Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37633-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por M.G.I. Coutier Argentina S.A. y revocar el pronunciamiento del TFN de fecha 7/08/2024;
2Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos contra la firma actora relativos al DIT 04001IT14007708X, y
3Rechazar el recurso de la demandada e imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN y 1163 CA).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
21.769/2024 “MGI Coutier Argentina SA (TF37633 -A) y Otro c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 7/08/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó la resolución 4550/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12197-5598-2011, en cuanto le exigió a la actora el pago de una multa de $90.524,39 respecto del saldo de mercadería en infracción -eso era: 223.408 unidades del DIT 04001IT14007708X-, con costas. Confirmó parcialmente la resolución 4550/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12197-5598- 2011, respecto de la actora, declarando que la obligación tributaria emergente del saldo del DIT 04001IT14007708X ascendía a u$S 29.305,41 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, haciéndosele saber que para su conversión en pesos se utilizaría el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Ello, con más los intereses del art. 794 que debían calcularse desde el 25/04/16 hasta la fecha del total y efectivo pago. Impuso las costas respecto del punto anterior a la actora. Revocó parcialmente la Resolución 4550/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12197-5598- 2011, en cuanto le exigió a la actora el pago de IVA Adicional y Ganancias -$ 51.953,36-, con costas al Fisco. Para así resolver, en primer lugar, aclaró que previamente correspondía resolver la excepción de prescripción tributaria opuesta por la actora.
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Luego de efectuar una reseña normativa, precisó que, no se encontraba discutido en autos que el vencimiento del plazo otorgado para la regularización de la mercadería temporariamente mediante el D1T 04001IT14007708X operó el 27/10/06.
En consecuencia, indicó que, el cómputo de la prescripción tributaria comenzaba el 1/01/07 y de no mediar causales suspensivas del curso de la prescripción, la acción del Fisco para percibir los tributos prescribía el 31/12/11. Postuló que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 26/09/11 -ver fs. 5 de las actuaciones administrativas-, se encontraba suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión "-conforme art. 805, inc. a), del C.A.
En consecuencia, rechazó el planteo de prescripción tributaria.
A continuación, analizó si se encontraba prescripta la acción del Fisco para exigir la multa, y al respecto, reiteró que el cómputo de la prescripción de la acción del Fisco para reclamarla comenzó el 01/01/07 -vencimiento del DIT: 27/10/06-; y de no mediar causales interruptivas de su curso operaba el 31/12/11. Apuntó que, atento a que el 26/09/11 -ver fs. 5 de las actuaciones administrativas- se instruyó sumario, el curso de la prescripción de la acción de la aduana para exigir la multa comenzó a computarse nuevamente a partir del 27/09/11 y operaba el 26/9/16; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 23/9/16 la misma había sido dictada dentro del plazo quinquenal. Sentado lo expuesto, entendió que, correspondía analizar el fondo de la cuestión, es decir, resolver si resultaba ajustada a derecho la Resolución 4550/16, recaída en las actuaciones administrativas 12197-5598-2011, mediante la cual se le exigía a la actora el pago de una multa de $90.524,39 por la infracción tipificada en el art. 970 del CA respecto de 223.408 unidades del DIT 04001IT14007708X y se le exigía el pago de tributos de u$s29.305,41 en concepto de derechos de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II importación, tasa de estadística e IVA y $51.953,36 en concepto de IVA Adicional y Ganancias, con más intereses. Añadió que, en el art. 2° se absolvió a la importadora respecto de 92.959 unidades.
Ponderó que, el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: "La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar" el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere ”.
Puntualizó que, mediante el DIT 04001IT14007708X, oficializado el 26/10/04, se documentó, al amparo del Decreto 1439/96, con vencimiento 27/10/06, la importación temporaria de:
-30.000 unidades de "Los demás -Los demás MUELLES (RESORTES), (BALLESTAS) SUS HOJAS, DE HIERRO O ACERO", código: FM95095350IN, mercadería que clasifica en la P.A. 7320.90.00.900Y;
-286.367 unidades de “Las demás. Partes Los demás- Las demás partes y accesorios para carrocería (incluidas las de cabina): PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05", mercadería que clasifica en la P.A. 8708.29.99.990.1 Aclaró que del ítem 2 surgía: -2.1: 50.175 unidades con código:
FP950954091N;-2.2: 12.600 unidades con código: SR9506717000;-2.3: 20.088 unidades con código SR9506718000:-2.4: 20.352 unidades con código SR9509532000;-2.5: 2.375,96 unidades con código SR9509533200;-2.6: 17.000 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II unidades con código SR9509533300;-2.7: 10.200 unidades con código SR9509534000;-2.8: 10.200 unidades con código SR9509534100;-2.9: 10.000 unidades con código SR9509536000;-2.10: 10.000 unidades con código SR9509536100; -2.11: 44.500 unidades con código SR9509537200;-2.12: 32.500 unidades con código SR9509537300;-2.13: 6.912 unidades con código SR950671160;-2.14: 6.912 unidades con código SR9506711700;-2.15: 5.184 unidades con código SR9506711400;-2.16: 5.184 unidades con código SR9506711500;-2.17: 7.560 unidades con código SR9506720000.
