Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-62555903-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-30791239-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Marzo de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “MILENIUM TEXTIL S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación”, EX- 2021-62555903- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma del epígrafe, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 1959/2015, dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (DE PRLA) de la Dirección General de Aduanas, por la que se resolvió condenarla por la comisión de la infracción al artículo 954, inciso a), del Código Aduanero, con relación a la mercadería documentada en el ítem 1 del Despacho de Importación N° 07-001-IC04-123.350-X al pago de una multa que asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 26/100 ($ 19.119,26) de conformidad con lo normado en el artículo 1112, inc. a, del citado cuerpo legal; y en su artículo 4° formula cargo por los tributos adeudados, cuyo importe asciende a la suma de DOLARES CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 51/100 (U$S 5.510,51) y PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 72/100 ($ 1.562,72), intimando su cancelación en los términos del artículo 794 y concordantes del Código Aduanero.
Relata los antecedentes administrativos. Opone la prescripción de la acción para aplicar penas y percibir tributos regidos por la legislación aduanera, explicando los fundamentos jurídicos que le dan sustento, en virtud - esencialmente- de lo dispuesto en los artículos 934, 937, 803 y concordantes de la ley 22.415. Destaca que el hecho gravado que pudiera da origen a la acción fiscal se produjo con fecha 02/08/2007 (fecha de oficialización) y de esta manera, la prescripción comenzó a correr el 01/01/2008 debiendo operar, de no existir causales interruptivas o suspensivas, el 01/01/2013 (art. 803 del CA). Mientras que en la litis el auto de apertura del sumario de fecha 10/05/2010, suspendió la prescripción corrida desde el 01/01/2013 hasta el momento que se dictara, con fecha 08/05/2015, la Resolución (DE PRLA) 1959/2015 de conformidad con lo previsto por el inc. a) del artículo 805 de la ley 22.415. Señala queal tiempo de notificarse la Resolución apelada con fecha 02/07/2021, la prescripción de la acción fiscal para percibir tributos ya se encontraba prescripta (art. 803 C.A.); por cuanto el tiempo corrido desde el 01/01/2008 al 10/05/2010, implica 2 años 4 meses con 9 días, sumándose el plazo ocurrido a partir del 08/05/2015 (fecha de la Resolución -DE PRLA- nro. 1959/2015), lo que permite inferir que el plazo quinquenal se produjo el 08/01/2018 (son los 2 años 7 meses y 21 días faltantes); por lo tanto, al momento que suparte se notificara en fecha 02/07/2021 la PRESCRIPCIÓN HABÍA OPERADO HACÍA 3 AÑOS. Cita jurisprudencia favorable a su tesitura. Advierte que la aplicación literal del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero contraviene expresamente el principio de “plazo razonable”, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 8, inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional de conformidad con lo previsto por el art. 75, inc. 22, párrafo segundo, de la Constitución Nacional.
Asimismo, pone de manifiesto que la acción fiscal imponer penas también se encuentra prescripta por haber transcurrido el plazo quinquenal previsto en el artículo 934 del Código de rito, habida cuenta que si bien la prescripción de la acción quedó interrumpida, por el auto de apertura del sumario administrativo efectuado con fecha 10/05/2010, la acción comenzó a correr nuevamente el día 11/05/2010. Y luego la acción quedó nuevamente interrumpida por el dictado de la Resolución apelada en la especie, con fecha 08/05/2015 y, por lo tanto, la acción comenzó a correr nuevamente el 11/05/2015, operando el 12/05/2020.
En subsidio, niega categóricamente que haya existido una declaración que difirió con aquel objeto de verificación y entiende que el análisis efectuado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es inválido y no se ajusta a la realidad. Alega que la posición optada por su parte, es la 5503.20.10.000V que involucra “Bicomponentes, con distinto punto de fusión –De poliéster. FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO MODO PARA LA HILATURA”. Ello así porque, la mercadería, conforme la descripción de la factura Nº FGC 2798, obrante dentro del sobre contenedor a fs. 21 act. Adm., se trata de “polyester fiber hollow conjugate non siliconized” (Fibra de poliéster conjugada no siliconizada).
