Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 20.921-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en el expediente 21.361-I, con costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas en los expedientes 20.921-I y 20.922-I, en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-131974887-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 6 de Diciembre de 2022 Tribunal Fiscal de la Nación En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la Vocalía de la 7° Nominación), Claudio E. Luis (Vocal Titular de la Vocalía de la 8° Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la Vocalía de la 9º Nominación) para resolver el Expediente N° 20.921-I, caratulado “MFAC INGENIERÍA EN OBRAS Y SERVICIOS S.A. s/apelación” y sus acumulados Exptes. N° 20.922-I y 21.361-I.
El Dr. Vicchi dijo:
I. Que a fs. 12/35 -Expte. 20.921-I- la recurrente plantea recurso de apelación contra la resolución de la AFIP- DGI de fecha 29 de octubre de 2002, por medio de la cual se le determina el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/1997 a 04/1997 y 02/1998 a 01/1999 con más intereses resarcitorios y multa en los términos de los artículos 46 y 47, incs. b) y c).
Que en lo que hace al fondo del asunto se remite a lo manifestado en el capítulo relativo a las cuestiones previas de nulidad del procedimiento determinativo correspondiente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 1997. Al respecto señala que existe un verdadero exceso por parte de la fiscalización al intentar ajustar el período fiscal enero de 1997, el cual –dice- se encontraba bloqueado, por lo que a priori, la fiscalización, debió dejar sin efecto el ajuste que correspondía al período en cuestión a no encontrarse el mismo bajo inspección y gozar en consecuencia de la presunción de exactitud que establecía el capítulo XIII de la ley 11.683.
Que aclara que dicha conclusión se encuentra amparada en lo afirmado por el Juez administrativo al entender que “…el período base a los efectos de la aplicación del denominado bloqueo fiscal es el comprendido entre febrero de 1998 y enero de 1999”, quedando a su criterio bloqueado el resto de los períodos en razón de no haber presentado la sociedad declaraciones juradas rectificativas con posterioridad al inicio de la fiscalización por esos períodos, que permita desbloquearlos.
Plantea, asimismo la nulidad del acto recurrido en tanto en el primer artículo de la resolución en discusión, el Juez administrativo resuelve impugnar las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, no aclarando a qué número de presentación de las declaraciones juradas hace referencia, situación que –dice- pone a su parte en la imposibilidad material de ejercer su derecho de defensa. Asegura que en el segundo artículo de la resolución del Impuesto a las Ganancias el Juez interviniente afirma “…Determinar de oficio con carácter parcial, por conocimiento cierto y presunto de la materia imponible, la obligación impositiva de la firma…”, afirmación que a su criterio también impide el ejercicio de su derecho de defensa en atención a no haberse aclarado en qué momento aplicó el conocimiento cierto y cuándo el presuntivo, además de preguntarse por qué aplicó base presunta si de la legislación positiva surge que se debe aplicar siempre el cierto y sólo excepcionalmente el presuntivo.
Introduce la nulidad por falta de detalle del cálculo de los intereses resarcitorios. Asimismo, plantea la nulidad por falta de antecedentes del ajuste a saber 1) omisión de declarar el débito fiscal en los períodos mayo de 1997, agosto de 1997 y noviembre de 1997, 2) falta de detalle de los créditos en exceso que se impugnan correspondientes a las posiciones mensuales octubre de 1997, diciembre de 1997 y enero de 1998 y 3) cómputo de retenciones en defecto en los meses de mayo de 1997 y junio de 1997.
Que en lo que hace a la multa expresa su disconformidad. En ese sentido vuelve a plantear la nulidad del acto administrativo en tanto entiende que el Fisco lo ha puesto en un total estado de indefensión en razón de no haber indicado expresamente las razones por las cuales su parte se encontraría alcanzada por la figura del artículo 46 o 47 incs. a) y e).
Que al respecto se agravia en tanto al momento de corrérsele vista se le aplicó el art. 46 para luego al momento del dictado de la resolución modificar el criterio al incorporar el art. 47 incs. a) y e). Cita jurisprudencia y doctrina en el sentido de poner de relieve la obligación del Fisco de demostrar a la hora de aplicar multa no sólo la cuestión objetiva sino también la subjetiva y fundamentalmente la intención dolosa, la que asegura, no estuvo presente en autos. Introduce la figura del error excusable en razón de la oscuridad de las normas. Ofrece prueba pericial contable y testimonial y hacer reserva del caso federal.
II. Que a fs. 40 se corre traslado del recurso al organismo fiscal, quien contesta a fs. 46/60vta. Solicita el rechazo del recurso interpuesto con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 65 se elevan los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 70/72vta. obra agregada la sentencia que rechaza las nulidades planteadas por la recurrente con costas respecto de 1) notificación de la resolución apelada, 2) bloqueo fiscal por el período 01/1997, 3) falta de detalle en el cálculo de intereses y 4) falta de detalle que sirva de base a la resolución apelada y acompañamiento de papeles de trabajo.
IV. Que a partir de fs. 75 obra acumulado el expediente N° 21.361-I “MFAC. Ingeniería en Obras y Servicios S.A.” en el que se apela la resolución de fecha 19 de febrero de 2003 por medio de la cual se determina de oficio a la recurrente el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales comprendidos entre mayo de 1997 a enero de 1998 todos los meses incluidos con más intereses resarcitorios y multa en los términos del art. 46 de la ley 11.683.
Que plantea, como excepción de previo y especial pronunciamiento la prescripción de los períodos comprendidos entre mayo y noviembre de 1997, en tanto –dice- el plazo para la presentación de la declaración jurada correspondiente al último período venció en diciembre de 1997 habiendo vencido el plazo de 5 años el 31 de diciembre de 2002, razón por la cual, a la fecha de la resolución determinativa a saber 19 de febrero de 2003, se encontraban prescriptas las facultades del Fisco Nacional.
Que, asimismo afirma que el Juez administrativo ha dejado a su parte en un total estado de indefensión al no haberle permitido ejercer el derecho de defensa en tanto le denegó la ampliación del plazo para contestar la vista. Aclara que ésta le fue notificada en enero de 2003 en pleno período de vacaciones del personal. Se ampara en la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional y en consecuencia solicita la nulidad del procedimiento.
Que en lo que hace al acto administrativo solicita su nulidad por falta de motivación en los términos del inciso e) del art. 7° en tanto el Organismo Fiscal omitió impugnar la contabilidad a pesar de haber elegido el método presuntivo y aplicó doble presunción, ello en cuanto primero presume que las cobranzas que exceden a las que su criterio corresponden a ventas para luego entender que las mismas se encuentran alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado.
Que destaca que la AFIP intenta introducir en la presente discusión, supuestas retenciones que alega no se encontrarían acreditadas.
Que al respecto considera que el art. 17 de la ley de rito habla de la determinación de materia imponible escapando las retenciones a dicho concepto, razón por la cual solicita se rechacen las retenciones reclamadas por el fisco.
Que en lo que hace a la multa cita jurisprudencia a fin de demostrar que las diferencias que han sido detectadas fueron motivo de problemas administrativo-contables. Ofrece prueba.
Que a fs. 97 se da traslado del recurso al Fisco Nacional quien contesta a fs. 102/116 solicitando por razones de hecho y derecho que expone se confirme la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Que a fs. 117 el Vocal instructor decide tratar la prescripción y la nulidad articuladas con el fondo de la cuestión. A fs. 121 se elevan los autos a la Sala “C” para acumular. A fs. 122 obra la sentencia de acumulación del Expediente N° 21.361-I al N° 20.921-I.
Que a fs. 132 se abren a prueba los expedientes N° 20.921-I y 21.361-I, haciéndose lugar a la pericial contable ofrecida por la recurrente. A fs. 147 se tiene a la actora por desistida de dicha prueba y se declara cerrado el período probatorio.
Que a fs. 154 obra agregado el expediente N° 20.922-I en donde se apela una resolución de fecha 29 de octubre de 2002 por medio de la cual se determina de oficio a MFAC S.A. el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 1997 y 1998 con más intereses resarcitorios (Resolución 58/2002 fs. 232/239).
Que en primer lugar plantea como previo y especial pronunciamiento la nulidad de la notificación de la vista. Al respecto destaca que llama la atención que en el horario de notificación los funcionarios fiscales no hayan encontrado persona alguna en la empresa en tanto entre las 13:45 y las 16:45 la misma se encuentra con todo su personal. Solicita la declaración testimonial de los funcionarios actuantes con el fin de demostrar que los mismos nunca accedieron en forma concreta al domicilio fiscal no habiendo cumplido en consecuencia con los requisitos impuestos por el art. 100 de la ley de rito.
