Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 37665-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la resolución de fs. 363/368vta del Tribunal Fiscal de la Nación, como así también la Resolución nº 6856/16 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP -DGA;
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional vencido (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
3Diferir la regulación de honorarios por las Alta en sistema: 27/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
22385/2025 MGI COUTIER ARGENTINA SA (TF 37665-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2025.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
del Tribunal Fiscal de la Nación, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por las co-actoras y, en consecuencia: a) confirmó parcialmente los tributos exigidos mediante la Resolución DE PRLA nº 6856/16, a la firma importadora y a la compañía aseguradora, y los reliquidó en la suma de u$s 1.498,98 (derechos de importación, tasa de estadística e Impuesto al Valor Agregado. Dispuso que aquellos deberán ser convertidos a pesos de conformidad con el tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, con más los intereses que se devengaren hasta ese mismo momento (artículo 794 del Código Aduanero); b) confirmó parcialmente la multa impuesta a la firma importadora, la que fijó en $ 5.466,98; c) Impuso las costas en un 93% “a cargo de la actora” y en un 7% a cargo del Fisco; d) revocó la referida Resolución DEPRLA n° 6856/16 en lo relativo a las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias, con costas al Fisco. En primer término, examinó el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas (artículos 934, 935 y 937, inciso a) del Código Aduanero) y para exigir el pago de tributos (artículos 803, 804 y 805 del Código Aduanero). Puso de manifiesto que, en ambos casos, se tendría en consideración la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Wonderland SRL c/Aduana de Rosario”, del 12 de mayo de 2009 y por el plenario de esta Cámara en la causa “Hughes Tool S.A. c/ANA”, expediente TFN n° 7830-A, del 23 de septiembre de 2003.
Concretamente, en lo relativo al planteo de prescripción de la acción para imponer multas, señaló que su cómputo inició el 1° de enero de 2007, y se interrumpió por el dictado del auto de apertura de sumario, el día 27 de diciembre de 2011, empezando a computarse Alta en sistema: 27/11/2025 nuevamente a partir del 28 de diciembre de ese año, de manera tal que vencía el 27 de diciembre de 2016 (cfme. artículos 934, 935 y 937, inciso a) del Código Aduanero), de manera tal que al tiempo del dictado de la Resolución DEPRLA n° 6856/16 (el 19 de diciembre de 2016), la acción no había prescripto.
Descartó el planteo tendiente a señalar que el plazo de duración del proceso se había extendido de modo irrazonable ya que consideró que no correspondía la aplicación de “la doctrina de tramitación de procesos aduaneros a los fines de resolver, en tanto la recurrente es una empresa comercial y no una persona física”.
En cuanto al planteo de prescripción de la acción para exigir el pago de tributos, puso de manifiesto que de conformidad con lo establecido en los artículos 803 y 805 del Código Aduanero, el plazo quinquenal de prescripción de la acción tributaria también había comenzado a correr el 1° de enero de 2007, en atención a que el vencimiento de la importación temporal había ocurrido el 12 de enero de 2006. En tales condiciones, expresó que, de no constatarse causales interruptivas o suspensivas, su vencimiento hubiera operado el 31 de diciembre de 2011.
Señaló que, de conformidad con lo establecido en el artículo 805, inciso a) del mencionado código, aquél se había suspendido el 27 de diciembre de 2011, al haberse dispuesto la apertura del sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero. Agregó que dicha suspensión, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo, se extendía “…hasta que recayere la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Por todo ello, y considerando que el auto de apertura de sumario resultaba válido, concluyó que la acción del Fisco para exigir el pago de tributos tampoco se hallaba prescripta al tiempo del dictado de la resolución aduanera.
