Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín · Causa 1767
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución de primera instancia que no hace lugar a los planteos de nulidad interpuestos por la defensa; rechaza la aplicabilidad de los institutos de violación del plazo razonable y/o prescripción de la acción penal; decreta la prisión preventiva de Juan José Miguel en orden al Delito contra la integridad sexual (abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia pre-existente reiterados - art. 119 tercer y cuarto párrafo inc. "f" del C.P.); y desestima la posibilidad de conceder una morigeración a la medida de coerción, por considerarla ajustada a derecho. Con costas.
Expte. Nº IN1-1767-2020: "MIGUEL, JUAN JOSE S/ INCIDENTE DE APELACION"
En Junín, a los 08 días del mes de Septiembre del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Carlos Mario Portiglia y Luis Alberto Beraza (artículo 440 del C.P.P.), bajo la Presidencia del primero, se trajo a despacho para pronunciar Sentencia la Causa Nº IN1-1767-2020, caratulada "MIGUEL, JUAN JOSE S/ INCIDENTE DE APELACION".
Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden: Doctores Beraza y Portiglia.
Seguido el Tribunal resolvió considerar la siguiente cuestión: ¿ Es justa la resolución apelada de fs. 1/37 y vta. ?
A LA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Luis Alberto Beraza dijo:
Llegan los autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación deducido a fs. 42/46 y vta. por los Defensores Particulares de Juan José Miguel, Dres. Darío De Ciervo y Natali Zlatar, contra la resolución del Sr. Juez titular del Juzgado de Garantías n° 1 Deptal., Dr. José Raúl Luchini, quien con fecha 20/07/2020 rechazó los planteos de nulidad, violación del principio de plazo razonable y prescripción de la acción penal oportunamente interpuestos; decretó la prisión preventiva de Miguel al considerarlo "prima-facie" autor penalmente responsable del Delito contra la integridad sexual (abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia pre-existente reiterados), citando el art. 119 tercer y cuarto párrafo inc. "f" del C.P.; y desestimó la posibilidad de conceder una morigeración a la medida de coerción.
En la presentación que abre el tratamiento de la controversia, la defensa enumera una serie de agravios que sucintamente delinearé a renglón seguido:
- La circunstancia de no haberse hecho lugar como los defensores peticionaran a la agregación de la totalidad de las actuaciones que componen la I.P.P. N° 35.385 que tramitara por ante la U.F.I. N° 2, de otras dos investigaciones que resultarían conexas con la presente; y de la causa N° 19.473 del entonces Juzgado de Menores, aclarando que esta última resultaría fundamental a la hora de evaluar una supuesta infracción al principio del ne bis in idem. Como así también para analizar las razones y fundamentos por las cuales en dichos expedientes no se diera curso favorable a la denuncia incoada.
- La denegatoria de producción de un informe socio-ambiental respecto del imputado Miguel.
- Lo que denominan la "no evacuación de citas", citando el art. 318 del rito. Cuestionando que el aquo receptara la postura fiscal en cuanto a que la misma no sería obligatoria toda vez que los extremos en cuestión no fueron declarados en la oportunidad del art. 308 del C.P.P. (donde Miguel hizo uso de su derecho a no declarar), sino que se habían efectuado algunas manifestaciones en ese sentido usando la forma escrita mediante una presentación conjunta en el expediente del imputado y su defensor. - El rechazo del pedido de prescripción de la acción basándose en el principio de irretroactividad de la ley contemplado en regulación local e internacional, al citar que las leyes 26.705 y 27.206 no se encontraban aún vigentes a la fecha de los hechos, citando doctrina y jurisprudencia en la línea propuesta.
- Violación del principio de plazo razonable, alegando que en realidad la denuncia inicial fue la que motivara la formación de la causa antes citada que tramitara por ante la U.F.I. N° 2 Deptal., y que su pupilo ha tenido que enfrentar esa acusación hasta la actualidad, tildando de inválido el argumento utilizado por el sentenciante de grado respecto a que aquella añosa investigación fue archivada sin que Miguel fuera procesado. En este acápite también cita doctrina y jurisprudencia, y asevera que la eventual inacción procesal se debe de modo exclusiva a la conducta de las autoridades judiciales, sin que existan condicionamientos de peso que la justifiquen.
En su petitum, solicita se tenga presente la prueba ofrecida, se revoque el fallo atacado, se haga lugar a las excepciones interpuestas, y se conceda la libertad al imputado. Subsidiariamente, se morigere la situación de detención.
Como fácilmente puede advertirse del contenido de la queja interpuesta, la defensa no cuestiona, al menos directamente, los aspectos que tienen que ver con la materialidad ilícita y la autoría. Digo directamente porque de algún modo infieren la posibilidad de extraer de los expedientes que pretende acumular algún dato que según su postura permita ampliar el conocimiento de los hechos, aunque no concretan sus dichos en tal sentido. He de referirme en primer lugar a los motivos de agravios concretos, según lo consignado precedentemente, para luego expedirme sobre el instituto previsto en el art. 157 del C.P.P.
En la primera parte de su escrito, la defensa cuestiona la no incorporación de investigaciones anteriores, la no realización de un informe socio-ambiental en la persona del incusado, y la negativa a lo que denomina "evacuación de citas", para luego, a la hora de peticionar, requerir que dicha prueba sea tenida presente.
Claramente su presentación difiere de la oportunamente incoada en sede del Juzgado de Garantías, donde atacó de nulidad las decisiones adoptadas respecto a dichas diligencias por parte del Ministerio Público Fiscal. Planteo que fue tratado in extenso en primera instancia, y que no fue reeditado en los mismos términos en la apelación. En consecuencia, no amerita ese tramo del líbelo mayor tratamiento.
Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de mencionar que comparto todas y cada una de las apreciaciones vertidas por el Dr. Luchini en su ilustrado fallo, cuya claridad conceptual y calidad resulta digna de destacar. Solo haré, teniendo en cuenta lo apuntado, algunas menciones en particular. El código de rito establece taxativamente los términos fatales dentro de los cuales el Ministerio Público Fiscal debe peticionar el dictado de una prisión preventiva, y los requisitos que deben cumplirse para su procedencia. Por lo tanto, y ante la posibilidad de sumar pruebas al expediente, la fiscalía no cuenta con la facultad de elongar el período legal so pretexto de incorporar diligencias pendientes. Así, los arts. 157 y 158 del C.P.P. fijan con claridad los requisitos que deben observarse para el dictado de la medida de coerción, y el tiempo en el que debe propiciarse su tratamiento.
Por lo demás, es deber y al mismo tiempo atribución del Juez de Garantías verificar que dichos extremos se encuentren cumplidos. Tarea que ha desempeñado el aquo. Y como antes dijera, la falta de algún elemento probatorio no es óbice para alterar los tiempos procesales. El fiscal pide con los elementos que logró reunir, y el Juez resuelve en consecuencia.
A su vez, y debido al carácter de provisoriedad que ostenta, la prisión preventiva no causa estado y es susceptible de ser alterada, modificada o dejada sin efecto si el devenir del proceso lo justifica. Y ello obviamente puede deberse a la sumatoria de nuevas pruebas que cambien la marcha de la investigación. Por lo tanto, la no producción de una diligencia previo a su dictado no impide el cumplimiento del acto procesal consistente en la resolución que la dispone. A todo evento, reitero, está en la órbita del juez garante analizar el plexo que le sea presentado, y resolver lo que entienda ajustado a derecho.