Que en lo que hace al Impuesto a las Ganancias 1997 plantea nulidad del acto determinativo con fundamento en 1) que al momento de determinar el impuesto en cuestión por los ejercicios fiscales 1997 y 1998 no hace mención el Juez administrativo al número de declaración jurada presentada, 2) no se aclara en qué momento se utilizó el método cierto de determinación y cuándo el presuntivo debiéndose aclarar respecto de este último el por qué de la utilización del mismo, 3) falta de detalle del cálculo de los intereses liquidados, 4) por falta de consideración del resultado del ejercicio declarado en defecto.
Que con relación al último de los supuestos aclara que, al momento de presentar la declaración jurada primitiva, la sociedad se encontraba atravesando una situación económico-financiera delicada, al extremo tal de no contar con el personal mínimo idóneo como para poder tener un circuito administrativo con cierto grado de contabilidad. Que señala que esta situación provocó una serie de inconvenientes en la generación de información contable, en atención a la falta de personal con la capacidad suficiente para manejar el sector, lo que trajo como consecuencia que la declaración jurada original presentada por su parte por el Impuesto a las Ganancias 1997, adoleciera de una serie de defectos, los cuales fueron detectados con posterioridad, con motivo de llevarse a cabo una auditoría de dicho período habiendo realizado los ajustes correspondientes. Señala que pone a disposición de este Tribunal la totalidad de los comprobantes que respaldan la modificación realizada al resultado declarado oportunamente. Que aclara, con relación a los registros efectuados en el Libro Diario N° 2, que en lo que hace a la cuenta “Ajuste de ejercicios anteriores acreencias no contabilizadas” la misma se encuentra registrada en tres oportunidades a saber en el asiento N° 3 –acreditada por $159.855,67- siendo la contrapartida la cuenta “Clientes por venta cta. Corriente acreencias no contabilizadas”. Agrega que luego en otro asiento del cual no da el número, se debita la cuenta “Ajuste de ejercicios anteriores –acreencias nos contabilizadas”- por $279.478,99 siendo la contrapartida “Proveedores locales en cuenta corriente no contabilizados” y finalmente en el asiento N°5 se la vuelve a debitar por $87.025,27 siendo la contrapartida la cuenta “Banco Quilmes cuenta corriente”, saldo deudor por $206.648,59.
Que al respecto concluye que la AFIP intenta realizar un análisis parcial, mediante el cual le intenta gravar $213.648,59, situación que no se compadece con la información que surge de los libros, por lo que rechaza el ajuste en cuestión.
Que en lo que hace al ejercicio fiscal de 1998 manifiesta en forma previa, que al no existir orden de intervención que ampare la fiscalización de dicho ejercicio, la inspección realizada es nula. Anticipa con relación a los intereses resarcitorios y punitorios, que en razón de su carácter financiero corresponde autorizar su deducción. A igual conclusión llega respecto del ítem referido a la seguridad social.
Que con relación a la previsión para despidos aclara que la misma tuvo vigencia hasta aquellos ejercicios fiscales que cierran al 31/12/1998 inclusive, ya que la norma hace referencia para el año fiscal 1998. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal.
Que a fs. 187, se corre traslado del recurso al Fisco Nacional quien contesta a fs. 191/228 solicitando en virtud de razones de hecho y de derecho que expone se confirme la resolución apelada con costas.
Que a fs. 272/274vta. la Sala “D” resuelve rechazar la excepción de nulidad planteada en el expediente N° 20.922-I.
V.-Que en virtud del relato efectuado corresponde en primer lugar expedirse sobre la excepción de prescripción intentada por la recurrente en el expediente N° 21.361-I.
Que conforme surge de la contestación realizada por el representante fiscal, “…a raíz de la fiscalización practicada conforme lo dispuesto por las OI 310.036/7 y 390.255/2 se procedió a verificar la real situación del contribuyente frente al IVA, detectando irregularidades en las DDJJ presentadas” en tanto “se había dejado de ingresar el impuesto en su justa medida…” (vide fs. 107 anteúltimo párrafo).
Señala el representante fiscal que en virtud de lo dispuesto por el art. 65 de la ley 11.683, no se hallaban prescriptos los períodos 05/97, 06/97, 08/97, 09/97, 10/97 y 11/97 en tanto la vista de la Resolución de la AFIP N° 57/2002 fue notificada a la recurrente el 20/08/2002, y recurrida ante el Tribunal Fiscal en el expediente N° 20.921-I situación que a su criterio produce la suspensión de la prescripción en curso de los citados períodos, mientras dure el procedimiento en sede administrativa, contencioso administrativa y/o judicial y desde la notificación de la vista.
VI. Que previo a entrar al análisis de la prescripción intentada y en virtud de la doctrina fijada por nuestro más Alto Tribunal al momento de sentenciar la causa “Michelín Argentina SAIC y F” en cuanto admitió la suspensión prevista en el art. 65 (inc. c) in fine) de la ley 11.683, cuando resulten aplicables las normas de bloqueo fiscal, corresponde considerar si el mismo resulta aplicable al caso.
Que al respecto la actora entiende que debió aplicarse el bloqueo fiscal de los períodos comprendidos entre mayo de 1997 a diciembre de 1997 en tanto considera como períodos base los comprendidos entre enero de 1998 y enero de 1999.
Que al respecto cabe advertir que si bien, conforme lo reconoce el propio organismo fiscal (fs. 41 de los antecedentes), el período base resulta ser el comprendido entre febrero de 1998 y enero de 1999, el argumento de desbloqueo utilizado por el Fisco con fundamento en la presentación de declaraciones juradas rectificativas por los períodos enero a abril de 1997 no resulta acertado. Las mismas fueron presentadas por la recurrente con anterioridad al inicio de la fiscalización (vide fs. 15 primer párrafo OI 390255/2 Impuesto al Valor Agregado períodos 5/97 a 1/98 cuerpo antecedentes) razón por la cual corresponde seguir el criterio fijado oportunamente por este Tribunal en cuanto a que las declaraciones juradas rectificativas presentadas con anterioridad a la inspección gozan de la presunción de exactitud tanto como las originales en las medida en que no prospere la impugnación de la declaración jurada del período base (vide al respecto TFN Sala “B” “Sistema de Procesamiento de Datos” 6/3/2002).
Que la conclusión a la que se arriba resulta concordante con la adoptada en la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2003 obrante a fs. 70/72vta. en el expediente N° 20.921-I.
Que en consecuencia el Fisco Nacional no se encontraba habilitado, en virtud de la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal in re “Michelín Argentina SAIC y F” fallo del 23 de febrero de 2010, para determinar los períodos apelados en el expediente 21.361.I a saber, mayo de 1997 a enero de 1998, razón por la cual corresponde revocar la resolución en cuestión, con costas.
Que en atención a la forma en que se resuelve corresponde declarar que ha devenido inoficioso pronunciarse sobre la prescripción intentada, así como de las demás cuestiones planteadas en el mismo.
VII. Que resta expedirse sobre la cuestión de fondo planteada en los expedientes 20.921-I y 20.922-I. Que conforme surge de la resolución apelada en el primero de los expedientes citados el Fisco Nacional verificó oportunamente la real situación de la responsable frente al Impuesto al Valor Agregado, constatando que la misma a) omitió declarar débito fiscal en los períodos de enero de 1997, febrero de 1997 y marzo de 1998 a junio de 1998, b) declaró crédito fiscal en exceso en los períodos julio de 1998 a enero de 1999 y c) declaró retenciones en exceso en los períodos de enero de 1997 y marzo, mayo, junio y octubre de 1998.
Que el primer cargo, se originó como consecuencia del análisis efectuado por el personal verificador sobre la cuenta deudores por ventas correspondiente a enero de 1997, detectándose que para los meses en cuestión la firma registró cobranzas por montos superiores a los que tenía para cobrar, teniendo en cuenta las ventas de ese mes que surgen de la declaración jurada rectificativa presentada por la sociedad.
Que respecto del ajuste formulado por el período de febrero de 1997 el mismo se fundó en la omisión de declarar por parte de la contribuyente, el débito fiscal emergente de una operación detectada por la fiscalización actuante con la firma CEDI S.A., el que si bien fue reconocido por la apelante al momento de su incorporación en vez de computar más débito fiscal disminuyó su crédito motivo por el cual no surgieron diferencias a favor del fisco.
Que para los meses de marzo a junio de 1998 la inspección constató que en el registro obrante en el libro IVA ventas N°3 existían débitos fiscales superiores a los declarados.
Que con relación al segundo de los cargos identificado como B) el mismo reconoce origen en el análisis efectuado por la auditoría interviniente sobre las registraciones contables de la sociedad, la documentación respaldatoria respectiva y las declaraciones juradas presentadas, constatándose que la responsable declaró créditos fiscales superiores a los registrados y amparados por la documentación de respaldo en los meses de julio de 1998 a enero de 1999 todos incluidos.
Que el tercer cargo surgió como consecuencia del análisis de los comprobantes y percepciones aportados por la firma y las declaraciones juradas presentadas, determinándose que la sociedad había declarado retenciones en exceso en los períodos enero de 1997, marzo, mayo, junio y octubre de 1998 y retenciones en defecto en diciembre de 1998 y enero de 1999.
Que además el Fisco ha proyectado “diferencias detectadas por la auditoría interviniente en los períodos fiscales bloqueados, haciéndolas incidir hasta el período base...”.
Que, asimismo se señala que no se ha tenido en cuenta el saldo a ingresar declarado por la responsable en la declaración jurada rectificativa correspondiente al período fiscal abril de 1997 habida cuenta que el mismo no emerge de la suma de la propia declaración jurada y tampoco surge el pago de la base de datos perteneciente al Fisco.
Que en lo que hace a la resolución N° 58 apelada en el expediente N°20.922-I, la fiscalización constató que la recurrente A) disminuyó injustificadamente el resultado contable de los ejercicios comerciales 1997 y 1998 por las sumas de $110.028,09 y $34.071,18 respectivamente, B) dedujo en forma improcedente en la declaración jurada del período fiscal 1998: 1) previsión para despidos $9.200,31 y 2) acogimiento al plan de facilidades de pago RG. 27 por $268.674,87 a saber: Impuesto a las Ganancias -capital e intereses resarcitorios, intereses punitorios y multas- Impuesto al Valor Agregado- aportes de la Seguridad Social e intereses propios del plan de facilidades de pago, y C) omitió declarar ingresos gravados en el período fiscal 1997 por un total de $213.121,81. Que en lo que hace al cargo identificado como A) el mismo se originó como consecuencia de la modificación producida por el contribuyente respecto de los estados contables al 31/12/1997 y 31/12/1998 los que originariamente se encontraban aprobados por la asamblea general ordinaria y firmados por contador público con su firma certificada por el CPCE de la capital, mientras que los estados contables modificados no se encontraban aprobados por la asamblea ni certificados por contador.
Que la fiscalización actuante solicitó en varias oportunidades la exhibición de documentación respaldatoria y libros contables rubricados que ampararan las modificaciones efectuadas en los nuevos estados contables y por ende en la declaración jurada rectificativa, requerimiento que fue incumplido en más de una oportunidad. Que, asimismo aclara el Juez administrativo que la auditoría interviniente circularizó al Consejo Profesional de Ciencia Económicas de la Capital Federal a efectos de conocer si algún profesional había solicitado certificación de su firma en relación con la firma Buenos Aires Green S.A. obteniéndose como respuesta que no hubo intervención alguna.
Que en consecuencia no habiendo la recurrente aportado documentación respaldatoria alguna en relación con las modificaciones por ella efectuadas en sus estados contables y declaración jurada y teniendo en cuenta la normativa aplicable, el Fisco concluyó que resulta acorde a derecho el cargo formulado, adecuando el resultado del ejercicio a los estados contables aprobados por la asamblea y firmados.
Que en lo que hace a la deducción indebida de la previsión por despidos aclara, el Organismo Fiscal, que dicho concepto formaba parte de las deducciones especiales admitidas por la ley del gravamen hasta la sanción de la ley 25.063 que a través de su art. 4° inciso t) elimina el inciso f) del art. 87.