En cuanto a la cuestión de fondo, consideró que si bien la firma importadora había acompañado copia de los permisos de Alta en sistema: 27/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V embarque mediante los cuales sostuvo haber reexportado la mercadería ingresada temporariamente, lo cierto era que de sus hojas de descarga no resultaban elementos que permitieran vincular esas exportaciones con la información contenida en los CTC acompañados, de manera tal que no se había acreditado la relación insumo-producto. En sentido contrario, estimó que debían ser consideradas las 7184 unidades que habían sido importadas a consumo mediante el despacho de importación nº 06 073 IC81 000013 L, registrado con anterioridad al vencimiento del plazo de admisión temporal. Por ende, redeterminó el saldo de mercadería en infracción en 64.816 unidades.
Además, sostuvo que eran inexigibles las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, con arreglo a lo resuelto por la Corte el 26/11/2019 en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”.
En tales condiciones reliquidó los tributos adeudados por ambas co-actoras y la multa a cargo de la firma importadora de conformidad con las medidas indicadas en el primer párrafo de este considerando.
Además, dispuso que los tributos adeudados debían ser abonados de conformidad con el tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, con sus respectivos intereses devengados de conformidad con lo establecido en el artículo 794 del Código Aduanero. Por último, declaró que el monto exigible a la compañía aseguradora es el máximo garantizado mediante la póliza n° 373209, es decir $20.000 o, en su caso, la suma de los tributos que resultaron adeudados (u$s1.498,98) convertida a pesos según el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, en caso de que resultare inferior. Ello, con más los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero.
II. Que la co-actora MGI Coutier Argentina S.A. apeló esa resolución y expresó sus agravios a fs. 382/393. Asimismo, la co Alta en sistema: 27/11/2025 -actora Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. apeló y expresó agravios a fs. 394/410vta. Ambos recursos fueron replicados de manera conjunta por el Fisco, a fs. 418/426.
II.1. La firma importadora se agravia por el rechazo de la defensa de prescripción. Explica que el examen de los supuestos de interrupción y de suspensión del plazo para el ejercicio de la acción, tanto para imponer penas como para exigir el pago de tributos, debieron ser interpretados a la luz de la doctrina sentada por la Corte federal en la causa “Losicer” y la garantía convencional del plazo razonable. En ese sentido pone de resalto la injustificable duración del procedimiento, iniciado por el incumplimiento de una destinación temporaria vencida en 2006, y que culminó recién con el dictado de una resolución por el Tribunal Fiscal en el año 2024. Cita jurisprudencia que –a su entender– respalda su postura. En consecuencia, solicita que se haga lugar a su recurso y se revoque la resolución apelada, declarándose prescripta la acción del Fisco tanto para perseguir el cobro de tributos como para imponer sanciones, con costas.
II.2. La compañía aseguradora expresa, en sentido concordante con el que desarrolla la importadora, que la acción para perseguir el cobro de tributos se halla prescripta.
Además, considera que el plazo de duración del proceso se extendió de manera irrazonable y que esa circunstancia afectó su derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. En subsidio, impugna la liquidación tributaria en tanto considera improcedente que los tributos se hayan determinado en dólares y afirma que esa circunstancia evidencia la irrazonabilidad de la adición de intereses de conformidad con las tasas fijadas por las resoluciones que dicta el Ministerio de Economía previstas para deudas en pesos. Por último, solicita que en caso de que se convalidara la adición de aquellos, se establezca un límite razonable para su devengamiento.
Alta en sistema: 27/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V III.- Que el 5 de agosto de 2025 tomó intervención el Sr. Fiscal Federal (cfr. fs. 434/439).
IV. Que, en este estado de las actuaciones, corresponde examinar los recursos interpuestos por ambas co-actoras respecto de la defensa de prescripción, toda vez que una decisión favorable a ese planteo tornaría insustancial el tratamiento de los restantes agravios propuestos en sus escritos recursivos.
IV.1. En los presentes autos se discute la procedencia de un reclamo tributario así como también la fijación de una multa, establecidos como consecuencia de haberse imputado la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero. En tales condiciones, corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable –prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos– también resulta de aplicación al ámbito tributario (esta Sala, in re nº 55643/17 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA”, sentencia del 27/06/2017, nº 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 2/05/2019; 27402/2023 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.” del 02/07/24; 34678/2023 “Ampacet South America SRL”, del 09/04/24; 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, del 02/05/19; 4230/2024 “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, del 27/02/25 entre otras).
Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si el plazo de tramitación del sumario administrativo ha excedido del razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la Alta en sistema: 27/11/2025 conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
IV.2. Ahora bien, en el caso de autos el hecho que dio origen al procedimiento tuvo lugar en el año 2006 (ver fecha de vencimiento del DIT 04 073 IT15 000005 B, agregado a fs. 56 del expediente administrativo SIGEA nº 12206-9952-2007, a cuya foliatura se aludirá en lo sucesivo) y la apertura del sumario se dispuso el 27/12/2011 (cfr. fs. 65). Posteriormente, fue citada la firma importadora y la compañía aseguradora, el 03/06/2016 (v. fs. 69 y vta) habiendo presentado su descargo ambas partes durante ese mismo mes y año (cfr. fs. 78/94vta y 95/108). Finalmente, y pese al pedido de la firma importadora de que se disponga la apertura a prueba (cfr. fs. 122), el 19/12/2016, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución nº 6856/16 mediante la cual fue impuesta una multa a la firma importadora y fueron determinados los tributos adeudados por dicha empresa y por la compañía aseguradora.
Con posterioridad, disconformes con dicha resolución administrativa, ambas partes recurrieron ante el Tribunal Fiscal de la Nación con fecha 6 y 7 de marzo de 2017. El 24/04/2017 se dispuso la acumulación de ambas causas (v. fs. 82). El Fisco, contestó de manera conjunta los recursos el 19/12/2017 (v. fs. 98/110vta). Asimismo, el 27/08/2018 se abrieron a prueba las actuaciones (fs. 115); y el período probatorio se dio por clausurado el 01/10/2024 (fs. 300). La siguiente actuación impulsoria data del 07/10/2024, cuando el a quo puso la causa para alegar (fs. 301).
Finalmente, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó la decisión que en este acto se apela el 13/12/2024 (v. resolución de fs. 363/368vta).
Alta en sistema: 27/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V IV.3.- En tales condiciones, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En efecto, se observa que entre la configuración de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones administrativas y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron casi dieciocho años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera, que han alcanzado lapsos superiores a un año. A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (esta Sala, causas nº 55643/17 “Alba”, ya citada; y nº 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 2/05/2019; 27402/2023 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.” del 02/07/24; 34678/2023 “Ampacet South America SRL”, del 09/04/24; 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, del 02/05/19; 4230/2024 “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, del 27/02/25 entre otras).
Alta en sistema: 27/11/2025 IV.4.- Que, además de lo expuesto, cabe destacar que la Ley 27.742 a través de su artículo 25 incorporó en el artículo 1º bis, inciso a), apartado (iv) de la Ley 19.549 -aplicable supletoriamente en la especie- el “Derecho a un plazo razonable”, comprendido dentro del principio de “Tutela administrativa efectiva” en el sentido de: “…que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación” (cfr. esta Sala V en la causa n° 2.001/24, caratulada “HTI Cono Sur (TF 20538084-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21 de agosto de 2025 y causa n° 10.775/2024 “HTI Cono Sur (TF 62161222-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3 de julio de 2025 y causa n° 20.899/2024 “Compañía de Seguros La Mercantil SA (TF 121517942-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 22 de abril de 2025, entre otras).
V. Que, por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por ambas co-actoras, revocar la resolución de fs. 363/368vta del Tribunal Fiscal de la Nación, como así también la Resolución nº 6856/2016 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP-DGA. Las costas de ambas instancias se imponen al Fisco Nacional, en su condición de vencido (artículo 68, primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por las consideraciones precedentes, y oído el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la resolución de fs. 363/368vta del Tribunal Fiscal de la Nación, como así también la Resolución nº 6856/16 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP -DGA; 2) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional vencido (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 3) Diferir la regulación de honorarios por las Alta en sistema: 27/11/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY Alta en sistema: 27/11/2025
Fin de la sentencia