Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-101348732-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la representación fiscal. Con costas.
2Declarar la nulidad de lo actuado en el sumario que ha tramitado como Expte. N° 1-250-964-088 (12147-17- 2008) a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 41 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 8225/2018, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
3Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
4Ordenar a la DGA que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2020 - Año del General Manuel Belgrano Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2020-80208470-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 19 de Noviembre de 2020 Tribunal Fiscal de la Nación Año del Sexagésimo Aniversario del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el expediente EX-2019-101348732- -APN-SGASAD#TFN caratulado: MILENIUM TEXTIL S.R.L. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Tratar como de previo y especial pronunciamiento los planteos de nulidad de la Resolución DE PRLA N° 8225/2018 y de prescripción interpuestas por la actora, y por otro lado, el planteo de excepción de incompetencia planteado por la representación fiscal.
Que la resolución recurrida fue dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, con fecha 2 de noviembre de 2018, recaída en la Actuación N° 1-250-964-088 (12147-17-2008); resolvió: en su art. 1°) archivar sin mas trámite el sumario en los términos IG N° 09/17, y en su art. 2°) formular cargo en concepto de tributos adeudados a la firma MILENIUM TEXTIL SRL., cuyo monto asciende a la suma de U$S 6.539,14.- en concepto de derechos de importación, e IVA, más $ 509,25.- en concepto de Impuesto a las Ganancias, con motivo de la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero, respecto a la destinación Nº 08 001 IC04 003327 K.
II. Fundamentos de la apelación: Que mediante IF-2019-101348476-APN-DTD#JGM se presenta la actora MILENIUM TEXTIL SRL, por medio de apoderada. En primer término, solicita que se declare la nulidad del acto apelado ya que la resolución recurrida fue dictada sin que se hubieran cumplido los actos mínimos y elementales previstos por la ley, alegando que una vez abierto el sumario, la aduana condenó a la empresa por infracción al artículo 954 inc. a) del C.A.. Manifiesta que el acto de apertura de sumario no reúne los requisitos del. art. 1094, en cuanto a la determinación o identifican los hechos investigados, como así tampoco la liquidación de los tributos que correspondan y las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Cita jurisprudencia. Plantea que se omitió correr vista de lo actuado e los términos del art. 1101 del C.A. privando a la actora ejercitar su defensa y/o impugnar la liquidación tributaria. Por ello, considera que se violaron varios derechos de jerarquía constitucional como lo son el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad. Cita jurisprudencia. Se agravia respecto a la falta de motivación de la resolución recurrida, en tanto considera que la misma no exhibe los fundamentos que conllevaron a la determinación de los tributos y a la formulación del cargo. Por consiguiente, el acto se encuentra incausado, siendo nulo de nulidad absoluta por afectar la garantía contenida en el art. 18 de la CN.
Cita procedimiento IG Nº 9/17 titulo D. Cita doctrina y jurisprudencia. Asimismo, plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos conforme lo establecido por los artículos 803 y 804 del Código Aduanero. Agrega que el plazo de cinco años establecido para la prescripción, comenzaría a correr a partir del 01/01/2009 en consideración a la fecha en que operó el vencimiento de la importación temporal, y se cumplió el 01/01/2014. Aduce que el auto de apertura no pudo suspender el curso de la prescripción tributaria mencionada en el art. 805, inc. a), del C.A. toda vez que no reúne los requisitos del artículo 1094, inc d). Agrega que, frente a la falta del auto de la corrida de vista, recién el 04/ 11/2019 se pudo tomar conocimiento del resultado del análisis, la infracción imputada y la liquidación tributaria con el dictado de la resolución DE PRLA 8225/18, la cual tampoco pudo subsanar las irregularidades del auto del 20/11/13, por cuanto a ésta fecha ya había operado la prescripción.Cita jurisprudencia.