Reiteró que, el DIT 04001IT14007708X, se documentó, en los términos del decreto 1439/96 -que establecía el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importaba para ser sometida a un proceso industrial, debía ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual-. La mercadería importada de acuerdo a este régimen, no pagaba los tributos que gravaban la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Expuso que, para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 imponía al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación - “CTC”- que emitía la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador. Al respecto, el art. 14 del citado decreto establecía que: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C. T. C). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial “.
Expuso que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de él la Aduana pueda conocer que cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II producir cada unidad del producto que se reexporta. La relación insumo/producto establecida por el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que detalla dicho documento. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Asimismo, destacó que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exigía al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero" (conf. art. 14 del Dto. 1439/96).
Alegó que, del análisis de la documental que lucía en sede aduanera y en esa instancia surgía que:
-P.E. 05017EC03257X, oficializado 21/01/05: no coincide código del insumo indicado en la hoja de descarga del P.E. - eso era: 97A000SKD7- con el del DIT -P.E. 05017EC03000325E, oficializado 28/01/05: no coincide código del insumo indicado en la hoja de descarga del P.E. -eso era: 97A000SKD7- con el del DIT.
-P.E. 05017EC03000332C oficializado 28/01/05: no coincide código de insumos indicados en la hoja de descarga del P.E. -eso era: 97A000SKD7. 97A000SKJ2 y 97A000SKJ3- con los del DIT.
-P.E. 05017EC03000366J oficializado 2/02/05: no coincide código del insumo indicado en la hoja de descarga del P.E. eso era: 97A000SKD7- con el del DIT.
-P.E. 0501 7EC03000373H, oficializado 02/02/05: no coincide código del insumo indicado en la hoja de descarga del P.E. -eso era: 97A000SKD7- con el del DIT.
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-P.E. 05017EC03000433E, oficializado el 8/02/05: no se especifica subítem del P.E. al efectuar la descarga.
-P.E. 05017EC03000443F, oficializado 9/0205/: No se especifica subítem del P.E. al efectuar descarga.
-P.E. 05017EC03000509X oficializado 15-02-05: No se especifica subítem del P.E. al efectuar descarga.
-P.E. 05017EC03000630D oficializado 24/02/05: No se especifica subítem del P.E. al efectuar descarga.
-P.E. 05017EC03000876P, oficializado 10/03/05: No se especifica subitem del P.E. en hoja descarga.
-P.E. 050I7EC03000980L, oficializado 16/03/05: No se especifica subítem del P.E. en hoja descarga.
-P.E. 05017EC03001058X, oficializado 21/03/05: No se especifica subítem del P.E.
-P.E. 05017EC03001095J oficializado 23-03-05: No se especifica subítem del PE.-
P.E. 05017EC0300I I72F, oficializado 30/03/05: No se especifica subítem del P.E .-P.E. 05017EC0300I240B oficializado 4/04/05: No se especifica subítem del P.E.
-P.E. 05017EC03001310W oficializado 8/04/05: No se especifica subítem del P.E.
-P.E. 05017EC03001389P oficializado 14/04/05: No se especifica subitem del P.E.
-P.E. 05017F.C03001504F, oficializado 21/04/05: No se especifica subítem -P.E. 05017EC03001634X, oficializado 29/04/05: No se identifica subítem del P.E.
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-P.E. 05017EC03002182H, oficializado 8-06-05: No se identifica subítem del P.E.
-P.E. 05017EC03002870L, oficializado 28-07-05: P.E. tiene 3 subítems el ítem 1, al efectuarse descarga no se identifica a ninguno.
-P.E. 05017EC03002976S, oficializado 5-08-05: En hoja de descarga se indica solamente ítem 2, que tiene 3 subítem - cada uno un código distinto-. No se identifica subítem.
-P.E. 05017EC03003144G, oficializado 19-08-05: En hoja de descarga del P.E. se indica ítem 1, este tiene 3 subítem. No se especifica subítem. -P.E. 05017EC03003233F, oficializado 25-08-05: En la hoja de descarga se indica ítem 1 y este tiene 3 subítem. Imposible determinar a cuál de estos se refiere.
-P.E. 05017EC03003369P, oficializado 1/09/05: El CTC 103695-98/03 no tipifica el código del insumo del ítem 1 del D1T. Tampoco coincide unidad de medida del CTC con la del P.E. y del DIT.
-P.E. 05017EC03003403E, oficializado 5/09/05: En hoja de descarga del P.E. se indica el ítem 2 del P.E. Este ítem tiene dos subítem que no están identificados y tienen códigos distintos. No se puede verificar la descarga con certeza.
-P.E. 05017EC03003500C, oficializado 13/09/05: Se indica en hoja de descarga al descargar los insumos del DIT el ítem 3. Se indican dos etc. Solo uno puede establecer la relación insumo-producto. Además, el CTC 061- 009338/00 hace referencia a metros cúbicos como unidad de medida y en el P.E. y en el DIT se indican unidades.
-P.E. 05017EC03003633J, oficializado 21-09-05: En la hoja de descarga del P.E. se indica solamente ítem 1. Ese ítem tiene tres subítems, cada uno tiene un código distinto. No se puede verificar la descarga.