Explica que una fibra conjugada está producida con fibras bicomponentes, siendo esta una “Fibra química producida con dos polímeros de distintas características físicas o químicas, de forma que los dos polímeros de una fibra sencilla están uno al lado de otro o, por otra parte, de forma que la fibra consista en un núcleo y un revestimiento. Agrega que puede crearse con un polímero sencillo que contenga fibras de un segundo polímero llevado a cabo de forma no homogénea y que la diferencia de contractilidad de los dos componentes se consigue mediante el encrespado de la fibra”. En este sentido, dice que la mercadería en trato corresponde a dos (2) tipos diferentes de polímeros en el grado de polimerización (“polyester fiber hollow conjugate” o “fibra de poliéster conjugada”) que se hilan de forma compuesta (unificando un segmento grande de filamentos).
En cambio, el servicio aduanero, como consecuencia del resultado del análisis, clasifica la mercadería bajo la PA 5503.20.90.000Y “De poliésteres.FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO MODO PARA LA HILATURA”. Es decir, como si se tratase de un solo tipo de poliéster (“polyester fiber hollow regular”). En cuanto al Informe emitido por el INTI Textiles, obrante a fs. 12/14, de fecha 10/10/2007, impugna expresamente la capacidad (competencia) técnica de aquel Organismo y en la ausencia de principios científicos en que se funda. Ello así porque en el año 2009 –es decir, DOS (2) años después al caso traído en autos- el INTI Textiles, en un caso similar, en el cual se le solicitaba que determine si las fibras importadas por su representada eran bicomponentes, se pronunció informando que “no se ha podido determinar fehacientemente los ensayos solicitados en el Expediente de la referencia debido a que hemos tenido casos de un nuevo tipo de fibras, que no están catalogadas en el Nomenclador Común del Mercosur (N.C.M.)”.
Agregando, “A este tipo de fibras se las denomina “fibras conjugadas”, para las cuales no disponemos aún un método seguro y/o normalizado para identificarlas”.
Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que se revoque la decisión aduanera apelada en la litis, con expresa imposición de costas.
II. Que, a su turno, la DGA contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido y ofrece las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Efectúa una negativa genérica de todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Relata los hechos del caso. Rechaza expresamente los planteos prescriptivos articulados por la actora, concluyendo en que no ha operado la prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas y percibir tributos. En cuanto al fondo, expresa que el Código Aduanero, en el Capítulo VII “Declaraciones Inexactas y otras diferencias injustificadas”, tutela el principio básico de la veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería, que es objeto de una operación o destinación aduanera, regulándose un régimen punitivo único que comprende todas las diferencias y declaraciones inexactas que pueden cometerse en el curso de las distintas operaciones o destinaciones aduaneras.
Arguye que la inexactitud puede referirse a múltiples elementos, tales como la naturaleza, especie, calidad, peso, cantidad, precio, etc. De manera consecuente, la acción típica, en el caso que nos ocupa, consiste en efectuar, ante el servicio aduanero, una declaración respecto de destinaciones aduaneras de importación o exportación que, al omitirse el mentado autoajuste, difiera con la comprobación efectuada por la Aduana (como sucedió en autos), y que produzca o pueda producir en caso de pasar inadvertida, alguno de los supuestos previstos en los tres incisos de este precepto (en el caso, el perjuicio fiscal, entendido como la falta de ingreso tempestivo de un monto determinado de derechos aduaneros diferente e inferior al que correspondería).
En lo que refiere específicamente al agravio en traslado, la actora sostiene que la infracción no se ha configurado, por resultar correcta la clasificación arancelaria vertida en la destinación de importación de autos. Señala que los fundamentos que lo integran resultan una mera repetición de los que virtiera, oportunamente, en sede aduanera, y que ya fueran analizados y desestimados por mi conferente. Agrega que los análisis efectuados por el I.N.T.I. dan cuenta que la mercadería de autos debe conceptuarse como fibras discontinuas de poliester sin cardar ni peinar, clasificable en la PA 5503,20,90,000Y. Por su parte, recuerda que a través de la Ley 24.206 (Boletín Oficial 06/08/1993) se aprobó el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías suscripto en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el cual modifica el artículo 11 del Código Aduanero la disponer que “(…) en las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercadería, éste se individualizará y clasificará de acuerdo con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (...)”.
Adicionalmente, destaca que al modificar el art. 12 del CA se le otorgó la posibilidad del Poder Ejecutivo de “(…) a) Desdoblar las partidas y subpartidas no subdividadas en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.) mediante la creación de subpartidas e ítems, quedando igualmente facultado para sustituir, refundir y desdoblar dichas subdivisiones; b) Incorporar reglas generales de interpretación y notas a las Secciones, a sus Capítulos o a sus subpartidas, adicionales a las que integran el mencionado Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como así también adiciones a sus Notas Explicativas, siempre que las reglas, notas y adiciones en cuestión resultaren compatibles con los texos a que se refiere el artículo 11 y con las Resoluciones del Consejo de Cooperación Aduanera en materia de nomenclatura”.