Que en lo que respecta a la deducción del plan de facilidades de pago se informa que al cierre del ejercicio sólo se había consolidado la deuda no habiendo transcurrido el tiempo necesario para el vencimiento de la primera cuota. Que en cuanto a la proyección realizada por el Organismo Fiscal respecto de períodos bloqueados que incidieron en el ajuste apelado dicho proceder se ajusta a la doctrina sentada por la Excma. Cámara in re “Parques Interama S.A. (CNACF Sala III 20/6/1996) en tanto consideró que no existe óbice para que el Fisco ejerza sus facultades de verificación contempladas en el art. 40 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modif.) respecto de los períodos fiscales para los cuales sus poderes y acciones para determinar y exigir impuestos se hallen prescriptos –en el presente caso bloqueados-. Si así no fuera, no tendría sentido admitir que la Administración pueda imponer la obligación de conservar comprobantes por plazos mayores a los de prescripción.
Que en consecuencia el bloqueo contemplado en el capítulo XIII de la ley 11.683 se limita a las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la misma hasta tanto quede firme el período base, no incluyendo dicha limitación a las facultades de verificación ejercidas por el organismo respecto de períodos anteriores con incidencia en el ejercicio que resulta objeto de determinación. Que en lo que hace a la deducción de la previsión para despidos cabe remitirse a lo dispuesto por nuestro más Alto Tribunal al momento de sentenciar la causa “Georgalos Hnos. SAICA c/PEN s/amparo” fallo del 20/2/2001 en el cual sostuviera que “al cerrarse el ejercicio que expiró el 31/12/1998 ya se encontraba en vigor la ley 25.063”. En consecuencia, no resultaba procedente para el período 1998 la deducción de la previsión en cuestión en virtud de la eliminación dispuesta por el art. 4 inciso t) de la ley 25.063, respecto del inciso f) del art. 87 de la ley de IG.
Que en lo que hace a la modificación de los estados contables resulta acertado el argumento fiscal según el cual, en el caso del contribuyente que lleva libros y practica balance a los efectos de determinar la renta neta debe partir indefectiblemente de los resultados del balance comercial aprobado por la asamblea ordinaria de la sociedad con las correcciones que correspondan según la ley impositiva, no pudiendo, en consecuencia partirse de un balance fiscal con fecha de cierre distinta de la prevista para el balance comercial por los estatutos.
Que al respecto cabe señalar que el requisito de contabilización de las operaciones, reconoce fundamento en la necesidad de evitar maniobras relacionadas con la obtención de ventajas financieras al posibilitar el diferimiento del ingreso del gravamen, en función de la reversión en la emisión de la documentación respaldatoria en períodos posteriores.
Que dicha exigencia legal responde a la posibilidad de lograr mayor seguimiento de la operatoria de los contribuyentes a partir de la contabilidad mediante la documentación comercial que la avala.
Que tampoco resulta atendible el argumento de la recurrente según el cual las retenciones no encuadran dentro del procedimiento determinativo. Al respecto cabe advertir que el procedimiento seguido por el Fisco Nacional estuvo precedido de una puntual tarea de fiscalización tendiente a colectar los datos tanto de hecho como aquellos de carácter técnico que concluyeron con la liquidación del tributo a ingresar, modificándose como consecuencia del mismo la obligación declarada por el contribuyente razón por la cual corresponde rechazar el argumento según el cual correspondía seguir respecto de las mismas el procedimiento establecido en el art. 14 de la ley de rito, en tanto en el presente caso quedaron subsumidos dentro del procedimiento determinativo.
Que además y con relación al argumento que no existió orden de intervención para el período 1998 corresponde estar al informe de inspección obrante a fs. 36 y siguientes de los antecedentes administrativos en cuanto fundamenta que “El origen del cargo está dado por algunos aspectos observados por la fiscalización bajo O.I. 310.036/7 en materia impositiva, que no fueron conformados oportunamente por la rubrada lo que motivó la continuación de la misma.”
Que en cuanto al agravio de la actora según el cual no se habría impugnado la contabilidad cabe advertir que dicho requisito no se impone como una exigencia previa para la viabilidad de la determinación de oficio, ello en tanto la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin perjuicio del derecho del contribuyente de probar en forma fehaciente los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa. Que en consecuencia corresponde recordar que las determinaciones de oficio gozan de presunción de legitimidad correspondiendo a quien las ataque, la demostración de los hechos, y si bien ello no implica otorgar certeza a sus conclusiones, la ausencia de probanzas serias, precisas y concordantes que refuten la fuerza y el efecto de dichos actos, imponen la confirmación del acto administrativo recurrido.