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-P.E. 05017EC03003677R. oficializado 23/09/05: En la hoja de descarga se indica ítem 2, sin identificar subítem. No se puede saber a qué código de producto se refiere al efectuar la descarga.
-P.E. 05001EC04000141R, oficializado el 10/06/055: No se especifica el subítem del P.E.
En virtud de lo expuesto, confirmó la cantidad de mercadería en infracción. En consecuencia, precisó que la multa la que ascendía a $90.524,39.
En cuanto a la solicitud de aplicación del art. 898 del C.A., consideró que, la misma debía ser rechazada atento a que no había dudas respecto a los hechos, dado que la actora importó temporariamente mercadería y no se canceló la totalidad en tiempo y forma.
Esbozó que, habiendo quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., correspondía analizar la procedencia de los tributos exigidos a la actora.
Manifestó que, el régimen legal aplicable determinaba que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, devenía aplicable, a los efectos tributarios, la disposición contenida en el art. 274, apartado 1, inc. a), del C.A., que prevé que se considerará importada para consumo - en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del C.A.-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren (apartado 2 del art. citado). En primer término, señaló que la actora se agraviaba de la moneda en que se liquidaban los tributos, eso era: dólares estadounidenses. Por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 deben liquidarse en dólares y se aplicará el tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago; por lo que la moneda en la que efectúa la liquidación tributaria la aduana resulta ajustada a derecho.
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Destacó que, en el precedente "Volkswagen Argentina SA c/AFIP-DGA”, de fecha 23/8/2011, la CSJN apoyó la postura de la Procuradora Fiscal, quien entendió que el art. 20 de la ley 23.905 no fue dejado sin efecto por la ley 23.928, porque según lo dispuesto en su art. 7 ésta solo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debate debían determinarse en dólares.
Seguidamente, se pronunció respecto de los rubros de IVA Adicional y Ganancias. Con relación a ello, apuntó que, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema en la causa "Cladd ITA S.A. (T.F. 22.343-A) c/ EN- DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas", al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extinguía la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de aquellas. En consecuencia, correspondía revocar el IVA Adicional y ganancias -S51.953,36-, con costas al fisco En consecuencia, modificó la liquidación tributaria:
Item 1 Total: u$s 409,52 más intereses Item 2 Tributos: u$s 28.895,87 más intereses TOTAL: u$s29.305,41 más intereses Estableció que, los intereses del art. 794 del C.A. debían computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la aquí actora que databa, del 8/04/16 -ver fs. 50 de las actuaciones administrativas-, es decir desde el 25/04/16 hasta la fecha del total y efectivo pago.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 20/09/2024 interpuso recurso de apelación la parte actora, expresando agravios el 14/10/2024, los que fueron contestados por la contraria el 12/11/2024.
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Asimismo, con fecha 21/09/2024 interpuso recurso de apelación y expresó agravios el Fisco Nacional, los que fueron contestados por la contraria el 17/10/2024.
III. Apelación de la actora:
Sostiene la recurrente que, la sentencia que por el presente apela omitió considerar distintas defensas opuestas por su parte y contiene afirmaciones jurídicamente inexactas que, analizadas aisladamente y con independencia de los hechos acreditados en el expediente, llevaron al dictado de una sentencia que no se ajusta a derecho y que, por ende, propicia que sea revocada.
Indica que, la resolución nro. 4550/2016 apelada fue aprobada por el Superior luego de operada la prescripción.
Manifiesta que, si bien la resolución impugnada, fue dictada dentro del período quinquenal (en el supuesto de considerar válido el auto de apertura de sumario)-, recién se volvió operativa el 11/11/2016, cuando fue aprobada por el Subdirector, es decir, luego de prescripta la acción del Fisco.
Postula que, de acuerdo con el artículo 1115 del Código Aduanero "Deben someterse a la aprobación de la Dirección General de Aduanas las resoluciones por las que el administrador: a/ Desestimare la denuncia, sobreseyere o absolviere, siempre que el valor en aduana de la mercadería involucrada en la causa excediere de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) (…)".
En dicho contexto, aduce que, la resolución nro. 4550/2016 apelada en autos debió someterse a aprobación por parte del Subdirector, en consecuencia, no puede considerarse que al momento de su dictado (23/09/2016) era eficaz y estaba operativa, sino luego de ser aprobada por el Superior.
Destaca que, el principio general es que los actos administrativos rigen para el futuro, es decir, no tienen efecto retroactivo. El art. 13 de la ley 19.549 establece que podrán ser retroactivos si son favorables al administrado, pero no sería el caso de autos ya que el actor fue condenado. Si existiera alguna duda basta CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II suponer que hubiere ocurrido si el Subdirector no hubiese aprobado la resolución 4550/2016.
Aduce que, en ese caso, la acción del Fisco en estos autos hubiere prescripto porque justamente se requería de la aprobación para que produjera efectos la resolución 4550/2016. Antes del 11/11/2016, fecha en la que fue aprobada, la resolución 4550/2016 no tenía ninguna validez.
Añade que, si a ello se le suma que las mentadas Resoluciones fueron notificadas al administrado recién el 03/02/2017, no hay duda de que la declaración de prescripción se impone.