Plantea la inexistencia de inexactitud respecto a la cuestión clasificatoria. Niega que haya existido una declaración que difirió con el objeto de verificación y entiende que el análisis efectuado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es inválido y no se ajusta a la realidad. Finalmente, ofrece prueba documental e informativa, hace reserva de caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Que mediante IF-2020-18842689-APN-DTD#JGM, se presenta el apoderado del Fisco Nacional, contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora, y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Efectúa una breve reseña de los hechos. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Opone excepción de incompetencia, manifiesta que la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación en materia aduanera está determinada en los artículos 1025 y 1132 del Código Aduanero. Cita normativa. Manifiesta que en el caso resulta una impugnación deducida contra una resolución aduanera que resuelve cuestiones que pueden afectar el derecho o interés legítimo del administrado y que no está contemplada en otro procedimiento (art. 1053, inciso f) C.A.), en materia recursiva corresponde estar a la remisión que consagra el art. 1017 C.A., resultando la vía idónea la acción judicial contemplada en el inciso a) del art. 25 de la Ley 19.549 y modif.
Cita jurisprudencia. Asimismo, señala que el acto apelado, no es un acto administrativo definitivo, y que la declinación de la competencia del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros a favor de la Dirección General Impositiva, no resuelve ni decide sobre el fondo de la cuestión, y que al declinar la competencia, la instancia administrativa continúa pero a partir de ese momento el órgano competente para entender es la Dirección General Impositiva, la cual dictará un acto administrativo definitivo el que confirmará, anulará o revocará el cargo formulado. Entiende que no existió silencio o ambigüedad de la Administración, ni violación del artículo 9 de la ley 19.549. Por todo lo expuesto, concluye que la resolución aduanera no causan agravio o lesiona de manera alguna los intereses o derechos de la accionante, como tampoco dicha resolución es susceptible de ser impugnado por vía judicial.
Respecto a los agravios vertidos por la actora, manifiesta que la denuncia formulada a fojas 35/36 de las actuaciones administrativas por presunta infracción al artículo 954 inciso a) de la ley 22415 respecto de la destinación 08-001-ICO4-003327K, se archivo en el marco de la Res. 8225/2018, por aplicación de la Inst. Gral Nº 9/17 atento a su monto, y la notificación de fojas 47 agota este procedimiento y consiente el archivo. Dicho acto, se encuentra precluído y pasado en autoridad de cosa juzgada. En relación a la formulación del cargo por la diferencia tributaria, señala que debió tramitar por el ar.t1053 inciso a) en función del inciso f) de la ley 22415, el plazo y forma del art. 1055/7.
Hace referencia al Capítulo VII Declaraciones Inexactas y otras diferencias injustificadas. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la acción entablada por la actora y se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Que mediante PV-2020-24358082-APN-VOCXXI#TFN, se corrió traslado a la actora de la excepción opuesta por la representación fiscal, el cual fue contestado mediante IF-2020-25372125-APN-DTD%JGM. Hace un análisis de lo normado por los arts. 1025 ap. 1.b) y 1132, ap. 1, del C.A. Señala que la resolución apelada dispusó el archivo sin más trámite de las actuaciones y exige la deuda tributaria de $ 509,25 y U$D 6.539,14, derivada de la infracción indilgada a mi representada, reviste carácter definitiva en los términos del art. 1112 del CA, y por lo tanto recurrible ante este Organismo. Cita jurisprudencia. Señala que la apelación se promovió el 12/11/2019, dentro del plazo establecido por el art. 1133 del CA, computados a partir de la notificación que fue realizada con fecha 04/11/2019. Concluye, que es improcedente el planteo de la representación fiscal respecto a que los tributos deban tramitar por vía impugnatoria, cuando el mismo ya fue cumplido en un procedimiento infraccional por la infracción prevista y penada por el inc. a) del art. 954 del CA y respecto de la cual se había determinado los tributos adeudados, en los términos del art. 1094 del cit. Código y en donde se arribó a una resolución definitiva condenatoria a los efectos tributarios. Señalando que una decisión contraria seria violatoria del principio de congruencia. Cita jurisprudencia.
En fecha 8/10/2020 mediante PV-2020-67991892-APN-VOCXXI#TFN se elevan los autos a la Sala “G” y el 23/10/2020 mediante IF-2020-71822114-APN-VOCXXI#TFN se ponen los autos a sentencia.
V. Que de las actuaciones administrativas N° 12147-17-2008 (Expte. 1-250464/08) obra a fs. 1 Nota Nº 8/08 (SE RCBA) de la que surge que se practico la verificación de la mercadería documentada por la destinación SIM y se extrajo muestra del ítem 1 subitem 1 y 2 documentadas por la PA SIM 5503.20.10.000V a efectos de su análisis.. A fs. 2 obra Nota Nº 315/08 DV VERI (30/01/2008). A fs. 3/3 obra Solicitud de análisis (14/01/08). A fs. 5/10 obra copia de Destinación de Importación Nº 08 001 IC04 003327 K y documentación complementaria. A fs. 11 obra Nota 1316/08 (DV ITEM) 20/02/08 de la cual surge que se remiten las muestras. A fs. 14 Obra Nota INTI 0313/2008 (27/02/08). A fs. 15 obra orden de trabajo Nº 0095-00200097.
A fs. 16/22 obran Informe de Ensayo INTI SOT nº 21-8649-U (23/12/08) y Informe de Asistencia Técnica SOT Nº 20-3909 (22/09/08). A fs. 24 Nota Nº 00038/09 (07/01/2009) . A fs. 26 obra print de consulta de destinación. A fs. Obra sobre contenedor del despacho de importación Nº 08 001 IC04 003327 K. A fs. 28 obra Nota R4Nº 297/10 (30/04/10) de la que surge que se agrego la destinación de importación a fs. 27 conforme lo solicitado a fs. 25. A fs. 29 Obra nota de fecha 27/05/2010 de la que surge que: “ Atento el informe producido por el INTI de fs. 16/22, esta instancia entiende que conforme los parámetros podría inferirse que se trata de biocomponentes de distinto punto de fusión. Por lo expuesto se solicita la remisión del presente a la División Instituto Técnico de Mercadería (ITEM) a los fines que se sirva informar taxativamente tal circunstancia.” A fs. 30 obra Nota Nº 2193/10 (DV ITEM) (15/06/2010) A fs. 31 obra Nota de fecha 18/06/20 INTI.
A fs. 32 obra Nota INTI de fecha 02/11/2010. A fs. 33 obra Nota Nº 01703/10 (19/11/2010). A fs. 34 Nota Nº 3399/10 01/10/10. A fs. 35 obra acta de denuncia de fecha 15/04/11, en el que se le imputa a la firma MILENIUM TEXTIL SRL, la presunta infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del C.A. en relación al IC N° 08 001 IC04 003327 K. A fs. 36/37 Obra liquidación por diferencias en importación. y de las observaciones surge: “Habiéndose procedido a efectuar extracción de muestras para su control estadístico a los efectos de determinar si el tejido de marras se trata de un biocomponente, se constata que, según resultado arrojado mediante Informe SOT 21-8649 U no se trataría de una fibra hueca de poliéster…”.
A fs. 38 obra detalle de liquidación de los ITEM. A fs. 39 obra print de consulta de destinación denunciada. A fs. 40 obra registro de liquidación manual. A fs.41 con fecha 20/11/2013 se instruye el sumario en los términos del art. 1090, inc. c) del C.A., por la infracción prevista y penada por el art. 954 inc. a) del C.A. A fs. 43 obra liquidación por multa y diferencia de tributos. A fs. 44 se señala que se procedió a la consulta del Sistema SUMARCHI con resultado negativo en los términos de la I.G. N° 09/17 (D.G.A.). A fs. 45 pasan los autos para resolver. A fs. 46 obra la Resolución DE PRLA N° 3123/2018, aquí apelada.
VI. Que mediante PV-2020-59141865-APN-VOCXXI#TFN se declara la excepción opuesta como de previo y especial pronunciamiento, se elevan los autos a esta Sala “G” y quedan en estado de dictar sentencia.
VII. Que, conforme resulta de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, las mismas se iniciaron por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del C.A.
VIII. Que corresponde analizar y resolver la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal. Al respecto, el fisco sostiene que la impugnación deducida contra una resolución aduanera que resuelve cuestiones que pueden afectar el derecho o interés legítimo del administrado y que no está contemplada en otro procedimiento (art. 1053, inciso f) C.A.), en materia recursiva corresponde estar a la remisión que consagra el art. 1017 C.A., resultando la vía idónea la acción judicial contemplada en el inciso a) del art. 25 de la Ley 19.549, y no haber interpuesto el recurso de apelación previsto en el art. 1132 ap. 1 del C.A.
