Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 43.238-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-112185023-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 20 de Octubre de 2022 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación), Claudio Luis (Vocal de la 8°Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal de la 9° Nominación), a fin de sentenciar el expediente N° 43.238-I, “MICROOMNIBUS SUR S.A.C. -recurso de apelación- impuesto a las ganancias”
La Dra. Marmillon djo:
I. Que a fs. 12/19 se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 8 de abril de 2015, dictada por la AFIP-DGI, que aplica a Microomnibus Sur SAC una multa en relación con el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2008 y 2010,equivalente a un tercio del mínimo legal previsto en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones.), La recurrente plantea en primer término la nulidad de dicho acto administrativo por considerar que en la instrucción sumarial no se explicitaron los motivos que dieron origen a la sanción cuestionada en autos. En relación con la cuestión de fondo, señala que a partir de la auditoría practicada el organismo fiscalizador detectó que las declaraciones juradas originales no reflejaban la situación impositiva real de la actora, debido a la existencia de ventas omitidas de declarar y gastos computados en discordancia con lo dispuesto por la ley 25.345. En tal sentido afirma que si bien conformó el ajuste propuesto, existen elementos que tornan inaplicable la sanción en razón de la existencia de error excusable como causal eximente de responsabilidad, en el entendimiento que la referida ley 25.345 en su artículo 2º entra en abierta colisión con el artículo 34 de la ley 11.683.
A fs. 63/72 vta. contesta el recurso interpuesto la representación fiscal, quien en primer lugar manifiesta que del cotejo de las actuaciones administrativas se observa con claridad que la actora presentó declaraciones juradas inexactas y que tal inexactitud surgió a raíz de la verificación oportunamente practicada.
En este sentido, señala que a partir de dicha rectificación el elemento objetivo contemplado por el artículo 45 de la ley de rito fiscal se encuentra acreditado. Agrega que no puede admitirse que se presente en autos supuesto alguno de eximente de responsabilidad, toda vez que las normas incumplidas resultan claras y no admiten de interpretaciones disímiles que pudieran haber llevado a la actora a incurrir en error.
En virtud de las consideraciones expuestas y la jurisprudencia que invoca, peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas.
II. Que por una cuestión de lógica precedencia, aunque no fue planteada como cuestión de previo y especial pronunciamiento, procede analizar en primer término la nulidad impetrada por la recurrente. Dicha parte entiende que nunca se explicó en base a qué elementos se instruyó el sumario por la infracción aquí controvertida Que la motivación tiene como finalidad “... que la Administración sometida al derecho de un régimen republicano, dé cuenta a sus decisiones , que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas y que el particular afectado pueda ejercer su defensa” (COMADIRA, Julio R; Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Anotada y Comentada , T 1, La Ley); en definitiva un acto administrativo está motivado cuando expresa su causa, es decir, las razones de hecho y derecho que lo sustentan.
En el caso de autos, sin perjuicio de que el informe final de inspección obrante a fs. 3/15 de los antecedentes administrativos y el acto apelado explicitan los fundamentos del ajuste, esto es ventas omitidas por diferencias entre subsidios cobrados y devengados e impugnación de gastos por aplicación de la ley 25.345 (ver fs. 3/15 de de los antecedentes administrativos), lo cierto es que la empresa presentó declaraciones juradas rectificativas confeccionadas respetando las observaciones detectadas por la fiscalización, arrojando un saldo a favor del Fisco de $ 449.429,09 por el tributo y ejercicios fiscales en cuestión. Por tanto, no puede invocar ahora el desconocimiento respecto de la pretensión fiscal cuando procedió a receptarla en aquella oportunidad. En consecuencia, el planteo de nulidad articulado no puede tener acogida favorablemente, correspondiendo su rechazo sin imposición de costas, toda vez que dicha defensa no fue planteada como de previo y especial pronunciamiento ni le atribuyó tal carácter este Tribunal, sino que se introdujo como una defensa más frente a la pretensión fiscal (conf. CSJN “Colorín IMSSA (TF 24.123-I) c/ D.G.I.”, 2-7-13)
III. Que sentado lo que antecede, resta pronunciarse sobre la procedencia de la multa aplicada a la luz de la normativa invocada por el organismo fiscal, teniendo en consideración que las infracciones tributarias tienen una indiscutida naturaleza penal, por lo que debe analizarse si en el caso de autos se encuentran configurados los elementos del tipo penal y su proceder culposo.
Que el ilícito de omisión de impuesto tipificado en el citado artículo en su texto vigente al momento de producirse la conducta considerada punible, se configura cuando se “... omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas” y ” será sancionado con una multa graduable entre el 50 % (cincuenta porciento) y 100% (cien porciento) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente , siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable” .Es decir que para su configuración se requiere, en primer término, la omisión del pago del gravamen por falta de presentación de la declaración jurada o por inexactitud de la presentada. Asimismo, procede tener presente que el artículo 13 de la ley de rito, texto aplicable en autos disponía:” La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte...El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad.”
En el caso de autos, la conducta que se le reprocha al apelante es la falta de ingreso del gravamen en cuestión, como consecuencia de haber presentado en sus declaraciones juradas originales correspondientes al impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2008 y 2010 datos inexactos, las que una vez iniciado el proceso de fiscalización fueron rectificadas de conformidad con los ajustes formulados, por lo que cabe entender entonces, que ha quedado acreditado en autos la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa. Que en relación con la existencia del elemento subjetivo nuestro Máximo Tribunal ha expresado que..“ si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa , aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en la descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente (Wortman, Jorge y otros, 8-6-1993).
Que la norma bajo análisis sólo prevé como eximente de responsabilidad la existencia de error excusable, el que se produce -entre otros supuestos- cuando media una razonable oscuridad de las normas o criterios interpretativos diferentes que coloquen al contribuyente en una situación de confusión que lo lleve a incurrir en tal infracción ( conf. CNACAF Sala IV, “Ecohabitat S.A.” 07/05/2009), o frente a una situación de caso fortuito o fuerza mayor.
Que si bien la recurrente para desvirtuar la inexistencia de error excusable plantea la colisión entre lo previsto por el artículo 2 de la ley antievasión y 34 de la ley procedimental, cabe destacar que más allá de que los ajustes no sólo se originaron en esta cuestión, dicha parte no ha ofrecido prueba alguna tendiente a acreditar la aplicabilidad al caso de la doctrina emergente del fallo Mera, Miguel Ángel (CSJN 19-3-14).
En tal sentido, para la verificación del eximente de responsabilidad previsto por el artículo 45 de la ley de rito “dicho error debe ser invocado en forma específica (no genérica) y obviamente probado” (conf. CNACAF Sala II “Brauer, Hector” 2/6/15 y “Lorenzo SA 8/7/22)
Acreditada entonces la materialidad de la infracción, la que se considera adecuadamente graduada en el 50% del impuesto omitido - según texto legal anterior a la reforma introducida por la ley 27.430- y reducida a un tercio de conformidad con su artículo 49, corresponde su confirmación, con costas.
Cabe explicitar que no resulta aplicable en especie la reducción prevista en el párrafo segundo del artículo 49 en su redacción dada por la referida ley 27.430 a pesar de ser más favorable a la contribuyente , toda vez que debiendo aplicar el juzgador una sola ley, analizará la nueva y la derogada y la que en el caso concreto arroje los resultados más favorables para el autor será la más benigna (conf. Mezger, Trarado, T I, pág 125, citado por Fontan Balestra, Carlos, Derecho Penal 8ª edición, pág 147).
Que en idéntico sentido se ha expedido nuestro más Alto Tribunal, al disponer que cuando “... la ley penal sancionada con posterioridad al hecho incriminado depare, en definitiva, un tratamiento más favorable al imputado, ella debe ser aplicada íntegramente, incluyendo aquellos aspectos que, individualmente considerados , resulten desventajosos con relación a la ley anterior”.
Ello así porque el principio de la ley penal más benigna …. “ impide a los jueces construir una norma con los aspectos más benévolos de leyes sucesivas – quienes de lo contrario, aparecerían finalmente sustituyéndose al legislador en la valoración de la conducta... en clara oposición al principio según el cual compete al Poder Legislativo establecer las disposiciones que contemplen los hechos punibles y las respectivas sanciones , tras su propia apreciación de las conductas reprochables.” ( Fallos 136.200, 310.267).
Que entonces, resultando aplicable al caso de autos el texto del artículo 45 de la ley de rito en su anterior redacción, por fijar una pena menor a la prevista en la reforma introducida por la ley 27.430, no resulta aplicable la reducción allí contemplada.
Los Dres. Luis y Vicchi dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la multa apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.10.19 16:14:32 -03:00 Date: 2022.10.19 18:47:45 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.20 14:32:27 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.20 14:32:28 -03:00
Fin de la sentencia