARGENTINA S.R.L.; (ii) rechazó el planteo realizado por la actora en cuanto a la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, conforme los fundamentos expuestos en el Considerando VII, sin costas; (iii) declaró que la acción del Fisco para imponer penas respecto de la firma recurrente en el marco de la operación que conforma objeto de la presente se encuentra prescripta, ello, conforme a lo analizado en el Considerando VII; (iv) impuso las costas a la demandada vencida, conforme con los fundamentos expuestos en el Considerando VIII. Para así resolver, indicó que la resolución DE PRLA 3557/17 había aplicado la Instrucción General DGA 11/16 y archivado la denuncia infraccional debido a la escasa significación de la sanción CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4033/2024 MERISANT ARGENTINA SRL (TF 71387564-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO determinada, sin perjuicio de lo cual formuló cargo por los tributos adeudados a la importadora; lo que, a su entender, supuso tener por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria. Sostuvo que tal proceder había afectado el derecho de defensa de la recurrente, puesto que nunca se dictó el acto de corrida de vista del sumario, sino que directamente le fue comunicado el fallo condenatorio, sin haber tenido oportunidad de demostrar la regularización de la situación de la mercadería. Por consiguiente, admitió el planteo de nulidad por vicios esenciales en el procedimiento y dejó sin efecto la exigencia tributaria.
Más allá de lo expuesto, entendió que la acción tendiente al cobro de los tributos no había prescripto por el efecto suspensivo atribuible al dictado del auto de instrucción sumarial del 13/08/2012 (arg. art. 805, inc. a, del CA).
En lo que atañe a la prescripción de la acción para aplicar penas, recalcó que “la vigencia de la potestad sancionatoria del Fisco en este caso encuentra tres estamentos cruciales, a saber, la fecha de vencimiento de la DIT, el auto de apertura del sumario y la resolución condenatoria.” Y recordó que “los únicos actos administrativos con incidencia en la viabilidad de la acción penal son los que dispone la instrucción del sumario (art. 1090 del C.A.), en tanto interrumpe la prescripción (art. 937 del C.A.) por el plazo de cinco años y la resolución que da fin al proceso sumarial aduanero”. De este modo, al ser nula la resolución recaída en el sumario, consideró excedido el plazo quinquenal computado desde el auto de apertura del sumario y declaró prescripta la acción punitiva.
III. Los agravios del Fisco Nacional Que la ex AFIP DGA en su expresión de agravios plantea que el Tribunal Fiscal incurre en una incongruencia cuando declara la nulidad por no haber corrido vista del cargo infraccional, siendo que el servicio aduanero en el punto 1 de la resolución en crisis, archivó el sumario en los términos del apartado D.1.4 de la Instrucción General Nº 11/16.
Sostiene que la vista que exige el Tribunal Fiscal de la Nación es innecesaria en el marco de un procedimiento infraccional archivado previamente y carece de virtualidad para determinar la nulidad de un acto administrativo que se presume válido y en el cual se reclaman obligaciones tributarias, aplicando los principios y preceptos propios del Derecho Tributario y no los del Derecho Penal.
Agrega que no era una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, en el caso, se había planteado desde un primer momento la distinción entre la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondía la aplicación de sanciones) y la de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo).
Argumenta que la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal de la Nación es abiertamente abstracta (la nulidad por la nulidad misma), toda vez que en el art. 3 de la Resolución DE PRLA Nro. 5348/17, se reclaman obligaciones tributarias que se han devengado al verificarse el supuesto previsto en el art. 274 in fine del CA, omitido considerar el principio que proscribe declarar la nulidad del procedimiento por la nulidad misma, receptado en el artículo 1050 del código de la materia. Cuestiona la falta de condena en costas a la parte actora por el rechazo de la prescripción decidido en el punto resolutivo 2. Manifiesta que el Tribunal Fiscal ha sentenciado sobre una cuestión abstracta al declarar prescripta la acción del fisco para aplicar penas, toda vez que el sumario infraccional fue archivado y que la aplicación de la multa no resultaba materia controvertida.
