Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2314/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 1858/1867 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1885/1886.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2314/19-TSJ Interlocutorio N°: 3502 Actor: MESTELAN, GABRIELA MIRIAM Y OTROS Demandada: SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO Objeto: AMPARO COLECTIVO Fecha: 27-08-2019 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3502 FOLIO Nº 5959/5995 PROT. ELECT. TSS1 044 I.191
Río Gallegos, 27 de agosto de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “MESTELAN, GABRIELA MIRIAM Y OTROS c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ AMPARO COLECTIVO” Expte. Nº M-11759/17 (M-2314/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Inicialmente, debemos abocarnos a decidir sobre la excusa- ción de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández, expuesta a foja 1949. La Magistrada considera que se encuentra comprometida en la causal prevista por el artículo 17 inci- so 7º del CPC y C, por remisión del artículo 30, primera parte, del citado cuerpo le- gal, porque ha integrado el Tribunal que dictó la resolución obrante a fs. 1190/1191 vta..- En virtud de las razones expuestas por la Magistrada y encon- trándose inmersa en las causales previstas en la normativa por ella citada, correspon- de hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la demandada Servicios Públicos Sociedad del Estado a fs. 1858/1867, contra la sen- tencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1774/1778 vta. Fa- llo éste que, en lo que aquí interesa, revocó la sentencia de grado, declaró abstracto el objeto del presente proceso y mantuvo la condena en costas decidida en la anterior instancia.-
III. Sintéticamente, el objeto de la demanda impetrada en es- tos autos es que se deje sin efecto el cuadro tarifario de energía eléctrica, agua, ener- gía pública y cloaca, fijado por la demandada, vigente a la época de promoción del presente (17 de marzo del 2017), retrotrayéndolo al mes de enero del 2017, hasta la celebración de una audiencia pública (también reclamada en la demanda) en la cual debería debatirse el aumento tarifario (cfr. fs. 6). Dicha pretensión obtuvo favorable acogida en primera instancia, donde se declaró la nulidad de la norma que dispuso el incremento tarifario (Resolución Nº 130/16, del 29/12/16), y se llamó a las partes a una audiencia: “…al sólo efecto de dar tratamiento a la vigencia o la subsistencia de la medida cautelar…” (cfr. fs. 1518 vta.). Las costas fueron impuestas a la demanda- da.- Apelado dicho fallo, la Excma. Cámara de Apelaciones, revocó la sentencia de grado, declarando abstracto el objeto del presente proceso y mante- niendo la condena en costas decidida en Primera Instancia (cfr. fs. 1776).-
IV. Contra dicha decisión, la demandada interpone recurso de casación, en los términos de los artículos 2º, 3º, siguientes y concordantes del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, confor- me Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. fs. 1858).-
La recurrente plantea los siguientes agravios:
1. Quebrantamiento de forma: La cual, a su entender se confi- gura por una falla en la coherencia, que se produce, porque el Juez de Primera Instan- cia dictó sentencia, cuando ya no había controversia, y si bien la Alzada reconoce este hecho, mantiene la condena en costas a su parte (cfr. fs. 1862 vta.).-
2. “Arbitrariedad: Violación y errónea aplicación de la ley, vul- neración de la garantía del juez natural. Doctrina de la Corte Suprema de Justicia”: Bajo dicho acápite denuncia errónea aplicación de la ley en cuanto a la violación de la garantía del Juez natural. Ello se produce, dice, porque la Excma. Cámara de Apela- ciones se integró con una de las Secretarias para resolver el recurso de apelación que planteó y ello, considera, provoca la nulidad de la sentencia en cuestión. Para fundar este agravio, remite a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Ros- za”, “Asociación de Magistrados y Funcionarios” y “Uriarte” (cfr. fs. 1863).-
3. “Arbitrariedad, Principio de Equidad en la distribución de las costas”: Bajo dicho título se agravia de la imposición de costas a su parte, decidi- da en ambas instancias de grado. Argumenta que la mayoría de los Tribunales cuando se declara abstracta la materia objeto del litigio, las costas se imponen en el orden causado puesto que no existe una parte vencida (cfr. fs. cit.). Considera así que cuan- do se ha tornado abstracta la cuestión, no cabe considerar vencida a ninguna de las partes, y que: “Sin perjuicio de esto, la Cámara resuelve incoherentemente mantener la imposición de costas decidida en la instancia de grado, pues a su entender los amparistas pudieron creerse con derecho a accionar del modo efectuado.” (cfr. fs. 1685).- A renglón seguido procura justificar la apertura de la casación aunque sea materia de costas, con citas jurisprudenciales y señalando que, a su enten- der, se trata de una situación de tal gravedad que amerita la apertura de la instancia extraordinaria provincial.-
Finalmente, a foja 1867 hace reserva del caso federal.-
Dicho recurso fue declarado formalmente admisible por la Excma. Cámara a fs. 1885/1886.-
A foja 1950 pasan al Acuerdo.-
V. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen pre- liminar que establece el art. 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiterada- mente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sende- ro extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mé- rito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio.- Conteste con las premisas ut supra señaladas se observa que los planteos efectuados en el recurso bajo análisis no son idóneos para lograr la aper- tura de la instancia extraordinaria provincial, por las razones que seguidamente ex- pondremos:
En primer lugar cabe advertir que el segundo agravio que plan- tea la recurrente (al que titula: “Arbitrariedad: Violación y errónea aplicación de la ley, Vulneración de la garantía del juez natural. Doctrina de la Corte Suprema de Jus- ticia”), en el cual se queja de que la Excma. Cámara de Apelaciones se integró con una de sus Secretarias -en orden a la previsto en la ley de subrogancia vigente en aquella oportunidad- para dictar la sentencia objeto del presente recurso; lo cierto es que este cuestionamiento fue tratado y desestimado, cuando, a instancias, también, de la demandada, se inició por ante este Tribunal Superior de Justicia el recurso de queja que tramitó bajo el Expte. Nº 2288/18, autos: “Mestelan, Gabriela Miriam y Otros c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Amparo colectivo s/ Recurso de Queja – Parte Demandada”. El referido planteo fue rechazado por la Alzada y dicha resolu- ción, finalmente, quedó firme ante la resolución dictada por este Alto Cuerpo (cfr. In- terlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3448, Folio 5851/5852) que obra a fs. 42/43 del expe- diente ut supra indicado. Por lo cual dicho argumento no es hábil para admitir la ins- tancia recursiva.- En segundo lugar los agravios 1) y 3) referenciados en el Con- siderando IV, remiten al mismo tema, la imposición de costas, que, en el caso, recayó sobre la accionada.-
Reiteradamente ha dicho este Tribunal Superior de Justicia que las controversias suscitadas en torno a la imposición de costas son ajenas al ámbito del recurso extraordinario provincial, pues se trata de cuestiones fácticas que son pri- vativas de los Jueces de grado.-
Conteste con dicho criterio ha expresado: “…la mayoría de los máximos tribunales de provincia han establecido que las cuestiones relativas a la im- posición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribu- nal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 22/11/1996, 'Fema S. R. L. c. Obras Sanitarias Mendoza', Publicado en: LA LEY 1997-D, 324 - DJ 1997-3, 140; ídem, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 26/10/1993, 'Junta Nacional de Granos c. Sbaizero, Juan A. y otros', publicado en: LA LEY 1994-B, 264, entre otros)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio Nº 2539/2542). “Así, en lo atinente a la imposición de costas los jueces de grado son soberanos y por ende se encuentran ajenos, en princi- pio, al recurso de casación, salvo que se demuestre absurdo o arbitrariedad…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192) vicios estos últimos que no intenta demostrar el recurrente.- La imposición de costas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los Jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/ 5324).-
El cuestionamiento relativo a la imposición y distribución de costas resulta, en principio, ajeno a esta instancia extraordinaria. Así, lo ha sostenido uniformemente este Alto Cuerpo al expresar que: “…'…se encuentra detraída al co- nocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho pro- cesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisabilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria…'…” (cfr. Interlo- cutorio, Tomo XXIX, Reg. 3423, Folio 5778/5781).- Es así que no se avizora, en el sub judice, ninguno de los su- puestos excepcionales que habilitan el conocimiento en esta instancia extraordinaria del tema litigioso. Los argumentos esgrimidos por la demandada no logran conmover el mentado criterio, que es doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia, puesto que la distribución de las costas decidida en las instancias de grado exhibe una argu- mentación razonable -más allá de que se la comparta o no- que la aleja de los actos jurisdiccionales infundados o arbitrarios. Es oportuno advertir que la cuestión contro- vertida, devino abstracta con posterioridad al inicio del presente proceso, cuando la accionada dejó sin efecto la disposición que había aumentado las ya referidas tarifas.-
VI. Finalmente, cabe señalar que la impugnante no demuestra la arbitrariedad que alega. No estamos ante una sentencia que se aparte, en forma ine- quívoca, de la solución normativa prevista para el caso o que carezca de fundamenta- ción (cfr. German J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 440/443).- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión: “...'…tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'.
Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exteriori- za, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la va- loración de las probanzas'…” (cfr. Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2da. edición, págs. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Idem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- Resulta oportuno recordar, entonces, que la doctrina de la arbi- trariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues sólo tiende a cubrir casos de carácter excepcional.
No tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consi- deran tales, sino tiende a cubrir supuestos en los que deficiencias lógicas del razona- miento o una total ausencia de fundamentos traduzcan la violación de la garantía constitucional del debido proceso. Este Tribunal Superior de Justicia ya ha sostenido en numero- sas ocasiones que la discrepancia del recurrente con las motivaciones efectuado por la Excma. Cámara de Apelaciones no significa que su sentencia devenga infundada y/o arbitraria: “...'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituída para corregir senten- cias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palma- rio de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr.
Interlocutorio, Tomo III, Reg. 282, Folio 457/458 y Tomo VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Colofón de lo reseñado es que no se intenta demostrar, en el caso, ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad alegada.-
VII. A modo de epilogo debemos concluir, de acuerdo a lo expuesto, que en las condiciones descriptas, resulta claramente inadmisible el recurso de casación articulado, por no reunir los requisitos necesarios para su viabilidad for- mal; por lo que corresponde declararlo mal concedido y. en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, La- boral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fojas 1885/1886, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 1867.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 1858/1867 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1885/1886.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1044I.191 Tomo: XXX Interlocutorio: 3502 Folio N°: 5992/5995 Secretaría: 1
Fin de la sentencia