Hace hincapié en que, en el hipotético caso de que este Tribunal considere válido el auto de apertura de sumario del 26/09/2011 (a pesar de no reunir los requisitos exigidos en el art. 1094 del C.A.), advierte que de todas formas la acción del Fisco para imponer penas está prescripta toda vez que la resolución aduanera dictada el 23/09/2016 (dentro del plazo quinquenal) fue aprobada luego de vencido el mentado plazo y, además, fue notificado el 3/02/2017, es decir, con posterioridad a que operara la prescripción quinquenal (26/09/2016) y la imposición de un plazo para tomar como válido el lapso interruptivo no es hasta el dictado de una resolución o providencia, sino hasta la efectiva comunicación de aquél al imputado.
Asimismo, se agravia por no haberse analizado la validez del auto de apertura de sumario a la luz de las exigencias establecidas en el art. 1094 del C.A. Resalta que, el a quo no analizó si el acto administrativo reunía los requisitos exigidos en el art 1094 del C.A. para determinar la aptitud del acto para interferir en el curso de la prescripción en trato.
Considera que, rechazar la prescripción planteada por su parte sin antes realizar un análisis del acto para determinar si el mismo era apto o no para producir los efectos de suspender e interrumpir la acción ocasiona un agravio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II mayúsculo puesto que la actora es intimada a abonar tributos y condenada a pagar una multa en un sumario cuya instrucción de sumario es a todas luces nula. Pondera que, el auto de apertura de sumario de fojas 5 de las act. adm. 12197-5598-2011, de fecha 26/09/2011, establece: “ VISTO la denuncia formulada a fs.1, según la cual la firma M.G.I. COUTIER ARGENTINA S.A. (CUIT 30- 69313819-8) no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante la destinación N° 04 001 IT U 007708 X, con vencimiento el 27/10/2006 lo cual configuraría la infracción tipificada en el Art. 970 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCION DE SUMARIO, en los términos del Art. 1090 inc. “c” del citado texto legal”.
Manifiesta que, para que el auto de apertura del sumario tenga virtualidad para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un acto válido, es decir, debe reunir los requisitos formales y materiales que exige el art. 1094 del C.A.
En ese orden, el art. 1094 del C.A. establece: "ARTICULO 1094 - En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en Infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder o de los importes que el Fisco hubiere pagado indebidamente en virtud de los regímenes de estímulos a la exportación, cuya restitución se reclamare, según el caso; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados ”.
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Hace hincapié en que, de la instrucción de sumario transcripta ut supra se advierte que en el acto de fojas 5 no lucen determinados los tributos, como lo exige el inciso d) de la norma. Aduce que, tampoco luce que haya sido dictado por el administrador y se desconoce si la persona que lo firmó se encontraba facultado a hacerlo. Además, repara que la valoración de la misma fue después de la instrucción de sumario, en mayo del 2013, mucho tiempo después.
Por tanto, asevera que el acto es nulo y por ende no pudo jamás haber suspendido e interrumpido la acción del Fisco para percibir tributos e imponer penas, respectivamente. En consecuencia, las acciones del Fisco prescribieron el 31/12/2011, en virtud de que no medió ninguna causal válida de suspensión y/o interrupción (el plazo quinquenal comenzó el 1º/01/2007, y al no ser válido el auto de apertura de sumario por no reunir los requisitos exigidos en el Código de rito no se vio suspendido ni interrumpido).
Así, postula que en el caso de autos, la conclusión arribada por el a quo es arbitraria debido a que se ha aplicado lisa y llanamente el art. 805 inc. a) y el art 937 inc. a) divorciado totalmente del art. 1094; y ello ocasiona un agravio mayúsculo a su parte. Indica que a la luz de la jurisprudencia reciente del Fuero Contencioso Administrativo Federal, para que el auto de apertura de sumario pueda considerarse válido y surtir efectos interruptivos y/o suspensivos, es preciso que cumpla con todos los recaudos previstos en el art. 1094 del C.A. Cita jurisprudencia.
En caso de no prosperar los planteos de prescripción, se agravia de que se haya confirmado la intimación tributaria en dólares fundada en el art. 20 de la ley 23.905 y en el precedente de la CSJN “Volkswagen Argentina SA c/AFIP DGA", de fecha 23/08/2011.
Señala que, en oportunidad de ser ratificado el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (así como el Protocolo) por medio de la ley 23.311 en el art. 9 quedó CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II erradicada toda inquietud respecto a este punto ya que el mismo expresa: “El tipo de cambio aplicable será el vigente en el momento de la exportación o de la importación, según estipule cada una de las Partes”.
En consecuencia, la invocación de la Ley 23.905 bajo ninguna circunstancia enerva la impugnación que plantea la actora, ya que la Ley 23.905 y 23.928 continúa siendo de inferior jerarquía al Tratado Internacional y estipula una actualización al tipo de cambio de la fecha anterior del pago que se aparta del fijado en la norma internacional. Por último, sobre el particular, precisa que, la Argentina no ha efectuado reserva alguna de la cual pueda valerse para sostener su pretendida y arbitraria conversión al tipo de cambio de la fecha anterior al pago cuando a todas luces la norma internacional la fijó a la fecha de la importación y la norma interna a la fecha de oficialización.
Esgrime que, la plena vigencia de los arts. 651, 637 y ss. del Código Aduanero se ha visto ratificado en el año 2007 cuando la Argentina suscribió la Decisión n° 13/07 del Mercosur y luego incorporándola en el 2011 con absoluta claridad a la normativa interna a través del Decreto n° 1031/11, que vino a modificar el Decreto Reglamentario del “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En este contexto, entiende que, cualquier norma pretenciosa que convierta la intimación tributaria (arancelaria) al tipo de cambio de otra fecha que la indicada por la ley se encuentra en pugna y resulta contraria al Tratado Internacional y al Código Aduanero.
Por último, expresa que, la norma invocada por la Aduana además de su absoluta ilegitimidad fue dictada con posterioridad a los hechos ventilados en estas actuaciones y por el principio de legalidad que rige la materia tributaria su aplicación es inapropiada y arbitraria.
Finalmente, en la remota hipótesis eventual de que este Tribunal no resuelva por la prescripción de la acción -aun cuando todos los plazos legales se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II prueban que han quedado caducos por el tiempo transcurrido- destaca lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los autos caratulados ‘’Losicer, Jorge Alberto y Otros d BCRA - Resol 169/05 (expte. 105666/86 - SUM FIN 708)” por el cual se declara extinguida la acción por prescripción en el entendimiento de que se habría vulnerado la garantía constitucional de defensa en juicio y el derecho a obtener una decisión en el “plazo razonable” garantizado en el inc. I del Art 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que entiende que resulta aplicable al caso de autos.
IV. Apelación del Fisco Nacional:
En primer lugar, respecto de la exigencia tributaria, se allana parcial y exclusivamente en relación a la exclusión -en la liquidación tributaria- de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Adjunta autorización PV-2024-02803220-AFIP-DEJUDI#SDGTLA.
Respecto de la intimación al pago de las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias practicada por la aduana, considera que, corresponde se aplique el criterio sentado en el fallo CSJN “Cladd ITA SA (TFN 23.343-A)”, de fecha 26/11/2019.
Solicita que, en razón de que la sentencia de la Corte Suprema, referida ut supra, se dictó después de haberse dictado la Resolución Aduanera N° 4550/16, (DE PRLA) de fecha 23/09/2016, las costas sean impuestas en el orden causado, en cuanto a ese punto.
En tal sentido, refiere que, en la causa “Metrogas SA c/ Neuquén Provincia s/ acción declarativa” (CSJN, 25/09/07, Fallos, 330:4.256), la Dra. Elena I. Highton de Nolasco ha expresado “3°) Que en relación a las costas del proceso, debe tenerse presente que el decreto 1133/04 de la Provincia del Neuquén, dictado con fecha 7 de junio de 2004, a fin de dejar sin efecto las determinaciones impositivas que motivaron estas actuaciones, tuvo en particular consideración a lo resuelto por esta Corte en Fallos: 327:1083. Si bien en ese precedente las costas se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II impusieron a la demandada, ello no obsta a la distribución de las costas en las presentes actuaciones, ya que de otro modo, la plausible intención de la parte litigante que quisiera someterse a la pretensión de su contraria, aceptando la jurisprudencia fijada por la Corte en una causa análoga con posterioridad a la iniciación del pleito -con lo que se evita el inútil dispendio jurisdiccional que supone su prolongación a sentencia, y la innecesaria postergación del reconocimiento del derecho de la contraparte-, se verla desalentada en la práctica, sin justificación suficiente (en este sentido, ver doctrina de Fallos: 322:479, disidencia del juez Boggiano). Por lo expuesto, y atento a la inmediatez de la respuesta administrativa del Estado local, se admite la distribución de las costas en el orden causado”.
Por lo expuesto, solicita que se tenga presente el allanamiento parcial formulado en relación a la liquidación tributaria, y se impongan las costas en el orden causado conforme el voto de la Doctora Elena Highton de Nolasco recaído en la causa “Metrogas SA c/ Neuquén Provincia s/ acción declarativa" (CSJN, 25/09/07, T 330, P 4.256, citado).
Por otro lado, apela la imposición de las costas.
Alega que, la sentencia recurrida resuelve imponerle las costas a su parte en el marco del allanamiento parcial formulado en relación con las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias, sin tener en cuenta las particularidades del caso y su complejidad jurídica.
En este sentido, considera que, el a quo debió apartarse del principio general de la derrota e imponer las costas en el orden causado (ver en ese sentido Fallos 322:1726 y 328:3079). Máxime cuando la procedencia o no de tales percepciones (IVA y Ganancias), que diera lugar al allanamiento formulado por el Servicio Aduanero, ha sido motivo de litigios recurrentes e incluso recientemente resuelto por el Cimero Tribunal.
Sustenta también su agravio, el voto de la Doctora Elena Highton de Nolasco CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II recaído en la causa “Metrogas SA c/ Neuquén Provincia s / acción declarativa” (CSJN, 25/09/07, Fallos, 330:4256), en el cual se expone que, las circunstancias particulares de la causa hacen al apartamiento del principio rector, imponiendo la aplicación del artículo 70 del C.P.C.C.N. y, por ende, la aplicación de las costas en el orden causado.
A mayor abundamiento, observa que, incluso el mismo artículo 70 del CPCCN, contempla circunstancias que motivan el apartamiento al principio general en materia de costas, como lo es el último párrafo que prescribe: "Si de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación, las costas se impondrán aI actor".
Finalmente, solicita que se tenga en cuenta que, en el caso de autos, el allanamiento aquí manifestado fue oportuno, total y efectivo.
Por ende, postula que no ha de aplicarse el principio objetivo de la derrota, sino que reivindicar la facilitación a la pretensión de la recurrente y reconocer en este allanamiento la carga de las costas por el orden causado.
En virtud de los agravios expuestos, solicita se revoque en cuanto es materia de agravio la sentencia recurrida y se impongan las costas en el orden causado.
V. Que, por razones metodológicas y de orden, en primer lugar, se tratará el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario, es decir, la cuestión relativa a determinar si el auto de apertura del sumario resultó inhábil o no para interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por infracciones aduaneras y para requerir el pago de los tributos, de conformidad con los requisitos establecidos en el art. 1094 del Código Aduanero y asimismo, si en el caso se ha vulnerado la garantía de plazo razonable, puesto que de prosperar, cualquiera de las dos defensas referidas, se tornaría insustancial el tratamiento de las restantes cuestiones.
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VI. Que, en este contexto, conviene recordar que la acción del Fisco Nacional para reclamar el pago de tributos e imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (arts. 803 y 934, CA), y ese término comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido o constatado la infracción y/o producido el hecho gravado (arts. 804 y 935 del mismo ordenamiento).
Por su parte, el artículo 805, inciso a, del Código dispone que se suspende el plazo de prescripción desde la apertura del sumario en la causa que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; mientras que el artículo 937, inciso a, establece que la prescripción de la acción para imponer penas se interrumpe por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario. La causal de suspensión del plazo de prescripción prevista en el citado artículo 805, inciso a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero.
Sin embargo, para que el auto de apertura del sumario tenga virtualidad para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un acto válido, es decir que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente.
En este sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, y establece que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. De ello se sigue que para considerar al auto de apertura de sumario como un acto válido resulta necesario que se haya dado cumplimiento a los recaudos que se acaban de referir; incluyendo una clara identificación de los hechos constitutivos de la infracción para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado al pago ejercer correctamente su derecho de defensa. La falta de alguno de los elementos referidos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (conf. esta Sala, en autos 40.306/2013 “Agencia Marítima TAGSA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 18/3/2014).
VII. Que, de las actuaciones administrativas nro. 12197-5598-2011, se desprende que:
(i) Acta de Denuncia n° 2827/2011 surge que los hechos surgieron de un control operativo correspondiente a la DIT 04001IT14007708X, cuyo vencimiento operó el 27/10/2006, por la infracción prima facie tipificada en el art. 970 del CA (fs. 1).
(ii) a fs. 3, obra el sobre contenedor de la destinación n° 04001IT14007708X, oficializado el 2610/2004.
(iii) con fecha 26/09/2011 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c), del C.A., indicándose que: “Previo a todo trámite, pasen las presentes a la División verificación -Sección D-Ramo 5 y 6, a los fines de informar el valor en Aduana de la mercadería en infracción, posición arancelaria y demás tributos que gravaren su importación a consumo (…)” (fs. 5). (iv) con fecha 10/05/2013 se informa la valoración en aduana de la mercadería, Posición Arancelaria ("PA") y alícuotas del ítem 2 (fs. 6).
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(v) con fecha 31/05/2013 se informa la valoración en aduana de la mercadería, Posición Arancelaria ("PA") y alícuotas del ítem 1 (fs.7). (vi) con fecha 5/06/2013, se remitió el informe producido a la Sección Liquidaciones (fs. 7 vta.)
(vii) a fs. 8/9 obra la liquidación de los tributos, sin indicarse fecha. (viii) a fs. 11 obra la consulta de la garantía global o unitaria.
(ix) a fs. 12 obra obra la determinación de tributos y multa, sin indicarse fecha.
(x) el 15/03/2016 se corre vista de lo actuado a la firma importadora y la aseguradora (fs. 13).
(xi) a fs. 16/31 contesta la vista conferida la actora. En el capítulo IV 2.c) plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, en los siguientes términos: “Considerando que la acción para percibir tributos prescribe a los cinco años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha de la presunta infracción (1/01/2007), en autos habría operado la prescripción de percibir tributos toda vez que la liquidación de los tributos ha sido notificada el 08/04/2016, es decir luego de haber operado la prescripción que aconteció 01/01/2012” (énfasis añadido).
(xii) a fs. 35 /39 luce copia del PE 05001EC04000141R. A fs. 41/49 lucen copias de prints del MOA.