IV. Agravios de la parte actora La firma importadora alega que en la sentencia se omite considerar el allanamiento parcial que formuló la aduana respecto del IVA adicional y la percepción del impuesto a las ganancias, por lo cual tampoco impuso las costas a su respecto. Indica que en el auto del 13/02/2023 dicho allanamiento fue tenido presente para su oportunidad. Invoca la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Cladd”
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4033/2024 MERISANT ARGENTINA SRL (TF 71387564-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Desde otra perspectiva, critica que el a quo mantenga vivo el procedimiento y ordene su devolución a sede aduanera respecto de un hecho que habría acaecido el 8/03/2007, como si fuese posible considerar que los actos que se realicen resulten útiles para percibir los tributos de ese hecho imponible. Plantea la prescripción de la acción para percibir tributos. Solicita que se aplique al caso la doctrina del plazo razonable, desde que ha quedado vulnerado el derecho de la importadora a ejercer su defensa por la inactividad de la aduana y el transcurso del tiempo.
V. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III -11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
VI. El alcance de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargo por tributos.
La resolución (DE PRLA) 5348/2017 que ordena el archivo de las actuaciones y formula cargo por tributos es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto aduanero encartado exclusivamente en función del bajo monto de la multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (vgr. Instrucción General 9/2017, similar a la Instrucción General 11/206, modificatoria de la IG 2/2008, ampliatoria de la IG 02/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible.
Esta Sala, en el expte. nro. 32755/2023, caratulado “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 67137511-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 6/03/2025, (ver en especial Considerando VII) y luego en el expte. nro. 1239/2024, caratulado “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 20/03/2025, ha declarado que el reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y que, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en estas resoluciones, en tanto que recaídas en un procedimiento para las infracciones, no son impugnables en sede aduanera por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código (arg. art. 1112, incs. a y b, CA)”, tal como lo sostuviera la Sala IV del fuero en diversos precedentes (cfr. Sala IV expte. 46832/22 in re “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, del 20/09/2022, considerando 3°, primer párrafo; extpe. nro. 47883/22 in re “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, del 1/11/2022, en especial, considerando 5°, segundo párrafo).
Lo antedicho, debe ser anudado con que la liquidación de tributos en la que se basa la exigencia aquí disputada, contenida en la resolución (DE PRLA) 5348/2017, en la medida en que ha recaído en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado en el art. 1053, inciso a) del CA.
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4033/2024 MERISANT ARGENTINA SRL (TF 71387564-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Desde otra perspectiva, y como será analizado en seguida, cabe apuntar que la solución a la que arribó la aduana sólo se halla fundada en que el importe de la multa (calculada en $7.847,09) no alcanzaba el mínimo previsto por la Instrucción General DGA 11/2016 (v.15 de las act. adm.; pp. 362 y 363 del DEO), pero sin dar previa intervención a la importadora incriminada para que acreditase lo que estimare pertinente en su defensa respecto de los hechos que servían de base a la imputación, los cuales, condicionaban el reclamo de los tributos (esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria).
VII. La Aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero En lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. Arts. 1080 y 1081 del CA).
El art. 1091 del CA. establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el art. 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. A su vez, el art. 1101 del Código Aduanero que establece:
“Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
El artículo en cuestión, por un lado, obliga a la administración a que –previo a correr vista de lo actuado– determine con estricta certeza los hechos investigados. Por el otro, obliga efectivamente a realizar el pertinente traslado.
En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En esta línea, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (Cfr. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo I, Abeledo-Perrot, 1º ed., Buenos Aires, 2011, Tomo III. pág. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso.
Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló “….es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4033/2024 MERISANT ARGENTINA SRL (TF 71387564-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO básicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CN) (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pag. 225, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica; Ediciones Iara, 2017).
Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que en el proceso sumarial se haya cumplido con la vista correspondiente a la aquí actora, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional. La omisión antes mencionada no puede ser subsanada ante esta instancia, toda vez que la misma ha conllevado la violación del debido proceso de raigambre constitucional (cfr. esta Sala, expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” del 20/03/2025).
Esta solución resulta concordante con lo que tiene dicho la Sala IV del fuero en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, sentencia del 9/2/2012 y 56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, del 5/4/2016, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (cfr. Sala IV, 46832/2022 Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022).
Por todo lo cual, corresponde rechazar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de la resolución.
VIII. Falta de constatación del hecho imponible Que, a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo por vicio en la causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y Sala IV, causas 46832/22 y 46837/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA” y “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sentencias del 13/9/22 y del 20/09/2022 y sus citas).
IX. El auto de apertura del sumario.
Según el Código Aduanero —en tu texto aplicable a la fecha de los hechos— la acción de la AFIP – DGA para reclamar el pago de los tributos y multas aduaneras tiene un plazo de prescripción de 5 años (arts. 803 y 934 del CA), que se inicia el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se produjo el hecho gravado (arts. 804 y 935 del CA). Dicha prescripción se suspende, respecto a los tributos, desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a) del CA). Respecto de las multas la prescripción se interrumpe por el dictado del acto de apertura de sumario (art. 937, inc. a) del CA).
Ello sentado, resulta oportuno recordar que el art. 1094 del CA-según el texto vigente al momento de los hechos del caso (anterior a la sustitución de según ley 27.430)- establecía que "el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados".
X. La prescripción de la acción para percibir tributos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4033/2024 MERISANT ARGENTINA SRL (TF 71387564-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Que, las circunstancias fácticas involucradas en el caso han sido examinadas y resueltas por esta Sala en los autos “Curtiembre Arlei SA TF 32832-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. 42391/2018, “Ferrero Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. 32928/2019, “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. 55478/2019, sentencias del 7/02/2019, 18/02/2020 y 18/11/2020, respectivamente, y, más recientemente y con la actual integración en los autos “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, extpe. 1239/2024, sentencia del 20/03/2025, en sentido concordante con lo decidido por la Sala IV del fuero en las causas 13529/22 “Directv Argentina SA (TF 10419973-A) c/ DGA”, 46832/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521 -A) c/ DGA” y 47883/22 “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541 -A) c/ DGA”, sentencias del 8/9/2022, 20/9/2022 y 1/11/2022, respectivamente, a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad.
En efecto debe evaluarse que, dada la fecha de vencimiento del DIT (7/03/2007), la prescripción de las acciones del Fisco comenzó a correr el 01/01/2008 y operó el 31/12/2012. A su vez, las constancias de las actuaciones administrativas dan cuenta que se ordenó instruir sumario el 13/08/2012, en tanto que la liquidación definitiva de la multa y de los tributos adeudados (en los términos del art. 1094 inc. d) del CA) recién tuvo lugar en alguna fecha posterior al 10/08/2016 y anterior al 19/07/2017 (v. sello “gírese para su tramitación" de fs. 11vta., fs. 12 y fs. 13 de las act. adm.; pp 356 del DEO 13351907), cuando habían transcurrido en exceso los 5 años desde el 1 de enero del año siguiente al de la supuesta comisión de la infracción, posteriormente al vencimiento del plazo de prescripción.
En esas condiciones, y con arreglo a la aludida pauta jurisprudencial, se concluye que la apertura del sumario constituyó un acto de mero trámite, al que no cabe reconocer efectos suspensivos ni interruptivos de la prescripción de las acciones del Fisco en los términos de lo dispuesto por los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero. Ello, por haber sido dictado en violación a la ley y en detrimento del derecho de defensa en juicio de la recurrente (arg. art. 1094, del CA; cfr. Sala IV expte. nro. 7718/2024 “HTI Cono Sur SA (TF 20529766-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/05/2024; esta Sala expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA”, ya citado).
Por consiguiente, corresponde admitir la excepción de prescripción que había opuesto la parte actora desde inicio, y dejar sin efecto la decisión de devolver las actuaciones al servicio aduanero para que retome el trámite del procedimiento (ver Sala IV, expte. 41265/2023 “Henkel Argentina SA (TF32665-A) c/DGA”, sentencia del 2/11/2023 y expte. 43618/2023 “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA (TF 112763372-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 28/12/2023 y esta Sala, expte, 1239/2024 “Compañía de Barcos SA”, ya citado).
XI. Costas y honorarios Por último, en lo que respecta a las costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponerlas al Fisco Nacional – ex AFIP-DGA, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párr., del CPCCN).
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la trascendencia económica que para el interesado revistió la cuestión en debate, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional y la única etapa cumplida, SE CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora (arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 44 de la ley 27.423).
Asimismo, teniendo en cuenta la forma en que han sido impuestas las costas en la presente, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN los emolumentos de la Dra. María Gottifredi y del Dr. Marcelo Antonio Gottifredi, por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. v. IF-2023-120104432-APN-DTD#JGM y IF-2023-148155654-APN -DTD#JGM) en 0,53 UMA, para cada uno, que equivalen -a la fecha- a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4033/2024 MERISANT ARGENTINA SRL (TF 71387564-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la suma de PESOS TREINTA CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100 -$35.844,96- (art. 30 de la ley 27423 y CSJN resol. 237/2025).
Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten -en la instancia anterior- su condición de responsables inscriptos frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. confirmar la sentencia apelada con el alcance aquí indicado, modificándola en cuanto por la presente se declara prescripta la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos aduaneros. Con costas de ambas instancias al ARCA.
2. establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo determinado en el Considerando XI.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia