Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2563/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE955631-2023, ESC00196804.pdf por quebrantamiento de formas sustanciales y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE928459-2023, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2563/23-TSJ Sentencia Nº: 765 Actor: MEZA DANIEL ALFREDO Demandada: PESQUERA SANTA CRUZ S.A. EMPRESA DE ESTIBAJES Objeto: LABORAL Fecha: 29-10-2024 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 765 FOLIO Nº 4717/4722 PROT. ELECT. TSS1 023 S.241
Río Gallegos, 29 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “MEZA DANIEL ALFREDO c/ PESQUERA SANTA CRUZ S.A. EMPRESA DE ESTIBAJES s/ LABORAL”, Expte. Nº M-1199/20 (M-2563/23-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Mirtha M. Marsicano (cfr. PE955631-2023, ESC00196804.pdf), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE928459-2023, la cual hizo lugar al recurso de apelación promovido por la parte demandada, Pesquera Santa Cruz S.A. Empresa de Estibaje; revocó parcialmente la sentencia de Primera Instancia, obrante en PE584248-2022 y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por el Sr. Daniel Alfredo Meza Villar, imponiendo las costas de ambas instancias en el orden causado.- A su turno, la sentencia de Primera Instancia, hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada condenando a la accionada a abonar al actor la suma de pesos dos millones trescientos veintiocho mil doscientos veintinueve con dieciséis centavos ($ 2.328.229,16), en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido e indemnización prevista por el artículo 2 de la Ley N° 25.323, con más intereses desde la fecha del distracto -22 de agosto de 2018- y hasta el efectivo pago, para cuyo cálculo se dispuso aplicar la tasa activa del Banco Nación Argentina; rechazando el reclamo en concepto de multa del artículo 80 LCT, con costas a la demandada (cfr. PE cit, pág. 4).-
II. Contra la decisión de Segunda Instancia, la parte actora interpone recurso de casación en los términos del artículo 3°, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; arguyendo violación de la ley; acusando además transgresión del principio de congruencia y arbitrariedad (cfr. PE955631-2023, ESC00196804.pdf, págs. 2 y 12).-
Afirma el casacionista que: “…el argumento medular, que revoca el impecable fallo de primera instancia, tiene una fundamentación ‘aparente’, apoyada en inferencias sin sostén jurídico o fáctico […] la decisión es arbitraria y absurda porque a pesar de que Meza ha trabajado más de doce años para la demandada en numerosas y extensas jornadas…la Excma. Cámara de Apelaciones ha elegido sostener que por el solo hecho de que mi mandante haya trabajado también para otras empresas de estiba en el Puerto Local, el vínculo con la demandada es de índole eventual. Esta interpretación dogmática del rechazo absoluto del vínculo estable entre mi mandante y el demandado -haciendo mera referencia a la característica de la actividad y su marco normativo- resulta, a todas luces, incongruente […] Esta arbitrariedad, en sostener que siempre el nexo es de carácter ‘eventual’, priva a mi mandante de la protección constitucional que tienen todos los trabajadores en los casos de relaciones de trabajo donde claramente hay un vínculo permanente y que importa una tutela diferenciada a favor de la parte más débil, lo que lleva al magistrado a realizar una aplicación errónea de la ley generando, como consecuencia, un fallo absurdo.” (cfr.
PE y pdf cits., págs. 11/12).- Por otro lado, refiere que: “…una prueba palmaria del ‘laberinto’ creado por el magistrado, es a la conclusión confusa que llega la magistrada…cuando en el punto VIII manifiesta lo siguiente: ‘(…) Comparto la solución arribada en su voto por el primer votante. El principio es que el trabajo portuario es eventual dependiendo de la necesidad que origine la entrada de buques por lo que la mayor cantidad de turnos trabajados por el actor para la demandada, en comparación con los trabajadores para las otras empresas dedicadas a la estiba, pudieron convertir en permanente una relación laboral eventual (…)’…digo confusa porque adhiere al voto de su colega pero afirma que una mayor cantidad de turnos pudo convertir una relación laboral eventual en permanente, una incongruencia total.” (cfr.
PE y pdf cits., pág. 13).- Agrega que: “El fallo en cuestión tiene un déficit argumental ya que su base y fundamento reposa sobre un análisis del trabajo portuario arcaico…Sin perjuicio del régimen del trabajo eventual (típico de la actividad portuaria) y más allá de la prestación de servicios que realizó mi mandante a favor de otras empresas de estibaje, él adquirió estabilidad en su empleo con la demandada ya que se ha (sic) cumplido los presupuestos de habitualidad, permanencia y continuidad, características típicas del trabajo por tiempo indeterminado, alcanzando así la estabilidad impropia de la LCT, generando con ello el derecho a una indemnización en caso de ruptura intempestiva y sin justa causa de la relación laboral.
Los magistrados de la Excma. Cámara de Apelaciones pasan por alto el principio de la primacía de la realidad…Por ello asevero que rechazar estas premisas, como lo hace el fallo de la Excma. Cámara resulta un absurdo, por su anacronismo y arbitrariedad manifiesta…la solución arribada en la sentencia en crisis no es la consagrada por la autorizada y pacifica (sic) Doctrina y Jurisprudencia imperante que, desde hace mas de treinta años, sufrió un importantísimo viraje en orden a canalizar ese proceso de absorción de la situación de los trabajadores y el desarrollo de una nueva organización de tan importante sector económico, abandonando el criterio de someter al régimen eventual típico situaciones en las que la prestación adquiere continuidad…que permitan presumir que su vínculo laboral es de carácter estable, criterio que también ha sido incorporado en algunos CCT de la actividad portuaria…” (cfr.
PE y pdf cits., págs. 14/15).- En cuanto a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Alzada, el recurrente expresa que: “…estamos ante la presencia de una arbitrariedad manifiesta por cómo la Excma. Cámara de Apelaciones…apreció la prueba testimonial, valoración manifiestamente absurda, con un notorio desvió de la leyes de la lógica y con una preponderancia groseramente errada con la demás prueba aportada en autos, logrando, con ello, franquear el límite de la razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba en particular y en su conjunto…la Alzada, luego de trascribir sintéticamente algunos testimonios de los que se desprenden los motivos por los cuales los deponentes consideran que mi mandante era trabajador eventual, señala que todos ellos ‘dejan en claro que estamos en presencia de un contrato eventual’.
Este razonamiento deja en manifiesto el absurdo endilgado al fallo, ello es así porque tal lógica tendría su fundamento en la calificación del vínculo laboral que hacen los testigos, lo cual evidencia un palmario quiebre en la valoración de las pruebas rendidas en autos. Ello es así toda vez que los testigos son llamados para declarar sobre los hechos más no para determinar el carácter jurídico ni sus consecuencias legales…” (cfr. PE y pdf cits., págs. 16/17).- Señala que: “…las conclusiones que extraen los magistrados, de los dichos de los operarios del puerto local [testigos] para calificar el vínculo existente entre las partes, carece (sic) de fundamento jurídico y es sabido que el deficiente tratamiento de los hechos, al no haberse motivado correctamente la sentencia, llevan a la injusticia lo cual este Excmo.
Tribunal Superior deberá enmendar.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 18).-
Respecto a la vinculación contractual verificada entre las partes, precisa el casacionista que: “…asevero la presencia de arbitrariedad manifiesta en este fallo [sentencia recurrida] porque al momento de analizar lo resuelto en primera instancia desconoce, sin argumento sólido, la vinculación permanente de mi mandante con la demandada, vínculo que fue admitido por el juez a quo, quien fundó su análisis en la continuidad del desempeño del Sr. Meza en la empresa del demandado…la Excma. Cámara rechaza las certeras y precisasa (sic) conclusiones de la sentencia de primer grado que destaca, como notas infrecuentes dentro de la actividad portuaria, la notoria regularidad en las prestaciones de mi mandante a favor de la demandada durante doce años, en los que fue requerido y ocupado por la empresa ininterrumpidamente, concluyendo que debe ser considerado como un empleado permanente […] de la pericial contable y de la documental obrante en autos surge claramente la importante cantidad de jornadas de trabajo que mi mandante prestó a la demandada…lo cual deja en evidencia la parcialidad hacia la demandada y el interés de perpetuar la característica ‘eventual’ de la relación de trabajo […] los maquinistas y gruistas [categoría laboral del actor]…prestan servicio (sic) para una determinada empresa, permanecen a su disposición y bajo las órdenes de la misma, razón por la cual no rota (sic).
Incluso es la misma empresa quien le proveen (sic) de la ropa de trabajo, le notifican (sic) de cursos de capacitación, etc. […] Esta es la realidad del vínculo entre el maquinista gruista y la empresa de estibaje.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 18/20).- En lo tocante a la prestación de servicios para diversas empresas, la parte actora manifiesta que: “…el fallo [de Cámara] también destaca como desacertada la afirmación del juez de primera instancia en el sentido de que Meza fue requerido y ocupado por la empresa durante los doce años ‘ininterrumpidamente’…la referencia al ‘desempeño ininterrumpido’ no tiene el alcance que pretende darle el fallo en crisis ni las derivaciones que infiere, confundiendo ‘la permanencia y la indeterminación del plazo’ con la ‘continuidad’ en la ejecución de las prestaciones y en esta inadmisible confusión radica otra arbitrariedad absurda…en estas condiciones el trabajador, bajo un contrato de prestaciones intermitentes, tiene, a diferencia del eventual, todos los derechos que le asisten a los dependientes por tiempo indeterminado.
En otras palabras, estamos frente a contratos con prestaciones permanentes discontinuas. Por la propia naturaleza y desenvolvimiento de la actividad (fluctuante), los servicios son requeridos con intermitencia, sin que por ello dejen de satisfacer necesidades permanentes de la empresa o de pertenecer al giro normal de la empleadora […] La vinculación contractual entre mi mandante y la demandada esta enlazada por su permanencia…” (cfr. PE y pdf cits., págs. 20/21).- Afirma el recurrente que: “…la Excma. Cámara de Apelaciones, en una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado…hace hincapié en los recibos de las remuneraciones percibidas… efectuando disquisiciones sobre los datos que se consignan en los mismos, vinculando la forma de pagar el salario con la duración del contrato, cuando, en realidad, la transitoriedad o perdurabilidad del vínculo es totalmente ajeno a la forma de abonar el salario […] En los supuestos de contrato de trabajo eventual es sabido que, por sus características intrínsecas, que el pago se realiza en forma diaria y/o semanal, acorde a los jornales liquidados…Es por ello que el criterio para calcular el salario nada tiene que ver con la duración del contrato […] los recibos se adjuntaron como prueba irrefutable para descubrir la auténtica relación existente entre la empresa y el Sr.
Meza […] Con arreglo a las circunstancias señaladas precedentemente, ha quedado demostrada la expresa arbitrariedad en el fallo, evidenciando de qué modo la conclusión sostenida por la Alzada se desconecta de los hechos probados y contradiciendo las pautas establecidas por el legislador para orientar la delicada labor jurisdiccional en este tipo de casos.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 21/23).- En esa misma línea argumentativa, dice la parte actora que: “En esta interpretación absurda del material probatorio aportado en autos, la Excma. Cámara ‘observa’ supuesta (sic) incongruencias en la pericial contable. La misma ha sido realizada teniendo como base fáctica la documentación glosada en autos como así también los registros y documentación contable que le exhibieron al perito contable en las instalaciones de la empresa […] la pericia no fue objetada por la demandada quien, en todo caso, debió hacerlo en el momento procesal oportuno…Esta interpretación completamente errada de una prueba fundamental como lo es la pericia contable, la cual fue labrada por un profesional en el campo contable, queda expuesta con la simple lectura del informe atacado por el magistrado, lo cual, entre otras interpretaciones brutas del plexo probatorio de autos, ha llevado a la Alzada a rechazar la demanda en autos, generando con ello un perjuicio irreparable a mi mandante…” (cfr.
PE y pdf cits., págs. 23/24).- Concluye el recurrente expresando que: “La Excma. Cámara desoyó los argumentos de esta parte y, en efecto, pese a los sobrados argumentos expuestos a favor del Sr. Meza, ellos no han sido objeto de decisión por parte del ad quem en virtud de lo cual el derecho a ser oído del que goza mi mandante ha sido violentado. Dado que es evidente la violación a la normativa en que se incurre y, en virtud de ello, solicito a ese Excmo. Tribunal Superior se pronuncie acogiendo el recurso de casación incoado por la causal que nos ocupa, y en consecuencia dicte un fallo conforme a derecho.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 24).-
En PE991900-2023 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE1175874-2023 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, no habiendo ninguna de las partes ejercido tal derecho (cfr. PE1208933-2023).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora.” (cfr. PE1235890-2024).-
En PE759579-2024 se llaman autos para dictar sentencia y mediante PE1247990-2024 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto aduce violación de la ley; denunciando además transgresión del principio de congruencia y arbitrariedad.-
Sin perjuicio que el casacionista no indica expresamente en su recurso como embate casatorio el quebrantamiento de formas sustanciales, en los términos del artículo 2° del citado dispositivo legal, corresponde señalar que efectivamente ataca por incongruente la fundamentación exteriorizada por la Dra. Bard, al momento de adherir al voto del Juez preopinante (cfr. PE955631-2023, ESC00196804.pdf, pág. 13).-
Al respecto, este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…es preciso puntualizar que al expresar el agravio ahora bajo análisis, la recurrente no ha hecho mención al artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, quebrantamiento de forma. No obstante lo cual, a efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza del agravio referido, corresponde que su tratamiento se encarrile dentro del marco impugnativo del artículo citado…” (cfr. Sentencia, Tomo XXI, Registro Nº 700, Folio Nº 4152/4158, entre otros).-
En dicho sentido, por una cuestión metodológica se abordará el recurso, en primer término, desde el prisma del artículo 2º de la citada norma ya que, de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios formulados. En efecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “…todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas por los casacionistas.” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Registro Nº 638, Folio Nº 3683/3688, entre otros).- También, este Cimero Tribunal ha considerado: “…procedente el recurso de casación por quebrantamiento de formas en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencias, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomos III, Reg. 90, Folio 404/408)…(cfr. Sentencias, Tomos XIV, Reg. 480, Folio 2603/2611 y XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596).” (cfr. Sentencia cit.).-
En este andarivel, la faena que se nos impone consiste en revisar la estructura formal del pronunciamiento de Segunda Instancia, a efectos de verificar si la y los integrantes de la Cámara de Apelaciones incurrieron en quebrantamiento de formas por verificarse la ausencia de mayoría de opiniones concordantes.-
En cuanto al tema bajo estudio, el máximo Tribunal Nacional tiene dicho que la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada (Fallos 312:1058; 326:1885; 343:506.). Y también, entendió que una sentencia cuenta con mayoría aparente si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a los fallos judiciales (Fallos 316:1991) o si se basa en fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito (Fallos 312:1500.).- En consonancia, distinguida doctrina, con cita de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, señala que: “De ahí que se haya resuelto también desde antiguo que es nulo el decisorio que no reúna mayoría de fundamentos en la resolución de los asuntos planteados. Tiene expresado el citado Tribunal que no existe la mayoría que exige el artículo 168 de la Constitución de la Provincia si, aunque en la sentencia se arribe a un idéntico resultado, lo es con fundamentos distintos o excluyentes. Es decir, que la mayoría no nace de un simple cálculo matemático, sino de una valoración cualitativa de la argumentación de cada magistrado.” (cfr. SCBA Ac. y Sent., Serie 12, v. V, p. 562 del 10-9-29; P. 40.247-S, 21-8-90, “D., R. D., s/ Lesiones culposas”, Ac. y Sent., t. 1990-III, p. 82; Ac. 56.958-S, 27-6-95, “Fontana, Jorge Rubén y otra c/ Benites, María Cecilia y otro s/ Daños y perjuicios”; P. 49.741-S, 27-12-94, “P., G. A. s/ Homicidio culposo”; Ac. 47.283-S, 3-12-91, “Arambarri, José Antonio (sus herederos) c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa”; P. 45.769-S, 21-2-95, “L., F. s/ Homicidio”; cits. en Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da Edición, Librería Editora Platense, Bs. As., 1998, págs. 656/657).- A la luz de estos postulados advertimos que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada evidencia una ausencia de mayoría de fundamentos, es decir, los votos expresados por la magistratura no guardan una correlación lógica en orden a su apoyatura.-
