Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 182.289
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Modificar la sentencia en el sentido de: (1) admitir la demanda contra Pradera del Sol S.A. y, en consecuencia, (A) condenarla en forma concurrente con Pablo L. Zabala en lo que respecta a los rubros indemnizatorios; y (B) imponerle una multa en concepto de daño punitivo equivalente a dos (2) Canastas Básicas Totales hogar tipo 3 de las difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con más intereses calculados de acuerdo a lo establecido en el apartado III.2 del primer voto; (2) conceder en concepto de daño moral la suma de $ 3.000.000 a favor de la co-actora Abril Luján, con más intereses calculados de acuerdo a lo establecido en el apartado IV del primer voto; y (3) imponer las costas a las demandadas;
II. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que fue materia de apelación y agravios;
III. Imponer las costas de alzada a las demandadas;
IV. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 51, ley 14.967); V)
Expte. n.° 182.289 Juzgado Civil y Comercial n.° 11 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “METZKER, MARÍA ALEJANDRA Y OTRO/A C/ PRADERA DEL SOL S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)” [c.
182.289], habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Rodrigo H. Cataldo y Alfredo E. Méndez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 26/06/2025?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo dijo:
I. La jueza de grado, en su sentencia de fecha 17/06/2025 –y su aclaratoria del 19/06/2025–, resolvió admitir la acción resarcitoria incoada por María Alejandra Metzker y, en consecuencia, condenó a Pablo Luis Zabala a abonar a aquella las sumas resultantes de los ítems “daño moral” y “daño punitivo”, de acuerdo a las pautas establecidas en el considerando V.3 de dicha sentencia, con costas e intereses a cargo de la condenada. Asimismo, rechazó la pretensión de la co-actora Abril Luján, con costas a ella en calidad de vencida; y, finalmente, absolvió de responsabilidad a la co-demandada Pradera del Sol S.A., con costas a las actoras.
Contra dicho pronunciamiento se alzaron mediante un recurso de apelación las demandantes (vid. su presentación del 26/06/2025), quienes expresaron sus críticas en su expresión de agravios del 14/10/2025, las que fueron replicadas por las emplazadas en sus presentaciones de los días 08/12/2025 y 25/03/2026, a cuyos términos me remito brevitatis causae.
Por su lado, Pablo Luis Zabala apeló la sentencia el 30/06/2025. Sin embargo, su recurso fue declarado mal concedido por este tribunal en la resolución de fecha 03/12/2025.
Tengo presente, por último, que el fiscal interviniente ante este tribunal, frente a la vista cursada en los términos del art. 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, dictaminó con fecha 04/05/2025.
II. A los fines de un adecuado examen de los agravios de las actoras, corresponde efectuar una breve síntesis de los hechos alegados. En su demanda, María A. Metzker, junto a su hija Abril Luján, relató que el día 12 de junio del 2022 falleció Isidoro Alfredo Martínez, quien en vida era su conviviente y el “padre ‘adoptivo’” de la restante co-actora (Abril Luján). Señaló que el Sr. Martínez le había manifestado en vida que “su voluntad era ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el Mar” (sic). Con ello presente, frente al fallecimiento del aludido, la Sra. Metzker decidió no hacer velatorio, sino despedir al difunto mediante un cortejo fúnebre con familiares y amigos que acompañen en sus respectivos vehículos el coche fúnebre, desde la funeraria Roldán (de titularidad del codemandado Pablo L. Zabala) hasta el crematorio ubicado en el cementerio Los Robles (explotado por la restante co-demandada, Pradera del Sol S.A.) y, una vez en el cementerio, realizar una ceremonia por el Sr. Martínez. Con eso en miras, la referida co-actora refirió que el día indicado (es decir, el 12/06/2022) consultó al personal de la funeraria Roldán si lo anterior era posible, quienes le respondieron afirmativamente, con la aclaración de que debían acordarlo con Los Robles (Pradera del Sol S.A.). El día siguiente, según afirmó, celebró con Los Robles el contrato de servicio de cremación, en donde le informaron que a las 10.00 hs del día 14 de ese mes partiría el cortejo fúnebre desde la funeraria Roldán hasta el cementerio Los Robles, en donde se realizaría la cremación y podría retirar las cenizas. Sin embargo, en las horas de la tarde de ese día (13/06/2022), recibió un llamado de la referida funeraria comunicándole que ya se había realizado la cremación de su esposo.
Frente a esas circunstancias, en la demanda se sostuvo: “nos han arrebatado la posibilidad de despedir en paz a quien en vida fuera mi pareja y padre del corazón de mi hija Abril, nos quitaron la posibilidad de hacer el duelo ante tal pérdida, y sobre todo la posibilidad de cumplir la ‘última voluntad’ de Isidoro”. Con sustento en lo expuesto, iniciaron la presente acción contra Pablo Luis Zabala y Pradera del Sol S.A. (en carácter de titulares de la funeraria Roldán y del cementerio Los Robles, respectivamente), a fin de conseguir el resarcimiento causado por los hechos descriptos (vid. la demanda del 16/02/2023).
El Sr. Zabala, en oportunidad de contestar la demanda, se opuso al progreso de la presente acción. Ante todo, reconoció que la Sra. Metzker contrató sus servicios funerarios, sin perjuicio de lo cual, en su posición, la vicisitud que plantearon las actoras refirió al servicio de cremación realizado en el cementerio Los Robles. En tal sentido, precisó que de su parte hubo un estricto cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato de servicios funerarios, al haber cumplido en trasladar el cuerpo de Isidoro A. Martínez desde su funeraria hasta el mencionado cementerio. De tal modo, consideró que la responsabilidad de lo sucedido es atribuible a la prestadora del servicio de cremación, por lo que –según sus dichos– intervino el hecho de un tercero por quien él no debe responder (vid. su contestación del 11/04/2023).
A su turno, Pradera del Sol S.A., al replicar la demanda, luego de efectuar una negativa pormenorizada de los hechos alegados por las demandantes, adujo que ella no es responsable por el hecho descripto. Si bien reconoció que su parte se comprometió a realizar el servicio de cremación con respecto a la Sra. Metzker, lo cierto es que –afirmó– el motivo del error es atribuible a la funeraria Roldán, quien identificó de manera equivocada los féretros que le envió.
Sobre esto último, la referida emplazada remarcó que ella recibe el féretro cerrado y previamente identificado por quien presta el servicio funerario: “la errónea identificación del féretro [sostuvo] no fue responsabilidad de Pradera del Sol S.A., toda vez que, como en absolutamente todos los casos, fue efectuada en y por la Empresa Fúnebre y debió ser verificada u observada por los Responsables del fallecido en sede de la referida empresa” (sic). En particular, precisó que si bien la cremación del cuerpo de Isidoro A. Martínez estaba programada para el día 14 de junio del 2022, lo cierto es que dicho cuerpo fue ubicado en el féretro correspondiente al cuerpo de Beatriz Stagnaro, cuya cremación estaba prevista para el 13 de ese mes. Esa confusión, según describió la emplazada, fue lo que produjo que la cremación del cuerpo del Sr. Martínez ocurra el día 13 y no el 14, como lo habían previsto las partes. “Al confundir la funeraria Roldán la identificación del mismo, se produce el ingreso del féretro identificado con placa y documentación de respaldo como de quien en vida fuera Stagnaro pero conteniendo el cuerpo de quien en vida fuera Isidoro Martínez” (sic). Con base en esas razones, consideró que la demanda debe rechazarse en lo que a su parte respecta, por no haber ningún factor de atribución que le sea aplicable (vid. su contestación del 12/04/2023).
En su sentencia, como ya lo adelanté, la magistrada de primera instancia –después de valorar la prueba producida en el expediente– decidió que la demanda únicamente es procedente respecto de la co-actora María A. Metzker y con relación al co-demandado Pablo L. Zabala. Para así decidir, entendió que “el error en la colocación de la placa sea por no constatar con los familiares, o no cotejar que el precinto con el que salen los fallecidos de los nosocomios sea coincidente con la placa a colocar ya que todos manifestaron no hacer reconocimiento del cuerpo por familiares; fue en la funeraria o bajo su órbita de responsabilidad; nada se tenía que constatar en el cementerio donde debía llegar el día martes junto al cortejo, recibir el féretro con su correspondiente placa de identificación y hacer la ceremonia de despedida” (sic). La funeraria Roldán, prosiguió diciendo la jueza, “fue la única responsable del error cometido sea al colocar las placas, o al llevar un día antes el féretro de Martínez”. Por ello, consideró que el hecho únicamente comprometió la responsabilidad del Sr. Zabala, en su carácter de titular de la referida funeraria, por lo que únicamente condenó al aludido y absolvió a Pradera del Sol S.A.
Luego, en lo que concierne a la acción intentada por la co-actora Abril Luján, entendió que ella carece de legitimación para reclamar el daño peticionado (daño moral), en virtud de que hacía más de cuatro años que no convivía con el fallecido. De tal modo, con sustento en el art. 1741 del CCiv.yCom., la decisora desestimó la pretensión de la aludida demandante. En oportunidad de fundar el recurso sub examine, las actoras controvirtieron la decisión en los aspectos que siguen.
(i) Responsabilidad de Pradera del Sol S.A.
Cuestionaron que se haya desestimado la acción contra la codemandada Pradera del Sol S.A., en relación a lo cual postularon que correspondió admitir la demanda también contra dicha emplazada. En su apoyo, argumentaron lo siguiente: (i) que entre el contrato de servicios funerarios (celebrado con el Sr. Zabala) y el contrato de servicios de cremación (concertado con aquella) existió una conexidad contractual en los términos del art. 1073 del CCiv.yCom., en virtud de lo cual cabe condenar a Pradera del Sol S.A. de forma solidaria junto al Sr. Zabala; y (ii) que la empresa responsable del servicio de cremación (es decir, Pradera del Sol S.A.) no respetó adecuadamente el procedimiento correspondiente a tal servicio, pues, si lo hubiese hecho, el error de la funeraria hubiese sido advertido por aquella.
De tal modo, consideraron que la sentencia apelada ha de ser modificada en ese aspecto (vid. el apartado IV de la expresión de agravios).
(ii) Desestimación de la pretensión de Abril Luján Por otro lado, en la expresión de agravios se argumentó que la sentenciante se equivocó al desestimar la acción intentada por la co-actora Abril Luján. En torno a esto, se afirmó que si bien la aludida Luján no vivía con el Sr. Martínez al momento de su fallecimiento, lo cierto es que mantenía con este último una relación de “padre-hija”, por lo que se consideró suficientemente probado que existió un trato familiar ostensible en los términos del art. 1741 del CCiv.yCom.
Asimismo, se añadió que, aunque la Sra. Luján no suscribió el contrato de servicios crematísticos, de todos modos ella fue destinataria final del servicio en cuestión, por lo que aquella fue una “consumidora equiparada” (vid. el apartado I de la expresión de agravios).
(iii) Cuantificación del daño moral y del daño punitivo Por último, las quejosas controvirtieron la cuantificación de lo concedido en concepto de daño moral y daño punitivo a favor de la coactora Metzker, por considerar insuficiente la suma de $ 4.000.000 fijada por la primera partida, como así también las 15 canastas básicas totales para el hogar tipo 3 que publica el INDEC establecidas por el segundo ítem (vid. los apartados II y III de la expresión de agravios).
III. La responsabilidad de Pradera del Sol S.A.
Razones de orden metodológico imponen tratar, primero, la configuración de la responsabilidad de la referida emplazada (III.1), para luego –en su caso– determinar los términos en los que procede su condena (III.2).
III.1. El incumplimiento Antes de ingresar en el tratamiento de los agravios relativos a la responsabilidad de Pradera del Sol S.A., es menester destacar que no está controvertido por las partes que el día 13 de junio del año 2022 la Sra. María A. Metzker y Pradera del Sol S.A. celebraron un contrato por medio del cual, la mencionada en último término, se comprometió a realizar un servicio de cremación respecto del cuerpo de quien en vida fue Isidoro Alfredo Martínez, por la suma de $ 23.400. Tampoco viene discutido que, entre los contratantes, se había convenido que la cremación iba a tener lugar el día siguiente. Así resulta de los dichos expuestos en la demanda no cuestionados por la aludida co-demandada, como así también del contrato acompañado por las actoras reconocido por Pradera del Sol S.A. (vid. las presentaciones de fechas 16/02/2023 y 12/04/2023, como así también la documentación adjunta a la primera de dichas presentaciones).
Además, se encuentra fuera de discusión que la cremación ocurrió el mismo día de la celebración del contrato (13/06/2022), es decir, un día antes de la fecha convenida.
En cambio, la cuestión que sí llega polemizada a este tribunal, y que integra el thema decidendum, es si el hecho que condujo a Pradera del Sol S.A. a realizar la cremación antes del tiempo pactado es idóneo para eximirla de responsabilidad. En particular, corresponde examinar si la intervención de la funeraria Roldán constituyó un acontecimiento que tenga por efecto liberar de responsabilidad a la prestadora del servicio de cremación.
La primera cuestión a remarcar tiene que ver con que, entre la Sra. Metzker y Pradera del Sol S.A. se anudó una relación jurídica que encuadra en el art. 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, en tanto la primera contrató, como destinataria final y privada, un servicio que el segundo brindó de manera profesional (arts. 1, 2 y 3, ley 24.240; arts. 1092 y 1093, CCiv.yCom.). Aclaro, aunque sea ocioso hacerlo, que a la prestación del servicio de cremación se le aplica la referida ley (Guardiola, Juan J., en Alterini, Ignacio E. – Aicega, María V. (dirs.), Derecho de consumo inmobiliario, La Ley, Buenos Aires, 2021, t. I, p. 227).
Por otro lado, es pertinente señalar que, de acuerdo con los propios dichos de los litigantes, de parte de Pradera del Sol S.A. no hubo un exacto cumplimiento a las obligaciones resultantes del contrato, en virtud de haber cremado antes de tiempo al cuerpo de Isidoro A. Martínez.
Precisamente, en su contestación a la demanda, Pradera del Sol S.A. reconoció que el servicio de cremación correspondiente al cuerpo del Sr. Martínez debía realizarse el 14/06/2022, tal como lo tenía registrado su controlador (el cementerio “La Loma”). Asimismo, señaló que el día anterior (el 13/06/2022) debía ingresar el cuerpo de la Sra. Beatriz Stagnaro. Agregó que, al haberse incurrido en una confusión de los cuerpos –en tanto se ingresó en el féretro correspondiente a Stagnaro al cuerpo de Martínez, y al cuerpo de aquella en el féretro de este último–, la cremación del Sr. Martínez tuvo lugar el día 13/06/2022 y no, como estaba previsto, el 14/06/2022. En este marco, cuadra decir que el plazo convenido por las partes era esencial, pues la satisfacción del interés de la acreedora estaba íntimamente supeditada a que la realización de la cremación tenga lugar el día acordado. Solo el cumplimiento del servicio crematístico en el día indicado permitía la plena consecución de la finalidad perseguida mediante el contrato celebrado por la consumidora, en virtud de que el cumplimiento inexacto por una vicisitud en el tiempo –tal como ocurrió en el sub lite, en el que se llevó a cabo la cremación un día anterior al convenido– tenía la virtualidad de impedir que tanto la contratante, como así también los familiares y allegados del de cujus, puedan realizar la ceremonia de despedida (art. 1084, inc. “b”, CCiv.yCom.).
Al respecto, cabe también tener presente que la obligación en cuestión, que pesaba sobre la referida emplazada y tenía por objeto la cremación del cuerpo indicado en el día precedentemente mencionado, configuraba un deber de resultado y no una obligación de mera actividad (arts. 774 inc. “c” y 1723, CCiv.yCom.).
Esto último es así en virtud de que múltiples pautas relativas a la distinción entre deberes de medios y de resultado conducen, en la especie, a considerar que la obligación bajo examen imponía a la proveedora la obtención del resultado. Primero, con arreglo al criterio basado en la autonomía privada, reparo en que, de los términos del contrato acompañado a la demanda y reconocido por la emplazada, lejos de presentarse al servicio crematístico como de diligencia, luce que la voluntad de las partes fue establecer que el resultado en cuestión (la cremación del cuerpo en el día convenido) integraba el objeto de la obligación. Desde allí, teniendo en cuenta que la autonomía de la voluntad –junto a la ley– constituye uno de los criterios prioritarios en la determinación del carácter del deber, considero que la obligación a cargo de Pradera del Sol S.A. era de resultado (art. 1723, CCiv.yCom.; Cabanillas Sánchez, Antonio, Las obligaciones de actividad y de resultado, Bosch, Barcelona, 1993, p. 38).
Lo anterior, en el sentido de que estamos ante una obligación de resultado, se ve confirmado por los restantes criterios que dirimen la susodicha clasificación –entre deberes de medios y de resultado–, pues tanto a la luz de la aleatoriedad del resultado (arg. art. 5.1.5 de los Principios de Unidroit; Cabanillas Sánchez, Antonio, Las obligaciones de actividad y de resultado, cit., p. 42; Prevot, Juan M. – Chaia, Rubén A., La obligación de seguridad, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 100, n.º 14), de la previsibilidad de las consecuencias (CSJN, 7/11/2006, “Bianchi”, Fallos: 329:4944), del rol activo o pasivo del acreedor (Prevot, Juan M. – Chaia, Rubén A., La obligación de seguridad, cit., p. 78/79, n.º 10), o de la profesionalidad del deudor (arg. arts. 1092, 1093 y 1723 del CCiv.yCom.), se llega a la misma conclusión: la referida co-demandada estaba obligada a conseguir el resultado prometido.
No cabe duda, entonces, que la sola circunstancia –reconocida por la propia deudora– relativa a que el servicio se realizó un día antes del convenido por las partes, configuró un incumplimiento a la obligación en cuestión (art. 865, a contrario sensu, CCiv.yCom.).
Ante ello, es exacto afirmar que, de parte de la titular del cementerio Los Robles, hubo un incumplimiento a las obligaciones resultantes del contrato, en virtud de no haber cumplido en el tiempo convenido con el servicio de cremación en cuestión. Esto es así –insisto– en razón de que, en cabeza de la proveedora, pesaba una obligación de resultado, consistente en realizar la cremación respecto del cuerpo de la persona indicada y en la fecha convenida por las partes, como consecuencia de lo cual cualquier daño resarcible sufrido por el acreedor insatisfecho compromete la responsabilidad del deudor incumplidor (arts. 774 inc. “c” y 1723, CCiv.yCom.).
Frente a este escenario, los esfuerzos argumentales de la emplazada estuvieron dirigidos a poner de manifiesto que el incumplimiento fue provocado por la empresa funeraria, quien incurrió –según dijo al contestar la demanda– en una grave negligencia. Sobre el particular, cabe tener presente que el deudor que pretende su liberación, como en el caso Pradera del Sol S.A., tiene la carga de acreditar que el cumplimiento se ha tornado imposible como consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso fortuito (arts. 955, 1732 y 1736 in fine, CCiv.yCom.). Ello responde a que, al partirse de la premisa según la cual la proveedora incumplió con la obligación a su cargo, entonces ella en tanto incumplidora, encuentra el límite de su responsabilidad en la acreditación de un acontecimiento fortuito que haya tornado imposible cumplir con la prestación (Osti, Giuseppe, “Revisione critica della teoria sulla imposibilitá della prestazione”, Riv. di Diritto Civile, Societá Editrice Libraria, Milán, 1918, p. 220).
La inteligencia precedente parte de la base de que, en la órbita negocial, el límite de la responsabilidad está en ese hecho complejo que conforma la llamada imposibilidad de pago sobreviniente (Mayo, Jorge A., “La imposibilidad de cumplimiento objetiva y subjetiva: absoluta y relativa”, RDPyC, n.° 17, p. 44; Picasso, Sebastián, “La culpa y el incumplimiento de las obligaciones de medios”, LL 2000-C, 991; idem, “La culpa en la responsabilidad contractual. Ausencia de culpa e imposibilidad de sobrevenida de la prestación”, RDD, 2009-1, p. 141 y ss.; Bueres, Alberto J., “La buena fe y la imposibilidad de pago en la responsabilidad contractual”, en Córdoba, Marcos (dir.), Tratado de la buena fe en el derecho, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. I, p. 287; idem, “El caso fortuito y otros institutos jurídicos que poseen una específica fortuicidad pero que no configuran un caso fortuito (a propósito de la pandemia del Covid-19)”, RDPyC, 2020-3, p. 57).
Por lo tanto, la co-demandada que incumplió la obligación a su cargo es responsable hasta que acredite la extinción del vínculo por la vía indicada, es decir, por medio de la imposibilidad de pago objetiva, absoluta, definitiva y no imputable producida por un caso fortuito (arts. 955 y 1732, CCiv.yCom.).
Ahora bien, considero que el hecho invocado, relativo al error de la empresa funeraria al ubicar al cuerpo del Sr. Martínez en un féretro que estaba identificado bajo el nombre de otra persona, no constituyó un casus, en razón de que vislumbro ausente la exterioridad propia de todo caso fortuito.
En primer lugar, destaco que el caso fortuito, además de tener que revestir los caracteres de imprevisible e inevitable, debe ser extraño al deudor. En ello resulta contundente la letra del art. 1733, inc. “e”, del CCiv.yCom., en tanto dispone: “[a]unque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos: (…) e) si el caso fortuito, y en su caso, la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad”. Queda claro, pues, que el requisito de la extraneidad exige que los eventos, para tener idoneidad interruptora de la relación causal, deben ser extraños a la actividad desarrollada por el deudor de la obligación y, por ende, inevitable desde su situación (Exner, Adolf, De la fuerza mayor en el derecho mercantil romano y actual, trad. por Emilio Miñaná y Villagrasa, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1905, p. 133 y ss.).
En definitiva, el recaudo que exige que el hecho deba ser extraño, implica que solo habrá caso fortuito cuando el demandado no ha colocado ningún antecedente idóneo (por acción o por omisión) que haga posible el suceso lesivo sobreviniente, o cuando el hecho dañoso tiene lugar fuera del marco de las contingencias propias que apareja la actividad que se desarrolla (CNCiv., Sala M, 05/03/2024, “Fernández”, expte. n.° 72.969/2021).
Lo dispuesto en aquella norma del CCiv.yCom. pone de resalto que, para liberarse por su incumplimiento, el deudor está precisado de acreditar que el hecho supuestamente imposibilitante –al que pretende calificarse como caso fortuito– es extraño a la actividad propia del contrato, o bien a lo que el citado profesor austríaco denominaba “círculo industrial”, es decir, debe originarse fuera del ámbito de la empresa y ser extraño a las actividades del deudor (“lo que ha tenido su origen dentro de la empresa, no libera al deudor, aunque no haya mediado culpa suya”; Exner, Adolf, De la fuerza mayor en el derecho mercantil romano y actual, cit., p. 140/141). Lo anterior encuentra explicación en que el casus, para configurarse, debe presentarse como un acontecimiento ajeno respecto del agente, lo cual no acontece si –como precisamente ocurre en el sub examine– constituye una contingencia propia de la actividad que se desarrolla. Es que los caracteres del caso fortuito, para alcanzar el efecto liberatorio que postula la recurrente, son que debe ser imprevisible o inevitable y, además, ajeno al presunto responsable, o exterior al riesgo de la cosa o de la actividad. Si bien este último requisito (exterioridad) no estaba expresamente establecido en el derogado CCiv., en el régimen vigente tal cualidad, autónoma y distinta de las de “imprevisibilidad” e “irresistibilidad”, surge expresamente de lo dispuesto en el precitado art. 1733 inc. “e” del CCiv.yCom., como así también de otras normas referidas a relaciones contractuales específicas (v. gr., arts. 1371, 1376 y 1413, CCiv.yCom.). Remarco, entonces, que la exterioridad no la reúnen los hechos que tienen lugar dentro del ámbito interior de la actividad del sujeto, por los que se debe responder incluso aunque sean imprevisibles o inevitables (CNCiv., Sala M, 10/7/2023, “Luque”, expte. n.º 24.338/2016; idem, Sala A, 26/2/2021, “Garro”, LL, 16/4/2021, 5; Fabre-Magnan, Muriel, Droit des obligations, PUF, Paris, 2008, t. 2, p. 141, n.º 53).
Esto último permite constatar que la exterioridad o ajenidad del hecho, como requisito del casus, importa una excepción a la regla de la adecuación causal establecida en el art. 1726 del CCiv.yCom., en tanto los sucesos que no solventan ese recaudo –el de exterioridad, se entiende– bien pueden resultar imprevisibles y, así, escapar a la causalidad adecuada. Es que, sobre la premisa de que quien se beneficia de la actividad soporta las cargas (ubi emolumentum ibi onus), en estos casos la regla legal es que el hecho (aunque imprevisible) no exonera al agente, debido a que el suceso ocurrió dentro de su “ejido de control” y no fuera de este.
En la especie, considero evidente que el hecho en cuestión, lejos de ser ajeno o extraño a la actividad desarrollada por Pradera del Sol S.A., integra el elenco de contingencias propias o ínsitas que atañen a la explotación que ella llevaba a cabo, de acuerdo con las especiales circunstancias de su realización. Esto se debe a que lo sucedido, en donde el cuerpo de una persona fallecida fue introducido por la empresa funeraria en un féretro que estaba identificado bajo el nombre de otra persona, constituye un suceso ocurrido dentro del ámbito interior de la actividad del proveedor –por tratarse de una contingencia propia del servicio crematístico prestado por la referida emplazada–, lo que fuerza a concluir en que este último debe responder por ese hecho.
Según entiendo, tal conclusión no peca por exceso, pues no equivale a sostener que todo hecho que acaezca dentro del ámbito del servicio de cremación es, sic et simpliciter, interno al riesgo de la actividad empresarial y fútil para configurar un casus. Por el contrario, la inteligencia que postulo parte de considerar, además del hecho de que haya ocurrido en el ámbito de una funeraria con la que la demandada celebró previamente un acuerdo para la consecución del servicio –tal como resulta de los dichos de las propias partes–, la circunstancia –ciertamente relevante– relativa a la ausencia de medidas de seguridad idóneas, lo que pone de resalto que el servicio desarrollado por Pradera del Sol S.A. aparejaba, entre otros riesgos o contingencias posibles, un suceso como el que motivó el inicio de la presente acción.
En definitiva, estimo que no se configura en la especie la imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta de la obligación, por el carácter “interno” que reviste en el sub examine el supuesto caso fortuito invocado por la codemandada (lo que impide su exoneración).
Para más, incluso si lo anterior no fuese compartido, y se entendiese que se trató de un hecho exterior al riesgo propio de la actividad desarrollada por la titular del cementerio, la solución no variaría en orden a que lo ocurrido tuvo lugar a raíz de una evidente falta previa imputable a dicha emplazada. Es que la actividad que ella realiza, en el marco de la cual procede a la cremación de cuerpos de personas fallecidas, exigía adoptar medidas de precaución suficientes para prevenir sucesos como el que aquí se trata. Surge notorio que un obrar exigible de la empresa a cargo del cementerio era mantener un eficiente control de vigilancia, tendiente a garantizar que los cuerpos en el interior de los féretros se condigan con la respectiva placa identificatoria. De allí que se imponía adoptar medidas de prevención adecuadas a fin de evitar cremar por error un cuerpo que no estaba destinado para su cremación, o que tal cremación –como ocurrió en el sub lite– iba a tener lugar un día distinto, todo lo cual evidentemente no se hizo.
En el caso, en efecto, la empresa omitió verificar si en el interior del féretro se encontraba el cuerpo de la persona fallecida cuya cremación debía realizar, puesto que no se controló debidamente si los servicios de cremación contratados se realizaban sobre los cuerpos referidos en los respectivos contratos. Esto deja entrever una omisión culposa de la demandada, consistente en no haber llevado a cabo las diligencias que la actividad en cuestión requería en lo que atañe a la identificación de los cuerpos cremados (art. 1724, CCiv.yCom.).
Pongo de resalto, sobre este aspecto, que la Ordenanza General de Cementerios correspondiente a la Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón (ordenanza n.° 12.288 y modificatorias) dispone que, antes de procederse a la incineración del cadáver, en el crematorio “deberá verificarse y reconocerse el cadáver por dos (2) testigos hábiles, quienes deberán presenciar la colocación del mismo en el horno crematorio” (art. 57, ordenanza cit.). Merece ser destacado que en el expediente la emplazada no refirió, ni menos aún probó, haber cumplido con dicho procedimiento, lo que refuerza la inteligencia en el sentido de que –de acuerdo con los elementos de prueba obrantes en autos– medió negligencia de su parte.
Ante este escenario, es preciso remarcar que “no existe un caso de fuerza mayor cuando el impedimento para el cumplimiento de la obligación, causado por un evento que en sí mismo es imprevisible, deriva de la culpa del deudor ocurrida antes, durante o después de dicho evento” (Baudry- Lacantinerie, Gabriel - Barde, Louis, Traité théorique et pratique de droit civil des obligations, 3ª ed., Librairie de la Société du Recueil, París, 1906, t. I, p. 490, n.° 460; la traducción me pertenece).
Consecuentemente, incluso si se entendiese que el hecho del tercero (la empresa funeraria) fue “exterior” a las contingencias propias del servicio prestado, la conclusión final permanecería inmutable, en tanto el casus no exime cuando sobreviene por la culpa del agente (art. 1733, inc. “d”, CCiv.yCom.; Peirano Facio, Jorge, Responsabilidad extracontractual, Barreiro y Ramos S.A., Montevideo, 1954, p. 467 y 479, n.° 253 y 258). En virtud de lo expuesto, propongo que se revoque la sentencia de grado en este aspecto, admitiéndose la demanda contra Pradera del Sol S.A.
III.2. Extensión de la condena Atento el rechazo de la demanda contra Pradera del Sol S.A., resulta oportuno tratar –por aplicación de las reglas de la llamada apelación implícita o adhesiva– la procedencia contra ella de los rubros admitidos en la sentencia apelada. Ello así, en tanto dicha co-demandada había argumentado en contra de su admisión y, en virtud de haber sido absuelta, esas oposiciones quedaron desplazadas en la sentencia apelada por el modo en que se resolvió la responsabilidad.
Tengo presente, además, que la aludida emplazada reeditó ante este tribunal las cuestiones planteadas al inferior (vid. el apartado IV de su presentación del 25/03/2026), por lo que no hubo de la interesada un consentimiento de esos tramos de la decisión apelada (CSJN, 06/09/1979, “Coix S.A. c/ Fergon. S.R.L.”, Fallos: 301:834; vid. el apartado IV de la presentación del 12/04/2023 correspondiente a Pradera del Sol S.A.). (i) Daño moral a favor de la co-actora Metzker En cuanto al daño moral, Pradera del Sol S.A. cuestionó la procedencia y su cuantía, por considerar que su otorgamiento no se corresponde con los hechos del caso. Por lo que seguidamente diré, considero que no asiste razón a la emplazada en torno a la procedencia del rubro.
En efecto, los inconvenientes provocados por el incumplimiento precedentemente expuesto, a mi juicio, han dado forma a un estado de cosas que ha tenido la aptitud para alterar de forma severa el humor, la paciencia y la tranquilidad de la reclamante. El hecho de que, a raíz de tal incumplimiento, la acreedora no haya podido llevar a cabo la ceremonia de despedida del difunto Martínez –circunstancia que, cabe remarcar, resultaba plenamente previsible para la proveedora del servicio de cremación–, constituye una circunstancia suficientemente demostrativa de que la consumidora sufrió un grave menoscabo a sus sentimientos y afecciones legítimas. En efecto, la frustración de la ceremonia que iría a realizarse en el cementerio Los Robles, como así también el cortejo fúnebre que iba a tener lugar desde la funeraria hasta dicho cementerio, impidió que la Sra. Metzker, quien había sido conviviente del Sr. Martínez, pudiera realizar el rito de despedida, lo que indudablemente tuvo aptitud para generar frustraciones, sinsabores y angustias que constituyen lesiones resarcibles a título de daño extrapatrimonial (arts. 1740, 1741 y 1744, CCiv.yCom.).
Por lo anterior, considero que las críticas referidas a la admisión de la partida no son fundadas.
Sentado lo relativo a la procedencia, advierto que el cuestionamiento concerniente a la cuantificación de la partida no logra superar el umbral dispuesto por el art. 260 del CPCC. Es que “criticar” es muy distinto a “disentir”: la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que éste pudiere contener; en cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia.
A partir de lo anterior, advierto que Pradera del Sol S.A. se limitó a sostener que la partida debe ser reducida, pero sin explicar mínimamente por qué motivo la suma dispuesta en la sentencia de grado es elevada o no se ajusta a derecho, ni tampoco reparar en el específico método de cálculo establecido por la normativa vigente, más allá de referencias abstractas sin concreta alusión a las particulares circunstancias del caso (art. 1741, in fine, CCiv.yCom.). Por estos motivos, considero que estos cuestionamientos son inatendibles (art. 260 y 261, CPCC).
(ii) Daño punitivo a favor de la co-actora Metzker Respecto del daño punitivo, considero que no asiste razón a Pradera del Sol S.A., en virtud de que esa sanción es admisible contra ella, más allá de que no sea válido extenderle esa pena que quedó firme contra el codemandado Zabala.
En torno a esto último, aclaro que el art. 52 bis dispone, en su última parte, que “[c]uando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan (…)”, lo cierto es que, en miras a no desobedecer el principio de culpabilidad, para la aplicación de la multa es necesaria la existencia de dolo o la culpa grave del proveedor. De ello se deriva, consecuentemente, que la solidaridad prevista por la norma sólo resulte aplicable para los supuestos de co-autoría, en los que pueda constatarse aquella conducta reprochable en cada uno de ellos (esta sala, 9/12/2015, “Vignolles”, expte. n.º 159.070).
Consecuentemente, el daño punitivo aplicado al Sr. Zabala, que arriba firme y consentido a esta instancia, no es extensible a Pradera del Sol S.A.; sin embargo, vislumbro que en el sub lite la conducta desarrollada por esta última es merecedora de sanción.
Ante todo, pongo de resalto que la Sala I que integro, a partir de la sentencia del día 12/07/2022 dictada in re "Mounet, María M. c/ Cotel Cooperativa Telefónica de Villa Gesell Ltda. y otro s/ daños y perjuicios” (expte. n.° 173.305), adoptó la tesitura fijada por la SCBA in re “Salvucci” (Ac. 123.329 del 31/08/2021), según la cual el art. 52 bis de la LDC es claro en cuanto exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. La sanción procede frente al mero incumplimiento. Dicho de otra manera: apartándose de las sugerencias efectuadas por la doctrina, el precepto no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador, ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva, ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. El art. 52 bis de la LDC solo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales (Lorenzetti, Ricardo L.; Consumidores, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 562/563; Mosset Iturraspe, Jorge - Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 278/279; Fernández, Raymundo L. - Gómez Leo, Osvaldo R. - Aicega, María Velentina, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, p. 1197; conclusiones de la Comisión n.° 10 de las XVII JNDC, Santa Fe, 1999).
Conforme a lo que quedó dicho líneas arriba, la co-demandada en cuestión ha incumplido el contrato, por lo que, consecuentemente, corresponde imponerle la multa prevista por el referido art. 52 bis de la Ley 24.240.
Respecto del importe, consigno aquí que para establecer el quantum de la sanción la LDC solo contiene dos precisiones: la gravedad del hecho y las demás circunstancias del caso. Tales recaudos imponen una evaluación integral del contexto en que se produce la conducta sancionada, a cuyo efecto no es necesario realizar fórmulas matemáticas, sino que cabe valerse de pautas enunciadas por la doctrina (Cornet, Manuel - Tinti, Guillermo P., “Los daños punitivos”, EBOOK-TR 2022 Trigo Represas, LL online: AR/DOC/420/2022). Hago explícitas entonces ciertas reglas de las que me valdré para establecer el monto: a) la índole del hecho generador; b) la proporcionalidad con la gravedad de la falta; c) el valor de las prestaciones y la cuantía del daño material; d) el caudal económico de quien debe satisfacer.
En función de tales parámetros, teniendo en cuenta la entidad y características del incumplimiento, la actitud asumida con posterioridad al hecho que motiva el reclamo, y la naturaleza de los derechos de la consumidora que se han visto afectados, considero que la multa debe fijarse en un total de dos (2) Canastas Básicas Totales hogar tipo 3 de las difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (52 bis, ley 24.240).
Los intereses moratorios sobre esta sanción se devengarán una vez vencido el plazo de diez días de quedar firme la presente sentencia y a la tasa pura del 6% anual hasta su conversión, si fuere anterior al efectivo pago (SCBA, 18/04/2018, "Vera", C. 120.536; idem, 03/05/2018, “Nidera S.A.", C. 121.134). De mediar alguna forma de mora de la parte condenada luego de la conversión a moneda nacional al momento de liquidar el crédito y hasta el efectivo pago, corresponderá aplicar la tasa activa sin acuerdo y sin capitalizar que cobra el Banco Provincia para sus operaciones de descubierto en cuenta corriente (esta cámara, Sala I, “Malisani”, expte. n.° 180.829, inter alia).
A todo evento, corresponde dejar aclarado que el presente ítem sancionatorio únicamente es concedido a favor de la co-actora Metzker, por ser ella quien integraba la relación de consumo con Pradera del Sol S.A. (arts. 1092/1093, CCiv.yCom.). La restante co-demandante, en cambio, al haber sido ajena al contrato celebrado por la Sra. Metzker, no puede ser considerada consumidora, pues más allá de que pueda haberse podido aprovechar del servicio prestado por la mencionada co-demandada, lo cierto es esa sola circunstancia no es suficiente para considerarla parte de la relación de consumo (art. 1092, CCiv.yCom.), ni tampoco se verifican las condiciones para encuadrarla como una bystander o tercera expuesta (art. 1096, CCiv.yCom.; CSJN, 6/3/2007, “Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, Fallos: 330:563)
Consecuentemente, entiendo que la multa en concepto de daño punitivo es procedente contra Pradera del Sol S.A. en los términos precedentemente indicados.
III.3. Conclusión Por las razones antedichas, considero que el presente agravio es fundado y, en consecuencia, mociono modificar la sentencia apelada en el sentido de admitir la demanda contra Pradera del Sol S.A. en lo que refiere a la pretensión indemnizatoria (daño moral) y, además, imponerle una multa equivalente a dos (2) Canastas Básicas Totales hogar tipo 3 de las difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a favor de María A. Metzker. La condena resarcitoria, referida al daño moral sufrido por las co-actoras, se impone de manera concurrente con el co-demandado Zabala (art. 850, CCiv.yCom.).
IV. Admisibilidad de la pretensión de Abril Luján Según referí, en la sentencia apelada se desestimó el reclamo incoado por la co-actora Abril Luján dirigido a conseguir la indemnización del daño moral, en virtud de que –razonó la jueza– aquella “carece de legitimación para el reclamo de este perjuicio sobretodo teniendo en cuenta que hace más de 4 años que no convivía con el fallecido (art. 1741 CCC)” (vid. el considerando VI.1.a de la sentencia recurrida).
Sobre el particular se alzó la referida demandante, quien en la expresión de agravios solicitó la reversión de este aspecto del pronunciamiento por las razones que expuse líneas arriba (vid. el apartado I de la expresión de agravios).
Primero señalo que, al cumplir en general este agravio con la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 260 del CPCC, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, Lexis Nexis, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no haré lugar a la sanción de deserción que solicitó Pradera del Sol S.A. en el apartado III de su presentación del 25/03/2026.
Aclarado lo anterior, considero que el recurso, por las razones que seguidamente expondré, es fundado. Ello es así, anticipo, en virtud de que los hechos en cuestión (vinculados a la cremación inoportuna del cuerpo del difunto Isidoro A. Martínez) menoscabaron intereses extrapatrimoniales propios de la Sra. Luján, como consecuencia de la afectación de la dignidad del fallecido.
(i) La extrapatrimonialidad del cadáver Ante todo, reparo en que el cuerpo de la persona fallecida, aunque sea un bien extrapatrimonial (art. 17, CCiv.yCom.; Cifuentes, Santos, Derechos personalísimos, 3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 422, n.° 101), o bien –para algunos autores– una cosa fuera del comercio (Barassi, Ludovico, Instituciones de derecho civil, trad. por Ramón García de Haro de Goytisolo, Bosch, Barcelona, 1955, vol. I, p. 138, n.° 45; Rivera, Julio C., Instituciones de Derecho Civil. Parte general, 7ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2020, t. I, p. 1216; Spota, Alberto G., Tratado de derecho civil, Depalma, Buenos Aires, 1953, t. I, vol. 3.5, p. 194/195, n.° 1630; Tobías, José W., en Alterini, Jorge H. (dir.), Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, 3ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2019, t. I, p. 822; idem, Derecho de las personas, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 642), lo cierto es que no por ello es simplemente algo corpóreo, puesto que hay determinados derechos que el ordenamiento respeta aún después de la muerte.
En torno a esto último, Borda sostiene que el cadáver no es una nada jurídica, ni una cosa como cualquier otra, “sino que es una cosa a la que se vinculan sentimientos muy respetables” (Borda, Guillermo A., “¿El cadáver de una criatura nacida muerta, es jurídicamente una cosa?”, LL 1981-B, 64). El referido autor, además, precisa que “si con olvido de los más elementales deberes de respeto y consideración, se ha hecho desaparecer el cadáver, es natural que los padres [y los restantes familiares y allegados, añado] se sientan con el derecho a reclamar la reparación de la ofensa que se les ha infligido” (ibidem).
Frente a ello, es imperioso hacer notar que, como ha sido dicho, en general los pueblos civilizados han mirado con respeto y consideración el cadáver humano (CNCiv., Sala F, 24/03/1980, “R., A. R. c/ A. M. A., S. A.”, LL 1981-B, 64). Según expresa de Lázzari, “hay un vínculo existente – paradójicamente a pesar de la muerte– entre los vivos y los que ya fallecieron”, de lo que se sigue que “el respeto de los restos mortales también descansa en las creencias de los sobrevivientes en cuanto al destino post mortem del fallecido” (su voto como juez de la SCBA in re “L., R. P. y otra c/ Municipalidad de Lanús s/ demanda contencioso administrativa”, causa B. 53.499, del 27/03/2008).
Lo anterior permite entender que, como afirma Cifuentes, existe un deber en cabeza de toda persona de respetar a los muertos y, frente a su transgresión, se pueden ver comprometidos los sentimientos de los allegados (Cifuentes, Santos, Derechos personalísimos, cit., p. 626, n.° 145).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre esta cuestión, ha expresado que el respeto a los restos mortales preserva tanto la memoria del muerto, como así también los sentimientos de los vivos (en particular, de sus familiares y personas más cercanas) ligados al difunto por lazos de afecto. Frente a la muerte de un ser querido, sostuvo el tribunal creado por la Convención Americana de Derechos Humanos, los ritos fúnebres buscan traer un mínimo de consuelo para los sobrevivientes de acuerdo con sus creencias religiosas que deben ser respetadas a rajatabla con singular tutela (Corte IDH, 25/11/2000, “Bámaca Velásquez vs. Guatemala”, voto del juez Cançado Trindade, párrafos 12° y 20°). “Aunque la subjetividad jurídica de un individuo venga a cesar con su muerte (dejando, pues, al fallecer, de ser un sujeto de derecho o titular de derechos y de deberes), sus restos mortales –conteniendo una parcela corporal de la humanidad– continúan siendo jurídicamente protegidos. El respeto a los restos mortales preserva tanto la memoria del muerto como los sentimientos de los vivos (en particular sus familiares o personas más cercanas) a él ligados por lazos de afecto, siendo este el valor jurídicamente protegido” (párrafo 12° del voto del juez Cançado Trindade en el pronunciamiento precedentemente citado).
Lo expuesto permite explicar que el fin de la vida –conditio sine qua non para la muerte– no impide reconocer que los restos del fallecido, aun cuando sean calificables como una res extra commercium, son merecedores de respeto por parte de terceros, so riesgo de generar diversas reacciones jurídicas. En efecto, el derecho personalísimo a la dignidad (art. 51, CCiv.yCom.), como así también la libertad del fallecido a decidir sobre la disposición de su propio cuerpo (art. 61, mismo código), constituyen los postulados jurídicos que permiten entender, en buena medida, por qué la “cosificación” del cuerpo del fallecido –que ocurre con su muerte, en donde su cuerpo se convierte en cadáver– no habilita a sostener que se trate, lisa y llanamente, de una cosa fuera del comercio. (ii) La dignidad del muerto Encontrándose comprometida la dignidad, es pertinente decir que, según es sabido, constituye un derecho personalísimo que corresponde a cada ser humano por el solo hecho de serlo. Es, en efecto, un valor jurídico primordial e inherente a todo ser humano (Santarelli, Fulvio G. – Negri, Nicolás J., Derecho civil. Parte general, La Ley, Buenos Aires, 2026, p. 267), puesto que proviene del ser mismo de la persona (Busso, Eduardo B., Código Civil anotado, Ediar, Buenos Aires, 1958, t. I, p. 214, n.° 14; Rivera, Julio C., “El derecho privado constitucional”, RDPyC, n.° 7, p. 46). De allí que a la dignidad se la entienda como el merecimiento que corresponde a toda persona humana por el mero hecho de serlo, lo que supone que la persona (humana) no es “algo” sino un “sujeto” (Santiago, Alfonso, La dignidad de la persona humana, Ábaco, Buenos Aires, 2022, p. 54/55). Es así, entonces, que lo “humano” constituye el sustrato y fundamento principal del derecho personalísimo bajo referencia (Leiva Fernández, Luis F. P., “Dignidad y muerte perinatal”, en Estudios sobre la persona humana en homenaje a Guillermo A. Borda, Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, La Ley, Buenos Aires, 2023, p. 204).
Por añadidura, tal como lo ha puesto de resalto la corte federal, el susodicho derecho personalísimo conforma el sustento principal de los derechos humanos y, por encima, una de las bases del ordenamiento jurídico contemporáneo (arts. 1, 2, 51 y 52, CCiv.yCom.; art. 19, Cons. Nac.). Precisamente, con relación a la dignidad de las personas, dicha corte ha sido enfática en cuanto a que el hombre es eje y centro del sistema jurídico, de modo que constituye un valor fundamental con respecto a los restantes valores jurídicos (CSJN, 06/04/1993, “Bahamondez”, Fallos: 316:479, cons. 12° del voto de los jueces Barra y Fayt; idem, 05/03/2002, “Portal de Belén”, Fallos: 325:292, cons. 12°, con referencias al derecho a la vida; idem, 21/09/2004, “Aquino”, Fallos: 327:3753, en particular cons. 11°, inter alia).
Más allá de la vasta gama de normas legales en las que el ordenamiento regula o tutela a la dignidad humana (v. gr., arts. 1 ,2, 52, 279, 1004, 1097, CCiv.yCom.), en lo que refiere a su fundamento jurídico superior, se afirma que el mentado derecho personalísimo hace pie en la filosofía jurídica del art. 19 de la Constitución Nacional, de modo que se erige como un valor supremo de orden constitucional, sobre el que se organizan el resto de los derechos fundamentales (De Lorenzo, Miguel F., “Repensar el ‘otro’: reflexiones sobre el derecho civil”, RCyS 2019-VI, 3). En el caso, por lo que a continuación diré, considero que el obrar de las demandadas comprometió la dignidad de Isidoro A. Martínez.
Ante todo, no soslayo que el Sr. Martínez no estaba vivo al momento del hecho que aquí se trata, ni tampoco paso por alto que –como regla– solo se reputa la dignidad respecto de la vida, puesto que la condición humana es un presupuesto para el reconocimiento de los derechos personalísimos. Sin embargo, tampoco se me escapa que, entre autores y tribunales, cada vez más se abre paso la idea de la tutela post mortem de los derechos personalísimos, basada en la teoría alemana de la “persistencia” (Fortwirkung) de la tutela de la personalidad después de la muerte, con fundamento en el principio constitucional de la dignidad humana.
Si bien la regla general consiste en que los derechos personalísimos son vitalicios, ello no impide reconocer –como señala Rivera– que en casos de excepción existe una perdurabilidad de tales derechos más allá de la muerte (Rivera, Julio C., Instituciones de Derecho Civil. Parte general, cit., t. I, p. 1117/1118).
Desde un ángulo comparatista, remarco que, en el conocido fallo “Mephisto” del 24/02/1971, el Tribunal Superior Alemán reconoció que la tutela de la dignidad no acaba con la muerte de la persona (BVerfGE 30, 173 [Mephisto], del 24/02/1971). En ese precedente, frente a la demanda de los familiares de Gründgens (quien se encontraba fallecido al momento de los hechos que allí se debatían), el máximo tribunal del Reich reconoció que la inviolabilidad de la dignidad del hombre impide que cualquier persona la ofenda o menoscabe, aún después de su muerte (Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe, Konrad Adenauer Stiftung, México D.F., 2009, p. 255 y ss.).
Con estricta vinculación a las particulares circunstancias del caso sub examine, merece destacarse que diversas legislaciones extranjeras tutelan intereses de personas fallecidas, permitiendo que las familias brinden al difunto un tratamiento funerario digno. En este sentido se inscriben, en relación a la muerte del nasciturus, la Ley de Registro Civil de España (ley 20/2011 del 21/07/2011), la Ley de Estado Civil de Alemania, o el art. 79-1 del Code Civil francés (Muchart, María A., “Hacia la dignidad del nasciturus”, EBOOK-TR 2022 (Alterini), 35). Desde allí que se afirme que “todo ser humano fallecido, nacido o no, tiene derecho a la sepultura” (Cárdenas Krenz, Ronald, “¿Tienen derechos los muertos?”, Giuristi: Revista de Derecho Corporativo, vol. 1, n.° 1, enero-junio 2020, p. 171 y ss.).
Desde un plano más general, la Ley Orgánica 1/1982 española, relativa a la protección de derechos personalísimos, resguarda a ciertos derechos más allá de la existencia de la persona. Concretamente, con relación al honor, la intimidad y la imagen, consagra una tutela post mortem que incluye la indemnización del daño extrapatrimonial, legitimando a la persona designada por el fallecido o, en su defecto, al cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos existentes al momento de la ofensa (arts. 4, 5 y 9, ley cit.).
En el ámbito local, en las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (realizadas en esta ciudad en el año 1983) una minoría postuló que la protección de la intimidad perdura aún después de la muerte de la persona, reconociendo así una “ultraactividad” a ciertos derechos personalísimos. La mayoría, en cambio, entendió que si bien los muertos no tienen intimidad, de todos modos cabe reconocer un respeto a los difuntos y a los derechos de los allegados (vid. el punto IV de las conclusiones de la comisión n.° 1 de dichas jornadas).
En el último tiempo, autores de reconocido prestigio sostienen que la invasión a la memoria de los muertos puede suscitar la reacción de tutela en beneficio de personas que ya no viven, de modo que hay una protección de la memoria pretérita. Consecuentemente, pese a que la regla es que los derechos personalísimos se extinguen con la muerte del titular, ello no impide reconocer una excepción en ciertas circunstancias particulares, en las que se asigna una eficacia post mortem a determinados derechos personalísimos, de modo que –como principio– se otorga a los familiares o allegados legitimación para accionar en procura del derecho violado (De Lorenzo, Miguel F., “La relación jurídica”, en Hernández, Carlos A. – Frustagli, Sandra A. – Santarelli, Fulvio (dirs.), El derecho privado en el Siglo XXI. Agenda presente y futura, La Ley, Buenos Aires, 2022, t. I, p. 486; idem, “Repensar al ‘otro’: reflexiones sobre el derecho civil”, RCyS- 2019-VI-3; Leiva Fernández, Luis F. P., “La personalidad pretérita. No es lo mismo estar muerto que no haber vivido”, LL 2018-E, 1114; idem, “La personalidad pretérita. Estado de la cuestión y alcances”, RDPyC, 2024-1, p. 65 y ss.; Rivera, Julio C., Instituciones de Derecho Civil. Parte general, cit., t. I, p. 1117/1118; Cifuentes, Santos, Derechos personalísimos, cit., p. 626, n.° 145; Cobas Cabiella, María E., “Protección post mortem de los derechos de la personalidad. Reflexionando sobre la cuestión”, Rev. Boliv. de Derecho, n.° 15, enero 2013, p. 112 y ss.; Cárdenas Krenz, Ronald, “¿Tienen derechos los muertos?”, cit., p. 171 y ss.; Lovece, Graciela I., “La utilización abusiva de la imagen y su protección jurídica”, RDF 2020-III, 79). “En ese orden de ideas [sostiene De Lorenzo], el honor, la intimidad, la imagen o el nombre del difunto, aun con diversos matices, son intereses que, a pesar de haber perdido (formalmente) al titular, conservan no obstante una tutela jurídica post mortem” (De Lorenzo, Miguel F., “La relación jurídica”, en ob. cit., t. I, p. 486). En el mismo sentido, se afirma que “si bien la muerte extingue los derechos de la personalidad, la memoria de la persona es una prolongación de su vida y, por tanto, merecedora de tutela en forma autónoma e independiente de los daños que sufren aquellos que se encuentran en una relación directa con el fallecido y de quienes no se discute su derecho a una adecuada reparación” (Lovece, Graciela I., “La utilización abusiva de la imagen y su protección jurídica”, cit.).
En la jurisprudencia, si bien no siempre se reconoce expresamente que se trata de la tutela de intereses de personas fallecidas, lo cierto es que se registran pronunciamientos que han tenido por efecto reconocer una tutela frente al menoscabo de derechos personalísimos de personas que no estaban vivas al momento de la ofensa, tal como ha ocurrido en relación a la intimidad (CSJN, 11/12/1984, “Ponzetti de Balbín”, Fallos: 306:1892, en cuyo caso el Sr. Balbín falleció un día antes de la publicación periodística que afectó la intimidad), al honor (CCiv.yCom.Lab.Min. de Neuquén, Sala 1ª, 07/12/2022, “Martens”, SAIJ: FA22070081), o a la imagen (esta cámara, Sala II, 3/9/2019, “M. L.”, expte. n.° 167.509). En el pronunciamiento citado en último término, la Sala II de esta cámara puso de resalto que, si bien la regla es que los derechos personalísimos se extinguen con la muerte de su titular, se reconoce una excepción a ella en el derecho a la dignidad –como también, se dijo allí, a la imagen– al que se le asigna una eficacia post mortem.
De tal manera, la intromisión en la dignidad del muerto, como ser –en lo que al sub lite concierne– mediante la frustración de la posibilidad de ser despedido por sus familiares y allegados, puede suscitar una tutela resarcitoria en base a la persona que ya no vive. Es que si bien es cierto que, reitero, los derechos personalísimos son inescindibles de la persona humana, también lo es que no siempre la trayectoria de tales derechos se restringe ad vitam, debido a que ciertas prerrogativas pueden subsistir luego de la muerte (Leiva Fernández, Luis F. P., “La personalidad pretérita. No es lo mismo estar muerto que no haber vivido”, cit.; idem, “La personalidad pretérita. Estado de la cuestión y alcances”, cit.; Cobas Cabiella, María E., “Protección post mortem de los derechos de la personalidad. Reflexionando sobre la cuestión”, cit.).
El ordenamiento, precisamente, registra diversas situaciones en las que se protege la memoria o ciertos intereses de quienes ya no son sujetos de derecho, como un vestigio –por momentos– de la dignidad humana. Así ocurre, verbigratia, con la disposición del cuerpo para después de la muerte (art. 61, CCiv.yCom.), respecto del derecho a la imagen (art. 53, in fine, CCiv.yCom.), en relación a las causales de indignidad para suceder (art. 2281, incs. “b” y “d”, CCiv.yCom.), o respecto del plazo llamado de “llano y luto” contemplado frente a la intimación a aceptar o renunciar la herencia (art. 2289, CCiv.yCom.). Queda a la vista, con ello, que existe una memoria defuncti o –en palabras de la doctrina española– una “personalidad pretérita”.
Desde allí que, como explica Carbonnier, el derecho termina por admitir una prolongación de ciertos derechos de la personalidad más allá de la muerte, lo que viene unido de una tutela póstuma de la persona (Carbonnier, Jean, Droit civil, Presses Universitaires de France, París, 2000, t. 1, p. 288/291). Esa ultraactividad de la personalidad del fallecido, reflejada en aspectos tales como su dignidad o su voluntad, puede dar lugar a diversas reacciones jurídicas ante situaciones en las que se vulneren esos derechos. En lo que a la responsabilidad civil respecta – ámbito en el que se enmarca la presente acción–, la protección post mortem de la dignidad de la persona muerta puede habilitar un reclamo indemnizatorio, cuando familiares o allegados del difunto sufren iure propio un perjuicio a raíz de la ofensa o injerencia negativa en el derecho personalísimo de aquel.
En lo que concierne a la voluntad, es preciso tener presente que, con arreglo al art. 61 del CCiv.yCom., en relación a la disposición del propio cuerpo ha de respetarse la libertad individual de la persona fallecida, de acuerdo con su voluntad: “La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad”.
Es indudable, a partir de dicho precepto, que cuando los sobrevivientes tienen el derecho de decidir el destino que se dará al cadáver, de todos modos deben respetar el interés del fallecido. En el respeto de ese interés de la persona muerta, añado, está comprometido el mantenimiento de la sacralidad del cadáver, con base tanto en la dignidad que merece el fallecido, como así también en los afectos subsistentes. (iii) El daño moral de la co-actora Bajo las condiciones antedichas, vislumbro que la pretensión indemnizatoria de Abril Luján encuentra sustento en el respeto que merece el cuerpo de la persona fallecida, con arreglo al derecho personalísimo de la dignidad del muerto y el derecho a la disposición del cadáver (o “derecho de occisión”, en palabras de Goldenberg, Isidoro, Indemnización por daños y perjuicios, Hammurabi, Buenos Aires, 1993, p. 437). La intromisión en la dignidad de la persona muerta, en el caso, produjo en la Sra. Luján una lesión en sus intereses extrapatrimoniales.
Resulta indicado aclarar que, en la especie, el reclamo de Abril Luján queda enmarcado en la órbita delictual, puesto que más allá del vínculo contractual que unió a la Sra. Metzker con los titulares de la funeraria y el cementerio, lo cierto es que aquella fue ajena a tales contratos. Recuerdo que, como regla general, los terceros (lo que incluye, naturalmente, a los parientes del consumidor) son extraños a la eventual vinculación consumidor-proveedor. Una solución distinta, por hipótesis, conduciría a dilatar excesivamente las nociones de “acreedor” y de “parte”, sin cuidado del principio que establece la relatividad de los efectos internos de las obligaciones y los contratos (arts. 724, 1021 y 1022, CCiv.yCom.; CNCiv., Sala A, 25/11/2022, “Bianchi” y “Bianchi”, exptes. n.° 42.146/2011 y 15.407/2011).
Con ello, queda descartada la línea argumental de la quejosa tendiente a ser considerada una “consumidora equiparada” en los términos del art. 1092, segundo párrafo, del CCiv.yCom.
De todos modos, la co-actora Luján –tercera ajena a las obligaciones a cargo del Sr. Zabala y de Pradera del Sol S.A.– puede enderezar pretensiones resarcitorias contra los proveedores que desatendieron la prestación a su cargo. El quid es que, por ser una tercera ajena, debe perseguir la reparación del daño en base a las normas que rigen la responsabilidad aquiliana, lo cual importa la necesidad de acreditar un factor de atribución propio de esa órbita. Cuadra decir, entonces, que mientras para quien participa del vínculo le basta con probar el incumplimiento –que disciplina tanto la ilicitud como el criterio de atribución–, el que es extraño a esa relación jurídica debe acreditar algún factor de atribución extracontractual previsto por el ordenamiento. Por estas razones, estimo que no es posible invocar la violación de los deberes resultantes de los respectivos contratos, ni tampoco afirmar que la referida co-actora sea acreedora de tales obligaciones (De Lorenzo, Miguel F., “Contrato que daña a terceros, terceros que dañan al contrato (líneas de una evolución histórica y jurisprudencial)”, RCyS 2007, 240; idem, “La protección extracontractual del contrato”, LL 1998-F, 927; Spota, Alberto G., Instituciones de derecho civil. Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1975, vol. III, p. 367, n.º 525; Mosset Iturraspe, Jorge, Teoría general del contrato, Orbir, Rosario, 1970, p. 361; Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R. J., Tratado de Derecho de Daños, La Ley, Buenos Aires, 2019, t. I, p. 240 y ss.; Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas, Miguel A., Responsabilidad contractual, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, p. 104).
Sentado lo anterior, entiendo que en el sub examine se verifica un hecho extracontractual que compromete la responsabilidad de las demandadas, al encontrarse presente un obrar culposo de cada una de ellas.
Precisamente, la trascendencia de las actividades desarrolladas por la funeraria Roldán y Pradera del Sol S.A., vinculadas con el ritual de despedida de la persona fallecida y la cremación del cuerpo de esta última, justificaba un obrar particularmente cuidadoso en virtud de encontrarse comprometida la dignidad del difunto. Al haberse colocado al cuerpo del muerto en un féretro cuya identificación correspondía a otra persona (tal como hizo la funeraria Roldán, con arreglo a las circunstancias de hecho que no vienen controvertidas a esta instancia), y luego haberse cremado a dicho cuerpo sin verificar que no había correspondencia entre el cadáver y la placa identificatoria (tal como lo hizo la proveedora del servicio crematístico), queda claro que de parte de las emplazadas se configuró un obrar culposo que justifica la atribución de responsabilidad por el daño sufrido por la Sra. Abril.
Al respecto, es preciso tener presente la profesionalidad de las emplazadas (art. 2, ley 24.240; art. 1093, CCiv.yCom.), como así también que “[c]uanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias” (art. 1726, CCiv.yCom.). Desde allí, juzgo que era plenamente previsible para ellas, en virtud de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que cualquier desatención a su conducta podía derivar en que los familiares y allegados del difunto no pudieran realizar la ceremonia de despedida (art. 1724, CCiv.yCom.).
En cuanto a su legitimación, mediante una aplicación analógica del art. 1741 del CCiv.yCom. (en tanto no hay aquí un hecho que haya causado la muerte o gran discapacidad del Sr. Martínez), considero que la co-actora en cuestión se encuentra legitimada en virtud de encontrarse suficientemente probado que tenía con el difunto un trato familiar ostensible. Sobre el particular, reparo en que la convivencia a la que refiere la norma precitada ha de ser entendida en un sentido amplio, semejante a integrar su proyecto de vida con un vínculo afectivo estrecho (arg. doc. art. 1754, CCiv.yCom.). Bajo esa interpretación, quedan a salvo soluciones más drásticas que conducirían a descalificar a dicha norma por contradecir el derecho a la igualdad y a la reparación integral, constitucionalmente reconocidos (arts. 16 y 19, Const. Nac.). En efecto, a fin de que la aplicación de esa norma no conduzca a generar graves inconsistencias sistémicas, ni tampoco a comprometer derechos de jerarquía constitucional (Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R- J., Tratado de Derecho de Daños, cit., t. I, p. 473/474), resulta forzoso evitar interpretaciones excesivamente restrictivas del referido supuesto de legitimación, en tanto se acredite un vínculo afectivo cierto y legítimo con la víctima directa (o, en la especie, con la persona fallecida).
A partir de lo anterior, tengo presente que las declaraciones testimoniales de Erica Edith Sbagzdis, Yamilia Lilen Vidal Echeverría, Alicia Luján Requena, Analía Tesluk y Edgardo Nahuel Rodríguez Sánchez son contundentes en cuanto a que Abril Luján, aunque no era hija biológica del fallecido –pero sí es descendiente de quien fue la conviviente de este último, es decir, de la restante co-actora–, lo cierto es que el difunto le brindaba un trato de hija y –correlativamente– la Sra. Luján trataba al Sr. Martínez como su padre.
En el caso de la testigo Sbagzdis, ella dijo conocer a las actoras desde los años 2005 o 2006 aproximadamente, a raíz de que ella –según dijo– tiene una farmacia en la localidad de Sierra de los Padres, en donde vivía el Sr. Martínez junto a las demandantes. Consultada respecto de cuál era la relación entre las actoras y el fallecido Martínez, la deponente respondió: “para mí era una familia (…), aunque [Isidoro A. Martínez] sabía que [Abril Luján] no era su hija biológica, era su hija adoptiva. Él mismo lo decía, la llevaba a la escuela, venía a la farmacia con ella. Mientras Ale [María Alejandra Metzker] trabajaba, Abril vivía con él. O sea que, todos los años que los conocí, Abril siempre fue su hija, siempre la tomó como su hija” (sic, minuto 2:50 y subsiguientes de la audiencia del 20/03/2024).
Por su lado, Vidal Echeverría, quien afirmó ser amiga de la co-actora Luján, describió la relación de esta última con el Sr. Martínez de un modo semejante al realizado por la testigo precedentemente aludida. En particular, Vidal Echeverría afirmó que el Sr. Martínez, junto a las Sras. Metzker y Luján, vivían juntos en Sierra de los Padres. Asimismo, señaló que Luján consideraba al Sr. Martínez como su papá. Luego, dicha deponente precisó que, como Abril estudiaba en una facultad en esta ciudad de Mar del Plata, ella hacía cuatro años que no vivía de forma permanente en la vivienda ubicada en Sierra de los Padres junto al Sr. Martínez (vid. el minuto 13:20 y subsiguientes de la referida audiencia).
A su turno, Alicia Luján Requena, quien refirió ser amiga de la Sra. Metzker, señaló que ha concurrido al hogar de esta última ubicado en Sierra de los Padres, en donde residían Abril Luján, Isidoro A. Martínez y la María A. Metzker, quienes convivían como una familia (vid. el minuto 21:27 y subsiguientes de la referida audiencia). La citada testigo, seguidamente, describió que Abril Luján vino a esta ciudad de Mar del Plata por razones de estudio, a fin de realizar la carrera de medicina (vid. el minuto 22:40 y subsiguientes de la citada audiencia). De todos modos, luego aclaró que la aludida co-actora iba desde esta ciudad hasta Sierra de los Padres constantemente: “como toda hija adolescente, iba y venía… siempre estaba allá [Sierras de los Padres].
Yo los fines de semana que iba para allá Abril iba, estábamos comiendo… después obviamente la nena tenía que estudiar acá en Mar del Plata, se venía para Mar del Plata”. La testigo en cuestión, finalmente, agregó que los fines de semana Abril Luján pasaba los días junto a Metzker y Martínez en la casa de Sierra de los Padres (vid. el minuto 40:45 y subsiguientes de dicha audiencia).
Analía Tesluk, a su respecto, quien declaró ser amiga de las demandantes, también dio cuenta de que ambas co-actoras convivieron con el fallecido Martínez (vid. el minuto 46:40 y subsiguientes de la citada audiencia).
Por último, el testigo Rodríguez Sánchez, quien dijo haber sido novio de Abril Luján, afirmó que cuando él la conoció en el año 2017, la co-actora Luján vivía en Sierra de los Padres junto al Sr. Martínez, hasta que en 2018 aquella tuvo que venir a residir a esta ciudad por razones de estudio. Agregó que, junto a la Sra. Luján, han ido a almorzar y a pasar “momentos familiares” a la casa de Sierra de los Padres, en donde se encontraban Metzker y Martínez (vid. el minuto 1:01:20 y subsiguientes de la aludida audiencia).
A todo esto, no se me escapa que la idoneidad de los declarantes fue cuestionada por los emplazados en sus presentaciones de fechas 25/03/2024 y 01/04/2024, las que fueron replicadas por las actoras el 08/04/2024. Empero, el solo hecho de que medie una relación de amistad de los testigos con las partes, o la circunstancia de que uno de ellos haya sido pareja de una de las co-actoras (como es el caso del deponente Rodríguez Sánchez), no invalida, sin más, las declaraciones en cuestión, aunque torna necesario analizarlas con estrictez y en función de las demás constancias del expediente (art. 456, CPCC).
Con ello, a partir de una apreciación de las pruebas obrantes en autos (art. 384, CPCC), vislumbro que las particulares circunstancias de la relación que unía a Abril Luján con Isidoro A. Martínez conducen a entender que ella se encuentra legitimada para reclamar el resarcimiento de la lesión a sus intereses extrapatrimoniales (arg. art. 1741, CCiv.yCom.) Respecto de su acreditación, este rubro no escapa de la regla según la cual –como principio– el perjuicio ha de ser demostrado por quien lo invoca, aunque es sabido que, en general, no es posible la prueba directa de este particular ítem, sino que resulta de presunciones hominis de acuerdo con las circunstancias particulares del caso y con atención a los derechos comprometidos del afectado. En ciertos supuestos, con arreglo al adagio res ipsa loquitur, puede resultar acreditado cuando de los propios hechos resulta notorio e indiscutible la repercusión en los sentimientos de la víctima (arts. 375 del CPCC y 1744 del CCiv.yCom.; CSJN, Fallos: 317:1921, 322:2002, 330:563; Mayo, Jorge A., “La prueba del daño. Presunciones. La carga”, RDD, 2010-1, p. 191; Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, Ediar, Buenos Aires, 1971, t. V, p. 205 y ss., n.º 70/73, y p. 267, n.º 98; Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del daño no mensurable”, LL 1990-A-655).
En este último sentido, considero que la afectación de la dignidad del Sr. Martínez, que impidió a la Sra. Luján poder dar un tratamiento adecuado para despedir al fallecido –por no poder realizarse el cortejo fúnebre, ni tampoco la ceremonia que estaba prevista para llevarse a cabo en el cementerio Los Robles–, constituye un hecho que indudablemente produjo un daño extrapatrimonial que, por la naturaleza de los derechos afectados, no requiere de prueba específica. Es que la imposibilidad de despedir a un ser querido tiene una indiscutible repercusión en los sentimientos de la persona que, a causa del hecho ilícito, no pudo participar del ritual o ceremonia previsto al efecto (art. 1744, CCiv.yCom.). Para determinar su quantum, el art. 1741, in fine, del CCiv.yCom. expressis verbis determina el método: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”. Por lo tanto, en línea con el criterio de la corte federal (CSJN, 12/4/2011, “Baeza”, Fallos: 334:376; idem, 5/3/2024, “Lacave”, Fallos: 347:128, inter alia), ha de brindarse una suma pecuniaria suficiente a fin de que el damnificado tenga la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido, de acuerdo a un parámetro abstracto considerando los placeres que a una persona media le permiten revertir el desánimo experimentado (Brebbia, Roberto, El daño moral, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1950 p. 80/81, n.° 27; Mosset Iturraspe, Jorge, “Daño moral. Dolor”, RDD, 2018-3, p. 15/16; Picasso, Sebastián, “El método de las satisfacciones compensatorias para cuantificar el daño moral”, RDD, 2021-1, p. 405/417; Pizarro, Ramón D., Daño moral. Reparación, prevención y punición de las consecuencias no patrimoniales, 3ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2021, t. II, p. 25, n.° 123).
Así pues, de acuerdo con esa pauta legal, pondero las circunstancias del hecho, los padecimientos y angustias que pudo sufrir la co-actora como consecuencia de no poder realizar ni participar de la ceremonia referida, más sus condiciones personales (tenía 22 años de edad al momento del hecho).
En esas condiciones, por aplicación del citado art. 1741, considero que el rubro en examen debe concederse y, por consiguiente, fijarse en la suma de $ 3.000.000 a favor de la co-actora Abril Luján, que corresponde aproximadamente al valor de un viaje a Rio de Janeiro (Brasil) por dos semanas con todo pago (art. 165, CPCC; arts. 3 y 1741, CCiv.yCom.; https://www.despegar.com.ar/trip/accommodations/results/PR7c635768533 84199a1dbdfebdfd9af4e29732364?searchParams=RkgvQ0lUXzk4Mi9DSV RfNjM4MS8yMDI2LTEyLTA3LzIwMjYtMTItMjEvQ0lUXzYzODEvMjAyNi0xM i0wNy8yMDI2LTEyLTIxLzF8SDA6SCxGMTpGLFhTOlhT&flow=FH&tripItem =H0&stepNu m=0&from=PSB&from=PSB&deviceType=DESKTOP&searchId=5d03209af958-4ca8-ba17-
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(iv) Conclusión Por las razones expuestas en este apartado, considero que el agravio es fundado y, en consecuencia, corresponde modificar la sentencia apelada en el sentido de admitir la pretensión indemnizatoria de Abril Luján y condenar concurrentemente a Pradera del Sol S.A. y al Sr. Zabala a abonar a aquella la suma de $ 3.000.000 en concepto de daño moral (arts. 850, 1726 y 1741, CCiv.yCom.).
Respecto de los intereses moratorios correspondientes a este rubro, por ser calculado en tiempos hodiernos, mociono aplicar una tasa de 6% anual desde la mora (es decir, desde el día 13/06/2022, fecha en la que ocurrió el hecho ilícito y se menoscabaron los intereses de la Sra. Luján) hasta la fecha del presente pronunciamiento (art. 1748, CCiv.yCom.). Desde esta sentencia hasta el efectivo pago, corresponde aplicar la tasa activa sin acuerdo y sin capitalizar que cobra el Banco Provincia para sus operaciones de descubierto en cuenta corriente (esta cámara, Sala I, “Malisani”, expte. n.° 180.829, inter alia).
V. Cuantificación del daño moral y del daño punitivo En lo que respecta a las críticas respecto de los ítems “daño moral” y “daño punitivo”, entiendo que no logran sobrepasar las exigencias contenidas en el art. 260 del CPCC, por lo cual no serán atendidas. Como es sabido, esa norma exige que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. De esta manera, el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido, o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera contrario a derecho (Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, cit., t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, cit., t. I, p. 426).
En tal sentido, es indudable que se tornará ineficaz cualquier pretensión bajo la apariencia de una expresión de agravios que se limite a manifestar una simple disconformidad con lo resuelto por el sentenciante de grado, sin siquiera evidenciar cuáles son los errores que contiene el fallo, o por qué se ha resuelto en forma contraria a derecho (Colombo, Carlos J. - Kiper, Claudio M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 173). (i) Cuantificación del daño moral Considero que las quejas postuladas con relación a la cuantificación de la partida “daño moral” a favor de la Sra. Metzker no conforman un cuestionamiento fundado de los argumentos expuestos en la sentencia recurrida, al punto de que dichas críticas no encuentran sustento en lo dispuesto por el art. 1741 del CCiv.yCom. En efecto, según precisé líneas arriba, esa norma impone un mandato legal expreso que obliga a evaluar el perjuicio moral mediante el método establecido por la ley (Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R- J., Tratado de Derecho de Daños, cit., t. I, p. 481; Márquez, José F., “El daño moral contractual: interpretación, facultades de los jueces y prueba”, RCyS 2020-VII, 63).
A pesar de ello, en la expresión de agravios se limitan a cuestionar genéricamente la decisión de primera instancia, pero no señalan –en base a los parámetros fijados en la norma– por qué la suma concedida resultaría reducida. En este sentido, no aplican al caso las pautas de análisis contenidas en el texto legal, ni precisan cuáles serían las compensaciones sustitutivas que –a su entender– resultarían adecuadas para indemnizar a la referida co-demandante.
(ii) Cuantificación del daño punitivo Respecto del daño punitivo, verifico que en la expresión de agravios tampoco se exponen razones que ataquen, de forma concreta y precisa, la cuantificación de dicho ítem.
Subrayo que en esta instancia no se explicó por qué sería insuficiente el quantum establecido en la sentencia, pues en ningún pasaje se pusieron de manifiesto las razones que conducirían a entender que la cantidad de canastas fijadas no guarda adecuada proporcionalidad con el hecho ilícito en cuestión, ni tampoco se aludió a los intereses (extrapatrimoniales) en juego, ni se intentó demostrar por qué los fines perseguidos por esta sanción se verían frustrados por la forma de cuantificación efectuada en la instancia de grado.
La falta de referencias concretas a las particulares pautas legales establecidas para la cuantificación de esta sanción conduce, forzosamente, a la sanción del art. 261 del CPCC (doc. arts. 49 y 52 bis, ley 24.240). (iii) Conclusión Ante este contexto, es indudable que estos cuestionamientos se traducen en discrepancias acerca de la forma en que se decidió, al haberse omitido indicar, concretamente, cuáles son las razones que impondrían revertir estos aspectos del fallo apelado.
En consecuencia, las razones precedentes conducen a declarar desiertos estos agravios en los términos de los arts. 260 y 261 del CPCC, lo que así mociono.
VI. En cuanto a las costas de primera instancia, en virtud de lo dispuesto por los arts. 68 y 274 del CPCC, corresponde modificar su imposición y establecerlas a cargo de las emplazadas. En efecto, teniendo presente que en la sentencia apelada se impusieron a la co-actora Abrillas costas relativas a su pretensión, como así también a ambas actoras las concernientes a la pretensión dirigida contra Pradera del Sol S.A., en virtud de la solución que propongo corresponde imponer las costas de esa instancia íntegramente a los demandados, quienes –de seguirse mi criterio– resultarían vencidos (art. 68, CPCC).
Respecto de las costas de alzada, por el resultado de los cuestionamientos de las apelantes, mociono imponerlas a las emplazadas por resultar sustancialmente vencidas (art. 68, CPCC).
Por las razones expuestas, ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo dijo:
Corresponde: 1. Modificar la sentencia apelada en el sentido de: (i) admitir la demanda contra Pradera del Sol S.A. y, en consecuencia, (A) condenarla en forma concurrente con Pablo L. Zabala en lo que respecta a los rubros indemnizatorios; y (B) imponerle una multa en concepto de daño punitivo equivalente a dos (2) Canastas Básicas Totales hogar tipo 3 de las difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con más intereses calculados de acuerdo a lo establecido en el apartado III.2 del presente voto; (ii) conceder en concepto de daño moral la suma de $ 3.000.000 a favor de la co-actora Abril Luján, con más intereses calculados de acuerdo a lo establecido en el apartado IV del presente voto; y (iii) imponer las costas a las demandadas; 2. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que fue materia de apelación y agravios; 3. Imponer las costas de alzada a las demandadas.
Por las razones expuestas, ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Modificar la sentencia en el sentido de: (1) admitir la demanda contra Pradera del Sol S.A. y, en consecuencia, (A) condenarla en forma concurrente con Pablo L. Zabala en lo que respecta a los rubros indemnizatorios; y (B) imponerle una multa en concepto de daño punitivo equivalente a dos (2) Canastas Básicas Totales hogar tipo 3 de las difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con más intereses calculados de acuerdo a lo establecido en el apartado III.2 del primer voto; (2) conceder en concepto de daño moral la suma de $ 3.000.000 a favor de la co-actora Abril Luján, con más intereses calculados de acuerdo a lo establecido en el apartado IV del primer voto; y (3) imponer las costas a las demandadas; II) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que fue materia de apelación y agravios; III) Imponer las costas de alzada a las demandadas; IV) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 51, ley 14.967); V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme Ac. N° 3975/20 de la S.C.B.A.-
Fin de la sentencia