Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás · Causa PER-5786-2026
Lo que resolvió el tribunal
-
1Hacer lugar al recurso de apelación , conforme lo que surge del voto que inaugura el presente Acuerdo; -
2Imponer las costas por su orden (artículo 51 apartado 1 CCA); -
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (artículo 51 de la norma arancelaria abogadil).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, conforme lo establece el Anexo Único, apartado II, artículo 5 y ss., del Acuerdo n° 3975/20, se reúne en Acuerdo Ordinario, con la integración de los Señores Jueces Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger, para dictar sentencia interlocutoria en la fecha en que se suscribe el presente bajo la actual modalidad digital, en los autos " MIJICHS JORGE ANTONIO C/ INSTITUTO PREVISION SOCIAL PCIA BS AS S/ AMPARO POR MORA ", en trámite bajo el n° PER- 5786 -2026, con arreglo al siguiente orden de votación: Cebey y Schreginger.
«...Y Vistos: para resolver la liquidación de astreintes formulada por la actora e impugnación de la demandada.
1. A fs. 68 la parte actora practica liquidación de astreintes "...desde el 20/05/2026 (fecha en que se cumplieron diez días desde la notificación a la demandada de la resolución de Cámara, que confirmó el pronunciamiento de grado) al 08/07/2026 (fecha en la que se ha dictado la resolución reclamada) = 49 días x $ 20000= $ 980.000.-...".
2. Corrido el pertinente traslado, la demandada lo contesta a fs. 73/74 solicitando su rechazo "...dado que la parte actora realiza el cómputo de modo incorrecto, contabilizando días corridos...».
Destaca que "...4) En la tarea propuesta, adelanto, que le asiste razón a la parte actora en los fundamentos planteados -y a los que me remito en honor a la brevedad- para aprobar la liquidación presentada.
Sostengo que no corresponde aplicar los plazos dispuestos Decreto-Ley 7647/70, toda vez que su ámbito de aplicación abarca los procedimientos de la Administración Pública provincial y supletoriamente a otros regímenes, más no en el marco de un expediente judicial. (...)
No está demás traer a colación que a fs. 43 (19/12/2026) se dispuso: "...se haga efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 37, aplicándose astreintes sobre la parte demandada en los términos del art. 804 del Código Civil y Comercial de la Nación y 37 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable por remisión del art. 77 del CCA) por la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000) en favor de la parte actora por cada día de retardo en el cumplimiento de la Sentencia dictada en autos, el cual comenzará a devengarse a partir del siguiente día hábil de notificada la presente...".
No es ocioso poner de relieve que a fs. 46/51, la demandada formuló apelación a dicha resolución -por cuestiones diferentes a la que hoy debate en su impugnación-, rechazando la Alzada dicho recurso y confirmado in totum las astreintes que se dispusieran en esta instancia.
5. En esos términos y analizada la fecha de inicio y finalización de la liquidación presentada por la actora, he de advertir que la misma se ajusta a las constancias de la causa, motivo por el cual estimo pertinente aprobar la misma por la suma de Pesos Novecientos Ochenta Mil ($980.000).
Con costas a la demandada, atento el modo en que se resuelve.
Así se decide. Regístrese y notifíquese a las partes conforme Ac. 4039/21» .
2. En fecha 02/10/2026 se presenta la demandada e interpone recurso de apelación contra dicha resolución.
Señala que, tal como fue manifestado en el escrito de fecha 10/08/2026 -mediante el cual se impugnó la liquidación-, las astreintes nunca deben computarse en días corridos, ya que la Administración Pública jamás hubiese podido dictar el acto administrativo en días inhábiles administrativos, por lo que es un total contrasentido lógico y jurídico que se compute en días corridos la liquidación de astreintes.
Sostiene que esta postura se sustenta en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires. Los plazos se cuentan en días hábiles administrativos (conf. artículo 68 decreto ley n° 7647/70).
Pondera que todos estos errores no han sido ponderados por el Juez de grado, conduciendo a la aprobación de una liquidación viciada e inexacta, por lo que deberá ser dejada sin efecto por la Cámara, disponiéndose que -a todo evento- se practique una nueva, ajustada a derecho.
A su entender, surge que la resolución atacada luce infundada y contraria a derecho, pues ha aprobado una liquidación gravemente viciada, por lo que deberá dejarse sin efecto el auto recurrido.
Plantea el caso constitucional.
Solicita se revoquen las astreintes incorrectamente liquidadas, por los fundamentos desarrollados.
3. El 06/10/2026 la actora contesta agravios.
Desde su mirada -en primer lugar- dice que se verifica una insuficiencia de la fundamentación recursiva por ausencia de crítica concreta y razonada
En subsidio, plantea que la demandada insiste en sostener que las astreintes deben calcularse exclusivamente sobre días hábiles administrativos porque el acto cuyo dictado se perseguía sólo podía ser emitido durante tales días.