A fin de poner de manifiesto lo expuesto en el párrafo anterior, resulta necesario transcribir las partes pertinentes del fallo recurrido.-
Así, en relación a la naturaleza jurídica de la relación laboral entre las partes, el primer votante sostuvo que: “…se advierte que el actor prestó servicios para varias empresas simultáneamente, incluso en dos o tres turnos para distintas empresas, como se desprende del carácter de eventual de la relación de trabajo que analizamos […] Los testigos propuestos por el actor…dejan claro que estamos en presencia de un contrato eventual. Por ello considero desacertada la sentencia [de Primera Instancia] cuando sostiene que durante doce años el actor ofreció su fuerza de trabajo a la empresa demandada, fue requerido y ocupado por ésta durante ese período, ininterrumpidamente, y con notoria regularidad, siendo que de la prueba de autos surge que durante ese lapso el actor prestó su fuerza de trabajo en las distintas empresas dedicadas a la estiba…Por ello su desempeño no ha sido ininterrumpidamente como sostiene el magistrado para fundar su decisión…” (cfr. PE928459-2023, págs. 12 y 19).- Por su parte, al momento de pronunciarse sobre la primera cuestión propuesta, la magistrada actuante en segundo término expresó que: “Comparto la solución arribada en su voto por el primer votante. El principio es que el trabajo portuario es eventual dependiendo de la necesidad que origine la entrada de buques por lo que la mayor cantidad de turnos trabajados por el actor para la demandada, en comparación con los trabajados para las otras empresas dedicadas a la estiba, pudieron convertir en permanente una relación laboral eventual. Adhiero al voto que antecede.” (cfr. PE cit., pág. 20).-
Como fácilmente se advierte no existe una cohesión lógica entre los fundamentos empleados por el magistrado y la magistrada al momento de emitir su voto, es decir, los argumentos desplegados se excluyen mutuamente.-
En efecto, por un lado, el magistrado que abrió la votación pregona que bajo ninguna circunstancia la relación laboral entre las partes logró reunir los presupuestos de un contrato a tiempo indeterminado; por el otro, la Sra. Presidenta del Tribunal colegiado arguye, en sintonía con los argumentos del casacionista, que la mayor cantidad de turnos trabajados por el actor para la demandada, en comparación con los desempeñados para las otras empresas dedicadas a la estiba, pudieron convertir en permanente una relación laboral eventual; a pesar de haber adherido al primer voto, generando en su misma fundamentación una contradicción que no se presenta como un acto razonado.-
Este Alto Tribunal ha dicho que: “…expresa Genaro Carrió: ‘…Una sentencia puede ser autocontradictoria ya porque declara un precepto aplicable y sin embargo no lo aplica, ya porque afirma y rechaza a la vez un hecho relevante para la solución del caso, ya porque niega en la conclusión lo que se sigue necesariamente de sus fundamentos normativos o fácticos…’ (confr. ‘El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema’, Tercera Edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, pág. 281); y comentando el autor el leading case Alonso, cita a la CSJN cuando sostiene que la existencia ‘…en un mismo fallo de una contradicción tal que lo hace ininteligible importa carencia de fundamentos e impone su anulación, pues es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa…’ (ob. cit., pág. 282/283)…” (cfr.
Sentencia, Tomo XII, Reg. 421, Folio 2304/2306).- Justamente, al momento de contestar los agravios de la demandada, el actor postuló que: “…prestó servicios ininterrumpidamente para Pesquera Santa Cruz S.A. Empresa de Estibaje desde febrero de 2006 hasta el 22 de agosto de 2018. Fue requerido constantemente con cada arribo de los barcos a través del supervisor de la Empresa y fue ocupado con notoria regularidad por la misma: trabajó de este modo, durante 12 años (ingresó como Estibador -año 2006- continuó como Maquinista -2008/2009- y posteriormente como Guinchero (sic) operador de grúa -año 2010 a 22 Agosto 2018- (tareas de índole permanente que corresponden al giro normal y ordinario de la demandada y permaneciendo a disposición y bajo sus órdenes teniendo en cuenta la modalidad de la actividad)…trabajó para la demandada numerosas, reiteradas y extensas jornadas -lo acredita el promedio de las jornadas mensuales alcanzadas año tras año- (más de 15 jornadas mensuales) demostrando continuidad y permanencia en la relación (vinculación) laboral con la demandada (expectativa de perdurabilidad en el empleo, en su labor de güinchero (sic) gruista). 5) La vinculación entre actor y demandada está enlazada por su permanencia y la dependencia de la Empleadora (art. 90 y ccss.
LCT) (prestaciones permanente (sic) y discontinuas) (futuro de perdurabilidad de la relación contractual con el mismo empleador típico en el trabajo por tiempo indeterminado).” (cfr. PE608880-2022, pág 2).- En este orden de marcha, debemos señalar que la palmaria contradicción de fundamentos existente entre los votos reseñados implica que la mayoría lograda al sentenciar en Segunda Instancia devenga aparente y que, en consecuencia, el pronunciamiento recurrido resulte nulo, de nulidad absoluta e insanable.-
Desde esta óptica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: “…recientemente este Tribunal ha reiterado la premisa según la cual la sentencia judicial debe ser un todo indivisible, demostrativo de una unidad lógico-jurídica, en la cual la validez y los alcances de la decisión dependen también de las motivaciones que la fundan. Por su parte, también ha precisado que a la hora de examinar la existencia de una mayoría sustancial de fundamentos que ponga de manifiesto la voluntad de un tribunal colegiado, no cabe atenerse a un criterio puramente formalista que permita tenerla por configurada con opiniones formalmente concurrentes que coinciden en la parte dispositiva, sin que ello implique adoptar una postura extrema que exija que las opiniones de cada uno de los miembros del tribunal resulten idénticas para tener por configurada la mayoría necesaria, toda vez que ello no se condice con la naturaleza plural y deliberativa de esta clase de tribunales (cf.
Respectivamente ‘Municipalidad de La Matanza c/ Cascales, Amílcar Francisco’, Fallos: 342:2183 y sus citas; y Fallos: 341:1466, voto de la mayoría, considerando 3º, voto del juez Rosatti, considerando 6°).” (Fallos 343:506).- Y, respecto de los tribunales pluripersonales, también sostuvo que: “…los magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe -cuanto menos- a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo. Sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad.
Dicho de otro modo: no basta con el nudo imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva para dar validez y fijar los alcances de un pronunciamiento si este se asienta en motivaciones lógicamente desconectadas y/o sustantivamente inconciliables.” (Fallos cit.).- Concluyó el Alto Tribunal Nacional, como ocurre en la especie, que: “…el análisis de los votos descarta una concordancia sustancial de opiniones dirimentes en las que se funde la decisión adoptada. En otras palabras: no ha existido una mayoría real de sus integrantes que sustente las conclusiones del pronunciamiento (Fallos: 302:320; 305:2218; 312:1500; 313:475; 321:1653; 326:1885; 332:826; 332:1663; 334:490), colocando a los litigantes en estado de indefensión al tener que construir el eje argumental (mayoritario) de una sentencia que carece de tal referencia, lo que la descalifica como acto jurisdiccional válido.” (Fallos cit.).-
Lo expuesto, en definitiva, torna nula la sentencia bajo análisis.-
IV. Como corolario de las consideraciones realizadas y jurisprudencia citada, cabe concluir que la irregularidad advertida resulta de una gravedad tal que conlleva la nulidad de la sentencia impugnada, en los términos del artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por quebrantamiento de las formas sustanciales, debiendo reenviarse los presentes autos a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, para que con nuevos jueces hábiles, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPCyC).- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, deviene innecesario el tratamiento de los restantes planteos casatorios efectuados en PE955631-2023 (cfr. ESC00196804.pdf), debiendo advertirse que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382, entre otros).-
Por lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE955631-2023, ESC00196804.pdf por quebrantamiento de formas sustanciales y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE928459-2023, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1023S.241 Tomo: XXIV Sentencia: 765 Folio N°: 4717/4722 Secretaría: 1
Fin de la sentencia