(xiii) con fecha 1/06/20164 se tienen por presentadas a la firma MGI COUTIER ARG. S.A. y a la aseguradora y se abre la causa a prueba (fs. 54).) (xiv) con fecha 23/09/2016, se dicta la Resolución DE PRLA N° 4550/2016, por la que el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, resolvió: “ARTICULO 2°) absolver a la firma "M.G.I. Coutier Argentina SA” (…) respecto de 92.959 unidades de la mercadería ingresada al amparo de la Destinación 001IT14007708X (…) ARTICULO 4°) CONDENAR a la firma "M.G.I. Coutier Argentina SA” … al pago de una multa igual a una (1) vez el importe de los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II tributos, la que asciende a la suma de $ 90.524,39 (…), respecto de 223.408 unidades de mercadería amparada por el Despacho de Importación 001IT14007708X, atento no encontrarse debidamente acreditada su reexportación (…) ARTICULO 5°) FORMULAR CARGO por el monto de la multa impuesta (…). ARTICULO 6°) FORMULAR CARGO por los tributos adeudados por la suma de U$S 29.305,45 (…) y por la suma de $51.953,36 (en concepto de IVA Adicional y Ganancias (…) e intimar a su pago a la imputada y a la firma Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros (…)” (fs. 69/74).
(xv) a fs. 75/76 luce el Dictamen mediante el cual se rectifica la cantidad de mercadería en infracción -esto es: 223.408-, encontrándose cancelada en tiempo y forma 92.959 unidades.
VIII. Que por otra parte, cuadra añadir que la parte actora, en el recurso de apelación ante el TFN, en el punto “III. 3) Plantea prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos”, expresamente se refirió a la falta de notificación de la liquidación tributaria hasta la corrida de vista con fecha 15/03/2016 (notificada el 29/03/2016), en los siguientes términos: “A fojas 5 luce con fecha 26/09/2011 la instrucción del sumario sin hacer mención alguna a la liquidación de tributos (…) A continuación, a fojas 8, sin fechar, luce liquidación de los tributos. Es decir que la misma se practicó con posterioridad a mayo de 2013. Esta liquidación no fue notificada sino hasta la notificación de la corrida de vista que aconteció el 8/04/2016 (intimando el pago de los tributos aludidos). (…) Que de acuerdo al artículo 806 inc. a) el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación de la liquidación tributaria aduanera, que en estas actuaciones ocurrió recién el 8/04/2016 (ver cédula de notificación de la corrida de vista). Que, en consecuencia, la acción del Fisco para percibir tributos se encuentra prescripta toda vez que al 31/12/2011 no se había practicado liquidación de los tributos presuntamente adeudados. ni tampoco surge de las actuaciones administrativas algún acto que haya interrumpido el plazo de la prescripción. Que el único acto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II que podría haber interrumpido es la notificación de la liquidación tributaria, pero ello recién se efectivizó en abril de 2016, lo cual no tiene eficacia para provocar la interrupción de un plazo que ya estaba prescripto desde el 31/12/2011 (…)”.
IX. Que de lo expuesto, se desprende que el auto de apertura del sumario del 26/09/2011, no cumplió con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye al acto de inicio de la facultad investigativa (art. 805, inc. a), por no incluir entre sus antecedentes la determinación, clasificación y valoración de la mercadería involucrada en el DIT fiscalizado, ni la liquidación de los tributos y multa que a consideración de la autoridad de aplicación en la materia correspondería que la firma imputada abonara; recaudos que, fueron incorporados con posterioridad a haber sido dictado dicho acto.
En este contexto, cabe señalar que, la liquidación de los tributos presuntamente adeudados, así como la liquidación de la multa, fue incorporada entre el 25/06/2013 y el 10/07/2013 (ver fs. 7vta/9vta. act. adm.), es decir, una vez dictado el auto de apertura de sumario, del 26/09/2011, y una vez operada la prescripción de la acción del Fisco Nacional, el 31/12/2011; todo lo cual impide considerar la posibilidad de tener por subsanadas las deficiencias apuntadas, con lo actuado con posterioridad al suceso examinado.
X. Que, en este contexto, cabe señalar que, la falta de la liquidación tributaria, al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. Sala III, in re, "Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/DGA", Expte. No.
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21.830/2012, del 6/6/2013, y expte. n° 3.063/2020 “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada TF 40026-A c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 17/03/2021).
Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero.
De este modo, resulta de toda claridad que la resolución de apertura del sumario es nula, de nulidad absoluta en tanto violatorio de la ley aplicable y carece, por ende, de aptitud para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para percibir los tributos e imponer multa, respectivamente (conf. esta Sala, en autos 21.906/2017 “Denso Manufacturing Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/7/2017, entre muchos otros).
XI. Que, confirmada la declaración de nulidad de la resolución de apertura del sumario, no habiéndose verificado alguna de las causales suspensivas y/o interruptivas del término liberatorio quinquenal (rector en la especie tanto en lo relativo a la acción para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero; conf. artículos 803 y 934, ambos del Código Aduanero), en relación a la Destinación de Importación “04001IT14007708X”, y teniendo en cuenta que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2007, se concluye que la prescripción efectivamente operó el 31/12/2011, por lo que a la fecha del dictado de la resolución DE PRLA n°4550 del 23/09/2016, se encontraba prescripta la facultad de la Aduana para imponer penas y para reclamar el pago de tributos. Cabe aclarar en este punto que, si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En consecuencia, el acto obrante a fs. 10 de las actuaciones administrativas debe reputarse nulo, de nulidad absoluta en tanto violatorio de la ley aplicable –término que comprende tanto al ordenamiento constitucional como la violación de una ley, un reglamento, un tratado una resolución (conf. dictamen de la PTN 196:80)–, y carece, por ende de aptitud para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco para percibir los tributos e imponer la multa, respectivamente (en idéntico sentido Sala IV in re: “YPF SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 27/04/2017, y “Agencia Marítima TAGSA SA (TF 27435-A) c/DGA”, del 11/06/13 y sus citas).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de la actora y revocar el pronunciamiento del TFN. Asimismo, corresponde declarar nulidad del auto de apertura del sumario y en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos contra la actora, con relación al DIT DIT 04001IT14007708X.
XII. Que, finalmente, en lo concerniente al cercenamiento de la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ante todo cuadra señalar que si bien dicho instituto fue concebido para ser aplicado en cuestiones relativas a la materia penal (conf. los términos del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), jurisprudencialmente, bajo determinados supuestos, fue admitida su aplicación en procedimientos infraccionales.
En tal sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA" (Fallos, 335:1126), invocado por la recurrente, respecto de la actuación administrativa seguida ante el Banco CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Central de la República Argentina; causa en la que el procedimiento infraccional se habría extendido por dieciocho años.
Ahora bien, en la especie, el plazo de aproximadamente nueve años (2011- 2016) transcurrido entre los hechos investigados y el dictado de la resolución definitiva no se advierte como irrazonable, a diferencia del ponderado en el precedente mencionado ut supra, de dieciocho años, eventualmente aplicable de manera analógica.
En efecto, en el caso de autos el análisis global del proceso, teniendo en cuenta la duración del procedimiento cuya extensión es claramente inferior al de las causas citadas, impone concluir que la actuación en sede administrativa no presenta vicios de entidad suficiente que permitan tener por configurada una lesión a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable (conf., en igual sentido, esta Sala, en autos 31.634/2019 “Terricabras Cabani, Jorge y otros c/UIF s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25”, resol. del 20/2/2020 y, más recientemente, en autos 44.374/2023 “Cucchiara y Cía. SA y otros c/UIF (Ex. 49/16 - Resol. 158/23) s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 - Art. 25”; resol. del 25/10/2024).
En efecto, en la especie se presenta una situación distinta de las que examinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aquellos precedentes en los que resolvió favorablemente planteos fundados en la afectación de la garantía bajo examen, porque habían transcurrido quince, dieciocho, veinte años o más desde el acaecimiento de los hechos y el dictado de la resolución definitiva (conf. CSJN, en autos “Losicer”, op. cit.; A.1210.XLVIII “Alvarado, Pedro Alberto Carlos y otro c/BCRA - Resol. 379/08 s/causa 100.298/97”, sent. del 16/4/2013; R.769.XLVII “Rezzónico, Edgardo Hugo y otro c/BCRA - Resol. 88/08 (Expte. 100.563/86 Sum. Fin. 725”, sent. del 26/9/2012; B.331.XLVII “Banco de Italia y Río de la Plata (EL) y otros c/BCRA - Resol. 49/99 - Expte. 102.529/85 Sum. Fin. 531”, sent. del 2/10/2012; entre otros), o bien, porque se corroboró que el procedimiento CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II recursivo, incluyendo la instancia de revisión ante la Cámara, se había prolongado durante más de veintitrés años, excediéndose todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso (conf. Fallos, 334:1264).
A mayor abundamiento, añádase que para analizar si en cada caso concreto se configura un retardo injustificado de la decisión, también es indispensable tener en cuenta: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y el análisis global del procedimiento.
En el sub examine, no puede pasar desapercibido que quien pretende la extinción de la acción de su contrario por la duración irrazonable del proceso no efectuó ninguna presentación tendiente a la pronta resolución de las actuaciones en sede aduanera; asimismo durante el desarrollo y resolución de su apelación ante el TFN, la importadora nada postuló en torno a la demora en la tramitación, así como tampoco expuso los concretos perjuicios de dicha situación generó o los reales y efectivos detrimentos a su derecho de defensa, resultantes del lapso transcurrido.
En tales condiciones, cabe concluir que no luce apropiada la analogía sostenida por la recurrente a efectos de aplicar el criterio sentado por el Alto Tribunal en el precedente mencionado, correspondiendo rechazar los argumentos propuestos en lo que al punto refiere.
XIII. Que lo dicho basta para la solución del caso, resultando insustancial expedirse en punto a las restantes cuestiones propuestas por las recurrentes.
XIV. Que en atención al modo en que se deciden las cuestiones traídas a conocimiento de esta Alzada por parte de los recurrentes y resultado final del pleito, al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Estas mismas circunstancias y análogos fundamentos, determinan naturalmente el rechazo del agravio del Fisco Nacional en lo que al punto refiere. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por M.G.I. Coutier Argentina S.A. y revocar el pronunciamiento del TFN de fecha 7/08/2024; 2°) declarar la nulidad del auto de apertura del sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos contra la firma actora relativos al DIT 04001IT14007708X, y 3°) rechazar el recurso de la demandada e imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN y 1163 CA).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia