Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2545/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE777379-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE859010-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2545/23-TSJ Interlocutorio N°: 3783 Actor: MICHUDIS ANACREON JULIAN Demandada: PLAN OVALO S.A.
Objeto: ORDINARIO Fecha: 11-12-2023 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3783 FOLIO Nº 6843/6849 PROT. ELECT. TSS1054I.231
Río Gallegos, 11 de diciembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “MICHUDIS ANACREON JULIAN C/ PLAN OVALO S.A. S/ ORDINARIO”, Expte. Nº M-11.322/13 (M-2545/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Horacio Daniel García (cfr. PE777379-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE751237-2022, que hizo lugar al recurso de apelación impetrado por la parte demandada y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de grado disponiendo el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas en ambas instancias al accionante.- A su turno, el fallo de Primera Instancia había hecho lugar a la demanda promovida por el Sr. Constantino Michudis con fundamento en el incumplimiento contractual de la accionada respecto al Plan de Ahorro suscripto entre las partes, condenando a Plan Ovalo S.A. a hacer entrega al accionante del vehículo objeto del mencionado plan; ordenando a su vez abonar al Sr. Michudis los montos en concepto de privación de uso del rodado; con costas a la demandada en su calidad de vencida (cfr. fs. 725/740 vta.).-
II. Contra esta decisión, el actor interpuso recurso de casación invocando al efecto las causales de violación o errónea aplicación de la ley, violación de la doctrina legal, quebrantamiento del principio de congruencia y, asimismo, arbitrariedad (cfr. PE777379-2023, págs. 1/2, y 6/7).-
La parte recurrente acusa “…que el fallo atacado viola la doctrina legal y la ley o deja de aplicarla...la resolución dictada en autos viola los arts. 1, 2, 3, 7, 8, de la ley 24240...art. 9 ley 22.802...arts. 1 y 2 ley 25.156...artículos 1071 y 1198 del C. Civil 16, 17, 18 y 42 -específicamente en lo que hace a la relación de consumo- de la Constitución Nacional.” Que conculca también la doctrina legal sentada por el Tribunal Superior de Justicia en los expedientes V-2275/18-TSJ y B-1997/14-TSJ y que es contrario a derechos y garantías constitucionales, y que por ello el recurso presentado es procedente conforme al artículo 3° incisos a) y b) de la Ley 1687 incorporada al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz (cfr.
PE cit., págs. 1/2).- Expresa el casacionista que: “...la parte demandada funda su recurso en: 1) la calidad de comerciante del actor y por ende la imposibilidad de aplicarle las normas del derecho del consumo y 2) En la caducidad de la adjudicación por falta de pago de la cuota extraordinaria. Que, jamás lo fundo (sic) en la liquidación del grupo o en su finalización […] Que, el fallo de segunda instancia -sin tener en cuenta el planteo y su responde- revoca la sentencia de primera instancia conforme al art. 16 del contrato de adhesión - puesta a disposición de fondos por finalización del plan (cosa que jamás ocurrió - faltaba el pago de la cuota extraordinaria) y/o por liquidación de grupo (cosa que tampoco jamás ocurrió, ni invoco (sic) la contraria).
Que, nos encontramos frente a un caso típico de arbitrariedad de sentencia y exceso en las facultades jurisdiccionales de este Tribunal de Alzada, que vulnera directa y en forma inmediata las garantías de igualdad, propiedad y del debido proceso, tutelados por los arts. 16, 17, 18 de nuestra constitución. Que, el fallo en crisis tipifica una reformatio in peius, violatoria de las garantías de igualdad, defensa en juicio y propiedad, tornándolo descalificable por aplicación de la doctrina sobre arbitrariedad.” (cfr. PE cit., págs. 6/8).- Respecto al principio de congruencia, señala el recurrente: “Que, no hay un solo párrafo del escrito de agravios que diga que conforme a las circunstancias de la causa el plan fue liquidado o se había cancelado y que por ello sea aplicable el art. 16 del contrato de adhesión.
Que, la actividad del tribunal de segunda instancia encuentra limitaciones frente al principio de congruencia, delimitado por el contenido de la expresión de agravios […] Que, la Excma. Cámara vulnero (sic) esa facultad revisora con los límites impuestos por los agravios, con lo cual hay un exceso de jurisdicción, que torna descalificable el pronunciamiento por transgresión a las garantías de igualdad, propiedad y debido proceso […] jamás la parte demandada se agravio (sic) porque no se aplicó el art. 16 del contrato de adhesión, se limitó a quejarse porque la sentencia se funda en la aplicación de la ley de defensa al consumidor y no tiene en cuenta la falta de pago de la cuota extraordinaria, el que fue, según ella, la causal de caducidad de adjudicación.
Que, estamos ante un fallo realmente incongruente y por ello nulo.” (cfr. PE cit., págs. 9 y 15).- En cuanto a la ley aplicable al caso, considera que: “...el fallo comete el grave error de no aplicar la ley 26.361 que modifica la ley 24.240 de defensa al consumidor. Que, para ello se ampara en una intimación de mi representado donde informa que el rodado será utilizado en su actividad comercial. Que, la ley 26.361 amplia (sic) claramente el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la norma. Que, esta ley entre otras modificaciones toma la realidad imperante y amplía el concepto de consumidor, como también incluye la relación de consumo al que alude la propia manda constitucional [...] con la ley 26.361 del año 2008 el término consumidor para la doctrina y jurisprudencia comprende al de usuario.
Que, en términos doctrinarios y jurisprudenciales el termino (sic) usuario está comprendido dentro del de consumidor. Que, ello ya marca en principio la gravedad de un fallo desactualizado en mas [de] 14 años. Que, con esta simple salvedad se marca el grave error del fallo al desechar la aplicación de la ley de defensa al consumidor. Que, es totalmente indiferente para su aplicación, que el actor hubiere manifestado que utilizaría el rodado para su actividad comercial.” (cfr. PE cit., págs. 15/17).- Sostiene que la Alzada se habría apartado de la doctrina legal de este Alto Cuerpo. Dice que: “...las leyes de protección de los consumidores sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata.
La norma tiene clara raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del Derecho del Consumo [...] Se ha sostenido que esta norma asigna ‘efecto retroactivo de los principios que rigen a las relaciones de consumo a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley’. En mi opinión, la norma no dispone la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata...(B-1997/14-TSJ)...” (cfr. PE cit., págs. 22/23).- Agrega que: “...el fallo atacado hace una interpretación totalmente errónea y alejada incluso de la conducta de la propia demandada. Que, el fallo somete al actor a las cláusulas predispuestas impuestas por la demanda[da] amparándose en el art. 1197 del Codigo Civil, para equiparar a las partes en una condición de igualdad totalmente arbitraria para la actora [...] Que, el fallo en crisis pone en una situación de indefensión al actor y a todos los hipotéticos suscriptores de un plan similar al suscripto […] Que, nuevamente vemos como la aplicación del art 1197 del C.C atenta contra la doctrina legal de nuestro más alto tribunal de justicia.” (cfr.
PE cit., págs. 23 y vta. y 27).- Continúa su embate expresando que: “...el fallo aplica el art. 1197 del CC e ignora de forma grave los arts. 1071 y 1198 del mismo cuerpo. Que, es tan llamativo como arbitrario el fallo pues marca un esfuerzo por justificar el incumplimiento de la parte demandada. Que, no tiene en cuenta mínimamente las circunstancias de la causa o lo que es más grave aún, una prueba contundente suministrada por la propia demandada y que fue el punto de partida de la acción, la interpreta de forma contraria y manifiesta que se equivocó en la elaboración de la misma […] queda acreditado por la propia conducta de la demandada, que la baja de la adjudicación fue por la falta de pago de la cuota extraordinaria […] Que, llamativamente y de forma muy arbitraria el fallo manifiesta ‘que de manera impropia la demandada habla de la baja de la adjudicación’.
Que, es la propia demandada la que justifica su incumplimiento ante la falta de pago de la cuota extraordinaria. Que, a confesión de parte relevo de prueba, ello marca lo absurdo y arbitrario del fallo atacado. Que, a partir de allí es estéril el relato del fallo en cuanto a las demás interpretaciones respecto a las condiciones generales impuestas por la propia demandada, en especial cuando refiere al art. 16 […] claramente estamos ante un caso de arbitrariedad, la sentencia, no expresa razones coordinadas y consecuentes, sino por el contrario contradice pruebas ‘obvias’, concluye en un absurdo notorio en la motivación, afectando la estructura lógica y legal de ella.” (cfr. PE cit., págs. 28/30).- Asimismo, señala: “Que, la demandada argumenta la falta de pago de la cuota extraordinaria para dar de baja la adjudicación.
Que, ello lo alega tanto en la documental adjuntada en la causa, como en la contestación de demanda -ver foja 11- y en el escrito de expresión de agravios ver hojas 6 y 7 […] la prueba es contundente mi parte siempre cumplió con todas las obligaciones a su cargo, en cambio la demandada no actuó de la misma forma […] claramente ambas partes entendimos que el objeto del contrato es únicamente la entrega del rodado, va de suyo que el fallo en crisis amen (sic) de ser incongruente y arbitrario, efectúa un análisis totalmente alejado de las circunstancias de la causa, de la conducta y actos propios de las partes, en especial de la demandada. Que, es inequívoco que lo único que se pactó fue la compra de un automotor en cuotas y es errónea la interpretación estableciendo la aplicación del art. 16 del contrato de adhesión.” (cfr.
PE cit., págs. 30/31 y 35).- Manifiesta el casacionista que: “...la jurisprudencia, desde hace más de 40 años, tiene una posición muy marcada respecto de los contratos de adhesión incluso aquellos que existían antes de la ley de defensa al consumidor […] el fallo aquí en crisis, opuesto a toda la jurisprudencia, interpreta un contrato de adhesión en contra del adherente...la demandada jamás -como quedo (sic) acreditado- envió la documentación para entregar el automotor, cuando el actor fue adjudicado antes de finalizar el plan. Que, la accionada jamás -como quedo (sic) acreditado- envió para su pago la cuota correspondiente al 30% del plan. Que, la demandada jamas (sic) abono (sic) el dinero del plan, con lo cual estamos ante un fallo totalmente arbitrario que respalda su conducta tan ilegal como abusiva...agravia y marca la arbitrariedad del fallo la falta de aplicación de los arts. 1071 y 1198 del Código Civil.
Que, claramente el actor adhiere al contrato que le impone la demandada con el objeto de obtener un automotor, no dinero […] no se tuvo en cuenta en el fallo la buena fe y su rol en los contratos de adhesión: estamos claramente ante la injusticia de la parte demandada ‘fuerte’ que aprovecha su posición frente a la ‘débil’ actora […] finalmente y como lo resaltamos el fallo va contra la aplicación de la doctrina de los actos propios. Que, el fallo en crisis le resta importancia y le da una interpretación contraria a actos propios de la demandada...es contundente la documental entregada por la demandada y acompañada en autos donde alega que ‘al no tener paga la cuota extraordinaria da la baja de la adjudicación’.
Que, este es un acto propio de la demandada que no deja dudas que el objeto del plan era la entrega del rodado.” (cfr. PE cit., págs. 35/37 y 40/41).- También denuncia la arbitrariedad de la sentencia de Cámara respecto a la imposición de las costas, al sostener: “Que, el art 68 del C.P.C.yC contempla una excepción que, conforme a lo dictaminado, debió ser tenida en cuenta: ‘Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello...’ […] nuevamente manifestamos que el fallo no es una derivación razonada de sus argumentos, por ello imponernos las costas es otro elemento más que agrava su arbitrariedad.” (cfr.
PE cit., págs. 41/42).- Hace reserva del caso federal (cfr. PE cit., págs. 42/43).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en PE859010-2023.-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE553988-2023.-
III. Previo a ingresar en el análisis de admisibilidad del recurso impetrado, advertimos la existencia de un error material en la sentencia de Primera Instancia, ya que en los considerandos de dicha pieza se identifica al actor como el Sr. Anacreón Julián Michudis y, por otro lado, de su parte dispositiva surge que se hace lugar a la demanda promovida por el Sr. Constantino Michudis (cfr. fs. 725 y 740 vta.).-
Dicho yerro fue inadvertido por las partes, así como también por la Alzada quien al momento de pronunciarse, corresponde señalar, consignó acertadamente el nombre del actor, es decir Anacreón Julián Michudis.-
Por su parte, no surge del escrito portador del recurso extraordinario de casación mención alguna sobre esta cuestión, ni agravio vinculado a su respecto.-
Así, más allá del error de tipeo detectado en el fallo de Primera Instancia, lo cierto es que las partes pudieron ejercer su derecho de defensa no viéndose afectada de tal forma la garantía del debido proceso, en consecuencia, sin perjuicio de visibilizar el yerro, no existiendo duda alguna en cuanto a que el pronunciamiento de Primera Instancia se refiere a la misma persona, corresponde estar a favor de la preservación de todo lo actuado so pena de incurrir en un excesivo rigor formal.-
En síntesis, más allá de percatarnos del error material existente en la sentencia de grado, consideramos que el mismo no constituye un vicio esencial que propague una nulidad sobre el proceso.-
IV. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
A la luz de todas estas premisas, sin perjuicio del análisis que seguidamente efectuaremos respecto de los agravios intentados, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE777379-2023 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
V. Así se verifica que los planteos casatorios tienen como temas centrales, por un lado, cuestionar la valoración de los medios probatorios por parte de los jueces de grado en lo relativo a si el actor podía considerarse como consumidor o no, a la interpretación y alcance de las cláusulas del contrato de adhesión suscripto entre las partes y, por otro, a cuestiones procesales, si la Cámara podía fallar subsumiendo el caso en una estipulación contractual que no habría sido invocada por la demandada en su expresión de agravios.-
En efecto, los agravios señalados remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba; que son, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el caso bajo estudio.-
Es necesario recordar que el absurdo en la valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante: “...‘...un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial...’ (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984).- Por su parte, la revocación de una sentencia por absurdo o arbitrariedad es un remedio de carácter excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
En tal inteligencia, este Alto Cuerpo ha entendido que: “…‘...para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento...’ (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- En ese andarivel, observamos que los términos del recurso contienen sólo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba, como así también de cláusulas contractuales, lo que hace inatendible a aquél.-
Paralelamente, constatamos que la Alzada realiza una interpretación de los elementos probatorios que no se advierte como arbitraria o absurda, por más que el casacionista disienta con la solución jurídica recaída en el caso.-
Así, la Cámara consideró que el fallo de Primera Instancia no valoró debidamente la Carta Documento remitida por el actor a la demandada donde este expresó: “...necesito contar con la unidad para utilizarla en todas las actividades comerciales que desempeño…” (cfr. foja 6). Esta manifestación concreta de Michudis formó convicción en la Alzada respecto a que, en el caso concreto, la finalidad en la adquisición del vehículo lo era para su utilización en las actividades mercantiles del casacionista.-
En base a ello, con cita del artículo 1° de la Ley N° 24.240 y modificatorias, la Alzada concluye que la relación contractual entre las partes no resulta amparada por la norma consumeril.-
Si bien es cierto que existen antecedentes jurisprudenciales en abono de la posición del actor (v. g. uso mixto del rodado), esa postura no es pacífica.
Por otro lado, recientemente, este Alto Cuerpo sostuvo que: “...la doctrina entiende que quedará configurada operación de crédito para el consumo siempre que los bienes o servicios contratados ‘...estén destinados a satisfacer necesidades personales o familiares del consumidor.’ (cfr. Wajntraub, Javier H.: ‘Régimen Jurídico del Consumidor Comentado’, Rubinzal-Culzuni Editores, Santa Fe, 2017, pág. 196). Inclusive se ha considerado que aquellos que ‘…adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios, quedarán igualmente protegidos por esta ley [de Defensa del Consumidor] siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa en la cadena de producción.’ (cfr.
CNCom., sala F, ‘Banco de Galicia y Buenos Aires S.A c/ Benítez Villalba Estela, P.’, del 16 de febrero de 2010 www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: 70060752).” (cfr. Sentencia, Tomo XXIII, Reg. 735, Folio 4448/4452).- De manera que la exégesis que efectúa la Cámara, poniendo el acento en el destino del bien exteriorizado por el propio recurrente, no conduce a una solución arbitraria, ya que ésta se encuentra sostenida por un fundamento serio basado en una postura jurídica. Así: “…Como este Tribunal dijera ‘...que incurre en un notorio error el recurrente, al considerar que el ad-quem realizó una interpretación equivalente a la ‘prescindencia del texto legal’...pues la adhesión a una teoría no implica -en principio- el haber incurrido en arbitrariedad; máxime cuando numerosa doctrina y jurisprudencia son contestes con la misma...’ (conf.
TSJ Santa Cruz, Tomo XI, Sentencia, Reg. 398, Folio 2154/2157; Tomo XII, Sentencia, Reg. 418, Folio 2282/2288), también dijo este Tribunal: ‘...Como vemos a favor de una y otra postura se alistan distinguidos autores, siendo por ello que no se encuentra en la adscripción por parte del juzgador de grado a una u otra teoría -en principio- fundamento bastante para agraviarse de arbitrariedad y por lo tanto, si el fallo tiene un fundamento serio basado en una postura jurídica -sea o no mayoritaria-, la circunstancia que el recurrente considere aplicable a su favor una de tales tendencia no habilita ‘per se’, la admisión de su queja...’ (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 398, Folio 2154/2157).” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 500, Folio 2760/2773).- En ese mismo carril, este Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: “…también ha dicho la CSJN ‘...‘…si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad…’ (Fallos: 237:69) que ‘…no cubre los supuestos de error...en la interpretación del derecho…’ (237:74) toda vez que ‘...la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función...y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar…’ (237:142) (Citado por Genaro Carrió ‘Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria’ T.
I págs. 29/30)...’ (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 523, Folio 2940/2946).” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 570, Folio 3242/3247). Por las consideraciones efectuadas, el pretendido agravio sobre la arbitrariedad denunciada no es suficiente para habilitar la admisibilidad del recurso intentado.-
VI. En lo tocante a la presunta incongruencia de la sentencia de Cámara, este Alto Cuerpo ha dicho que: “…el recurso de casación por incongruencia es viable ante la falta de tratamiento de planteos esenciales formulados oportunamente por las partes. Son cuestiones esenciales aquellos ‘...capítulos de consideración ineludible dado el contenido del litigio’ (SCBA, Acuerdos y Sententencias (sic), 1966 II, pág. 690). Sobre esta cuestión, este Alto Tribunal ha sostenido: ‘...el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al art. 34, inc. 4to. y 164, inc. 6to. del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…’ (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 425, Folio 2322/2327) [...] Así pues, es inatendible el planteo vinculado con que la sentencia sería incongruente porque la Cámara no subsumió el caso en la Ley de Defensa del Consumidor porque ninguna parte habría solicitado lo contrario (conf. foja 618). Esto es así ya que la afirmación del recurrente se da de bruces con el inveterado principio iuria novit curia -invocado expresamente por la Alzada a fs. 604 vta./605- por el cual los jueces deben aplicar e interpretar las normas legales que estimen pertinentes con abstracción a las alegaciones de las partes (conf. art. 164 inc. 6° CPC y C; CSJN, ‘Venturini, Omar c/ ANSES s/ prestaciones varias’, 5 de junio de 2007).” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3233, Folio 5349/5353).- Así, advertimos que la Alzada afincó su pronunciamiento en la cláusula décima sexta del contrato (Condiciones Generales de la Contratación-Puesta a Disposición de Fondos), normativa que regula la conducta a observar por la demandada en caso de extinción del plazo de vigencia del plan de ahorro. Pues bien, debemos señalar que surge, nítidamente, de la expresión de agravios referencia concreta a esa situación fáctica, es decir, liquidación del grupo por vencimiento del plazo: “…mi parte destacó que la liquidación del grupo integrado por el actor se formalizó en un todo de acuerdo a las condiciones generales […] Así fue como mi mandante no tuvo otra posibilidad que el 10.12.2012 cerrar el grupo y proceder a su liquidación conforme proceso determinado en Condiciones Generales, efectuando la puesta de haberes por liquidación final dentro de los 30 días del cierre, el 22.01.2013 y no como erróneamente interpretó el Juez de grado en el sentido que el actor contaba con 30 días desde el vencimiento de la última cuota 10.12.2012, cuando no había siquiera cancelado la alícuota extraordinaria.
Así expresamente lo establecen las condiciones generales.” (cfr. fs. 757 vta. y 758 vta.).- Por lo tanto, la aseveración del actor respecto a la presunta inexistencia de agravios relacionados con la comentada cláusula décima sexta -Puesta a Disposición de Fondos- resulta desacertada y, en consecuencia, el casacionista no realiza una argumentación adecuada respecto de la pretendida conculcación del principio de congruencia entre los agravios expresados por la demandada y lo resulto por la Alzada.-
En mérito de las consideraciones realizadas, los agravios concernientes a la violación o errónea aplicación de la ley, quebrantamiento de formas sustanciales -incongruencia- y arbitrariedad devienen inadmisibles.-
VII. En relación a la violación de la ley o a su errónea aplicación, el casacionista omite realizar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el fallo en crisis, por el contrario, solo avizoramos un desacuerdo con lo decidido basado en las mismas defensas intentadas en la anterior instancia.- El recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la parte recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en qué se ha equivocado la Cámara que ya se expidió, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.-
Se advierte entonces que la lectura del escrito portador del recurso de casación desnuda la carencia de una crítica concreta y razonada de la sentencia que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. No contiene, dicho libelo, una explicación razonable que demuestre, aunque sea mínimamente, cómo es que, en el caso concreto, se ha producido la violación o el error que amerite desechar el pronunciamiento de Cámara.-
En esa inteligencia, como señaláramos más arriba, la Excma. Cámara de Apelaciones se enrola en una postura jurídica, la que por cierto es compartida por parte de la doctrina y jurisprudencia, a fin de sustraer del ámbito de la Ley N° 24.240 y modificatorias, la relación contractual establecida entre el actor y la demandada poniendo énfasis en el destino final del bien objeto del contrato.-
Pues bien, los fundamentos esgrimidos por el casacionista no rebaten estas motivaciones sino que, por el contrario, traducen un criterio discordante con el de los juzgadores que resulta claramente insuficiente para la admisibilidad de la vía intentada.-
El escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por la Alzada. Por el contrario, las afirmaciones del casacionista pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omiten desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado, resultando insuficiente para la admisibilidad del recurso.- En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso impetrado.-
VIII. Igual suerte que el anterior agravio sigue, inexorablemente, el planteo efectuado por el recurrente relativo a la supuesta violación en que habría incurrido la sentencia de Cámara respecto a la doctrina legal de este Tribunal.-
Que, respecto de la alegada violación de la doctrina legal, debe recordarse que se encuentra reglada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido, resulta preciso señalar que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “...sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…” (cfr. art. cit.).-
Sobre el particular, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que: “...‘...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...’…” (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521; Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324 y Reg. 3241, Folio 5370).- En efecto, sin perjuicio que el actor cita dos sentencias pronunciadas por este Alto Cuerpo, causas “Vidaurre” y “Benítez”, omite por completo señalar cual sería la doctrina legal que emana de esos precedentes y, asimismo como, en el caso concreto, la Cámara se habría apartado de la misma. Máxime, cuando ya consideramos más arriba porqué no existió violación al principio de congruencia por parte de la Alzada.-
En ese sentido, la jurisprudencia ha resuelto que: “…no es ocioso recordar que resulta inapropiada la cita de doctrina legal cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente invocado (conf. causas C. 116.871, ‘Mirassou’, sent. de 3-IV-2014; C. 118.719, ‘Letamendia’, sent. de 19-X-2016; C. 120.282, ‘Primo de Piotrkowski’, sent. de 8-XI-2017). Por otro lado, la ritual denuncia de quebrantamiento de las citadas normas fondales, desprovista de alegaciones sustanciales que la fundamenten, no alcanza siquiera a erigirse en agravio en el sentido técnico procesal del vocablo (doctr. art. 279, CPCC), deficiencia que sella -sin más- la suerte adversa de este segmento del embate. En esta línea de reflexión, este Tribunal ha sostenido a lo largo del tiempo que quien afirma la violación de un precepto legal o doctrina no hace sino adelantar una premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito (conf. causas C. 96.432, ‘Cooperativa Industrial y Comercial Tamberos Unidos de Paso Ltda.’, sent. de 7-X-2009 y C. 98.449, ‘Fritzler’, sent. de 25-VIII-2010), extremo que no queda satisfactoriamente abastecido con la sola mención de distintas normas jurídicas o el despliegue de una argumentación que no se dirige al punto neurálgico del fallo cuestionado (causas C. 116.855, ‘Villagra’, sent. de 7-V-2014 y C. 119.184, ‘Ludueña’, sent. de 6-IV-2016).’ (cfr. SCBA, ‘Ramos Mercedes (su sucesión ab intestato) c/ Mateos Fidel y otros s/ Nulidad de acto jurídico’, causa LP C 121.978 S, del 17/10/2018)...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio; Tomo XXXIV, Reg. 3760, Folio 6767/6772 y Reg. 3761, Folio 6773/6778).-
IX. Por su parte, el agravio del actor dirigido contra la imposición de costas resulta, conforme reiterada doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, materia ajena a la casación: “…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado...” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio 2539/2542).-
Asimismo, este Alto Cuerpo ha considerado que: “...en cuanto a la impugnación por la condena en costas...‘...la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución […] En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación…’ (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542). La claridad de las citas transcriptas, que forman la doctrina de este Alto Cuerpo sobre la materia, nos exime de mayores explicaciones.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016).-
X. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE777379-2023, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE859010-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE777379-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE859010-2023.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1054I.231 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3783 Folio N°: 6843/6849 Secretaría: 1
Fin de la sentencia