Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-14015961-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1 de la Resolución RESOL-2023-3185-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en la Actuación SIGEA 17115-5693-2015, con costas.
2Confirmar el art. 3 de la resolución apelada, declarando que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 11001IT14001911T asciende a la suma de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 15/100 (U$S 140.443,15), con más los intereses del art. 794 del CA desde el 8/10/2017 hasta a fecha de efectivo pago, con costas.
3Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-33026891-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Abril de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “METALMECANICA SA c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2024-14015961- - APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2024-14013609-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma METALMECANICA SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2023-3185-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA que la condena al pago de multa y tributos por incumplimiento del régimen de importación temporaria, en relación a la destinación 11001IT14001911T. En primer lugar, plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y, en consecuencia, solicita se revoque la condena. Subsidiariamente, se queja de la prolongada inacción de la Aduana en la tramitación del proceso. Invoca la doctrina del “plazo razonable” y cita jurisprudencia. En relación a la cuestión de fondo, afirma que cumplió en legal tiempo y forma con la totalidad de las obligaciones aduaneras a su cargo vinculadas con la DIT 11001IT14001911T. Expresa que, si bien preliminarmente estimó que el proceso productivo registraría un pequeño porcentaje de mermas, al momento de la fabricación de la mercadería exportada se produjo una mejora en la línea de producción maximizando considerablemente la utilización del insumo importado. En este sentido aclara, que la descarga de los once permisos de embarque que acompaña como prueba representan el 100% del material importado temporalmente. Agrega que, si la Aduana considera que cometió una infracción respecto de las mermas, sólo debería haber denunciado la operación respecto de las mermas y no del 100% de la mercadería de la DIT. Entiende que “no existe hecho imponible que amerite liquidar tributos de importación, por haberse acreditado también la reexportación de las mercaderías tipificadas como mermas”. Considera que la negativa de la DGA de computar los PE acompañados resulta arbitraria e ilegítima, por lo que solicita se revoque la condena. Subsidiariamente, solicita el encuadre en la figura del art. 972 del CA. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se haga lugar al recurso, con costas.
II. Mediante IF-2024-44230191-APN-DTD#JGM se presenta el representante del Fisco y contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora, que no fueren objeto de mi especial reconocimiento. Se opone al planteo de prescripción y cita jurisprudencia en respaldo de su posición. En cuanto al fondo del asunto, expresa que la conducta punible se materializó cuando, habiendo transcurrido el término legal y no cumpliendo la actora con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio de la importación temporal, se tornó procedente la sanción impuesta. Se explaya en relación a la carga de la prueba. Hace reserva del caso federal y solicita la confirmación del fallo aduanero apelado, con costas.
III. Que mediante PV-2024-45547998-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas relativas a la presente causa. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F” y se llaman autos a sentencia.
IV. Que la Actuación SIGEA 17115-5693-2015 se inicia con la multinota de fecha 26/3/2013. A fs. 11 se agrega el acta denuncia. A fs. 13 se procede a la clasificación y valoración de la mercadería en presunta infracción. A fs. 17 se liquidan tributos y se determina el importe de la multa. A fs. 18/vta., con fecha 25/8/17 se dispone la instrucción de sumario y se corre vista de lo actuado a la firma METALMECANICA SA, quien resulta notificada el 25/10/2017, conforme surge de la constancia de fs. 41. A fs. 28/32 vta. contesta vista la imputada. A fs. 40 se ratifica la denuncia. Finalmente, a fs. 44/47, se dicta la Resolución RESOL-2023-3185-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, aquí apelada.
V. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesto por la actora. Vale aclarar, en primer lugar, que, sin perjuicio de mi opinión respecto a la interpretación de las normas de prescripción del CA, se decidirá, por razones de economía procesal, conforme lo establecido al respecto por el plenario “Hughes Tool” de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, coherente con el precedente sobre la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland”.
Que, conforme lo dispuesto en los arts. 934 y 935 del CA, la acción del Fisco para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años, plazo que comienza a computarse desde el 1° de enero del año siguiente a la fecha de comisión infracción imputada (26/03/2013). Siendo ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2014 y vence el 31/12/18.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 937, inc. a), del CA “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, conforme surge de fs. 18 de las actuaciones administrativas, el curso de la prescripción penal se interrumpió el 25/08/2017 con el dictado de la instrucción de sumario, comenzando a correr el nuevo plazo quinquenal el 26/08/2017.
Que, debe tenerse presente que el art. 17 de la Ley 27.562 dispone que se suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para, en lo que aquí interesa, percibir la pena. Que, en consecuencia, el plazo de la prescripción penal habría operado el 26/08/2023; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 25/08/2023, no se encuentra prescripta la acción del fisco para imponer la multa en trato.
Que a lo expuesto debe adicionarse que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 26/3/2013 (ver acta denuncias de fs. 1) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el CA, la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver la procedencia de la multa y de los tributos reclamados por la falta de reexportación en término de la mercadería importada en forma temporaria mediante la destinación DIT 11001IT14001911T.
Que, mediante dicha destinación, oficializada el 5/4/2011 ante la Aduana de Buenos Aires, la firma METALMECANICA SA documentó en los términos del Decreto 1330/04 la importación temporaria de 16.119 unidades de mercadería clasificada en la PA SIM 7228.30.00.920L.
En tales condiciones, se concedió el libramiento con fecha 12/4/2011 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 360 días, cuyo vencimiento operó el 26/03/2013. Que al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole a la importadora la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA, oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos adeudados.
Que, en virtud del informe técnico de fs. 40 que ratificó la denuncia, se dictó la Resolución RESOL-2023-3185- E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, aquí apelada.
Que el artículo 250 del CA establece que: "La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo ". Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el art. 970 del CA sanciona al que "no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria".
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
Que, como se dijo, la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos del Decreto 1330/04 - que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo a este régimen, no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del DIT que nos ocupa -Res. ANA 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos PE.
Que para acceder a dicho beneficio se impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través del mismo, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual el mismo es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería a exportar e indica expresamente su posición arancelaria.
Que de ello se desprende que la relación insumo/producto establecida en el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que se detalla en el mismo. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero".
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin SA”, sentencia del 01/10/91).
VII. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas y de la prueba producida en esta instancia surgen las siguientes conclusiones:
Que los PE 12008EC03000242A, 12008EC03000300S, 12008EC03000316C, 12008EC03002235E, 12008EC03002260C, 12008EC03002762J, 12008EC03002858, 12008EC03002837M, 12008EC03003158J, 13008EC03000288L y 13008EC03000331A, cuyas copias fueron aportadas por la actora en esta instancia mediante RE-2024-14013959-APN-SGASAD#TFN, no pueden considerarse documentos idóneos a efectos de acreditar las descargas pretendidas por la recurrente, toda vez que los mismos carecen de la constancia del cumplido de embarque. Este requisito esencial no puede ser reemplazado por la anotación manuscrita asentada sin firma, ni sello de funcionario aduanero en el anverso de los referidos documentos.
Que, como quedó expuesto, la importadora tiene la obligación de presentar los documentos aduaneros que permitan la acreditación de la exportación para consumo en término de la mercadería (permisos de embarque y CTC, según el caso), los cuales no pueden suplirse con las impresiones SIM, ni con el detalle del Seguimiento de Destinaciones Suspensivas.
Que la falta de una adecuada declaración y correcta documentación de la reexportación de la mercadería importada temporariamente por la actora, a cuyo cargo se encontraba esa prueba, obliga a confirmar la condena. Que, en consecuencia, cabe concluir que no ha resultado acreditada la reexportación en tiempo y forma de la totalidad de los insumos importados temporariamente mediante la DIT, debiendo confirmarse la multa impuesta.
VIII. Que el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, se aplica, a los efectos tributarios, el art. 274.1 inc. a), del CA, que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería y su garante serán responsables de las correspondientes obligaciones tributarias.
Que, a los efectos de la determinación de los tributos, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada en las actuaciones administrativas, no ha sido cuestionada por la actora, en lo que hace a los rubros que la integran así como a las alícuotas aplicadas.
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT asciende a la suma de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 15/100 (U$S 140.443,15) -conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, con más los intereses del art. 794 del CA desde el 8/10/2017 hasta a fecha de efectivo pago.
Que ello es así, toda vez que:
(i) las normas de determinación de tributos aduaneros cuando tienen lugar en materia infraccional (arts. 638 inc. e) y la regla del art. 639 del CA) son normas especiales previas; en consecuencia, no habiendo sido derogadas, su vigencia y aplicación subsiste frente a una norma general posterior sobre determinación de derechos de exportación e importación (art. 20 de la ley 23.905, BO: 18.02.191), máxime cuando esta última norma, en rigor, no introdujo novedad alguna en la materia de determinación tributaria sobre la que versa, pues lo que establece igualmente ya operaba de consuno con las normas especiales previas del CA;
(ii) el dictado del art. 20 de la ley 23.905 debe interpretarse de modo armónico con las normas especiales previas del CA, no derogadas por dicha ley y que continúan vigentes, y que se aplican a los supuestos específicos que gobiernan. Vale remarcar que esta es la interpretación correcta del ordenamiento normativo, dado que en nuestro sistema jurídico no se admite: la derogación tácita de normas; no se presume la imprevisión del legislador y todas las normas vigentes deben interpretarse armónicamente, siendo esta última la modalidad que debe prevalecer sobre aquellas cuyo resultado es la destrucción de unas contra otras, por simple vía interpretativa del magistrado.
(iii) afirmar que fue a partir del dictado del art. 20 de la ley 23.905 que los derechos de exportación e importación empezaron a determinarse en dólares resulta una aserción errónea, divorciada de la realidad fáctica (comercial) y normativa (aduanera del comercio exterior) que se pretende captar. Aunque sorprenda tener que recordarlo, las obligaciones de comercio exterior se contraen en dólares y, en consecuencia, los tributos anejos a dichas obligaciones, como accesorios de ellas, también se determinaron siempre en esa moneda (con independencia de las franquicias de los diferentes estados para cancelarlos en moneda nacional). Efectivamente, que los arts. 638 inc. e) y 639 del CA establecieran, en 1981, cuál era el tipo de cambio aplicable a supuestos específicos de determinación de derechos de importación (i.e. los emergentes de un sumario infraccional) se debía precisamente a que dichas obligaciones se determinaban en dólares en 1981, diez años antes de que, en 1991, ello se aclarara por el legislador mediante el art. 20 de la ley 23.905, dictada preventivamente por la inminente sanción de la ley de convertibilidad 23.928. En tal sentido, resulta antojadiza la tesis de que el art. 20 de la ley 23.905, por aclarar que los tributos aduaneros se determinan en dólares, modificara o alterara el alcance de dos normas vigentes del CA; justamente porque esas dos normas, por su propio contenido -fijación del tipo de cambio aplicable- desde su misma concepción y sanción en 1981, operaban sobre la realidad comercial y legal de que los tributos aduaneros se determinan en dólares, no pudiendo ello verse alterado en su alcance por una ley que simplemente aclaró o consignó tal realidad comercial y jurídica operante desde siempre.
(iv) finalmente, el supuesto infraccional específico de estos autos, en lo que concierne al tipo de cambio aplicable a la determinación tributaria concomitante a la configuración del ilícito -gobernado por los arts. 638 inc. e) y 639 del CA- resulta una cuestión ajena, no decidida ni tratada por la Corte Suprema en ninguno de los precedentes del alto tribunal que se usan para sostener la tesis contraria (“Editorial Perfil S.A. (TF 13.456-A) c/ DGA. s/ Recurso de hecho” del 12.08.08; “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16.674-A) c/ Dirección General de Aduanas” del 27.04.10 y “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA" del 23.08.11), no siendo de recibo interpretaciones extensivas de dicha jurisprudencia a supuestos normativos especiales extraños a tales precedentes. Máxime cuando dichas interpretaciones extensivas conllevan la derogación judicial, sin intervención del Congreso, de normas del Código Aduanero que se encuentran plenamente vigentes -arts. 638 inc. e) y 639 del CA-. Por lo expuesto, lo aquí resuelto no contradice, de ningún modo, jurisprudencia alguna del Alto Tribunal y se atiene a las normas legales vigentes.
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución RESOL-2023-3185-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA (multa y tributos), dictada en la Actuación SIGEA 17115-5693-2015, con costas.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que, en primer término, me remito a lo relatado en los Ptos. I a IV del voto del Dr. Soria.
II. Que en relación al agravio de la firma actora vinculado a la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir la multa objeto de autos, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A).
En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras, la que “...no se altera por la existencia de un interés fiscal accesorio en su percepción...”; como así también la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalando que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
En tal orden de ideas, corresponde dejar sentado que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822).
Por último, el carácter eminentemente penal de las multas y la aplicación a su respecto de las disposiciones del Código Penal para juzgar planteos prescriptivos ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
III. Que, bajo tales premisas, cabe colegir que el principio de legalidad, de rango constitucional, debe ser interpretado de modo tal que no son aplicables las leyes penales de modo retroactivo, excepto que sean más benignas. Ello es así, puesto que, en función del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integran el bloque de constitucionalidad, expresan con toda precisión el alcance de la irretroactividad de la ley penal y de la retroactividad de la ley penal más benigna (CSJN in re “Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros s/ inf. art. 144 bis”, del 04/12/2018: voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
IV. Que, en tal sentido, corresponde precisar que el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que ésta debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar sólo después de su vigencia, con excepción de la ley penal más benigna en virtud de la cual debe ser aplicada toda legislación que, con posterioridad a la comisión del delito, disponga la imposición de una pena más leve (confr. Fallos: 330:5158, de la disidencia parcial del Dr. Lorenzetti).
En efecto, al sancionar en el artículo 18 de la Constitución Nacional el principio de irretroactividad de la ley penal, nuestros constituyentes recogieron una de las manifestaciones más conspicuas de las exigencias del humanismo liberal. Pues en nuestra tradición constitucional y en toda la cultura jurídica y política en que ella se enmarca, el principio de irretroactividad penal no está sujeto a limitaciones y debe, por ello, aplicarse sin condicionamientos. Su fuerza normativa proviene del hecho de que funciona como la principal y más eficaz garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo estatal. Como el principio de legalidad del cual deriva, el principio de irretroactividad disciplina y limita el poder punitivo del Estado y constituye, en última instancia, el mejor parámetro para distinguir entre un Estado de Derecho y un mero derecho de estado (Fallos: 341:1768, disidencia del juez Rosenkrantz).
V. Que, por lo tanto, resulta ajustado a derecho concluir en que la pretensión fiscal de introducir una nueva causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, como es aquella contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562 -norma que suspende con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, vulnera de modo palmario el principio de irretroactividad de la ley penal contenido en el artículo 2° del Código Penal -plenamente aplicable en materia aduanera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del citado cuerpo normativo- y con jerarquía constitucional en los artículos 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en violación al derecho al debido proceso y al principio de legalidad consagrados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en tanto la garantía consagrada en el referido artículo 18 comprende la exclusión de disposiciones penales -no así de aquellas de naturaleza tributariaposteriores al hecho infractor que impliquen empeorar o agravar las condiciones de los sumariados al momento de cometida la supuesta infracción, habida cuenta que, en el caso bajo examen, la norma en crisis fue publicada en el Boletín Oficial en fecha 26/8/2020, cuando ya había comenzado a correr el curso de la prescripción del Fisco Nacional (DGA) para aplicar “sanciones” (1/1/2014).
Por último, cabe precisar que la doctrina sustentada por el suscripto con fecha 5/8/2022 in re “Falabella S.A.” no resulta aplicable al sub-lite, toda vez que en la causa de referencia esta Sala había examinado un procedimiento de impugnación -mientras que el presente versa sobre uno infraccional-, donde el agravio de la recurrente se dirigía a cuestionar la suspensión anual del término de prescripción contemplado en el artículo 17 de la ley 26.860 (B.O. 3/6/2013) exclusivamente en materia “tributaria”.
VI. Que, sentado ello, cabe precisar que los artículos 934 y 935 del Código Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
VII. Que de conformidad con la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento del D.I.T en cuestión (26/03/2013) y la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2014), cabe destacar que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 25/8/2017 (la ley 22.415 hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, de acuerdo a los términos señalados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland” S.R.L., del 12 de mayo de 2009, Fallos: 332:1109), interrumpió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 937, inc. a), de la ley 22.415.
No obstante, no debe perderse de vista que la resolución aduanera apelada en autos fue dictada el 25 de agosto de 2023 -exactamente seis años después del auto de apertura de sumario- y notificada el 18 de diciembre de 2023, es decir, ambos actos fueron realizados en exceso del plazo quinquenal legalmente previsto en la norma aduanera en debate, no resultando admisible en materia sancionatoria, conforme lo supra manifestado, la causal de suspensión contemplada en el artículo 17 de la ley 27.562, por lo que resulta ajustado a derecho declarar la prescripción de la multa impuesta en el artículo 1° de la Resolución aduanera apelada en la litis. ASÍ LO VOTO.-
VIII. Que, asimismo, deviene necesario aclarar que no corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros”, que fuera expresamente invocada en la litis, en tanto la firma recurrente es una empresa comercial y no una persona física.
En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina de la C.I.D.H. –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
IX. Que, por último, adhiero en lo sustancial a lo decidido en el voto del Dr. Soria en materia tributaria, salvo en lo que respecta al momento al cual debe referirse el tipo de cambio aplicable para la conversión de la deuda determinada por la DGA en dólares estadounidenses (monto de condena) a moneda nacional.
X. Que, en efecto, el voto que antecede funda la cancelación de la obligación tributaria aduanera en lo dispuesto por los artículos 638 -inc. e)- y 639 del Código Aduanero, normas que establecen que, en los supuestos de incumplimiento del régimen de importación temporaria, corresponde aplicar el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio vigentes al momento del hecho generador de la obligación tributaria. Que, conforme a dicha interpretación, el tipo de cambio aplicable sería el vigente al momento del vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente.
Que dicho razonamiento no desconoce la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905 en cuanto a la determinación de los tributos en dólares estadounidenses, sino que prescinde de su aplicación en lo que respecta al momento de la conversión a moneda nacional.
Que, en efecto, el propio voto preopinante parte implícitamente de la vigencia de dicha norma, en tanto determina la obligación tributaria en dólares estadounidenses, de modo que la divergencia no reside en la moneda de determinación del tributo, sino exclusivamente en el momento al cual debe referirse el tipo de cambio aplicable para su conversión a moneda nacional.
XI. Que, en tal sentido, el criterio adoptado por el voto que antecede se sustenta, en lo sustancial, en una interpretación según la cual las disposiciones contenidas en los arts. 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero, en tanto normas específicas aplicables en materia infraccional, prevalecerían sobre el régimen posterior establecido por el artículo 20 de la ley 23.905, particularmente en lo atinente al momento al cual debe referirse el tipo de cambio aplicable para la conversión de la deuda tributaria a moneda nacional.
Que, de acuerdo con esa inteligencia, la circunstancia de que el artículo 20 de la ley 23.905 disponga que los tributos aduaneros se determinen en dólares estadounidenses no impediría considerar que, al tiempo de su conversión a pesos, debe aplicarse el tipo de cambio vigente al momento del hecho imponible, por entenderse que tal aspecto continuaría regido por las disposiciones especiales del Código Aduanero.
Que, sin embargo, no comparto tal conclusión, más allá de destacar la originalidad del enfoque de marras, lo cual constituye un extremo doctrinario y jurisprudencial siempre plausible en sede de este Tribunal Fiscal, como única magistratura del país exclusivamente especializada en la materia tributaria aduanera.
Que ello es así, en primer término, porque parte de una escisión que la propia ley no autoriza. En efecto, el artículo 20 de la ley 23.905 no se limita a establecer la moneda de determinación de los tributos aduaneros, sino que regula conjuntamente dos aspectos de un mismo régimen: por un lado, dispone que los derechos de importación, los derechos de exportación y los demás tributos que gravaren las operaciones de comercio exterior se determinen en dólares estadounidenses; por otro, establece que, cuando su pago se efectúe en moneda nacional, la equivalencia correspondiente deberá calcularse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago.
Que, en tales condiciones, no resulta jurídicamente válido admitir la aplicación de dicha norma en cuanto impone la determinación del tributo en dólares estadounidenses y, al mismo tiempo, prescindir de la regla que ella misma establece para su conversión a moneda nacional, pues ello importaría fragmentar artificialmente una disposición legal que el legislador concibió como un régimen unitario.
Que, en otros términos, no es posible aceptar la vigencia del artículo 20 de la ley 23.905 sólo en aquello que refiere a la moneda de determinación del tributo y negar sus efectos en lo relativo al momento de la conversión a pesos, ya que ambas previsiones integran una misma solución normativa.
Que, por otra parte, el argumento fundado en la pretendida especialidad de los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero tampoco resulta, a mi juicio, atinente. Ello es así, pues el carácter general o especial de una norma no se define por la amplitud temática de la ley en la que se inserta, sino por el aspecto concreto de la realidad jurídica que regula. Y desde esa perspectiva, si bien la ley 23.905 contiene diversas disposiciones tributarias, su artículo 20 regula de manera directa y específica una cuestión determinada: la moneda en que deben ser determinados los tributos aduaneros y el modo en que debe efectuarse su cancelación cuando el pago se realiza en moneda nacional.
Que, en cambio, los artículos 638 y 639 del Código Aduanero se inscriben en el sistema originario de dicho cuerpo legal, en el cual los tributos aduaneros eran determinados en moneda nacional. En este punto, corresponde señalar que el razonamiento del voto que antecede no distingue el plano de la realidad económica —en la cual las operaciones de comercio exterior pueden celebrarse en moneda extranjera— con el plexo normativo de la determinación tributaria, que bajo el régimen originario del Código Aduanero se estructuraba en moneda nacional.
Que, en efecto, la propia existencia de una regla como la contenida en el artículo 639 del Código Aduanero —destinada a fijar el tipo de cambio aplicable al momento del hecho imponible— sólo se explica en un sistema en el cual la obligación tributaria debía ser cuantificada en moneda nacional desde su origen, lo que torna incompatible sostener que los tributos aduaneros se encontraban ya determinados en dólares en sentido jurídico al tiempo de la sanción de dicho cuerpo normativo.
Que, dentro de ese esquema, la referencia al tipo de cambio vigente al momento del hecho imponible tenía pleno sentido, pues la conversión de valores expresados en moneda extranjera constituía una operación necesaria para arribar a una obligación tributaria expresada en pesos desde su origen.
Que ese presupuesto normativo fue sustancialmente alterado por el artículo 20 de la ley 23.905. A partir de dicha reforma, los tributos aduaneros dejaron de quedar configurados originariamente en moneda nacional, para pasar a determinarse en dólares estadounidenses. En consecuencia, la conversión a pesos dejó de integrar el proceso mismo de determinación del tributo y pasó a constituir una operación propia de la etapa de cancelación de la obligación, aplicable únicamente para el caso de que el pago se efectúe en moneda nacional.
Que, dicho de otro modo, bajo el régimen originario del Código Aduanero la conversión de moneda formaba parte de la determinación del tributo; bajo el régimen introducido por el artículo 20 de la ley 23.905, en cambio, la determinación del tributo se perfecciona en dólares estadounidenses y la conversión a pesos queda diferida para el momento de su pago. Esa modificación normativa altera el presupuesto de hecho sobre el cual reposaba la regla del artículo 639 del Código Aduanero y explica por qué ya no puede atribuírsele, sin más, el alcance que el voto que antecede pretende conferirle.
Que, por ello, no se configura aquí una verdadera colisión normativa que deba resolverse mediante la prevalencia de una norma especial sobre otra general. Lo que existe, en rigor, es una sucesión legislativa que modificó parcialmente el sistema anterior en un aspecto específico: la moneda de determinación del tributo y el momento de su conversión a moneda nacional. De allí que la interpretación jurídicamente correcta no consista en optar por uno u otro régimen en bloque, sino en armonizar ambas disposiciones dentro del sistema vigente. Que, desde esa perspectiva, los artículos 638 y 639 del Código Aduanero continúan rigiendo en cuanto determinan el momento al cual deben referirse los elementos del régimen tributario aplicable —tales como la alícuota, la base imponible o el tratamiento arancelario—, mientras que el artículo 20 de la ley 23.905 regula específicamente la moneda de determinación del tributo y el momento al cual debe referirse su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos.
Que tampoco altera esta conclusión la circunstancia de que la determinación tributaria examinada se exteriorice en el marco de un procedimiento infraccional. En efecto, el artículo 20 de la ley 23.905 no establece distinción alguna según el origen, causa o vía procedimental de la obligación tributaria aduanera, ni limita su aplicación a determinadas clases de liquidaciones. Antes bien, su texto se refiere, en términos amplios, a los derechos de importación, a los derechos de exportación y a los demás tributos que gravaren las operaciones de comercio exterior, razón por la cual no corresponde introducir por vía interpretativa restricciones que el legislador no contempló.
Que, finalmente, tampoco resulta atendible sostener que la cuestión aquí debatida sea completamente ajena a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien es cierto que el Alto Tribunal no se expidió en forma expresa sobre un supuesto exactamente igual al presente, no lo es menos que sus precedentes han reconocido de manera reiterada la plena vigencia del artículo 20 de la ley 23.905 y la validez de la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses, premisa de la cual se siguen necesariamente las consecuencias jurídicas propias del régimen legal allí establecido.
Que, en tales condiciones, la interpretación propiciada por el voto que antecede —en cuanto admite la determinación del tributo en dólares estadounidenses, pero prescinde de la regla legal que establece que su conversión a moneda nacional debe efectuarse conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago— no se ajusta, a mi juicio, al derecho vigente, en tanto importa prescindir no sólo del régimen legal posterior introducido por el artículo 20 de la ley 23.905, que regula de manera específica la moneda de determinación de los tributos aduaneros y el régimen de su cancelación, sino también de la señera jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, cuya aplicación en la especie deviene ineludible. Que, en tales condiciones, los fundamentos expuestos resultan suficientes para desvirtuar el criterio adoptado por el voto que antecede, sin perjuicio de las consideraciones adicionales que se desarrollan en los considerandos que siguen.
XII. Que, a fin de precisar el alcance del régimen legal aplicable, corresponde señalar que en el presente caso no se encuentra controvertida la circunstancia de que los tributos aduaneros deben determinarse en dólares estadounidenses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905.
Que, en efecto, el artículo 20 de la ley 23.905 —norma posterior al Código Aduanero— introdujo una modificación relevante respecto del sistema originario previsto en la ley 22.415, en cuanto estableció de manera específica la moneda de determinación de los tributos aduaneros y el régimen de cancelación de dichas obligaciones.
Que, si bien el Código Aduanero ya contemplaba la utilización de tipos de cambio para la conversión de valores expresados en moneda extranjera, lo hacía en el marco de un esquema en el cual los tributos aduaneros eran determinados en moneda nacional, de modo que dicha conversión constituía una etapa propia del proceso de determinación del tributo.
Que, por el contrario, el artículo 20 de la ley 23.905 estableció que los tributos aduaneros deben determinarse en dólares estadounidenses, disponiendo asimismo que, cuando su pago se efectúe en moneda nacional, la equivalencia correspondiente se calculará conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, lo que implica que la conversión a pesos deja de integrar la etapa de determinación para quedar diferida al momento de la cancelación de la obligación.
Que, por consiguiente, la referida norma no introduce la utilización del tipo de cambio, sino que redefine su función dentro del sistema, integrando en un régimen único e inescindible la determinación del tributo en moneda extranjera y su eventual conversión a moneda nacional.
Que, en tales condiciones, una interpretación que se limite exclusivamente a las disposiciones del Código Aduanero, prescindiendo de la regulación introducida por dicha norma posterior, conduce a una lectura parcial del ordenamiento jurídico vigente, en tanto desatiende el régimen legal que el legislador estableció en materia de determinación y cancelación de los tributos correspondientes a las operaciones de comercio exterior.
XIII. Que, por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado el alcance del artículo 20 de la ley 23.905 y su jurisprudencia resulta una guía obligatoria para los tribunales inferiores a fin de resguardar la necesaria unidad en la interpretación del derecho federal, en tanto se ha calificado a sí misma como “intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia”.
Que, bajo tales premisas, cabe recordar que, pese a que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [. . .]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-51); extremo que corresponde extender a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantiva o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa. Que, asimismo, ha señalado que el desconocimiento de la doctrina establecida en sus pronunciamientos importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional ("García, Sixto E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99, p. 30).
Que, en el caso, el voto que antecede no introduce argumentos novedosos que justifiquen apartarse de las premisas interpretativas sentadas por la Corte Suprema en torno al alcance del artículo 20 de la ley 23.905, limitándose a desarrollar una solución que no se compadece con las consecuencias jurídicas que razonablemente se derivan de dicha doctrina.
XIV. Que la cuestión relativa a las determinaciones tributarias aduaneras y la aplicación del tipo de cambio pertinente ha sido objeto de un amplio debate doctrinario, particularmente a partir de la sanción del artículo 20 de la ley 23.905, norma que introdujo un régimen específico en materia de moneda de determinación y de pago de los tributos aduaneros.
Que parte de la doctrina ha sostenido que la aplicación del tipo de cambio vigente al momento del hecho imponible prevista en los artículos 638 y 639 del Código Aduanero continuaría rigiendo plenamente en la materia de que se trata, entendiendo que tales disposiciones determinan no sólo el régimen tributario aplicable sino también el momento al cual debe referirse la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional. En esa línea se ha señalado que el sistema del Código Aduanero vincula el tipo de cambio con el momento del hecho generador de la obligación tributaria.
Que, en particular, se ha sostenido que los artículos 637, 638 y 639 del Código Aduanero configuran un régimen integral de determinación tributaria, en virtud del cual el régimen tributario aplicable —incluyendo la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional— debe determinarse con referencia al momento del hecho imponible. Dicha doctrina advierte que el mantenimiento de las obligaciones tributarias aduaneras expresadas en moneda extranjera hasta el momento del pago implica, en los hechos, una forma de actualización o repotenciación del valor de la deuda en pesos, en tanto el monto finalmente exigible en moneda nacional queda sujeto a la evolución del tipo de cambio durante todo el período que transcurre hasta su cancelación. Una regla que disponga que los importes pagaderos en la República Argentina entre sujetos residentes en ella deban determinarse en una moneda extranjera fuerte —y que su significación económica permanezca atada al valor de dicha divisa hasta el momento de su pago en pesos— implica una actualización del valor de la deuda expresada en moneda nacional, en los términos de la prohibición establecida por el artículo 10 de la ley 23.928 (conf. Barreira, Enrique C., “Determinaciones tributarias aduaneras y su moneda de pago”, Revista del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, págs. 211/236).
Que, asimismo, el mencionado autor ha señalado que las normas relativas a la valoración aduanera contenidas en el Acuerdo de Valor del GATT de 1994, aprobado por la ley 24.425, así como la normativa dictada en el ámbito del Mercosur —en particular el art. 9 del Anexo de la Decisión 13/07 del Consejo del Mercado Común— establecen que, cuando sea necesaria la conversión de valores expresados en moneda extranjera, el tipo de cambio aplicable debe ser el vigente al momento del registro o aceptación del despacho de importación. A partir de tales disposiciones, sostiene que el sistema jurídico vigente conduciría a la utilización del tipo de cambio correspondiente al momento imponible para la conversión de la moneda extranjera, solución que —a su juicio— resultaría incompatible con un régimen que mantiene las obligaciones tributarias expresadas en dólares hasta el momento del pago.
XV. Que, sin embargo, otra corriente doctrinaria entiende que el artículo 20 de la ley 23.905 introdujo un régimen específico en materia de moneda de determinación y pago de los tributos aduaneros, conforme al cual dichos tributos deben mantenerse determinados en dólares estadounidenses hasta el momento de su cancelación, efectuándose recién entonces su conversión a moneda nacional. En tal sentido, el Dr. Jorge Sarli comparte el criterio adoptado por la Corte Suprema en los precedentes relativos a la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905, aunque señala que el conflicto entre dicha norma y las disposiciones del Código Aduanero que vinculan el tipo de cambio con el momento imponible requiere un análisis interpretativo más complejo que el efectuado por el Alto Tribunal.
Señala asimismo que el régimen originario del Código Aduanero configuraba un sistema armónico en el cual la determinación de los tributos aduaneros se efectuaba íntegramente en moneda nacional, aplicándose el tipo de cambio vigente al momento del hecho imponible tanto para la determinación de la base imponible como para la liquidación de los tributos. Agrega que dicho esquema sufrió una alteración sustancial con la incorporación del artículo 20 de la ley 23.905, norma posterior al Código Aduanero que introdujo la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses y previó que su cancelación en moneda nacional debía efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago.
Asimismo, el autor examina el argumento según el cual las normas del Acuerdo de Valor del GATT de 1994 y de la normativa del Mercosur impondrían la utilización del tipo de cambio vigente al momento de la importación para la conversión de la moneda extranjera. Frente a ello, sostiene que dichas disposiciones sólo resultan aplicables cuando sea necesaria la conversión de valores expresados en moneda extranjera para determinar el valor en aduana. En consecuencia, cuando los tributos aduaneros se determinan directamente en dólares estadounidenses —como dispone el artículo 20 de la ley 23.905— deja de existir la necesidad de conversión de moneda para la determinación del valor en aduana, por lo que tales normas no resultan incompatibles con el régimen de determinación en dólares previsto por la legislación nacional.
Desde esta perspectiva, el citado doctrinario concluye que el artículo 20 de la ley 23.905 introdujo una modificación implícita del régimen del Código Aduanero en lo relativo a la moneda de determinación de los tributos, de modo que éstos deben determinarse en dólares estadounidenses y mantenerse expresados en dicha moneda hasta el momento de su cancelación, efectuándose recién entonces su conversión a moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago (conf. Sarli, Jorge, “El conflicto entre el artículo 20 de la ley 23.905 y el tipo de cambio aplicable según el momento imponible del Código Aduanero y según la valoración aduanera de importación…”, VIII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Errepar, págs. 109 a 124).
Que, en consecuencia, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal no puede ser considerada como una materia pacífica en el plano doctrinario, sino que se trata de una problemática que ha dado lugar a diversas interpretaciones, lo que impone analizar el alcance de las normas involucradas a la luz del sistema jurídico vigente y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
XVI. Que no puede soslayarse la incidencia que presenta en esta materia la ley de convertibilidad nro. 23.928, dictada con la finalidad de eliminar los mecanismos de indexación monetaria que habían proliferado en el ordenamiento jurídico argentino durante los procesos inflacionarios previos a su sanción.
Que, en efecto, dicha norma estableció un régimen general de prohibición de actualización monetaria respecto de las obligaciones determinadas en moneda nacional. En tal sentido, el propio artículo 7 de la ley de referencia dispone que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación entregando la cantidad nominalmente expresada al momento de su vencimiento, estableciendo expresamente que “en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas”.
Que, por su parte, el artículo 10 de la citada normativa mantuvo derogadas todas las normas legales o reglamentarias que establecían o autorizaban mecanismos de indexación, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas.
Que del conjunto de dichas disposiciones surge que el legislador estableció una prohibición general de actualización monetaria respecto de las obligaciones expresadas en moneda nacional, con el objeto de impedir la indexación de las deudas determinadas en pesos.
Que, sin embargo, tales disposiciones no se refieren a las obligaciones determinadas en moneda extranjera, las cuales continúan rigiéndose por el régimen jurídico propio de dicha moneda. En consecuencia, aun cuando desde una perspectiva económica pueda afirmarse que la conservación del crédito tributario en moneda extranjera produce efectos similares a los de una actualización, lo cierto es que el legislador, al dictar la ley de convertibilidad, no extendió expresamente dicha prohibición a las obligaciones determinadas en moneda extranjera.
Que, en ese contexto, el mantenimiento de las determinaciones tributarias aduaneras en dólares estadounidenses hasta el momento de su cancelación —conforme al sistema establecido por el artículo 20 de la ley 23.905— no constituye un mecanismo de actualización prohibido por la ley de convertibilidad, sino la consecuencia natural del régimen legal previsto para la determinación de los tributos aduaneros.
XVIII. Que, a la luz de las consideraciones expuestas, corresponde efectuar una interpretación armónica de las disposiciones del Código Aduanero con el régimen posterior introducido por la ley 23.905.
Que, en ese marco, los artículos 638 y 639 del Código Aduanero continúan rigiendo en cuanto determinan el momento al cual deben referirse los elementos del régimen tributario aplicable —tales como la alícuota, la base imponible o el tratamiento arancelario—, mientras que la moneda de determinación del tributo y el momento de su conversión a moneda nacional se encuentran específicamente regulados por el artículo 20 de la ley 23.905. Que, por consiguiente, la circunstancia de que el pago deba efectuarse en moneda nacional no altera la regla legal que fija la moneda de determinación del tributo, sino que únicamente determina el momento en el cual debe practicarse la conversión correspondiente, conforme al régimen previsto por dicha norma.
XIX. Que, aun cuando pudiera sostenerse que el criterio adoptado por el voto que antecede encuentra fundamento en la circunstancia de que la determinación tributaria examinada reviste carácter originario —por derivar del incumplimiento del régimen de importación temporaria previsto en el artículo 970 del Código Aduanero—, tal argumento no resulta idóneo para excluir la aplicación del régimen establecido por el artículo 20 de la ley 23.905.
Que, en efecto, dicha disposición regula específicamente la moneda de determinación de los tributos aduaneros, estableciendo que los derechos de importación, los derechos de exportación y los demás tributos que gravaren las operaciones de comercio exterior deben determinarse en dólares estadounidenses, sin introducir distinción alguna en función del tipo de liquidación de que se trate.
Que, en este sentido, en el precedente “Editorial Perfil S.A. c/ Dirección General de Aduanas” (CSJN, 12/8/2008), el Dictamen de la Procuradora Fiscal —receptado por el Alto Tribunal— dejó expresamente sentado que el artículo 20 de la ley 23.905 prevé la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses, aclarando que cuestión distinta —y no debatida en ese proceso— era la relativa a la eventual procedencia de determinaciones tributarias suplementarias.
Que, en tales condiciones, la aplicación del régimen previsto por el artículo 20 de la ley 23.905 no se encuentra limitada a un determinado tipo de determinación tributaria, pudiendo proyectarse tanto en liquidaciones originarias como en aquellas que se practiquen con posterioridad.
Que, por lo demás, aun cuando la determinación derivada del incumplimiento de un régimen suspensivo pueda ser calificada como originaria desde el punto de vista jurídico, no puede desconocerse que, en la práctica, su exigibilidad suele verificarse con posterioridad al vencimiento del plazo acordado, esto es, en un momento temporalmente diferido respecto del hecho generador de la obligación.
Que, en tales condiciones, la incidencia del factor temporal entre el hecho imponible y la cancelación del tributo se presenta en términos sustancialmente análogos a los que caracterizan a las liquidaciones posteriores, circunstancia que pone de manifiesto que la distinción entre determinaciones originarias y suplementarias no resulta determinante a los fines de establecer el régimen aplicable en materia de tipo de cambio. Que, en consecuencia, no existe fundamento normativo para restringir la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905 a determinadas clases de liquidaciones, pues tal diferenciación no surge del texto legal y supondría introducir por vía interpretativa un criterio que el legislador no ha previsto.
XX. Que, por lo demás, el alcance del artículo 20 de la ley 23.905 ha sido examinado en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha ido delineando una línea jurisprudencial consistente en torno a la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses.
Que, en tal sentido, en la causa “Editorial Perfil S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, el Alto Tribunal —al hacer propios los fundamentos del dictamen de la Procuradora Fiscal— reconoció la vigencia del régimen de determinación en moneda extranjera previsto por el art. 20 de la ley 23.905, dejando en claro que dicha norma establece la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses, sin que ello hubiera sido objeto de controversia en ese proceso.
Que, posteriormente, en la causa “Bridgestone Firestone Argentina S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, la Corte Suprema distinguió expresamente aquel precedente, destacando que en ese supuesto la obligación había sido determinada en dólares estadounidenses desde su origen, circunstancia que llevó al Tribunal a reconocerle el tratamiento jurídico propio de una obligación expresada en moneda extranjera.
Que, sobre esa base, el Alto Tribunal admitió como presupuesto del caso la validez de la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses, precisamente por aplicación del artículo 20 de la ley 23.905, lo que reafirma la operatividad de dicha norma en el sistema jurídico vigente.
Que, finalmente, en la causa “Volkswagen Argentina S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, la Corte Suprema consolidó dicha línea interpretativa al remitirse nuevamente al dictamen de la Procuradora Fiscal, en el cual se sostuvo que el artículo 20 de la ley 23.905 no fue derogado por la ley 23.928 y que, en su carácter de norma posterior al Código Aduanero, resulta aplicable en lo que respecta a la moneda de determinación de los tributos aduaneros.
Que, en ese mismo orden, se desestimó la argumentación fundada en el artículo 639 del Código Aduanero, señalándose que la cuestión relativa a la moneda de determinación del tributo se encuentra específicamente regida por el artículo 20 de la ley 23.905.
XXI. Que, si bien los precedentes citados no se pronunciaron específicamente acerca del momento al cual corresponde referir la conversión a moneda nacional de los tributos determinados en dólares estadounidenses, todos ellos parten de la premisa de la plena vigencia del artículo 20 de la ley 23.905, norma que regula no sólo la moneda de determinación del tributo sino también el régimen de su cancelación, estableciendo expresamente que cuando el pago se efectúe en moneda nacional la equivalencia deberá calcularse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago.
Que, de la secuencia conformada por “Editorial Perfil” (12/8/2008); “Bridgestone Firestone Argentina S.A.” (27/4/2010); “Volkswagen Argentina” (23/8/2011), y el ulterior Dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti, en autos “Compañía Argentina de Seguros La Mercantil Andina S.A. c/ EN – DGA s/ proceso de conocimiento” (12/2/2019), se desprende una línea interpretativa definida, a saber:
a) el artículo 20 de la ley 23.905 se mantiene plenamente vigente;
b) los tributos aduaneros alcanzados por dicha norma deben determinarse en dólares estadounidenses; c) cuando la obligación ha sido exteriorizada en esa moneda, corresponde reconocerle el tratamiento jurídico propio de una obligación expresada en moneda extranjera;
d) cuando el pago se efectúa en moneda nacional, la conversión correspondiente debe realizarse conforme al régimen previsto por el artículo 20 de la ley 23.905; y e) la circunstancia de que el pago se efectivice en moneda nacional no altera la regla legal que fija la moneda de determinación del tributo.
Que, bajo tales premisas, no resulta jurídicamente atendible prescindir de la doctrina que emana de dichos precedentes sin aportar argumentos novedosos y de entidad suficiente que justifiquen el apartamiento, extremo que —como ya se ha señalado— no se verifica en el voto que antecede.
XXII. Que, por último, no puede dejar de advertirse que los procedimientos administrativos y judiciales en materia aduanera suelen extenderse durante largos períodos de tiempo.
Que, en tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, en autos “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 24/09/2019, puso de manifiesto que la resolución administrativa había sido dictada habiendo transcurrido más de diez años desde el hecho generador de la obligación tributaria.
Que, en ese contexto, la determinación del tipo de cambio aplicable adquiere una particular relevancia práctica, pues la aplicación del tipo de cambio vigente al momento del hecho imponible podría conducir, en supuestos de prolongada duración de los procedimientos, a una significativa desnaturalización o pérdida real del crédito fiscal, en tanto el importe del tributo quedaría fijado en valores monetarios que no reflejan la realidad económica existente al momento de su efectivo pago.
Que, en efecto, la fijación del quantum de la obligación en función de parámetros temporales alejados del momento de su cancelación puede implicar, en contextos inflacionarios o de variaciones cambiarias relevantes, una disminución sustancial del valor económico del crédito tributario, desvirtuando en los hechos la finalidad recaudatoria del tributo y afectando su adecuada equivalencia económica.
Que, sin embargo, tampoco puede desconocerse que el mantenimiento de la obligación tributaria expresada en dólares estadounidenses hasta el momento de su cancelación —conforme al sistema establecido por el artículo 20 de la ley 23.905— puede producir, en contextos inflacionarios y de prolongada duración de los procesos administrativos y judiciales, un incremento significativo del importe finalmente exigible en moneda nacional. Que, en tal sentido, es dable considerar que el régimen instaurado por el artículo 20 de la ley 23.905, al disponer la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses y diferir su conversión a moneda nacional al momento del efectivo pago, implica que el capital de la obligación permanezca expresado en moneda extranjera durante todo el lapso que insume el procedimiento, circunstancia que puede proyectar efectos económicos relevantes en contextos de prolongada duración de los procesos.
Que de ello se desprende que las distorsiones económicas que pueden verificarse en esta materia no se encuentran necesariamente vinculadas al criterio normativo adoptado por el legislador para determinar la moneda de la obligación tributaria, sino —en gran medida— a la prolongada duración que suelen presentar los procedimientos administrativos y judiciales en materia aduanera, circunstancia que puede incidir de manera decisiva en la cuantía final de las liquidaciones tributarias.
Que, en tal orden de ideas, también se ha señalado en doctrina que la duración de los procedimientos administrativos y judiciales puede incidir de manera relevante en el monto final de las liquidaciones tributarias aduaneras, particularmente cuando los tributos se determinan en moneda extranjera y su conversión a moneda nacional se difiere hasta el momento del pago, circunstancia que puede traducirse en resultados económicamente gravosos para los sujetos obligados (conf. Bibiloni, Mario Jorge, “Las liquidaciones tributarias aduaneras. La suspensión de la matrícula por falta de pago y la afectación de garantías del contribuyente”, VIII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Errepar, págs. 135 a 149).
XXIII. Que, no obstante, tales consideraciones —vinculadas a los efectos económicos que pueden derivarse de la duración de los procedimientos— no autorizan a prescindir del régimen legal establecido por el legislador. En consecuencia, aun cuando ambos sistemas puedan producir en determinados supuestos resultados económicamente gravosos para alguna de las partes, tales circunstancias no habilitan a apartarse del régimen legal ni a sustituir, por vía de interpretación jurisdiccional, la solución normativa expresamente establecida por el legislador.
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la multa impuesta en el artículo 1° de la Resolución Nº RESOL-2023-3185-E- AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en fecha 25/8/2023, en la Actuación SIGEA N° 17115-5693-2015. Costas a la DGA.
2. Adherir al voto que antecede en cuanto a la procedencia de los tributos reclamados en la litis por la suma de U$S 140.443,15, con más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, que comenzaron a devengarse desde el 8 de octubre de 2017 hasta la fecha de efectivo pago. Costas a la actora.
3. Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Hago propio el relato de los hechos y de la prueba acollarada efectuada por el Sr. Vocal preopinante, a cuyas constancias me remito por razones de brevedad.
Anticipo que habré de adherir parcialmente a la solución propuesta por el Dr. Soria en cuanto resuelve el fondo de la controversia traída a estudio de esta Sala. Sin embargo, disiento con el criterio que postula en lo atinente al momento al cual debe quedar referido el tipo de cambio aplicable para la cancelación de los tributos reclamados en autos.
Asimismo, y aun cuando coincido con la solución que el Dr. Garbarino propicia sobre ese aspecto puntual, estimo necesario formular ciertas aclaraciones, tanto en orden a la mecánica real de cancelación de este tipo de obligaciones frente al Fisco nacional, como respecto de la consistencia metodológica que debe guardar toda construcción argumental cuando se invocan —con pretensión de sistema— principios y estándares derivados del derecho penal y del bloque de constitucionalidad federal.
I. En primer término, comparto la solución sustancial propuesta por el Sr. Vocal preopinante en cuanto brinda adecuada respuesta al conflicto de fondo sometido a conocimiento de este Tribunal, no obstante ello, no habré de acompañarlo en lo relativo al momento al cual debe quedar referido el tipo de cambio aplicable a fin de convertir a moneda nacional la obligación tributaria determinada en dólares estadounidenses.
II. Sobre ese aspecto específico, considero que asiste razón a la solución propiciada por el Dr. Garbarino en el punto 3° de su voto, en cuanto postula que los tributos deben considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, al tiempo de su cancelación en moneda nacional, la conversión ha de efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el art. 20 de la ley 23.905.
Conviene precisar, sin embargo, que una cosa es la determinación de la obligación tributaria aduanera en dólares estadounidenses, y otra, claramente diversa, es la modalidad jurídicamente y operativamente admitida para su cancelación frente al organismo recaudador.
III. En efecto, más allá de que el crédito fiscal pueda ser liquidado e intimado en dólares estadounidenses, los pagos a la entidad fiscal en la República Argentina se cancelan en pesos, extremo que no constituye una mera contingencia práctica, sino una circunstancia estructural del modo en que el sistema opera.
Ello se verifica, por lo demás, en la experiencia ordinaria del sistema informático aduanero. En efecto, el sistema MARIA —hoy bajo la órbita operativa de ARCA— puede exteriorizar la liquidación en dólares estadounidenses, pero sólo habilita su cancelación en moneda nacional. De tal suerte, la cuestión debatida no versa sobre una supuesta posibilidad de pago efectivo en divisa extranjera ante el Fisco, sino sobre el momento al cual debe quedar referida la conversión a pesos de una obligación previamente determinada en dólares.
La aclaración precedente no resulta ociosa. Antes bien, evita deslizar —aun de manera implícita— una conclusión inexacta acerca de la dinámica real de extinción de esta clase de obligaciones. El crédito fiscal, en suma, puede nacer, determinarse e intimarse en dólares estadounidenses; pero su cancelación frente al organismo de recaudación, en la práctica vigente, se efectiviza en pesos. Y es precisamente por ello que adquiere centralidad jurídica la determinación del momento del tipo de cambio aplicable.
Desde esa perspectiva, la solución que remite al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago aparece como la que mejor se ajusta al texto del art. 20 de la ley 23.905, sin alterar por ello la solución de fondo a la que arriba el Sr. Vocal preopinante, que comparto en lo demás.
IV. Sentado ello, estimo oportuno dejar también señalado que no pasa inadvertida cierta tensión interna en la fundamentación desarrollada por el Dr. Garbarino al abordar, por una parte, la cuestión sancionatoria y, por otra, la vinculada a la proyección de los estándares convencionales.
En efecto, en su desarrollo relativo a la prescripción de la acción para imponer la multa, el nombrado Vocal sostiene —con particular énfasis— la plena aplicabilidad al ámbito infraccional aduanero de los principios del derecho penal, así como de las garantías emergentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados al bloque federal de constitucionalidad. Tal construcción le permite, con apoyo en el principio de legalidad y en la prohibición de retroactividad de la ley penal más gravosa, descartar la aplicación de una causal suspensiva posterior al hecho imputado.
Sin embargo, al momento de examinar la invocación del “plazo razonable”, el mismo voto restringe abruptamente la operatividad de ese andamiaje convencional sobre la base de la calidad societaria de la recurrente, con cita de la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esa secuencia argumental revela, cuanto menos, una dificultad de coherencia metodológica. No parece enteramente consistente invocar con máxima amplitud la fuerza normativa de los instrumentos internacionales de derechos humanos para vedar la aplicación retroactiva de una regla desfavorable en materia sancionatoria y, al propio tiempo, negar toda proyección relevante a esos mismos estándares cuando se trata de examinar la razonabilidad temporal del ejercicio del poder punitivo estatal, sobre la sola base de la naturaleza jurídica del sujeto sumariado.
Ello es particularmente así cuando el propio desarrollo argumental reconoce que la cuestión no reviste carácter absoluto y que las opiniones consultivas del Tribunal interamericano no poseen el mismo efecto vinculante que sus decisiones contenciosas. En tales condiciones, la utilización de dicha doctrina en clave terminante, allí donde previamente se había postulado una amplia irradiación del bloque de constitucionalidad, termina por exhibir una lógica de aplicación fragmentaria que no contribuye a la unidad del razonamiento.
Desde luego, lo expuesto no altera la solución concreta a la que corresponde arribar en este expediente en materia tributaria, pero sí aconseja dejar a salvo que la hermenéutica de las garantías no puede oscilar según la utilidad contingente que preste en cada tramo del razonamiento. Cuando se decide construir la solución de un caso a partir de principios de derecho penal y de estándares convencionales, esa decisión exige una línea de consistencia argumental que no debería resentirse al cambiar de tema, de sujeto o de conveniencia práctica.
V. Que, en lo concerniente a las costas, corresponde distinguir. Así, respecto de los anticipos que se revocan por aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Cladd”, estimo que los gastos casuídicos deben imponerse en el orden causado, en atención a las particularidades de la cuestión y al modo en que ella ha sido resuelta por la jurisprudencia cimera.
VI. Que, en suma, mi discrepancia con el voto del Dr. Soria queda circunscripta exclusivamente al momento temporal del tipo de cambio aplicable para la cancelación de la obligación tributaria determinada en autos; mientras que mi coincidencia con el Dr. Garbarino en ese punto específico no importa, desde luego, extender tal conformidad al resto de las premisas metodológicas desarrolladas en su voto.
Por ello, corresponde: a) adherir parcialmente al voto del Dr. Soria en cuanto resuelve la cuestión de fondo; y b) establecer, en consonancia con lo señalado en el punto 3° del voto del Dr. Garbarino, que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, al tiempo de su cancelación en moneda nacional —modalidad, por lo demás, operativamente admitida por el sistema de percepción fiscal—, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago.
Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar el art. 1 de la Resolución RESOL-2023-3185-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en la Actuación SIGEA 17115-5693-2015, con costas.
2. Confirmar el art. 3 de la resolución apelada, declarando que la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT 11001IT14001911T asciende a la suma de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 15/100 (U$S 140.443,15), con más los intereses del art. 794 del CA desde el 8/10/2017 hasta a fecha de efectivo pago, con costas.
3. Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905. Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.03.31 12:12:21 ART Date: 2026.03.31 21:25:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.01 11:08:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.01 11:09:33 -03:00
Fin de la sentencia