Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, con costas (arts. 470, 471 -a contrario sensu-, 530 y 531 del CPPN).
II. Tener presente la reserva del caso federal formulada (art. 14 de la Ley 48).
///nos Aires, a los 8 días del mes de julio de dos mil veintiséis integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces Daniel Antonio Petrone - Presidente-, Diego G. Barroetaveña y Gustavo M. Hornos – Vocales-, asistidos por el secretario actuante, reunidos para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 14119/2015/CFC2, caratulada “Michel, Guillermo s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
1. Que, de las constancias traídas a conocimiento de esta instancia por el Sistema de Gestión Judicial (LEX100), surge que, el 15 de julio de 2025, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió: “CONFIRMAR el auto en crisis en cuanto dispuso el sobreseimiento de Guillermo Michel en orden a los hechos por los que fuera indagado” (las mayúsculas y lo resaltado obran en el original).
2. Que, contra esa decisión, la parte querellante interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el a quo y mantenido en esta instancia.
3. Que la parte recurrente se agravió de “[…] la inobservancia de la ley sustantiva en el auto decisorio aquí impugnado, toda vez que las circunstancias acreditadas en autos evidencian -con la probabilidad propia de esta etapa- la participación activa del imputado Guillermo Michel en los sucesos constitutivos del delito de abuso de autoridad por el que fue indagado (art. 248 del Código Penal de la Nación); máxime, si los hechos y la prueba deben ser ponderados a la luz de lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción […]”.
1 Registro Nro. 743/26 Indicó que esa inobservancia también se verifica por la omisión de ponderar el caso según las características propias de la modalidad delictiva de la figura de abuso de autoridad, que contempla el uso incorrecto, arbitrario o improcedente de una facultad jurídica.
Asimismo, sostuvo que se omitió considerar los agravios oportunamente esgrimidos por esa parte, incurriendo en una defectuosa valoración de la prueba obrante en los presentes actuados.
Explicó que, “[e]n la especie, se verifica una valoración arbitraria del plexo probatorio, debido a que no se efectuaron consideraciones que resulten sustanciales y conducentes en miras de resolver la cuestión planteada, como tampoco se pusieron de manifiesto los motivos por los que privilegió la ponderación de ciertos elementos por sobre otros, máxime cuando el examen global de la prueba habida en autos permite afirmar la participación de Guillermo Michel en los sucesos por los que fue indagado con el grado certeza exigida por la normativa ritual para esta etapa del proceso.” Alegó que se configura una situación de arbitrariedad de sentencia manifiesta, habida cuenta de que el plexo probatorio obrante en las actuaciones no permite arribar al estado de certeza negativa necesario para sostener, de manera definitiva, que Guillermo Michel no tomó parte en la comisión de los hechos objeto de imputación.
Consideró que no resulta acertado fundar la desvinculación de Michel en “[…] que carecía de facultades o competencia para impartir órdenes a alguien de su misma jerarquía como Di Risio, porque de los dichos del propio Di Risio y la actividad desplegada por Michel se desprende que - de hecho- éste le impartió directivas e instrucciones a […] respecto de los hechos en juzgamiento, como también es claro que -en concreto- Di Risio se subordinó a esas directivas que le formuló Michel.”
Al respecto, desarrolló los elementos arrimados al proceso que -a su entender- corroboran lo afirmado y que no habrían sido considerados por el tribunal a quo.
Consecuentemente, alegó que, “[a] la luz de las pruebas de cargo reunidas, es posible sostener con la probabilidad que requiere un auto de procesamiento, que Guillermo Michel es uno de quienes detentaban los más altos cargos de la AFIP respecto de los cuales la Alzada consideró la posibilidad de avanzar en la afectación al proceso […]”. Exteriorizó que, en cambio, “[e]n el auto resolutorio objeto del presente recurso de casación se omitió valorar y/o refutar las circunstancias dirimentes […] señaladas, que resultan claramente demostrativas de inexistencia de la certeza negativa necesaria para desvincular definitivamente al imputado tras haber sido indagado.”
En ese orden, insistió en que “[…] ha quedado demostrado que Michel le dio una instrucción (orden) a Di Risio para que actúe respecto de una nota periodística que hablaba de un contribuyente determinado (Urbaland S.A.)[…], nota que además ningún indicio aportaba sobre una infracción a la ley 24.769; que Michel monitoreó y controló la actividad desplegada a fin de solicitar, obtener y concretar órdenes de allanamiento con una finalidad distinta a la prevista por la ley; y que Mitchel desde el área a su cargo brindó información a un medio de comunicación (C5N) para que se difundan los allanamientos antes de su concreción y con la clara finalidad delictiva acreditada en las presentes actuaciones.” Agregó que, “[e]n lo que respecta a la ‘filtración’ de la información amparada por el secreto fiscal, […] en el resolutorio de primera instancia -confirmado por la decisión aquí impugnada- se ha fragmentado el análisis de la prueba para concluir en el desacertado sobreseimiento: en efecto, se ha ponderado la prueba de manera aislada y no de manera conjunta con las demás evidencias de cargo, que evaluadas desde el sentido común, lógica y experiencia, permiten concluir -con el grado intelectual requerido en esta etapaque Michel también tomó parte de manera penalmente responsable en dicha violación del secreto fiscal, que integró la actividad delictiva objeto de reproche.”
Insistió en que “[…] Guillermo Michel empleó de manera abusiva la autoridad que ejercía por su calidad de funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ya que actuó de manera arbitraria cuando perpetró un accionar abusivo organizado bajo el ropaje o apariencia de actuaciones funcionales (área de prensa y ‘Diálogo Fiscal’, existente bajo la órbita de la Subdirección General de Coordinación a su cargo).”
Consideró que “[r]esulta evidente que el encausado simuló obedecer la ley para brindar apariencia de legalidad, cuando en realidad ejerció su poder y facultades con una finalidad ajena: tomar parte de manera dolosa de una operación dirigida a desprestigiar y descalificar a la Dra. Carrió.” Por los motivos expuestos, solicitó se haga lugar al recurso y se revoque la resolución en crisis. Además, hizo reserva del caso federal.
4. Que, puestos los autos en el término de oficina previsto por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del CPPN, las partes no realizaron presentaciones.
5. Que, habiéndose superado la etapa prevista en el art. 468 del CPPN -oportunidad en la cual el abogado Carlos Indalecio Vega, defensor de Guillermo Michel, presentó breves notas, y los abogados Mariana Stilman y Carlos Washington Palacios, apoderados de la parte querellante, un escrito por el cual hicieron saber que optaban por no llevar adelante la audiencia de manera oral ni tampoco presentar memorial-, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: Daniel Antonio Petrone, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña.
El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
1. De manera liminar, es menester señalar que el recurso de casación interpuesto por la querella resulta formalmente admisible, toda vez que la decisión recurrida reúne el presupuesto de impugnabilidad objetiva, en tanto pone fin a la acción (art. 457 del CPPN), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnar (art. 460, con función del art. 458, del ritual penal), los planteos efectuados se enmarcaron dentro de los motivos previstos por el art. 456 del mismo cuerpo legal, y se han cumplido los requisitos de tiempo y fundamentación exigidos por el art. 463 ibidem.
2. Sentado ello, y previo a ingresar al tratamiento de las cuestiones de fondo esbozadas por la recurrente, corresponde efectuar un repaso de los hechos objeto del proceso y del trámite de las actuaciones.
A tal efecto, resulta oportuno recordar, conforme surge del auto de sobreseimiento dictado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 el 23 de abril de 2025, que las presentes actuaciones reconocen su génesis en la extracción de testimonios ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 9, en el marco de la causa n° 970/13, caratulada: “Urbaland Argentina S.A. y otros s/infracción ley 24.769” del registro de dicho tribunal, a la cual se anexó la causa 75001860/13, caratulada: “Urbaland Argentina S.A. s/infracción ley 24.769”, del registro del Juzgado Federal de Campana, iniciada con motivo de la solicitud de allanamiento urgente en aquella jurisdicción territorial formulada por el entonces Jefe Interino de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (actual ARCA), vinculada con la sociedad de mención en virtud de que se habría detectado actividad comercial que contrastaba con las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del ejercicio 2012.
Según surge del detalle efectuado en el auto referido, el titular del mencionado Juzgado Penal Económico “[…] expresó que resultaba inexplicable:
“1. Que el pedido de allanamiento se hubiese enmendado –y presentado con las enmiendas- fundado en el art. 229 del Código Procesal Penal de la Nación, y no en el artículo 21 de la ley 24.769, pues no se relacionaba con ‘… [r]azones de higiene, moralidad y orden público…’, tal como lo prevé expresamente la primera norma, sino más bien, en la actividad presuntamente delictiva de la empresa;
“2. Que, en vez de presentar la solicitud ante la ex Justicia Nacional en lo Penal Tributario –que, en virtud del domicilio fiscal de Urbaland Argentina S.A., era el competente-, se lo hubiese presentado ante la Justicia Federal de Campana;
“3. Que, en vez de sostener el pedido de allanamiento del domicilio fiscal de la contribuyente investigada y del real de quien tendría acceso a las cuentas bancarias de la empresa, se hubiese desistido de su registro, y preferido allanar cuatro lotes que pertenecían a terceros ajenos a la contribuyente. Para ello, el Jefe Interino de la Sección Penal Tributaria del ente recaudador señaló ‘… que en consideración al encuadre efectuado se deje sin efecto la petición respecto de los mismos…’ […].
“Respecto a los puntos 1 y 2, señaló el Dr. López Biscayart que, por tratarse de una materia propia de la especialidad de la AFIP, tales particularidades no podían habérsele pasado por alto al agente de aquella dependencia que firmó la solicitud.
“Además, puntualmente en lo que tiene relación con la competencia judicial, destacó el Magistrado que sólo cincuenta días después del pedido formalizado ante el Juzgado Federal de Campana, la misma Sección de la Dirección Regional Centro de la AFIP, denunció en el Fuero Penal Económico de esta ciudad, por evasión, entre otras, a la firma Urbaland Argentina S.A., oportunidad en la que se omitió toda consideración a los pedidos de ‘allanamientos urgentes’ efectuados sólo casi un mes y medio antes.
“La explicación de tal proceder, según sostuvo el Magistrado denunciante, la proporcionó la presentación hecha en el marco de aquella causa por Walter Ariel Leone, el 1° de agosto de 2013. En ella manifestó que tomó conocimiento de la existencia de la ‘investigación’ a través del portal de noticias Infonews y aportó sugerencias para el desarrollo de la pesquisa.
“La noticia invocada, titulada ‘Allanaron el country en el que Carrió compró un terreno’, relataba sin sustento en las constancias de la causa, que la investigación de la AFIP estaba dirigida contra la Diputada Nacional Elisa Carrió, líder de una agrupación política que, para esa época, competía en un proceso electoral nacional de medio término.
“Relató el Dr. López Biscayart que, con motivo de la presentación de Leone, sustentada en lo que calificó como una ‘operación mediática’, el Juez Federal de Campana ordenó el desarchivo del expediente, cuya instrucción fue luego requerida por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal.
“No obstante, destacó que, a pesar de haberlo solicitado el Sr. Fiscal, jamás se citó al Sr. Leone a ratificar su presentación, sin perjuicio de lo cual el Juez Federal de Campana ordenó una batería de medidas y le solicitó al Juez López Biscayart que se inhibiera para seguir interviniendo en la causa nro. 970/2013 y la remitiese a aquella jurisdicción territorial, para su continuación, decisión ésta que, sin embargo, nunca se hizo operativa por efecto de lo resuelto por la Sala II de la Excma. Cámara Federal de San Martín, que la revocó.
“A partir de los hechos expuestos, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 9, consideró que ‘…[s] e utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios ajenos a la misión del organismo recaudador (téngase en cuenta, en aquel momento, la inminencia de las elecciones del año 2013) y que, habiéndose afectado derechos de terceros mediante actividad intrusiva como los allanamientos practicados, podría constituir delitos que dan lugar a la acción pública…’ (cfr. fs. 7), por lo que concluyó que, siendo que la AFIP era la poseedora de tal información fiscal, correspondía efectuar la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones principales”.
3. Reseñado el origen de las presentes actuaciones, motiva esta inspección casatoria la confirmación del temperamento liberatorio adoptado con relación al hecho imputado a Guillermo Michel, consistente en “…haber ordenado, en su carácter de Subdirector General a cargo de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional de la Administración Federal de Ingresos Públicos, al Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP – Fabián Osvaldo Di Risio- (…), la presentación, el día 3 de junio de 2013, a las 13:31 hs., ante la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Campana, provincia de Buenos Aires, de la solicitud de ‘orden de allanamiento’ respecto de los lotes 32, 227, 65 y 177 sitos en el ‘Club de Campo Chacras de la Cruz’, Capilla del Señor, relacionados con la contribuyente Urbaland Argentina S.A”.
Tal como se desprende de la resolución puesta en crisis, “[l]a hipótesis en que se basaba el reproche consistía en que las actuaciones previamente sustanciadas en la Dirección Regional Centro (supuestamente por iniciativa del encartado) –y que motivaron la presentación de ese escrito- no fueron ‘consecuencia de una alerta o sospecha sobre su situación fiscal, sino que se debió a la vinculación de tal contribuyente con la entonces Diputada Nacional Elisa Carrió y, junto con la medida de allanamiento solicitada por el organismo, tendría, en verdad, como verdadero objetivo, el formar parte, junto con otros dispositivos ajenos a la Agencia, de una campaña de desprestigio de la imagen pública de la Dra. Carrió, valiéndose, para ello, de las facultades y potestades que la ley le asigna a la Administración Federal de Ingresos Públicos’ […]”.
De la misma pieza surge que, al momento de prestar declaración indagatoria y efectuar su pertinente descargo, el imputado “[…] Michel negó haber dado una orden a otro funcionario para que procediera de una u otra manera con relación a la situación fiscal de Elisa Carrió. Dijo que no tenía ni competencia ni autoridad jerárquica para eventualmente emprender un actuar semejante y que las comunicaciones con miembros de los medios de comunicación masiva hacían a su tarea diaria y formal, sin que pueda extraerse del cumplimiento de ello que hubiere podido filtrar o informar datos de divulgación prohibida […]”.
Consecuentemente, el juez de instrucción, el 27 de diciembre de 2022, dispuso la falta de mérito del nombrado, la cual fue apelada por la querella y confirmada por la Sala II de la cámara a quo.
En función del temperamento adoptado, según se recreó en la decisión bajo examen y consta en detalle en la resolución del juez de primera instancia, se realizaron diferentes medidas de investigación en procura de establecer la composición de la Subdirección General Técnico Institucional a cargo de Michel, las funciones que le eran propias, la existencia o no de un área de prensa en su órbita, las dependencias que se encontraban bajo su responsabilidad, su articulación con otras áreas del organismo y, finalmente, si resultaba habitual y factible que el Subdirector General Técnico Institucional impartiera directivas a un Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas –en este caso, Di Risio– respecto de la fiscalización de un contribuyente.
El resultado de las mencionadas diligencias, a criterio del a quo, no ha contribuido a robustecer la sospecha en su contra, sino, por el contrario, a disiparla y desvirtuarla.
En ese sentido, señaló que “(i) se verificó que [Michel] no tuvo ni podía tener injerencia en la decisión de llevar adelante el proceder cuestionado; (ii) que sí tenía obligaciones funcionales vinculadas a la difusión y comunicación de actividades del organismo fiscalizador; (iii) se descartó la posibilidad de individualización de la fuente de filtraciones de datos secretos.”
De otro extremo, recordó que el 8 de agosto de 2023, la Sala I de esta Cámara Federal de Casación Penal, con una integración parcialmente diferente, hizo lugar a los recursos de casación de las defensas de Fabián Di Risio y Fidel Oscar Chiapperi, casó la sentencia que los había condenado por los hechos vinculados a la presente y los absolvió (cfr. CFCP, Sala I, causa CFP 14119/2015/PL1/CFC1, caratulada: “DI RISIO, Fabián Osvaldo y otro s/recurso de casación”, Reg. n° 852/23, del 8/8/2023).
Frente a dicho escenario, enfatizó que la parte recurrente no ha planteado la existencia de medidas pendientes, sino que ha insistido (como lo hizo al apelar oportunamente la falta de mérito, sin recepción favorable en la alzada) en pedir el procesamiento del imputado Michel. En razón de lo expuesto, la Cámara revisora decidió confirmar el sobreseimiento de Guillermo Michel en orden a los hechos por los que fuera indagado.
4. Ahora bien, debe destacarse que el hecho objeto del presente sumario -consistente en la puesta en marcha por parte de funcionarios de la ex AFIP de una presunta maniobra ilícita tendiente a desprestigiar a la figura pública de la señora Elisa Carrió mediante la utilización abusiva de las facultades inherentes a sus cargos, con una finalidad ajena a sus competencias- es el mismo que integró la plataforma fáctica sobre la cual se expidió esta Cámara al revisar las condenas oportunamente dictadas respecto de Fabián Osvaldo Di Risio y Fidel Oscar Chiapperi.
En aquella ocasión, esta Sala I, con una integración parcialmente diferente, entendió que no se encontraba suficientemente acreditado que las conductas atribuidas a los nombrados hubieran configurado los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal previsto en el art. 248 del CP y, en consecuencia, dispuso su absolución (cfr. Reg. n° 852/23 ya citado).
En tales condiciones, y siendo que al ahora imputado se le endilgó el haber intervenido en el mismo marco fáctico y funcional ya examinado por esta Cámara, no se advierte sobre qué bases podría sostenerse válidamente la continuidad de la persecución penal a su respecto, cuando quienes habrían tenido una participación inmediata resultaron desvinculados precisamente por no haberse verificado, con el grado de certeza exigible, la configuración del ilícito investigado. Desde esa perspectiva, el sobreseimiento aquí dispuesto aparece como una derivación razonada del criterio ya adoptado por los jueces que conformaran aquel precedente de este Tribunal, en relación con los restantes imputados, sin que se adviertan elementos diferenciadores de entidad suficiente que justifiquen arribar a una solución diversa. Así las cosas, razones de coherencia jurisdiccional, igualdad ante la ley y estricta observancia del principio de legalidad imponen extender igual solución al aquí imputado. En ese contexto, la conclusión a la que arriba el a quo se ajusta fundadamente a las circunstancias acreditadas en autos, no presenta fisuras de logicidad, y constituye una derivación razonada de los elementos probatorios incorporados al proceso y de la aplicación del derecho vigente al caso concreto, sin que la parte recurrente haya logrado demostrar la existencia de vicios que impidan considerarlo un acto jurisdiccional válido (Fallos: 327:3913; 303:888 y 303:509, entre otros).
5. Por lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, con costas (arts. 470, 471 -a contrario sensu-, 530 y 531 del CPPN), y tener presente la reserva del caso federal formulada.
Tal es mi voto.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible en tanto se dirige contra una sentencia de las enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N. (cfr. los efectos del sobreseimiento dispuestos en el artículo 335 del código de forma), ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo (art. 458 del código adjetivo) y con fundada invocación de las disposiciones que consideró erróneamente aplicadas (art. 463 del código de rito).
II. El estudio profundo y detenido de las presentes actuaciones me llevan a considerar que la resolución por medio de la cual se confirmó el sobreseimiento dictado en relación a Guillermo Michel contiene suficientes y adecuados fundamentos, de conformidad con las exigencias contempladas en los arts. 123 y 404 inc. 2° del CPPN, por las razones que a continuación desarrollaré.
A ello se adiciona que la parte querellante no ha formulado una crítica conducente a fin de revisar el temperamento liberatorio adoptado y ha omitido la indicación de qué pruebas restarían producirse que conduzcan a controvertir el cuadro probatorio existente, sin que ante esta Cámara se haya presentado consideración alguna en el escrito en el que manifestó su opción por no presentarse de manera oral a la audiencia y remitirse a lo dicho en el recurso de casación (cfr. breves notas parte querellante en la oportunidad de la audiencia de informes contemplada en el art. 468 del CPPN).
Dichas falencias, adquieren una particular dimensión al tener en cuenta que la presente investigación lleva más de diez años en trámite, que el 27/12/2022 se dictó la falta de mérito de Guillermo Michel -confirmada por la cámara a quo- a fin de profundizar la investigación, ordenándose diversas medidas de prueba y que transcurridos más de tres años desde dicha decisión la conclusión desvinculatoria resulta la decisión ajustada a derecho.
Es que el transcurso del tiempo, el cuadro probatorio reunido y la ausencia de una crítica eficaz y conducente por parte de la acusadora particular al sobreseimiento dispuesto que trascienda de una insistencia en la hipótesis denunciada, conlleva la convalidación de la decisión adoptada, bajo el riesgo de que una decisión en contrario implique una prolongación indebida e irracional del presente proceso penal.
III. En particular, y con remisión a los antecedentes reseñados por el juez que lidera el Acuerdo en el punto 2°) de su voto, corresponde formular consideraciones particulares sobre los agravios presentados por la parte querellante contra el sobreseimiento que aquí toca revisar y los fundamentos en que este se asienta.
La querella atribuye en su hipótesis delictiva a Guillermo Michel, en su carácter de Subdirector General a cargo de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional de la Administración Federal de Ingresos Públicos el “haber ordenado” a Fabián Osvaldo Di Risio, quien era Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP, que se encargara de efectuar la solicitud de allanamiento ante el Juzgado Federal de Campana, provincia de Buenos Aires, la que así fue dispuesta por el magistrado federal interviniente.
Además, la hipótesis de la querella se sustentó desde un comienzo en que las actuaciones labradas en la Dirección Regional Centro de la AFIP no fueron “consecuencia de una alerta o sospecha sobre su situación fiscal” sino que la acusadora particular consideró que todo se motivaba en “una campaña de desprestigio de la imagen pública” de Elisa Carrió, quien entonces se desempeñaba como Diputada Nacional. Del análisis de las pruebas reunidas de carácter testimonial e informativa se han establecido con precisión los ámbitos propios de injerencia de cada uno de los denunciados en esta causa dentro del organismo AFIP, sus facultades, sus atribuciones, la relación jerárquica entre ellos, la normativa que dio fundamento al actuar del organismo y reguló el allanamiento cuestionado por la querella, sin que surjan fisuras o líneas de interpretación contradictorias entre sí. Tales extremos no han sido controvertidos exitosamente por parte de la querellante en su recurso de casación al haber insistido en su propia versión de lo acontecido en relación con un intento de desprestigio de su representada, sin poner en crisis ni demostrar que las subdirecciones generales -a cargo de Michel de índole técnicoinstitucional y a cargo de Di Risio operativa- funcionaron por fuera de sus órbitas específicas y jerárquicas.
Es que en la resolución cuestionada se tuvo acertadamente en consideración que debido a la estructura organizacional del organismo AFIP la decisión de solicitar una orden de allanamiento por la posible comisión de hechos delictivos vinculados con las disposiciones de la ley 24.769 no formaba parte de las funciones propias del área a cargo de Guillermo Michel, dado que carecía de la autoridad jerárquica necesaria en relación a la subdirección general a cargo de Di Risio.
En línea con eso, acertadamente la cámara a quo confirmó el sobreseimiento dictado respecto de Guillermo Michel por no haber actuado en su calidad de Subdirector General Técnico Institucional de AFIP en la emisión de la orden de realizar un allanamiento en el club de campo “Club de Campo Chacras de la Cruz” el 5/6/2013. Tal conclusión se vio reforzada con las particulares tareas a cargo de Guillermo Michel en punto a llevar a cabo políticas de difusión y comunicación de actividades del organismo fiscalizador. Es así que de lectura de los fundamentos brindados por la cámara a quo al confirmar el temperamento desvinculatorio adoptado surge un adecuado, exhaustivo y pormenorizado análisis de las diversas aristas en que la hipótesis delictiva denunciada por la querella se apoyó. Fueron abordadas en la investigación las atribuciones y facultades de Guillermo Michel en su calidad de Subdirector General Técnico Institucional de AFIP a fin de dilucidar la factibilidad de la imputación que se le formulara de “dar una orden” de realizar el allanamiento que fue practicado en relación a la firma “Urbaland Argentina S.A.” en el club de campo “Chacras de la Cruz” el día 5 de junio de 2013. En línea con la hipótesis de la acusadora particular se recibieron diferentes declaraciones de funcionarios de AFIP que brindaron información coincidente, concordante y sin contradicciones en punto a que no formaba parte de las facultades funcionales del cargo que detentaba Michel al tiempo de los hechos ordenar un registro como el practicado. Se contó así con las declaraciones prestadas por Fabián Osvaldo Di Risio -Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas-, Verónica María Kaufmann -ex directora de la Dirección de Asuntos Organizacionales de la Subdirección General de Planificación de AFIP- y Angel Toninelli -ex Director General de la DGI-AFIP-.
De sus dichos se acreditó que el organismo AFIP trabajaba en base a notas periodísticas o mediáticas de interés fiscal; que dichas informaciones implicaban la emisión de “pautas”, “instrucciones generales” o “criterios de trabajo” a las áreas operativas pero nunca “ordenes” en el sentido estricto de actuar de determinada manera; que Guillermo Michel estaba a cargo del área de prensa del organismo y que entre ésta área y aquella en la que se desempeñaba Di Risio no mediaba una relación jerárquica. Esos testimonios recabados han sido complementados y corroborados mediante la incorporación de informes en punto a la estructura de la organización y las funciones propias de cada sector.
En dichos informes se confirmó que no mediaba relación jerárquica entre las áreas dirigidas por Guillermo Michel y Fabián Di Risio; que existía una sección denominada “Comunicación Institucional” a cargo de Michel y que además en el organismo se había establecido un programa de “diálogo fiscal”, política institucional que da sustento a lo alegado en punto a la emisión de instrucciones generales de trabajo y no a la emisión de órdenes por fuera del diseño orgánico de AFIP.
En consonancia con lo evaluado, la cámara a quo tuvo en cuenta la decisión adoptada por la Sala I de esta Cámara Federal de Casación Penal en integración parcialmente distinta a la actual -jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa-. En dicha decisión se evaluó el contenido y finalidad del programa “diálogo fiscal” y se sostuvo que “la fiscalización de Urbaland S.A. respondió a la estrategia institucional delineada a través del instrumento interno ‘Diálogo Fiscal’ lo que es demostrativo de que no se trató de una fiscalización arbitraria, sino que la situación del mencionado contribuyente fue alcanzada y verificada conforme condiciones de transparencia e igualdad” (cfr. CFP 14119/2015/PL1/CFC1 “DI RISIO, Fabián Osvaldo y otros s/ recurso de casación”, reg. 852/23, rta. el 8/8/2023, voto Dra. Figueroa, al que adhirió el juez Barroetaveña, con uso del art. 30 bis del juez Petrone).
Sobre la base de todo lo expuesto, no cabe más que concluir que la confirmación del sobreseimiento dictado por el juez instructor, y que importó en definitiva el sobreseimiento del único imputado que seguía sometido a proceso, se asienta en fundamentos suficientes –en relación con los elementos y constancias valorados- para sustentar el auto desvinculatorio, decisión que resulta -como se adelantó- oportuna y ajustada a derecho a la luz del referido cuadro de pruebas.
En tal contexto, se advierte que la recurrente no ha expresado razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido por el a quo a partir del análisis conjunto de las circunstancias señaladas precedentemente, sino que se ha limitado a alegar su disconformidad con lo resuelto mediante argumentos que no revisten entidad para evidenciar la pretendida arbitrariedad del decisorio impugnado.
Las cuestiones que el a quo tuvo por acreditadas a fin de dictar la resolución aquí impugnada no se presentan a esta altura del proceso controvertidas y han sido suficientemente analizadas a la luz de los elementos obrantes en la causa, habiendo la acusación y la defensa presentado, en su momento, todos los planteos que consideraban pertinentes en relación a tales tópicos, garantizando así al principio de contradicción En efecto, no debe olvidarse que el sobreseimiento resulta procedente por aplicación del artículo 336, incisos 3° y 4° del código de rito, cuando el juez estima concluida la investigación, y no encuentra motivos para procesar al imputado. De esta manera el estado de inocencia puesto en duda por el Estado recupera la certitud originaria, obteniéndose así el justo equilibrio entre el interés de la sociedad y el individual, tutelados simultáneamente mediante los actos que se agotan en aras de esa garantía (cfr. mi voto en las causas de Sala IV CFCP n° 665 “Paradela Naveira, Roberto s/ recurso de casación”, reg. N° 1009, rta. 20/11/97; n° 278/13 “Karara, Armando Luis y otro s/ recurso de casación”, reg. N° 2626.13.4, rta. 23/12/13; FCB 67000061/2012/6/CFC “Rodríguez, Diego y otros s/ recurso de casación”, reg. N° 1845/18.4, rta. 27/11/18; FSA 2383/2017/CFC1 “Suárez, Alfredo s/ recurso de casación”, reg. 1409/19.4, rta. 5/07/19, entre muchas otras). En esa dirección, corresponde recordar que el sobreseimiento no sólo procede frente a la certeza negativa acerca de la participación de los imputados en la comisión de un delito, sino también cuando se considera agotada la investigación y de la evaluación de los elementos de prueba colectados en el proceso, con adecuado respeto de las reglas de la sana crítica racional, se concluye en la falta de pruebas sobre los extremos de la imputación delictiva. En ese sentido, José Cafferata Nores dijo “La certeza puede tener una doble proyección: positiva (firme creencia de que algo existe) o negativa (firme creencia de que algo no existe)(…) El intelecto humano, para llegar a esos extremos, debe generalmente recorrer un camino, debe ir salvando obstáculos en procura de alcanzar esa certeza” (La prueba en el proceso Penal, Depalma, 3° edición, pág. 8).
Así, se entiende que la decisión resultará válida siempre y cuando el Juez argumente su decisión suficientemente, indicando los motivos concretos por los que considera que la investigación se ha agotado y que la prueba reunida no permite continuar con el trámite de la causa; requisitos que fueron cumplimentados en la resolución recurrida.
En dicha línea de análisis, en el presente caso luce de particular relevancia que no restan medidas de prueba por producir –ni tampoco las ha propuesto la parte impugnantepara modificar el estándar probatorio alcanzado hasta ahora que desvincula al acusado. Por tal motivo, la investigación se encuentra agotada.
Por los motivos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto al no haber logrado rebatir el acusador particular los extremos en que se asentó la resolución en análisis, tornándose de aplicación la doctrina en materia de arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que requiere la demostración de la pertinencia, para tener por configurado el defecto invalidante de los fallos judiciales, que en estos se haya omitido tratar, sin fundamento, una cuestión planteada en la instancia ordinaria, y además que aquella sea conducente para una hipotética solución distinta a la adoptada, a la vez que exige del agraviado la demostración de dichos extremos, desarrollada en forma autónoma en el escrito de interposición del remedio federal (Fallos 310:2012; 312:389; 314:481 y 315:2896, entre otros).
IV. En consecuencia, voto por rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, con costas y confirmar la decisión recurrida (arts. 470, 471 -a contrario sensu-, 530 y 531 del CPPN).
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
Que habremos de coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones desarrolladas por los magistrados que nos preceden en el orden de votación. En virtud de ello, proponemos al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, con costas.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, con costas (arts. 470, 471 -a contrario sensu-, 530 y 531 del CPPN).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada (art. 14 de la Ley 48).
Regístrese, notifíquese, comuníquese (CSJN, Ac. 10/2025) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Daniel Antonio Petrone, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña. Ante mí: Walter Daniel Magnone.
Fin de la sentencia