Que, en tal orden de ideas, resulta aplicable al caso de autos la regla “onus probandi incumbit ei qui dicit”, por el cual la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como establece el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción (Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en autos: “Molla Pedro José” de fecha 27/4/2007, y en el ya citado “Joaquín Soto e Hijos S.A.” de fecha 18/3/2014 entre otros).
Que a mayor abundamiento, corresponde aclarar que si bien el art. 164 de la ley 11.683 faculta a este Tribunal a establecer la verdad de los hechos independientemente de los alegado por las partes, ello no supone que el juzgador tome la iniciativa en la producción de la prueba que corresponde a las mismas supliendo su negligencia, y en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal en re: “Frigorífico Calchaquí S.A. (TF 31.373-I) c/DGI” el 29/10/2013; la Sala IV in re: “Desarrollos en Salud S.A. (TF 22.278-I) c/DGI” el 21/2/2013; y Sala V in re: Cembrass S.A. (TF 33.301-I) c/DGI” del 27/2/2013 (citado este último en “Cooperativa Agropecuaria Unión y Progreso c/DGI s/recurso directo” de igual Sala, fallado el 22//5/2014).
Que en consecuencia no habiendo la recurrente aportado prueba que permita derribar la conclusión fiscal corresponde confirmar las resoluciones apeladas en los expedientes N° 20.921-I y 20.922-I en cuanto determinan impuesto con costas.
Que en lo que hace a los intereses resarcitorios no habiendo acreditado la recurrente el supuesto de mora inculpable, corresponde su confirmación, con costas.
Que respecto de la multa aplicada en los términos del art. 46 de la ley N° 11.683, Resolución 57/2002, corresponde su revocación en atención a que las diferencias de impuesto fueron detectadas a partir de los libros y de la documentación en poder de la propia recurrente, razón por la cual no se observa la existencia de maniobra dolosa que habilite el encuadre dentro de la figura prevista en el art. 46 de la ley 11.683. Costas a la vencida. Que en atención a la forma en que se resuelve deviene inoficioso pronunciarse sobre las demás cuestiones planteadas en autos.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede, salvo en relación con la decisión de revocar la sanción aplicada en la resolución N° 57/2002.
II. Que en lo atinente al encuadre de la conducta de la actora, se han receptado las presunciones del art. 47, incisos b) y e) de la ley 11.683 (vigente a la fecha de comisión de la sanción) que disponen: “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:...b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible... e) Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ellos oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos...”
Que la prueba respecto de la configuración de los hechos descriptos precedentemente queda a cargo del organismo recaudador, para luego el contribuyente tener la posibilidad de controvertir, mediante todo el elenco probatorio de que dispone, la conducta dolosa que se le imputa.
III. Que en cuanto al elemento objetivo, esta juzgadora entiende que con los elementos obrantes en autos, desarrollados por la Vocalía instructora en el Considerando VII, ha quedado debidamente acreditado. Resulta necesario destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no ofreció prueba alguna para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa, más allá de los antecedentes administrativos en poder de la contraria, limitándose a aducir la falta de intención de defraudar, lo que sí por sí solo no permite justificar su accionar.
En tal sentido, teniendo en consideración las inexactitudes de la declaración jurada original puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbe a dicha parte la carga de acreditar que aquella “...había sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”... “porque... si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en la descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de la excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A- CNACAF Sala V 23-6-15).
En virtud de los expuesto, la sanción aplicada en los términos dela at. 46 en función del art. 47, incs b) y e) de la ley procedimental, ha sido adecuadamente encuadrada y ponderada, razón por la cual corresponde su confirmación, con costas.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
Que en atención a la votación que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución apelada en el expediente 21.361-I, con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas en los expedientes 20.921-I y 20.922-I, en todas sus partes, con costas. Regístrese, notifíquese oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.12.06 15:24:52 -03:00 Date: 2022.12.06 15:59:58 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.06 16:56:04 -03:00 Juan Carlos Vicchi Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.06 16:56:05 -03:00
Fin de la sentencia