Sobre lo cual, postula que la argumentación confunde nuevamente dos cuestiones jurídicas diferentes: el plazo administrativo para realizar una actuación y el período durante el cual subsiste el incumplimiento de una orden judicial sancionado mediante astreintes. El objeto de la liquidación no consiste en determinar cuántos días hábiles tenía el I.P.S. para tramitar administrativamente una actuación, lo que se liquida es una sanción conminatoria judicial ya impuesta y confirmada, cuyo presupuesto de devengamiento fue definido como el retardo en el cumplimiento de la sentencia. Mientras la sentencia permaneció incumplida, el retardo continuó existiendo.
Para culminar, indica que: "... existe todavía otro elemento que debilita decisivamente el planteo. Tal como destacó V.S., la demandada apeló oportunamente la resolución que hizo efectivas las astreintes. En aquella oportunidad cuestionó la decisión por motivos distintos al que ahora pretende introducir. La Alzada rechazó aquel recurso y confirmó in totum las astreintes dispuestas en primera instancia. Por consiguiente, quedó firme una decisión que establecía una multa de $20.000 "por cada día de retardo" y cuyo devengamiento comenzaba "a partir del siguiente día hábil". Si Fiscalía entendía que la modalidad dispuesta significaba $20.000 únicamente por cada "día hábil administrativo", tuvo oportunidad procesal para cuestionar o solicitar la aclaración de ese aspecto al recurrir la decisión que estableció la sanción, no lo hizo. La etapa de liquidación tiene por objeto cuantificar una condenación ya establecida, no reescribir sus parámetros. Admitir la pretensión de la recurrente implicaría alterar a posteriori el alcance temporal de una sanción judicial que ya atravesó el control de la Alzada .".
Pretende así que se declare insuficiente la fundamentación recursiva por incumplimiento de la carga prevista en el artículo 56 inciso 3 del Código Contencioso Administrativo.
Subsidiariamente, para el supuesto de considerarse formalmente suficiente el recurso, se lo rechace íntegramente y se confirme la resolución de fecha 22/09/2026 en cuanto aprobó la liquidación de astreintes por la suma de $980.000.
Y se impongan las costas de Alzada a la recurrente.
TRATAMIENTO
La Cámara estableció la siguiente cuestión a resolver: -
¿ Se ajusta a derecho la resolución apelada ?
A la cuestión, el Juez Cebey dijo : -
a. Ante el planteo actoral de falta de crítica razonada y concreta, debo decir que -teniendo en cuenta la contestación de la que fue objeto en su responde- considero que el escrito recursivo reúne los requisitos legales exigidos por los artículos 56 inciso 3 CCA, 260 y 261 CPCC, al tratar de refutar y poner de manifiesto los errores que -a juicio del quejoso- contenga la sentencia, al pretender rebatir los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo.
Es que "...se ha considerado en torno al cumplimiento de los recaudos de la expresión de agravios no debe ser tan rigurosa y estricta como para arribar a la deserción cuando exista un mínimo de ataque a la sentencia que sirva para justificar la efectiva salvaguarda del principio constitucional de defensa en juicio ." [Cám. Civ. y Com. 2° La Plata, Sala 3°, 04/04/1995, autos "Pérsico, Alberto Oscar v. Fabbro, Luis A. s/ daños y perjuicios" ; "Recanati, Hugo O. v. Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios" , cita en "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Anotado, comentado y concordado" , Tomo I, Carlos Enrique Camps, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, año 2004, página 478].
Encuentro prima facie cumplida la carga procesal en tanto se han señalado los errores y deficiencias que se atribuirían al fallo, y no se han limitado a expresar meras disconformidades, más allá de la suerte del recurso en tratamiento.
b. La demandada plantea en su recurso que -tal como fue manifestado en el escrito de fecha 10/08/2026, mediante el cual se impugnó la liquidación- las astreintes nunca deben computarse en días corridos, ya que la Administración Pública jamás hubiese podido dictar el acto administrativo en días inhábiles administrativos, por lo que es un total contrasentido lógico y jurídico que se compute en días corridos la liquidación de astreintes.
Sobre la cuestión de la forma de computarse los días de la sanción que fuera impuesta (corridos o hábiles), y como hemos tenido oportunidad de expedirnos en la causa "Diflavio" (expediente n° 4873, en RSI del 17/12/2024), aunque más recientemente en "D'Angelo" (expediente n° 5505, en RSI del 16/06/2026), cabe delinear el contorno jurídico del instituto que nos ocupa.
Las astreintes vienen reguladas actualmente en el Código Civil y Comercial en su artículo 804 y en el artículo 37 del CPCC (aplicable por remisión del artículo 25 de la Ley prov. n° 13.298).
Es decir, las astreintes han sido reguladas tanto en el código sustantivo como en el código adjetivo, lo que claro está, ha suscitado críticas en la doctrina. Sin embargo, se ha justificado esta doble regulación desde que les ha reconocido un doble carácter sustantivo y procesal.
En ese sentido, se ha dicho que: «...Esa doble proyección sustancial y procesal debe ser destacada a los fines de lograr una comprensión cabal de la institución. Por ello concluyen que para aprehender en su totalidad la esencia de las astreintes como medio de coerción de carácter patrimonial deben marcarse ambas finalidades: la conminatoria y la sancionatoria...» [Alferrillo, Pascual E., "Las astreintes y la responsabilidad civil" , disponible en: https://bibliotecas.scba.gov.ar/ ccyc/pdfley/A106653.pdf].
Se ha sostenido que: «...Las astreintes encuentran justificación en la negativa infundada a cumplimentar un deber jurídico impuesto en una resolución judicial. Las sanciones conminatorias están previstas en el art. 804 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y, el art. 6 del CCC establece que los plazos civiles se computan en días completos y corridos y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. No deben confundirse los plazos procesales con los judiciales -aquellos que fijan los tribunales-, pues mientras los primeros están dispuestos por leyes de forma, los segundos son los plazos fijados -como en el caso de las astreintes- por resolución de los jueces, que se consideran plazos civiles...» [Cámara de Apelaciones de Gualeguaychu, Entre Ríos, Sala 2, "Peñalba Gerardo Adrián c/ Lucher Raúl Alberto y otro s/ ejecución de astreintes" , expediente n° 1377/SL, sentencia de fecha 27/04/2021, Id SAIJ: FA21080053].
En otra oportunidad, considerando también la doble naturaleza conminatoria y sancionatoria de este instituto, se ha sostenido que: «...los efectos dañosos generados por el incumplimiento del deudor se extienden más allá de los días hábiles, por lo tanto la sanción -que persigue la doble finalidad mencionada supra- ha de aplicarse también por aquellos días inhábiles en los que, por su pasividad, no se verificó el cumplimiento de la manda judicial...» [Sentencia del 13/05/2021 de la Sala II de la Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata en causa n° 171333 "Tuvy Clara Esther y Broitman Felix s/ sucesión ab-intestato" (fuente: http://biblioteca.camdp.org.ar/ cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=638e772c80aba7fb0e5a8715503f4395)].
c. Ahora bien, con relación al argumento sustentado por Fiscalía en cuanto a que sólo puede cumplir la manda judicial de autos en días hábiles administrativos, cabe tener presente lo dispuesto por el artículo 1 del decreto ley n° 7647/70 que establece: -
«Se regulará por las normas de esta Ley el procedimiento para obtener una decisión o una prestación de la Administración Pública de Buenos Aires y el de producción de sus actos administrativos. Será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas con regímenes especiales.».
A su vez, el artículo 50 de dicha normativa [que está contenido dentro del capítulo IX. "DEL IMPULSO PROCESAL" ], dispone: -
«La autoridad administrativa que tuviere en su cargo el despacho o sustanciación de los asuntos, será responsable de su tramitación y adoptará las medidas oportunas para que no sufran retraso.».
La aplicación del decreto ley n° 7647/70 surge del texto de la decisión de grado.
Con lo cual, conforme lo que acabo de exponer y en este caso, postulo que corresponde hacer lugar a tal planteo, debiendo -en consecuencia- computarse las astreintes en días hábiles administrativos, conforme lo que expusiéramos en " D´Angelo " (expediente n° 5505, en RSI del 16/06/2026).
4. Respecto de las costas de esta Instancia, atendiendo lo novedoso del asunto y el criterio que comenzáramos a aplicar en la causa " D´angelo ", ya aludida, estimo justo y prudente aplicarlas por su orden (artículo 51 apartado 1 CCA) .
ASÍ VOTO.
El Juez Schreginger sostuvo : -
Por coincidir con los razonamientos expresados, adhiero a la opinión del Juez Cebey. ASÍ LO VOTO.
Por lo expuesto, esta Cámara RESUELVE : -
1. Hacer lugar al recurso de apelación , conforme lo que surge del voto que inaugura el presente Acuerdo; -
2. Imponer las costas por su orden (artículo 51 apartado 1 CCA); -
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (artículo 51 de la norma arancelaria abogadil).
Regístrese, notifíquese vía electrónica y oportunamente, devuélvanse.
Damián Nicolás Cebey Marcelo José Schreginger
Suscripto por los Señores Jueces, y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA n° 3975/20).
Firmas
Funcionario firmante: CEBEY Damian Nicolas - JUEZ
Funcionario firmante: SCHREGINGER Marcelo Jose - JUEZ
Funcionario firmante: PERMAN Guillermo Adrian - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 946-2026
Fin de la sentencia