Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.368-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 227/16 (AD POSA), recaída en las Actuaciones N°12342-556-2011.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-126898151-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Octubre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "MIGUEL DAVID ULISES c/ D.G.A. s/recurso de apelación", expediente N° 37.368-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 11/14 se presenta, por derecho propio y con asistencia letrada, el Sr. Miguel David Ulises e interpone recurso de apelación contra la Resolución N°227/16 (AD POSA), recaída en las Actuaciones N° 12342-556-2011, mediante la cual se lo condena al pago por la suma de $ 46.268,92 en concepto de multa y el comiso de la mercadería identificada en el Acta Lote N° 2011-046-001801. Ello, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 986 del C.A. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, plantea excepción de incompetencia territorial, fundando sus dichos en la existencia de un Acta de Constancia confeccionada en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que entiende que la Aduana de Buenos Aires debería entender en este caso, en virtud del art. 1018 del CA. Explica que no se reúnen los elementos que el tipo exige para la imputación de la infracción endilgada, remarcando especialmente que no existió la tenencia, por cuanto no hubo relación física con la cosa que le hubiese permitido conocer la presunta inexistencia de los documentos que acreditan la correcta nacionalización de los artículos. Niega la finalidad comercial de los artículos interdictos, manifestando que los mismos serían únicamente utilizados por él y su familia. Entiende que las cantidades ingresadas se corresponden con lo que cabría declarar para uso particular, ya que no se detectan indicios de finalidad comercial como podría ser que la mercadería se encuentre en un local de venta al público o en un depósito destinado a la actividad comercial. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada.
II. De su lado, en su responde, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, señala que los hechos se produjeron en la jurisdicción correspondiente a la Aduana de Posadas, ya que el Acta de Constancia aludida fue solamente efectuada a los fines de prestar conformidad para la apertura de la encomienda y exhibir facturas de las mercaderías compradas, siendo el momento de infracción aquél en el cual personal de Gendarmería Nacional apertura la encomienda y determina la gran cantidad de mercadería extranjera sin sus correspondientes instrumentos fiscales y/o documentación que pudiera acreditar la legal tenencia de la misma. Considera que la tenencia queda acreditada en autos, puesto que la encomienda que contenía la mercadería en infracción estaba dirigida al imputado, habiendo reconocido ser el mismo de su propiedad ante Gendarmería Nacional. Afirma que la mercadería tenía la finalidad de ser comercializada en virtud de su elevado número y variedad, atento que difícilmente una persona podría utilizar para uso personal 6 cámaras digitales, 15 celulares BlackBerry, entre otras cosas. Manifiesta que la carga de la prueba se encuentra a cargo de la actora, la cual no aportó prueba alguna que acredite la legal tenencia de la mercadería secuestrada. Destaca que la mercadería carecía de estampilla fiscal y/o documentación aduanera que acredite su legal ingreso al país, por lo que concluye que los hechos analizados configuran la infracción prevista y penada por el art. 986 del CA. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Así las cosas, corresponde resolver como primera cuestión la excepción de incompetencia incoada por la apelante. En este sentido, la actora exhibe como documentación adjunta de su apelación a fs. 2 un Acta de Constancia confeccionada en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que deduce que es dicha aduana quien debería entender en el caso de marras.
Ahora bien, no debe ignorarse que, de la simple lectura del Acta esgrimida, se desprende que su confección tiene como único objetivo dejar expresa constancia del apersonamiento del Sr. David Ulises Miguel en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales, a efectos de presentar facturas de compra que acrediten la propiedad de los bienes motivo de la investigación llevada a cabo en la Aduana de Posadas, conforme el Acta de Secuestro N°509/11.
En tal entendimiento del asunto, y teniendo en cuenta lo establecido por el art. 1018 del CA, en cuanto a que: “(…) corresponderá conocer y decidir en forma originaria al administrador de la aduana en cuya jurisdicción se hubieren producido los hechos”, resulta claro que los hechos a los que hace referencia el citado artículo se produjeron junto con la interdicción de la mercadería en territorio cuya competencia correspondía a la Aduana de Posadas. Es por lo expuesto que la excepción de incompetencia incoada por la actora no puede prosperar.
IV. Sentado lo anterior, corresponde analizar en autos si la resolución recurrida se ajusta a derecho. Para ello, debemos remitirnos a lo establecido en la norma cuya imputación aquí se cuestiona. El art. 986 del CA establece: "El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza." De la lectura señalada se desprenden los presupuestos de la figura infraccional: a) la tenencia sin importar el título en que se la posea, b) que la mercadería sea extranjera, c) que tenga fines comerciales o industriales y, por último, d) que los objetos no presenten aplicados los medios de identificación que para ello hubiere establecido la Aduana.
V. Previo a cualquier análisis, se debe verificar el cumplimiento de todos los presupuestos requeridos para configurar la infracción que aquí se discute.
En esas condiciones, corresponde expedirse acerca de la tenencia de la mercadería, la cual debe ser interpretada de manera amplia, lo que incluye no solamente la tenencia a nombre de otro, sino también al propietario, condómino, etc. Se entiende por tenencia, conforme lo establecido por el art. 1910 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor. La definición antedicha resulta ser fundamental para comprender si el concepto se aplica al estado en el que se encontraba la mercadería al momento de su interdicción.
Del análisis de las actuaciones administrativas, surge a fs. 2 el Acta de Apertura de Encomiendas labrada por el Escuadrón 50 “POSADAS”, de Gendarmería Nacional, donde consta la apertura de la encomienda enviada por Factura Guía Nro. 0051-00030277, en la cual se detectan 2 bultos destinados a David Ulises Miguel, enviado a través de la empresa de transporte “Vía Cargo – Cargas y Encomiendas – Vía Bariloche S.A.”. Como consecuencia de dicho acto, se detecta que las mercaderías no poseen constancia de la intervención de la AFIP-DGA, por lo que se procede a su incautación bajo el Parte de Contrabando N°509/11.
Por su parte, a fs. 2 del expediente tramitado por este Tribunal, se desprende el Acta de Constancia, mediante la cual se deja expresa constancia del apersonamiento del Sr. David Ulises Miguel en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales, radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de prestar conformidad y autorización de la apertura de la encomienda y para presentar facturas de compra que acrediten la propiedad de los bienes motivo de la investigación llevada a cabo en la Aduana de Posadas, conforme el Acta de Secuestro anteriormente mencionada.
Del relato de los hechos, se concluye que el Sr. Miguel David Ulises no ejercía la tenencia sobre la mercadería secuestrada, por lo que el encuadre infraccional carece de uno de sus elementos fundamentales para su configuración. Como resultado, no puede endilgarse la responsabilidad a la actora ante la inexistencia de los presupuestos necesarios para atribuirle la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales.
VI. En otro aspecto, lo dicho hasta aquí no implica que la adquisición a sabiendas de mercadería que entrara o fue introducida en el territorio aduanero en forma irregular resultase una conducta impune. Sin embargo, la realización del interés público no puede hacerse a expensas de estirar el significado de las normas sancionatorias en franca violación al principio de legalidad. Así como es razonable que el legislador administrativo recurra a figuras que castigan situaciones de peligro abstracto que adelantan la barrera represiva y evitan dispendios de recursos, va de suyo que deba hacerlo bajo las formas adecuadas. En el caso, tal como están estipuladas las normas aduaneras, a diferencia de otras figuras penales de peligro que sancionan la simple adquisición de un objeto cuyo tráfico se quiere evitar, solamente puede ser encausada la situación bajo la figura del delito de contrabando y en consideración al grado de participación que tuviera el adquirente.
En definitiva, el servicio aduanero no puede interpretar de forma arbitraria los preceptos legales establecidos con el propósito de aplicar una sanción cuyos presupuestos no se cumplen en su totalidad, ya que lo contrario implicaría ocasionar un perjuicio irreparable al administrado como consecuencia de una discrecionalidad jurídica excesiva y no prevista por la norma.
VII. Atento lo analizado en el sub-lite, corresponde revocar la Resolución N°227/16 (AD POSA) apelada en autos.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 227/16 (AD POSA), recaída en las Actuaciones N°12342-556-2011.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que remito los antecedentes del caso al relato efectuado por el Sr. Vocal Instructor. En cuanto al fondo de la cuestión, adelanto que existen ciertas circunstancias que me alejan del razonamiento del voto de la mayoría.
Surge en primer lugar que tanto la calidad como cantidad de mercaderías que resultaran objeto de la importación irregular en trato exceden el marco razonable para ser considerados de “uso personal”. Nótese que se trata de mercaderías que (a la fecha de su secuestro) resultaban de última tecnología y de alto valor unitario: 10 cámaras fotográficas digitales, 15 teléfonos celulares Black Berry, 2 consolas de juegos X Box 360, pen drives, 3 comandos de Play Station; -entre otros- ameritan acompañar la sospecha de la Administración en cuanto a la finalidad “comercial” de su arribo a plaza (conf. listado Acta Lote 2011- 046-0011801 a fs. 3 de las actuaciones administrativas).
Por otra parte, en cuanto a la ligazón de tales elementos con el condenado, cabe señalar que él mismo se presentó ante la Unidad Especial de Investigación y Procedimientos Judiciales de esta ciudad, oportunidad en que presentó facturas de compra y las reconoció como propias.
Tampoco conmueven los cimientos de la presunción de inocencia pretender desconocer la ilicitud en la forma de ingreso (mediante encomienda) con la mención de la supuesta recomendación de un remisero para que un agente paraguayo se ocupara de los trámites y posterior envío a su domicilio en Cdad. de Buenos Aires. Este relato no se vió acompañado siquiera de una constancia documentada de su contratación. Más bien se torna en una pretendida excusa huérfana de toda comprobación (conf. fs. 16/18 del Sumario Administrativo).
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución N° 227/16 (AD POSA), recaída en el expediente N°12342-556-2011. Con costas. De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 227/16 (AD POSA), recaída en las Actuaciones N°12342-556-2011.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.10.25 10:22:45 ART Date: 2023.10.25 13:59:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.25 14:46:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.25 14:47:04 -03:00
Fin de la sentencia