A partir de lo expuesto, nada obsta a que las medidas probatorias que pretende introducir la defensa se produzcan en el futuro, garantizándose plenamente sus derechos conforme lo normado por los arts. 273 y 334 segundo párrafo del ritual. Y en la etapa siguiente, al momento del ofrecimiento probatorio signado por el art. 338 del mismo cuerpo legal. Puntualmente, y reitero, pese a que ningún planteo específico se ha hecho frente a esta Cámara, no parece que las decisiones adoptadas no guarden razonabilidad. Sobre la incorporación de otros procesos respecto de los cuales la fiscalía solicitó sean individualizadas y establecida su vinculación, ese parecería ser el camino correcto. Si la parte pretende incorporarlas, mínimamente debe decir a que fines y efectos lo hace. Datos que tampoco plantea en su recurso. Es más, teniendo en cuenta el carácter de los expedientes judiciales, nada obsta a que los defensores accedan a los mismos, los analicen, e incluso obtengan copias para presentar en estos actuados a efectos de sustentar su petición. Actividad que parece no haberse practicado.
Misma conclusión obtengo a partir del pedido de un informe socio-ambiental en el domicilio de Miguel. Al menos prima-facie no se advierte cual sería su incidencia como medida previa a dictar la prisión preventiva. Y tampoco los peticionantes lo han aclarado.
Respecto a la evacuación de citas, cabe señalar que pese al principio de informalidad que a modo general reviste la investigación preparatoria, existen actos a los cuales la propia ley ritual le asigna la condición de formalizados. Uno de ellos es la declaración del imputado, normada en el Capítulo II, Título III, Libro II del C.P.P. (arts. 308 a 319). Claramente la inobservancia de lo allí estipulado es causal de nulidad. En ese sentido, el art. 318 establece la obligatoriedad de la fiscalía de investigar los hechos y circunstancias que hubiese expresado el imputado. Cosa que no ha sucedido en autos donde Miguel se negó a declarar. El hecho que la defensa, en uso de su estrategia, haya acompañado un escrito aportando versiones no obliga al representante del Ministerio Público desde el momento en que esa modalidad no está prevista en la ley procesal vigente. Es cierto y real que una buena práctica investigativa, sin lugar a dudas, indica la conveniencia de analizar todos y cada uno de los extremos que una parte pueda plantear, en pos de lograr el verdadero objetivo del proceso, cual es la averiguación de la verdad de lo ocurrido. Mas ello tampoco implica necesariamente que esa dilucidación de lo aportado sea efectuada si o si antes de los términos fatales que el rito establece para la petición de dictado de la prisión preventiva. Nada obsta a que su merituación se haga en el futuro, tarea en la que la propia defensa puede colaborar aportando los datos que tenga en su poder.
Por último, y como antes lo reseñara, los apelantes se limitan a requerir en su presentación que esta Alzada tenga presente su ofrecimiento probatorio. Nada queda entonces por agregar, toda vez que se encuentra latente la posibilidad de su tratamiento con el avance de la investigación. A renglón seguido, me referiré a los planteos de violación del plazo razonable y/o prescripción de la acción penal.
El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye un verdadero derecho subjetivo, que como contrapartida exige al Estado una pronta determinación de la situación del justiciable frente a la ley penal. Cuenta con raigambre constitucional a partir de la letra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone en su artículo 8.1 que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente. En sentido similar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.3 también reconoce dicha potestad: "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas... c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas". Tratados que conforman el bloque constitucional por imperio del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna.
El reconocimiento de la garantía en cuestión ha sido pacífico, y se extiende practicamente al mundo entero. A modo ejemplicativo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que el plazo de duración del proceso debe computarse a partir que a la persona involucrada se le formulen cargos oficialmente ("Deewer c/Bélgica" y "Eckle c/Alemania", 27/2/80, serie A n° 35 y 15/7/82 serie A n° 51); criterio también abonado en América por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe del caso 10.037 ("Firmenich"), Informe 12/96 caso "Gimenez"; y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 12/11/97 "Suarez Rosero", sentencia del 29/01/97 "Genie Lacayo", y sentencia del 30/10/08 "Bayarri vs. Argentina".
Dichos principios rectores han sido receptados por el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires en sus artículos 2, 23 inc. 7, 141, 282, 283 y ccs., que no han hecho otra cosa que plasmar en la norma los fundamentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Mattei", fallado el 29 de noviembre de 1968, al decir que "... tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero, además, y esto es esencial, atento a los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a librarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal. Que, en suma, debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, el derecho de todo imputado a obtener luego de un juicio tramitado en legal forma un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que importa el enjuiciamiento penal...".
Jauchen, en su obra Tratado de Derecho Procesal Penal, Ed.
Rubinzal-Culzoni, 2012, T° I, Pags. 345 y 349, enseña que "....lo relevante del distingo radica en que la garantía no sólo rige para los supuestos de prisión preventiva, sino para toda persona que aún en estado de libertad sea enjuiciada penalmente, también tiene derecho a que su situación se resuelva con celeridad, sin dilaciones indebidas... en puridad técnica si bien el imputado puede permanecer durante la tramitación de la causa parcial o totalmente en estado de libertad física, todo proceso penal conlleva una serie de restricciones que, aún cuando no importen el encarcelamiento, cercenan el pleno goce de la libertad; basta señalar las exigencias y condicionamientos que las leyes procesales imponen a todo imputado...". El criterio antes apuntado ha sido receptado por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. en el fallo P-94754, "Romero Carlos s/Robo", 15/07/09, sentando conclusiones y fijando parámetros tendientes a establecer cuando el estado ha violentado la garantía de juzgamiento en plazo razonable. Asimismo, y para determinar que se entiende por plazo razonable, teniendo en cuenta que ninguna norma establece determinación aritmética alguna, ha dicho que "... debe acudirse a la llamada teoría de la ponderación.... la Corte Interamericana ha sostenido en el caso Suarez Rosero (sent. del 12/11/1997 con cita de los casos del Tribunal Europeo "Motta", sent. del 19/2/91 y "Ruiz Mateos", sent. del 23/6/93), que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales, aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la elongación del proceso implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. P. 70200, sent. del 27/8/08; P. 88303, sent. del 25/3/09..." (SCBA, in re P.116960, "P.,L.O. s/Recurso extraordinario").
Ahora bien, conjugando estos criterios de índole general con el caso concreto, es mi opinión que la excepción pretendida no resulta procedente. En lo que hace específicamente al trámite de la presente I.P.P. N° 1767-2020, ninguna duda cabe que el trámite observado deviene normal, adecuado, y adaptado a la normativa certeramente citada por el Juez de Garantías. Así, los plazos establecidos en los distintos artículos del Código Procesal Penal regulatorios de la cuestión han sido debidamente respetados.
El tema pasa por determinar si, conforme lo pretende la defensa, el término de iniciación de la investigación debe contarse a partir de la denuncia que diera origen a la I.P.P. N° 35.385. Concuerdo con la decisión puesta en crisis en cuanto a que la respuesta ha de ser negativa. Oportunamente, y ante la presentación incoada, el entonces titular de la U.F.I. N° 2, luego de recabar la prueba que estimó pertinente, resolvió desestimar la denuncia y archivar las actuaciones, en uso de las atribuciones conferidas en los arts. 268, 290 y ccs. del C.P.P. Como surge del último párrafo del mentado art. 268, el archivo ocurrirá cuando el fiscal considere que las pruebas adunadas no permitan acreditar la existencia del delito, o la autoría responsable del o los supuestos imputados. Archivo que ostenta el carácter de provisorio, y nada obsta a que la situación sea revisada a partir de la incorporación de nuevos elementos.
Ello aconteció en la investigación citada. Mas allá de lo acertado o desacertado de la instrucción, lo cierto es que Miguel no sufrió persecución penal alguna. No fue citado a declarar, ni siquiera fue colocado en calidad de imputado (art. 60 C.P.P.). Consecuentemente, no puede alegarse ni sostenerse que haya sufrido perjuicio alguno, mas allá de la toma de conocimiento de la denuncia, ni tampoco que haya estado sometido a proceso hasta la actualidad, como pretende la defensa.
A lo que cabe añadir, teniendo en cuenta los postulados de la teoría de la ponderación supra referida, la extrema gravedad del delito, la circunstancia de la minoridad de la víctima con su posibilidad de acceso efectivo a la justicia recién cuando su maduración personal así se lo permitiese, y las normas internacionales de protección en casos como el que nos ocupa, contenidas en tratados cuya aplicación y vigencia tiene sostén constitucional a las que infra aludiré, que permiten el análisis y esclarecimiento del hecho pese al paso del tiempo.
Concatenado con lo expuesto, pasaré a tratar el apartado relativo a la posible prescripción de la acción penal.
Como supra lo reseñara, la defensa postula la procedencia del instituto en cuestión al sostener la inaplicabilidad de las leyes 26.705 y 27.206, debido a que ambas fueron dictadas con posterioridad al acaecimiento de los hechos aquí investigados. El criterio esbozado por el recurrente no resulta ilógico: ha sido la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Mirás" (fallos 287:76), quien sostuvo que la garantía de irretroactividad comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor que impliquen empeorar las condiciones de los encausados. Aclarando en el caso "Arancibia Clavel" (fallos 327:3312) que el instituto de la prescripción de la acción penal está estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo que no sería factible de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad en perjuicio del imputado. Claramente se vislumbran en el caso en análisis garantías constitucionales en pugna, las que confrontan y exponen derechos de los justiciables en colisión, toda vez que la solución que se adopte evidentemente favorecerá y reconocerá alguna o algunas de ellas, provocando la mengua de la contraria. Debiendo la magistratura tamizar cada una y discernir el estándar prevalente armonizando normas del derecho nacional con el derecho internacional humanitario (conf. Tarditti, Aída, "Delitos sexuales, Tensiones entre las garantías del imputado y derechos fundamentales de las víctimas"). En realidad, resolver en uno u otro sentido no implica invalidar un derecho, sino determinar en el caso concreto cual debe preponderar.
En autos, ambas posturas están claramente determinadas: por un lado la aplicación del instituto de la prescripción penal, con el respeto que implica hacia los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal. Y por el otro, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos del niño. Precisamente, el problema radica en que no existe ninguna norma previa, escrita, y con la certeza y precisión necesaria que una cláusula penal requiere que determine la imposibilidad de aplicar el instituto de la prescripción. Ello teniendo en cuenta que la normativa que debe prevalecer según la mirada del aquo se corresponde con la emanada de los tratados internacionales, que como todo precepto de parte general carecen de la especialidad aludida.
A lo hora de desentrañar la disidencia, considero que el camino de análisis debe iniciarse necesariamente con base en la letra de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por ley 19.865 del 3/10/72. La misma dispone en su art. 26 el principio de pacta sunt servanda, que establece que todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, implicando que deben cumplirse los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales garantizándose su ejercicio. Y como complemento de ello, el art. 27 reza que la parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento.
Ello ha sido largamente refrendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en sentencia "Almonacid Arellano" del 26/09/06, considerando 124, y con relación a la Convención de Belem do Pará, sostuvo que si bien los jueces están sujetos a las disposiciones legales vigentes en su ordenamiento jurídico, cuando un estado ha ratificado un tratado internacional los magistrados, como parte del aparato del mismo, están sometidos a su cumplimiento. Y en la Opinión Consultiva 14/94 del 9/12/94 (Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención - arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -), afirmó que "...según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno...". Criterio receptado in totum por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos "Mazzeo" (330:3248), y "Rodríguez Pereyra" (335:2333).
Evidentemente el problema ha sido ocasionado por la larga e injustificada demora en la que ha incurrido una vez mas el Estado argentino, al omitir en tiempo y forma adecuar nuestra legislación a las obligaciones internacionales asumidas. Es que ese y no otro fue el motivo de dictado de la ley 27.206, extremo que surge expreso de la exposición de motivos, puntualmente de la palabra del senador Abal Medina, quien en su alocución afirmó que si bien la tutela judicial podía cumplirse echando mano a instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, era su responsabilidad como legisladores de la Nación modificar el derecho interno a fin de estar en armonía con la normativa emanada de los tratados suscriptos. En la misma línea de pensamiento se expresó la senadora Sigrid Kunath, agregando que la víctima que no hubiese podido defenderse durante su minoridad en la que dependía de un representante legal, pudiera hacerlo luego de alcanzada su mayoría de edad.
Aspecto el citado en el párrafo precedente que se reiteró como fundamento del dictado de la ley 26.061 la necesidad de prolongar los tiempos de prescripción para que los menores que hayan sido objeto de delitos puedan reclamar su esclarecimiento luego de alcanzada la mayoría de edad; y que en caso de colisión entre los derechos del niño a la protección de su integridad física y sexual frente a otros derechos igualmente legítimos, deberán prevalecer los primeros.
Adentrándome directamente en la normativa supranacional, a la fecha de los hechos nuestro país ya había suscripto la Convención de los Derechos del Niño (ratificada por ley 23849 del 27/09/90), y la Convención Americana de Derechos Humanos (ley 23054 del 1/03/84), tratados que en su articulado contienen diversas normas que direccionan el camino a recorrer por los estados partes, y a su vez, generan en los mismos obligaciones de carácter internacional.
En la primera de las convenciones citadas, el propio preámbulo hace hincapié en la necesidad de brindar protección y asistencia integral a los niños, incluida la debida asistencia legal. Seguidamente, reconoce el interés superior del niño (art. 2) y la tutela judicial efectiva (art. 12). Y en su art. 19, obliga a los Estados partes a que adopten todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Complementariamente con ello, el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General N° 13 de fecha 18/04/11, "Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia", y aunque sin referencia concreta a obstáculos normativos de derecho interno, dice que la intervención judicial puede consistir en procedimientos penales que deben aplicarse para poner fin a la impunidad generalizada de la que gozan los autores de actos de violencia. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos postula también en su art. 8.1 el derecho de acceso a la justicia., y en su art. 25 garantiza la posibilidad de una tutela efectiva ante la violación de derechos fundamentales. Concatenado y reforzado con los arts. 1 y 2 de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que en lo pertinente dicen:1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. 2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Contempladas las normas aludidas frente a las especiales circunstancias del caso, fácilmente puede advertirse que estamos frente a una denunciante sometida desde muy corta edad, seriamente afectada y comprometida en su integridad física y sexual, por los abusos sexuales perpetrados "prima-facie" por alguien que no ha sufrido, al menos hasta la fecha de inicio del presente proceso, cercenamiento de derecho alguno. Queda claro, de la lectura del expediente, que la víctima no tuvo libre acceso a la justicia, encontrándose indefensa hasta que fue una persona adulta. Mientras fue niña, se vio envuelta en una situación de sometimiento que alcanzó también a su grupo familiar, siendo impedida de ser debidamente escuchada y protegida. El mas Alto Tribunal Nacional ha dicho que ".... se encuentra en condiciones de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tiene una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Se destacan, entre otras víctimas, las menores de edad y las que padecieron delitos sexuales.... " (in re "Gallo López Javier", causa 2222, Expte. G.1359 XLIII, voto Dra. Highton de Nolasco).
El Superior Tribunal de Justicia de Chaco, en fallo "Gremingeer" del 14/6/13, sentencia 67/2013, con cita de la obra "Convención de los Derechos del Niño comentada" (Mary Beloff y otros), dijo en caso similar al de autos que "... se advierte que el suceso abusivo así descripto, plantearia una situación de violencia dirigida no sólo contra una menor (niña), sino además, mujer. Violencia basada en una clara desigualdad de poder, donde la víctima se ubica en una posición de inferioridad y sumisión respecto del victimario.... siendo la víctima además una menor de edad, se impone la observancia por parte del Estado de los arts. 19, 34 y 39 de la Convención de los Derechos del Niño - de jerarquía constitucional, art. 75 inc. 22, que tal como lo dice Beloff, impone... el deber de adoptar diversas medidas de protección contra el abuso físico, mental y sexual y los malos tratos hacie el niño.... , señalando así como uno de los objetivos, .... una investigación seria y castigo de los responsables..."
Asimismo, la CIDH en sentencia del 8/9/05, "Yean y Bosico c/República Dominicana", falló sobre la especial gravedad que tienen los casos cuando la víctimas de violaciones de derechos humanos son los niños, citando el interés superior del niño y entendiéndolo como la necesidad de satisfacción de todos esos derechos que dimanan en una obligación del estado.
En consecuencia, la solución que estimo adecuada, haciendo una interpretación armónica de la normativa nacional e internacional, y fundamentalmente, de la emanada en tratados de raigambre constitucional suscriptos por la Argentina con anterioridad al hecho investigado, es que debe propiciarse el resguardo de los derechos mas vulnerables, esto es, los correspondientes a la víctima, promoviendo un proceso que garantice el acceso efectivo a la justicia y al mismo tiempo, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado. En esa línea, ante la tutela judicial efectiva y el interés supremo del niño por un lado; y los derechos del imputado basados en la irretroactividad de la ley, considero deben prevalecer los primeros.
Hechas estas consideraciones, pasaré a referirme al dictado de la prisión preventiva de modo somero, toda vez que la misma no ha sido puntualmente atacada en lo que tiene que ver con los recaudos exigidos por el art. 157 del ritual.
La posibilidad de restringir el derecho a la libertad está contemplada expresamente en el art. 18 de la Constitución Nacional, al decir que el arresto resulta legal cuando está dispuesto mediante orden escrita emanada de la autoridad competente. Del mismo modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus arts. 7 punto 3 y 9 punto 1 respectivamente, sólo prohíben restricciones arbitrarias a la libertad, posibilitando así implícitamente las que no lo sean. Además, esos mismos tratados, en los arts. 7 punto 5 y 9 punto 3 de cada uno, traen disposiciones expresas sobre la prisión preventiva, que no se explicarían si no se entiende a la libertad del imputado como un derecho susceptible de restricción en el contexto de un proceso penal y durante su desarrollo. De lo que se sigue que la posibilidad de limitar la libertad en determinados supuestos no está vedada sino claramente permitida (bien que como excepción) en diversas normas con jerarquía constitucional.
En esa línea de pensamiento, el principio general de la libertad del imputado durante el proceso (art. 144 C.P.P.), encuentra excepción cuando resulta necesaria la coerción personal en pos de garantizar la averiguación de la verdad, el avance del proceso y la aplicación de la ley, siempre teniendo en miras sus características de proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad y subsidiariedad. Requiere la sumatoria de la concurrencia de peligros procesales y la verificación de existencia de medios probatorios que acrediten los extremos requeridos por los incisos 1, 2 y 3 del art. 157 del C.P.P. Es esencialmente cautelar y provisoria, no contiene un fin en sí misma sino que tiende a la preservación de otros que hacen al normal desarrollo del proceso y al cumplimiento final de la ley penal (conforme Cafferatta Nores), y que precisamente por esa característica su dictado no requiere certeza sino probabilidad en la medida que estén reunidos los requisitos exigidos en la ley procesal.
Es que los fines de la prisión preventiva del imputado sólo se justifican si sobre el encartado pesa una sospecha vehemente acerca de que seguramente deberá ser llevado a juicio por el hecho que se le atribuye, y que es probable esperar una condena. Como es sabido, se lo puede denominar fumus bonis iuris y menta la verosimilitud del derecho a asegurar con la medida cautelar para que esta pueda ser considerada jurídicamente admisible. Las leyes procesales traducen la exigencia de probabilidad, que debe desprenderse de la valoración probatoria con la fórmula usual de requerir elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso, y que el imputado debe responder penalmente por él.
Y estos recaudos se cumplen debidamente en la resolución puesta en crisis. El aquo tuvo por acreditado, con el plexo probatorio presentado por la instrucción y el grado de probabilidad que la etapa de la investigación requiere, la materialidad ilícita del hecho que textualmente se transcribe a continuación: "En la ciudad de Lincoln, partido del mismo nombre, sin poder precisar fechas, María Celeste Magallanes, fue abusada sexualmente por la pareja de su madre, identificado como Juan José Miguel, quien aprovechando la situación de convivencia con la niña y cuando ésta tenía 8 años de edad comenzó con tocamientos en sus partes íntimas por debajo de la ropa, accediéndola carnalmente por primera vez a los 9 años de edad de la misma, actos que se repitieron de tal manera que María Celeste refiere "eran tan seguidos, que era la mujer de él", siendo los accesos vía vaginal, anal y oral.
Cuando la niña contaba con aproximadamente 10 años de edad, fue internada en el Hogar Virgen Niña de Lincoln, durante un año, continuando los abusos sexuales de parte de Miguel los fines de semana en que iba a visitar a su familia. Los hechos abusivos se sostuvieron hasta aproximadamente el mes de Enero de 2003 en que la niña junto a su madre logran irse de la casa a escondidas de Miguel hacia la ciudad de General Villegas donde residía una hermana de la madre de María Celeste, pudiendo en el mes de febrero del año 2003, asistida por ese entonces por su tía (Marisa Alejandra Magallanes), denunciar los hechos de abuso de los que era víctima ante el por entonces Tribunal de Menores, hecho que dio lugar a la formación de la IPP 35385.
Todos los abusos sexuales perpetrados por el imputado Juan José Miguel respecto de la víctima sucedieron en distintas partes de la casa, incluyendo la habitación matrimonial de la quinta ubicada en prolongación de la Avenida Massey s/n°, donde residía el grupo familiar".
Para sostener su decisión, efectuó un minucioso y pormenorizado análisis de la prueba acumulada, llegando a transcribir gran parte de los testimonios e informes obrantes en autos. Análisis que no fue controvertido ni siquiera citado por el apelante en su queja, por lo que he de tenerlo por válido y consentido.
En ese tren, el aquo valoró la denuncia y declaraciones complementarias de la víctima María Celeste Magallanes, donde relatara con suma amplitud, y especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los múltiples y continuos ataques sexuales imputados a Miguel. Basta Jurisprudencia sostiene que "La palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba de gran valor en el proceso penal, más aún en casos en los que el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso, situación que se acrecienta en circunstancias de convivencia y ante relaciones que suponen ser de cuidado y protección" (TC0001 LP 83853 655 S 14/08/2018 Tribunal Origen: TR0500LZ).
En la misma línea, sus dichos resultaron corroborados, acreditados y sostenidos por diligencias que citaré, sin necesidad de reiterar los conceptos vertidos en cada una por razones de economía procesal. Remitiéndome, en cuanto a su contenido, a lo expuesto por el magistrado garante. Así, son sumamente ilustrativos lo aportado por las testigos Stella Maris Manino, Marisa Alejandra Magallanes, Silvia Graciela Tello y Graciela Noemí Magallanes que permiten validar, a partir de los datos e indicios aportados, las situaciones descriptas por la denunciante. Como también los informes periciales suscriptos por la Lic. Lucrecia Miniscarco, Lic. Beatriz Zerillo, Dr. Gustavo Villafañe y María Elena Müller. De los cuales surge un mismo direccionamiento: la existencia de impacto emocional, angustia, temor, impresionando verosímil su relato. Y finalmente, extraído de la I.P.P. 35.385, el dictamen del Dr. Germán Mecozzi, médico ginecólogo, quien constató con fecha 12/02/2003 defloración de antigua data con relaciones sexuales completas. Teniendo en cuenta que a esa fecha la víctima contaba con 15 años, fácil es concluir que el período estimado de abuso sexual concuerda con los términos de la denuncia.
En delitos como el investigado, adquiere plena actualidad la premisa según la cual, en base a la sana crítica racional, la espontánea declaración de la víctima es un elemento incriminante de alto valor en la formación de convicción, siempre y cuando sea tenido por coherente y sincero y se hayan expuesto los aspectos que determinaron su credibilidad. Máxime cuando como en el caso de autos, se ha visto ratificado y sostenido por múltiples actuaciones que confluyen en la misma dirección. Desde esa perspectiva, los elementos antes detallados, unívocos y armónicamente entrelazados, me permiten coincidir con el razonamiento efectuado por el sentenciante. "La declaración de la víctima es prueba suficiente para llegar a una sentencia de condena cuando se conjuga armónicamente con el resto del plexo probal" (TC0004 LP 77596 199 S 14/03/2017 Tribunal Origen:
TR0500LP).
Resta expedirme por último respecto a la existencia o no de peligros procesales, a pesar de que este tópico no ha sido planteado ni cuestionado por la defensa. El fallo cita circunstancias que entiendo abastecen suficientemente la decisión tomada. Así, las características de los hechos y su gravedad, la multiplicidad y reiteración de conductas durante años, la utilización de sometimiento y dominación, aprovechamiento de la situación familiar, victimización de una niña de corta edad, y el daño causado, sumado a la elevada pena en expectativa, son condicionantes de fuste a la hora de resolver. "... La libertad no es un derecho absoluto, y su restricción no encuentra cuestionamiento legal o constitucional cuando está basada en las condiciones fijadas en el art. 148 del C.P.P., fundamentalmente en lo que refiere a la obstaculización del proceso y la pena en expectativa, erigiéndose esta última como un parámetro razonable para inferir el peligro de fuga..." (Trib. Cas. Penal, Sala III, causa n° 20226, 10/06/2008). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el argumento de seriedad de la infracción como el de la severidad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido. Criterio sostenido en el punto 86 del informe 12/1996; mantenido en el informe 2/1997 y en el informe 35/2007; máxime cuando el tiempo de detención cumplido no se presenta como irrazonable, en atención a la gravedad de la penalidad en ciernes. Ello ha sido receptado por la C.S.J.N. en los casos “Bramajo Hernán”, fallos 319:1840 ; y “Estévez José L.”, fallos 320:2105, entre otros, al sostener que el examen de las condiciones personales del procesado, la gravedad de los hechos que se le imputan, la condena anterior que registra –que eventualmente ha de ser unificada con la que pueda resultar en la presente–, así como la pena solicitada por el fiscal, hacen presumir que en caso de obtener la libertad intentará burlar la acción de la justicia.
Valoro además que no se advierten cumplidas en autos las condiciones de excepcionalidad que exige el art. 159 y el segundo párrafo del art. 163 del rito para sostener el otorgamiento de una morigeración, teniendo en cuenta en ese sentido las circunstancias analizadas en los párrafos precedentes, y la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal.
Por todo lo dicho, propongo al acuerdo la confirmación total del fallo atacado. Con costas. (Arts. 106, 434, 439, 441, 530, 531 y cc. del C.P.P.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Carlos Mario Portiglia dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega que abre el acuerdo por compartir sus fundamentos. Mas formularé algunas consideraciones que estimo de utilidad.
En efecto, el instituto de la prescripción en las últimas dos décadas, podría decirse, ha sufrido importantes modificaciones que dieron lugar a una discusión acerca si las mismas son operativas de modo retroactivo. Específicamente en lo que respecta a aquellos cambios relacionados para el caso de los abusos sexuales sobre menores de edad.
Los tiempos y los plazos legales no guardan una relación intrínseca con la configuración del delito y obedecen más bien a decisiones político-criminales vinculadas a la necesidad de pena, en la medida que la prescripción no solo constituye un mecanismo que opera como una selección de los delitos que han de ser castigados, sino que principalmente condiciona el ejercicio del ius puniendi, sometiéndolo a determinados límites formales y materiales, de modo que el poder sancionador del Estado no sea ejercido de manera absoluta e incondicional. No puede ser entendida como un derecho del imputado porque éste no puede disponer de ella, es decir no podría renunciar a su aplicación. Tampoco puede sostenerse que sea una herramienta para efectivizar la garantías del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, porque los parámetros de la razonabilidad de los plazos prescriptivos no coincide con la que corresponde a los plazos del proceso; ademas del reconocimiento de la imprescriptibilidad de los delitos que el derecho internacional declara como tal y, por último, debido a la posibilidad de ampliar los plazos de prescripción.
El transcurso del tiempo ejerce sus efectos más bien sobre la punibilidad del delito, no entendida como merecimiento de pena, sino como la posibilidad efectiva de aplicarla. Distinción que viene de la doctrina alemana que permite comprender sencillamente que un delito aún cuando sea merecedor de una pena y, desde este punto de vista “punible”, en otro sentido no sea susceptible de dar lugar a una pena determinada por haberse agotado el tiempo de persecución (Zaffaroni, "Derecho Penal. Parte general", Bs.As. Ediar. 2005. pág. 879).
En ese marco es que se debe resolver la cuestión en torno a si tales modificaciones pueden ser aplicadas de modo retroactivo; el punto a definir es si la prescripción configura ley penal en los términos de su aplicación más beneficiosa para el imputado.
El principio convencional de irretroactividad plantea la no aplicación de la ley penal de modo retroactiva. Es por ello que se ha discutido si como ley penal se entienden solo a las normas que hacen a la configuración del delito o bien a otros presupuestos, entre ellos los procesales como la prescripción. Zaffaroni lo entiende de este último modo, es decir que por ley penal debemos considerar también aquellas normas de tipo procesales, y además aquellas que hacen a las causas de justificación, atenuación, viabilidad de la prueba (obra citada).
De ahí que solo la ley penal, y entre ellas las leyes penales procesales, pueden ser aplicadas de modo retroactivo cuando estas sean más beneficiosas para el imputado porque debe atenerse al principio de retroactividad como parte del principio de legalidad. En esta inteligencia, sin perjuicio de la naturaleza jurídica que se le quiera asignar a la prescripción, la misma forma parte del concepto de ley penal con lo cual su aplicación deviene irretroactiva salvo que sea más beneficioso para el imputado. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de los órganos estatales en un Estado de Derecho, particularmente cuando viene al caso el ejercicio del poder punitivo (Caso "García Astro y Ramírez Rojas vs. Perú”, del 25 de noviembre de 2005, parágrafo 187; y "Fermín Ramírez vs. Guatemala", del 20 de junio de 2005, parágrafo 90).
Este ha sido el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacando que la ley penal no sólo comprende el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva (Fallos 287:76). Es decir que el instituto de la prescripción forma parte del principio de legalidad.
Entonces así podemos concluir que se aplicará la ley vigente al momento de la comisión del hecho, salvo que las eventuales modificaciones mejoren la situación procesal del acusado. Pero esta interpretación tiene excepciones: en el precedente "Arancibia Clavel" que cita mi colega la Corte Suprema de nuestro país determinó como un estándar que la excepción a esta regla se encuentra configurada para aquellos actos que constituyen crímenes contra la humanidad. Señaló en tal sentido en esa oportunidad que si bien la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de la Guerra y de Lesa Humanidad no estaba vigente al momento de los hechos, su aplicación retroactiva es valida en función del derecho internacional público de origen consuetudinario, razón por la que no se estaría forzando el presupuesto de la prohibición de la retroactividad de la ley penal (cfr. Fallos 327:3312 y 330:3248).
En el caso "Bueno Alves" nuestro máximo tribunal confirmó la prescripción de la acción entendiendo que en el caso no se daba un delito de lesa humanidad, pero la Corte Internacional de Derechos Humanos amplió el criterio de excepciones para aquellos delitos que impliquen "muy graves violaciones" de derechos humanos, sobre la base del caso "Alban Cornejo" donde se dijo que la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional (5/7/11 y 22/11/07 respectivamente).
Cuando la CIDH utilizó la locución "violaciones graves" a los derechos humanos hizo mención a una serie de delitos que sirven de guía para poder definir el término, y así sostuvo en el caso "Barrios Altos" , del 14/3/01, que violaciones graves de los derechos humanos eran la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas ("Gelman v. Uruguay", sent. del 24/02/2011). Así, por ejemplo, el tribunal reiteró este criterio en un caso que involucraba la desaparición forzada de una persona, y destacó que "por tratarse de una violación grave de derechos humanos, y en consideración del carácter permanente de la desaparición forzada cuyos efectos no cesan mientras no se establezca el paradero de la víctima o se identifiquen sus restos, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación" ("Tenorio Roca y otros vs. Perú", sentencia de 22 de junio de 2016, y "Vásques Durand y otros vs. Ecuador", sentencia de 15 de febrero de 2017). Por otro lado, en un caso que involucraba crímenes como esclavitud, servidumbre y trabajos forzosos, la Corte señaló que "la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo, y generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores. Esta es una garantía que debe ser observada debidamente por el juzgador para todo imputado de un delito. Sin perjuicio de lo anterior, la prescripción de la acción penal es inadmisible cuando así lo dispone el derecho internacional. En este caso la esclavitud es considerada un delito de derecho internacional cuya prohibición tiene estatus de jus cogens. Asimismo, la Corte ha indicado que no es admisible la invocación de figuras procesales como la prescripción, para evadir la obligación de investigar y sancionar estos delitos" (CIDH "Trabajadores de la hacienda Brasil Verde vs. Brasil", sentencia de 20 de octubre de 2016).
A su vez, en un proceso que se vinculaba con ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes policiales, el tribunal dispuso que "por tratarse de probables ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, el Estado debe abstenerse de recurrir a cualquier obstáculo procesal para excusarse de esta obligación" ("Favela Nova Brasil vs. Brasil", sentencia de 16 de febrero de 2017).
Ahora bien, ¿es posible afirmar que previo a la modificación del año 2011, conforme la Convención sobre Los Derechos del Niño, en los casos de abuso sexual a menores de edad, la prescripción quedaba suspendida hasta que la víctima alcance la mayoría de edad?
El asunto evidencia la tensión que se da entre el derecho de toda persona sospechada de haber cometido un ilícito a que se respete el principio de legalidad que contiene el instituto de la prescripción de la acción penal -que se relaciona con el principio de juzgamiento en un plazo razonable- y por el otro lado el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva y a la protección prevalente de los niños o niñas. Es decir se encuentran en pugna el principio de legalidad con base normativa en el art. 9 de la CADH y 15 de PIDCP, y el principio de acceso a justicia, tutela judicial efectiva e interés superior del niño/niña estipulados en los art. 8.1, 25 CADH y art. 3 y 19 CDN.
Partimos de la base que según la Corte Interamericana los Estados partes de un tratado o convención internacional celebrada para la protección de los derechos humanos pueden ser hechos responsables del incumplimiento de las disposiciones de esos tratados, sea por violación a las obligaciones contraídas de respetar los derechos y libertades reconocidos en ellos, o por no garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en ese tratado o convención. Sumado a ello en este tipo de delitos (abusos sexuales sufridos por menores de edad) se afecta la vida privada de una persona, es decir su libertad, integridad, dignidad, autodeterminación, con lo cual el Estado no sólo tiene un deber negativo de contención de su poder punitivo sino también un deber de garantía, de acuerdo con lo normado en los arts. 1 y 2 de CADH y art. 2.1 y 2.2 del PIDCP, y en adición al ser la victima una persona menor de 18 años el Estado tienen el deber de proveer de medidas de protección especial.
Los cuerpos normativos nombrados fueron incorporados a nuestro sistema de este modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), fue ratificada por la ley 23.054, sancionada el 1 de marzo de 1984 y promulgada el 19 de marzo del mismo año, mientras que la Convención Sobre Los Derechos del Niño, fue ratificada por la ley 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990 y promulgada el 16 de octubre de 1990. Ambas Convenciones expresan el derecho de toda víctima a contar con una tutela judicial efectiva y la segunda positiviza el deber del Estado de priorizar el interés superior del niño/niña.
Recién en el año 2011 el abuso sexual infantil tuvo alguna referencia en el instituto de la prescripción, basándose justamente en la obligaciones contraídas por el Estado en la Convención de los Derechos del Niño. Así, debemos analizar si las normas que regulaban la prescripción de la acción penal para el caso de abusos sexuales infantiles, previas a las modificaciones que sufrió el instituto, eran contrarias a las obligaciones de garantía de derechos humanos específicos, presentándose la difícil tarea de discernir el estándar prevalente en un esfuerzo armonizador de normas del derecho nacional y del derecho internacional humanitario (ver Tarditti, Aida "Delitos Sexuales -Tensiones entre las Garantías del imputado y derechos fundamentales de las Víctimas-").
Del mismo lado, vale señalar que la ley 23.849, del 20 de noviembre de 1990, incorporó al ordenamiento interno la Convención Sobre los Derechos del Niño, tratado que en la reforma constitucional adquirió jerarquía constitucional y que el instituto de la prescripción con la antigua formulación impedía a las víctimas del delito de abuso sexual infantil acceder a la determinación de la verdad de los hechos violentando el art. 3 de la misma y OG 14 del Comité de los Derechos del Niño. Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos vigente desde el año 1984 y la Convención Sobre los Derechos del Niño, vigente a partir del año 1990 contaban, desde su promulgación, con jerarquía normativa superior a los artículos del Código Penal (cfr. el art. 27 de la Convención de Viena y lo sostenido por la CSJN en Fallos: 315:1492 y 316:1669); de ahí que la reforma constitucional que tuvo nuestra Nación en el año 1994, doto a estos instrumentos de jerarquía constitucional. (arts. 31 y 75 inc. 22, de la C.N.). La relevancia jerárquica con la que se los caracterizó a estos instrumentos da cuenta que desde la sanción de las leyes que ratificaron estas convenciones el Estado se ha comprometido a que los efectos de las disposiciones de tales tratados no se vean mermados por la aplicación de normas nacionales contrarias a su objeto. Este punto queda claro con la reforma constitucional a partir de la cual los jueces tiene la obligación de realizar el control de convencionalidad entre las normas internas, la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligatoriedad de la aplicación de las disposiciones convencionales, conforme lo resuelto por la CIDH (caso "Almonacid Arellano vs. Chile"; caso "Gelman vs. Uruguay"; CSJN, caso "Mazzeo"), a partir de lo cual toda norma interna debe ser constatada con la Convención de los Derechos Humanos y la Convención Sobre los Derechos del Niño.
Sobre esta línea se sostiene que la Corte Interamericana, intérprete último de las normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha expresado que "..los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el art. 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En este sentido, al interpretar la Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio más favorable al ser humano..." (CIDH, caso "Masacre de Mapiripán vs. Colombia", sentencia del 15 de septiembre de 2005).
El mismo objetivo impone la Convención Sobre los Derechos del Niño cuando establece la obligación de que todas las decisiones que adopten los Estados partes en el ámbito local tienen que tener como norte principal la protección del niño/niña, salvaguardar su desarrollo y velar por su interés preeminente. Puntualmente el artículo 3 indica que al momento de resolverse situaciones en torno a menores se debe atender primordialmente "al interés superior del niño". Este principio se funda "en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades" (CIDH, caso "Bulacio vs. Argentina", sent. del 18/9/03). En esa línea, específicamente el artículo 19 del mismo cuerpo legal establece el deber de proteger a los niños víctimas de abuso sexual, aún cuando se encuentren bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. En relación con este punto se ha dicho: "Este Tribunal ha señalado que revisten especial gravedad los casos en que las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable" (CIDH, caso de las niñas "Yean y Bosico vs. República Dominicana", sent. del 8/9/05 ya citado por mi colega).