Que, asimismo, señala que el acto apelado, no es un acto administrativo definitivo, atento a que la declinación de la competencia del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros a favor de la Dirección General Impositiva, no resuelve ni decide sobre el fondo de la cuestión, y que al declinar la competencia, la instancia administrativa continúa pero a partir de ese momento el órgano competente para entender es la Dirección General Impositiva, la cual dictará un acto administrativo definitivo el que confirmará, anulará o revocará el cargo formulado. Que el art. art. 1132 apartado 1 establece que contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en estos dos procedimientos dentro de los plazos señalados se podrá interponer en forma optativa y excluyente: a) el recurso ante el Tribunal Fiscal; o b) demanda contenciosa ante el juez competente. Por su parte, el art. 1133 del C.A. dispone que salvo en los supuestos de retardo, la apelación o la demanda previstas en el artículo 1132 deberán interponerse dentro del plazo de QUINCE (15) días, contado desde la notificación de la resolución.
Que por su parte, art. 1053. Inc. f) establece que: Tramitarán por el procedimiento reglado en este Capítulo las impugnaciones que se formularen contra los actos por los cuales: (…) f) se resolvieren cuestiones que pudieren afectar derechos o intereses legítimos de los administrados que no estuvieren contemplados en otros procedimientos.
Que, como se dijo en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc.a) del C.A., como consecuencia de considerar el organismo aduanero que existía una declaración inexacta en la destinación de importación N° 08 001 IC04 003327 K.
Que, en consecuencia, al tratarse de un sumario infraccional que culmina con la resolución aquí apelada -acto administrativo definitivo- atento a que pone fin al mismo, este Tribunal resulta competente para entender en la presente causa. Por ende, corresponde rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal, con costas.
IX. Que, corresponde me refiera a la resolución aduanera aquí apelada, la cual dispone el archivo de la denuncia infraccional, haciendo aplicación de la Instrucción General Nº 9/17 (D.G.A.), ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que, como se dijo en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del C.A., como consecuencia de haberse constatado que la declaración efectuada por la recurrente difiere de lo constatado por el servicio aduanero al efectuar la extracción de muestras, de la destinación en cuestión, según el resultado arrojado en el Informe SOT 21-8649 U. (v. a fs. 35, 37 de las act. adm.).
Que, en lo que al caso de autos concierne, por la Instrucción General referida se establecieron las pautas procedimentales para que los jueces administrativos a cargo de las distintas áreas, dispongan el archivo de las actuaciones que signifiquen aplicación de sanciones “cuyos bajos montos tornen antiecónomico instrumentar o continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro”.
Que a tal efecto se ordenó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el art. 954 del C.A. dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
Que con dicho fundamento el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada, el archivo de la denuncia por presunta infracción, en virtud de que la liquidación practicada a fs. 43 de las actuaciones administrativas arrojó un monto de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES CON 30/100 CVOS. ($ 21.303,30.-) en concepto de multa mínima y que la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento.
Que, resulta indiscutible, que dicha resolución resultó a los efectos prácticos condenatoria para la importadora, si se tiene en cuenta que se ordenó formular cargo por la diferencia de tributos que se consideraron adeudados por tenerse por configurada la declaración inexacta atento la comprobación realizada por el servicio aduanero. Que, por lo demás, también conviene aclarar que, conforme surge de lo dispuesto en el punto H) de la referida Instrucción, el archivo de las denuncias revestía carácter provisional hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo.
X. Que, sentado lo expuesto, corresponde expedirse, a continuación, sobre el planteo de nulidad del cargo tributario que efectúa la recurrente, en cuanto aduce que no se le ha corrido vista del sumario de marras, y que, en consecuencia, no pudo ejercer su derecho de defensa.
Que el art. 1101 del C.A. dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)” Que, de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 41 ninguna intervención se le dio al importador, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, que no existió oportunidad alguna de acompañar -o en su caso, solicitar su agregado- de la documentación que acreditara lo declarado en el despacho aduanero. Que, en efecto, la única notificación que se curso fue es la obrante a fs. 47 de las act.adm, por medio de la cual la actora se presenta, se notifica de la resolución apelada y solicita extracción de fotocopias de las actuaciones la presentación, sin que con anterioridad se la citara a tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudieran valerse. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A., ya citado. Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada, a fin de que aporten la documentación que creyeran idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar la veracidad de lo declarado.
Que el proceder del servicio aduanero afecta, no sólo el derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que en base a lo expuesto precedentemente cabe concluir que la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dio origen a esta causa torna nulos todos los actos procesales posteriores, inclusive la Resolución DE PRLA Nº 8225/2018, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse solo en la constatación realizada y tener por configurada la infracción, sin darle la posibilidad al administrado de demostrar lo contrario.
Que por lo demás, conviene aclarar que no resulta óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera aquí apelada se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que ahora se pretenden exigir a la importadora por la supuesta declaración inexacta.
Que lo expuesto implica que el deber o facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte de la Aduana recién nacería cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, el monto de la sanción también determinado. Cabe señalar que no se trata únicamente de verificar el monto por el que procedería la multa, sino, además y fundamentalmente, de la necesidad de determinar mediante el procedimiento correspondiente, como ya se dijo, la existencia misma de la infracción que da lugar a la aplicación de una multa por la infracción endilgada. Que, en definitiva, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como Expte. N° 1-250-964-088 (12147-17-2008), y a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario (fs. 41), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. La misma declaración de nulidad alcanza a la Resolución DE PRLA N° 8225/2018, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) del C.A. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
XI. Que, sentado lo expuesto, corresponde a continuación tratar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora.
Que, el hecho imponible se produjo el 04/01/2008, motivo por el cual el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 01/01/2009, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes del C.A.
Que dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario de fecha 20/11/2013, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a) del C.A. (fs. 41 de las act. adm.).
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. Sin costas.
XII. Que por la forma en que se resuelve no corresponde considerar las demás cuestiones planteadas por la actora.
Por ello, voto por:
1. Rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la representación fiscal. Con costas.
2. Declarar la nulidad de lo actuado en el sumario que ha tramitado como Expte. N° 1-250-964-088 (12147-17- 2008) a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 41 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 8225/2018, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
3. Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
4. Ordenar a la DGA que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora. El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Que los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Que adhiero al voto del vocal preopinante en cuanto sostiene que este tribunal resulta competente para entender en la causa en tanto, la apelada, constituye una resolución definitiva dictada en el marco de un procedimiento infraccional encuadrable en el art. 1132 ap. 1 del CA por lo que corresponde rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal. Ello así, toda vez que se trata, en la causa, de una exigencia tributaria cuyo origen se encuentra ligado a la comisión de una infracción aduanera (en el caso, la prevista en el art. 954 inc. a) del C.A.).
III. Dicho lo que antecede y en el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si, como lo plantea la recurrente, la acción del fisco para el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
IV. Que, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 20/11/2013 (ver fs. 41 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA. Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2009 –toda vez que se trata en autos de una operación de importación registrada el 04/01/2008- la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2013 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 02/11/2018 y notificada el 04/11/2019 cfme. constancia de fs. 47 de las acts. adms.).
Que, en adición a lo expuesto, cabe subrayar que los actos inmediatamente posteriores al auto de apertura del sumario (giro de las actuaciones de fs. 48; liquidación de fs. 42vta.; resolución de fs. 46/46vta.) fueron dictados más de 4 años después del mismo (en julio de 2017 y noviembre de 2018), es decir, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido.
Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DI 08 001 IC04 003327 K.
V. Que por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por ello, voto por:
1. Rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la representación fiscal. Sin costas.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DI 08 001 IC04 003327 K. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la representación fiscal. Con costas.
2. Declarar la nulidad de lo actuado en el sumario que ha tramitado como Expte. N° 1-250-964-088 (12147-17- 2008) a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 41 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 8225/2018, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
3. Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
4. Ordenar a la DGA que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora. Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2020.11.19 09:09:58 ART Date: 2020.11.19 11:06:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2020.11.19 16:13:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2020.11.19 16:14:07 -03:00
Fin de la sentencia