El artículo 12 establece el derecho a la tutela judicial efectiva de los menores, afirmándose que los niños tienen el derecho expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan y se les dará la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que los afecte, y bien vale remarcar que este artículo ha sido señalado como uno de los cuatro principios rectores de la Convención Sobre de los Derechos del Niño, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y la consideración primordial del interés superior del niño, con lo cual podemos afirmar que no se trata solamente de un derecho sino que la tutela efectiva resulta una guía de interpretación (Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General nº 12, del 18 de abril del 2011. Es decir se evidencia su carácter de norma de reenvío por una lado como un mandato positivo y por el otro como una pauta hermenéutica obligatoria. Se exige en este sentido a los Estados garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción el acceso sencillo, rápido y efectivo a la administración de justicia contra actos que violen sus derechos fundamentales.
En el caso "V.R.P., y otros vs. Nicaragua", ha señalado que: "La Corte ha considerado que la violación sexual es una forma de violencia sexual. Tanto la Convención de Belém do Pará, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su órgano de supervisión, han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. La Corte ya resaltó la especial vulnerabilidad de las niñas a la violencia sexual, especialmente en la esfera familiar, así como los obstáculos y factores que pueden afrontar en su búsqueda de justicia En este caso, dicha violencia fue ejercida por un particular. No obstante, ello no exime al Estado de responsabilidad ya que se encontraba llamado a adoptar políticas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tomando particularmente en cuenta los casos en que la mujer sea menor de 18 años de edad" (Sentencia del 8 de marzo del año 2018).
La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra la mujer propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra la mujer puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia.
Es deber del Estado reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal cuando la víctima esta en situación de vulnerabiliad como es el caso de abusos sexuales sobre menores de edad, y más aún cuando son niñas, máxime si la violencia sexual a que fue sometido/a se desarrollo en el ámbito familiar, donde justamente se le debió proteger.
En estos supuestos, las obligaciones de debida diligencia y de adopción de medidas de protección deben ser superlativas, se debe hacer por parte del Estado el máximo de los esfuerzos posibles, teniendo en cuenta que resulta ser una obligación de medios y no de resultados. Además, este tipo de procesos deben llevarse a cabo desde la óptica de una perspectiva de género y de niñez, ambas con jerarquía convencional, teniendo en cuenta el daño ya sufrido y también con especial atención a los efectos y secuelas en el tiempo.
En la Observación General n° 13 del Comité, luego de definir en el párrafo 25 qué se consideran supuestos de abuso sexual contra niños y niñas, en el apartado 55 se recomienda, entre las medidas judiciales, el aseguramiento de procedimientos penales, que deben aplicarse estrictamente para poner fin a la impunidad generalizada de que gozan, de jure o de facto, los autores de actos de violencia, en particular cuando se trata de agentes estatales. La Observación General n° 14, desarrolla el concepto del interés superior del niño prescripto en el art. 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, señalando que constituye un principio jurídico interpretativo, un derecho sustantivo que merece por parte de los operadores del sistema, una "consideración primordial", y resulta ser también una norma de procedimiento como se mencionó anteriormente. No puede escapar a este análisis que conforme la psicología hay diferentes mecanismos psicológicos defensivos que la víctima posee para sobrevivir frente a estos hechos traumáticos donde los menores se enfrentan a un dilema cuando intentan comunicar lo vivido, lo que explica la dificultades para contar de modo coherente e inmediato; esto se ha denominado el síndrome de acomodación del niño/niña al abuso sexual descripto como "los niños/niñas de abuso sexual enfrentan un trauma secundario en la crisis de descubrimiento. Sus intentos para reconciliar sus experiencias privadas con las realidades del mundo exterior son asaltados por la incredulidad, la culpa y el rechazo que aquellos experimentan de los adultos. Su conducta normal de enfrentarse a los problemas contradice las creencias y expectativas reafirmadas y típicamente sostenidas por los adultos. Los padres, tribunales y los clínicos en ocasiones estigmatizan al niño/niña con acusaciones de mentir, manipular o ser sugestionable. Dicho abandono por los mismos adultos más cruciales para la protección y recuperación del niño/niña, lo impulsa más profundamente en la culpa, el autodesdén, la alienación y revictimización … este síndrome está compuesto por cinco categorías, de las cuales dos definen la vulnerabilidad básica de la niñez y tres son secuencialmente contingentes en la agresión sexual, a saber: I el secreto, II el desamparo, III el entrampamiento y acomodación, IV la revelación tardía, V la retractación (ver Summit, Ronald "El síndrome de acomodación del abuso sexual de menores", Rev. Child Abuse and Neglect 1983).
Con lo cual hay que tener en cuenta que si una persona mayor de edad se expone ante el poder judicial para denunciar un hecho de abuso sexual sufrido en su infancia, es porque no tuvo la oportunidad de hacerlo antes, y así se impone evitar que se produzca una victimización secundaria, es decir llevar adelante el proceso sin tener en consideración la perspectiva de la víctima (Conforme el "Manual De Justicia para las Víctimas", ONU, 1996; Declaración de Principios de Justicia Básicos para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, ONU, 1985).
Ahora bien, retomando, es dable interrogarse acerca de cómo juegan estos conceptos cuando entran en crisis con el principio de legalidad, toda vez que hasta por lo menos el año 2011, no se registraba en el ordenamiento interno un mandato relacionado específicamente con el inicio del plazo de la prescripción para los casos de abusos sexuales a menores de edad.
En este tipo de situaciones donde se dan conflictos entre principios la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido como primera regla de interpretación dar pleno efecto a la intención del legislador; que la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley; que los jueces no pueden sustituir al legislador sino que deben aplicar la norma como éste la concibió; y que las leyes deben interpretase conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico, máxime cuando aquél concuerda con la aceptación corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo la unas por las otras y adoptando, como valedero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 302:973; 299:167; 300:700; 295:376; 312:311, considerando 8º; 312:1614; 321:562; 324:876). La exégesis de la ley requiere de la máxima prudencia cuidando que la inteligencia que se le asigne no conduzca a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción. Es decir, las leyes deben interpretarse y aplicarse procurando la armonización entre éstas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de manera tal que no entren en pugna unas con otras y no se destruyan entre sí, por lo que debe adoptarse el sentido que las concilie y deje a todas con valor y efectos (CSJN, Fallos: 307:519).
Ante contextos de este tipo de casos donde la discusión es en torno al conflicto entre dos principios, la solución no va de la mano de hacer que un principio invalide a otro "sino ponderando a qué principio se le debe dar un mayor peso específico". Es que un principio es una norma que ordena que algo se haga en la mayor medida posible en relación con las posibilidades fácticas y jurídicas; son un mandato de optimización que se cumple en distintos grados, a diferencia de las reglas que se cumplen o no se cumplen de modo tajante.
Podríamos decir de alguna manera que los principios se manejan como un volante que guía el vehículo hacia la mayor satisfacción de los derechos humanos fundamentales. Este paradigma le da contenido a aquella norma fundamental que planteaba Kelsen, pero que desde su postura no tenía ningún contenido sino que era una norma abstracta que dotaba de validez a todo el sistema. El giro que se evidencia al poner sobre la base del sistema a la dignidad, la planea como algo más que la mera igualdad pero también como algo distinto de ella, resulta ser la condición mínima que se le debe garantizar a todo ser humano, para poder luego hablar de igualdad (Rossi, María M. "El Instituto de la Prescripción en los abusos sexuales contra menores de edad", 7/6/20, SAIJ).
Así se evidencia como el norte del sistema normativo de los Derechos Humanos Fundamentales adoptado en nuestro país a partir de la reforma constitucional de 1994, es la dignidad humana, su respeto, protección y promoción, siendo los instrumentos convencionales de derechos humanos una utopía no como sentido de no lugar sino como horizonte a alcanzar (trabajo citado).
Pero en el caso de los menores la base son los derechos de prestación especial, porque de otro modo si eso no se garantiza en esa etapa temprana de la configuración de la subjetividad, no es posible que esa persona pueda en un futuro ser sujeto, hay un núcleo de "derechos de coto vedado, intransables por autonomía y libertad que justifican un paternalismo, porque en caso contrario de estaría colocando al menor a la par de los adultos (trabajo citado).
Queda claro que un menor víctima de abuso sexual es un sujeto especialmente vulnerable a quien el Estado le debe obligatoriamente deberes especiales de protección y promoción, con lo cual su voz de modo alguno puede ser neutralizada por un instituto de normativa interna cuando tal menor, menoscabado en su dignidad, acude ante la autoridad para recibir respuesta respecto de algo que le sucedió en la infancia y que no tuvo posibilidades de expresar. En ese sentido declarar prescripta la acción penal atentaría contra el interés superior del niño/niña que se erige como una pauta básica de interpretación en el sistema jurídico, motivo por el cual los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia siempre deben prevalecer, porque no se aplica retroactivamente una ley penal sino una correcta interpretación de la ley vigente al momento de los hechos conforme el debido control de convencionalidad. Y esta postura no desconoce el instituto de la prescripción penal, sus alcances y efectos, sino delinea los bordes conforme todos los principios jurídicos reinantes, siendo que es absurdo afirmar que el autor del delito puede adquirir una expectativa a una pérdida del interés por parte del Estado en la aplicación de una pena como es irrazonable también que quienes no contaban con legitimación para denunciar porque fueron víctimas siendo menores de edad al momento de alcanzar la mayoría de edad tengan por delante un plazo reducido y diferente del que disponen las personas mayores de edad (CCP de Paraná en causa "R., C. A. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real s/ Recurso de casación").
La Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño da respuesta a ello cuando describe los cuatro principios básicos de actuación: la no discriminación, el mejor interés del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y el respecto a la opinión del niño/niña, y que cuando ellos no se apliquen se estarán violentando derechos humanos básicos, como ser el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. En ese camino, de operar la prescripción desde el momento de la comisión del hecho y no desde la mayoría de edad de la víctima, derivando de ello que la acción quede neutralizada, la violencia recibida por el niño/niña se va a transformar en "violencia institucional", tal cual lo expreso la Comision Interamericana de Derechos Humanos en el caso "M., Da P. M. F., 16/4/01. En esta inteligencia, sobre la base que muchas veces las víctimas son mujeres con lo cual poseen doble condición de vulnerabilidad -por género y por estar en desarrollo- debe tenerse en cuenta interpretativamente lo dispuesto por la Convención de Belém Do Pará que establece como base del sistema el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Es un imperativo judicial que se cumpla con lo dispuesto por esta Convención (…) debe investigarse la violación a un derecho humano básico cometido contra un niño/niña. Así lo piden los arts. 1, 2, 3, 4 incs. b y g , 5, 7 inc. b, de la Convención de Belém Do Pará. Cuando el derecho moderno acepta como paradigma las Reglas de Brasilia, recoge lo que ya esta en su génesis: la problemática que tienen los grupos más vulnerables de la población al momento de ser escuchados y llevar sus pretensiones ante el sistema de justicia y hallar una debida respuesta, que en este caso concreto son niños/niñas que han sido abusados sexualmente durante años en su infancia y que acuden al sistema judicial sólo cuando han podido recuperar algo de su dignidad mancillada.
No debe soslayarse en este mismo razonamiento el derecho que tiene la víctima a ser "oída", tener una respuesta del órgano jurisdiccional, a peticionar ante las autoridades y saber la verdad, como derechos inherente a la persona de ser tratado en condiciones de igualdad o equidad. El acceso a la jurisdicción de la víctima de un delito, en los ordenamientos que lo autorizan, deviene en un derecho fundamental del ciudadano (Informe de la CIDH nro. 28/92 del 2 de octubre de 1992). La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le ha otorgado carácter de derecho fundamental del ciudadano y ese derecho se ejecuta a través de la tutela judicial efectiva (art. 25. 1 CADH).
En conclusión, desde este atalaya se ve nítidamente que asegurar el derecho a una tutela judicial efectiva a quien era menor al momento de los hechos para que pueda impulsar la acción penal una vez que alcanzó la madurez necesaria para poder llevarla a cabo, equilibra una situación de evidente desventaja en la que se habría encontrado frente a su agresor. Gran parte de los delitos contra la integridad sexual de menores quedan, con frecuencia, impunes en función de que el niño/niña depende de la representación de algún adulto integrante del grupo familiar que, en muchos casos, puede identificarse como el propio agresor o alguien ligado a él. Entonces la víctima, al alcanzar la mayoría de edad –o la madurez personal necesaria para accionar–, se enfrenta, muchas veces, a una acción penal prescripta. El modo en que se desarrollan tiene un binomio de base, ámbito familiar -secreto- que atraviesa a toda aquella persona que toma conocimiento del delito a la que se le presenta una disyuntiva -fácil de resolver desde la ajenidad pero sumamente complicada desde la cercaníacallar y mantener la estructura familiar vincular, económica, etc, o hablar y romper con ella. Este proceso puede llevar mucho tiempo, y no puede de modo alguno adjudicarsele, a quien nunca pudo hacerlo ni desde lo fáctico y desde lo jurídico, una ausencia de manifestación de voluntad de ventilarlo ante el Estado para su investigación y en ese sentido luego fundamentar la prescripción por la carencia de un propósito persecutorio estatal. Permitir el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva en estos casos no implica desconocer que el paso del tiempo puede acarrear dificultades al momentos de arribar a la certeza necesaria para poder fundar un reproche penal, pero esta cuestión debe analizarse justamente en esa etapa, al momento de evaluar los elementos de cargo, no para definir si puede o no haber una investigación.
A su vez, se advierte que la prescripción suele relacionarse con la garantía de ser juzgado sin dilaciones indebida en un plazo razonable sobre la base de que el imputado no esté sujeto a una incertidumbre eternamente respecto a su situación procesal limitando el poder estatal en ese sentido. Como bien lo puntualiza el Dr. Beraza, el imputado nunca estuvo sometido a proceso penal en esa calidad por lo que el paso del tiempo no ha sido con él cargando esa pesada mochila, criterio que puede extraerse del precedente de la CSJN in re "Funes, Gustavo Javier y otro", causa F. 294. XLVII, sentencia del 14/10/2014.
La columna vertebral de esta postura es que justamente el niño/niña es un sujeto de protección y promoción especial en el derecho, las normas que así lo definen son obligatorias en nuestro ordenamiento desde el año 1990, fecha en que se ratificó la Declaración de los Derechos del Niño, con lo cual se lo debe tratar como sujeto especial, y esta visión debe prevalecer irradiando por sobre el resto del orden normativo, metafóricamente estas normas que regulan el interés superior del niño, el acceso a justicia y tutela judicial efectiva son la aguja que rompe con la burbuja creada por los autores de estos eventos alrededor de la víctima directa y las víctimas indirectas (trabajo citado).
En fin, el imputado cuenta con todas las herramientas procesales y constitucionales para ejercer sus derechos y contrarrestar la acusación sin mengua de ninguna naturaleza. Pero dada las características de los hechos denunciados, las circunstancias que rodearon la denunciada ocurrencia de los mismos, y la época en que habrían sucedido -esto es cuando la denunciante era menor de edad- la mujer víctima -niña por aquél entoncesdebe tener garantizado el derecho a ser oída en juicio justo y oportuno, resultando improcedente cualquier solución que se alcance por fuera de la instancia del debate oral (CSJN in "Góngora, G.A.", de fecha 23 de abril del año 2013).
VOTO TAMBIEN POR UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INTERROGANTE PLANTEADO
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución de primera instancia que no hace lugar a los planteos de nulidad interpuestos por la defensa; rechaza la aplicabilidad de los institutos de violación del plazo razonable y/o prescripción de la acción penal; decreta la prisión preventiva de Juan José Miguel en orden al Delito contra la integridad sexual (abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia pre-existente reiterados - art. 119 tercer y cuarto párrafo inc. "f" del C.P.); y desestima la posibilidad de conceder una morigeración a la medida de coerción, por considerarla ajustada a derecho. Con costas.
II. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Ante mí:
Fin de la sentencia