Continúa el Convenio definiendo, en su art. 1, al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (el “Sistema Armonizado”) determinando que la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las Notas de las Secciones, de los Capítulos y de las subpartidas, así como las Reglas Generales para interpretación del sistema armonizado. Respecto de ello, el artículo 3 del Convenio dispone que cada Parte contratante se compromete (salvo algunas excepciones expresamente detalladas en el Convenio) en la elaboración de sus nomenclaturas arancelarias y estadísticas a “(…) utilizar todas las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado, sin adición ni modificación, así como los códigos numéricos correspondientes; 2°) a aplicar las Reglas Generales para la interpretación del Sistema Armonizado así como todas las Notas de Secciones, Capítulos y subpartidas y a no modificar el alcance de las secciones, capítulos, partidas o subpartidas del Sistema Armonizado; (...)”.
Pone de relieve la existencia de las mencionadas “Reglas Generales para la interpretación del Sistema Armonizado” (las “Reglas Generales”) las cuales son utilizadas a los efectos de poder determinar los criterios de clasificación que deberán tenerse en cuenta al momento de encuadrar una mercadería en el Sistema Armonizado. Cita jurisprudencia favorable a su tesitura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 1-254737-2007 se inician con la orden de intervención 07637OE17001101D, sobre el DI 07-001-IC04-123.350-X. A fs. 2 obra la Nota N° 655/07 (SE CDOA)
informando que se procedió a la extracción de muestras. A fs. 3/5 se encuentra la copia de la destinación. A fs. 6 se agrega la solicitud de análisis. A fs. 9 obra la Nota N° 2499/07 (DV ITEM) solicitando se determine si la muestra adjunta se trata de FIBRAS BICOMPONENTES, su composición cuali-cuantitativa y punto de fusión. A fs. 17/18 se encuentra la denuncia Nº 13696248/2007, de fecha 23/11/2017 realizada por la División Control de Operaciones Aduaneras, sobre el DI 07-001-IC04-123.350-X por presunta infracción al art. 954, inc. a), del C.A., atento haberse comprobado una diferencia de calidad, a raíz del Análisis de laboratorio S.O.T. Nº 8284-U, obrante a fs. 12/13, ocasionando un perjuicio fiscal de U$S 4.554,14.
A fs. 19 se agrega el acta de extracción de muestra, de fecha 9/08/07. A fs. 20 se solicita se agregue el OM 2133 de la DI 07-001-IC04-123.350-X, la cual fue agregada a fs. 21. A fs. 23 obra la determinación del perjuicio fiscal (U$S 6.102,54). A fs. 24 se encuentra una nueva denuncia de fecha 09/11/07. A fs. 27 se agrega el Informe de Supervisión N° 433/07 del Ramo IV. Con fecha 10/05/10 (fs. 30), se dispone aperturar el sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA y se corre vista de todos los actuados a la firma MILENIUM TEXTIL SRL y al despachante de aduana MOCCIOLA, DAMIAN ANTONIO. A fs. 32 obra la notificación, mediante cedula papel, al despachante de aduana MOCCIOLA. A fs. 34 se agrega la notificación, mediante cedula papel, a la firma MILENIUM TEXTIL SRL, a la dirección sito Av.
Cabildo 2230, Piso 12, CABA, del auto de fs. 30. A fs. 36 obra una nueva notificación del auto de fs. 30, mediante cedula papel, a la firma MILENIUM TEXTIL SRL, a la dirección sito Amenábar N° 445, Planta Baja, Dpto. “A”. A fs. 37/40 luce el descargo de la firma importadora. A fs. 41 se tiene por presentada a la firma y se hace lugar a la prueba informativa, providencia que fue notificada a fs. 44. A fs. 45/47 se luce el descargo del despachante de aduana. A fs. 49/50 obra el Dictamen Clasificatorio N° 36/15. A fs. 51 se determina el régimen general de la mercadería, a partir del Dictamen técnico. Con fecha 08/05/2015, fs. 52/53, se dicta la Resolución (DE PRLA) nro.1959/2015. Con fecha 01/07/21 se cursa la notificación de la resolución definitiva mediante SICNEA 21001NOTI119893D, siendo notificada la recurrente con fecha 02/07/2021, IV.- Que, en primer término, corresponde entender en el planteo impetrado por la recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos e imponer la multa objeto de autos.
Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 8 de marzo de 2015 y notificada recién el 2 de julio del año 2021, por lo que más allá de los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva, la presente causa encuentra adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
V. Que, bajo tales premisas, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2008, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el hecho gravado data del 2 de agosto del año 2007), debiendo haber fenecido el 1/1/2013, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas. Por otra parte, desde el 10 de mayo de 2010 en que se dispuso la apertura del sumario, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (10/5/2010) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 8 de marzo de 2015- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 2 de julio de 2021, es decir, seis años, tres meses y veinticinco dias después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-), reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VIII. Que, asimismo, también corresponde precisar que el inciso a) del artículo 806 del CÓDIGO Aduanero expresa que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera...”, que en la práctica dicho acto se corresponde con la notificación de la corrida de vista, contemplada en el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
En tal sentido, el propio artículo 1103 de la ley 22.415 enfatiza que “La vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
IX. Que, no obstante, y sin perjuicio que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha destacado que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (Fallos: 323:192, "Andrili de Cúneo Libarona"; 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre otros), en la especie su análisis carece de finalidad práctica, toda vez que dicha causal de interrupción se encuentra subsumida dentro de la causal de suspensión de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera contemplada en el inciso a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, siendo que tanto el auto de apertura del Sumario objeto de autos como la corrida de vista son del día 10 de mayo de 2010, habiéndose producido su cabal notificación a la interesada en fecha 10 de agosto de ese año (confr. fs. 36. act. adm.), cuando el curso de la prescripción ya se encontraba suspendido.
X. Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la firma actora, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.
XI. Que en relación a la prescripción de multa dispuesta en autos mediante la Resolución apelada, resulta ajustado a derecho poner de manifiesto que los artículos 934 y 935 del CÓDIGO Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
XII. Que de plena conformidad con la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del hecho gravado (2/8/2007) y la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2008), cabe destacar que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 10/5/2010 (el CÓDIGO Aduanero hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, de acuerdo a los términos señalados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland” S.R.L., del 12 de mayo de 2009, Fallos: 332:1109), había interrumpido el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 937, inc. a), de la ley 22.415.
Asimismo, corresponde añadir que una vez reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución aduanera condenatoria, de fecha 8/3/2015, en los términos contemplados en el citado artículo 937, inc. d), del referido cuerpo normativo. No obstante, toda vez que la misma se notificó en fecha 2 de julio de 2021, en exceso del plazo prescriptivo quinquenal, cabe concluir, sin hesitación, que se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, por lo que corresponde hacer lugar al planteo articulado por la firma recurrente en tal sentido.
XIII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada casi 6 (seis) años y 4 (cuatro) meses después, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos e imponer penas se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XIV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XVI. Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos e imponer multa en relación a la firma MILENIUM TEXTIL S.R.L. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
El vocal preopinante, dr. Pablo Garbarino, sostiene que la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La doctrina de Heydon’s Case (1584) —a la que el common law acude cuando la literalidad pretendida conduce a consecuencias que el sistema procura evitar— enseña que la interpretación debe atender al “mischief” que la norma buscó conjurar y al remedio instaurado. Y aquí el “mischief” es evidente: permitir que el Estado prolongue, por un hito puramente interno y no oponible al administrado, el alcance temporal de su potestad punitiva y recaudatoria. El remedio del sistema, por el contrario, es exigir un límite claro, verificable y oponible, que sólo se satisface con la notificación del acto que habilita su ejecución.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica. El sentido de esta línea jurisprudencial —restrictiva frente a intentos de extender potestades por vía interpretativa— es constante y bien conocido a lo largo de toda nuestra jurisprudencia. De hecho, la cacofónica disrupción a ese estándar suele destacarse –justamente- por el número nimio de quienes la receptan.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del dr. Garbarino que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
Y si algo termina de revelar el carácter problemático de esa lectura es su aplicación casi mecánica: el voto preopinante suele insistir en que se trata de una “interpretación no querida por el legislador”, pero lo hace, una y otra vez, desconociendo la línea restrictiva sostenida por la Cámara y por la Corte cuando se trata de fijar límites temporales al poder estatal. En ese marco, la extensión y la autorreferencia no añaden rigor: apenas sugieren que el razonamiento, más que nacer de las particularidades del caso y del derecho aplicable, responde a una lógica de aplicación automática, antes que a la razón del remedio que el sistema instituyó: certeza y seguridad jurídica. A pesar de ello, el dr. Garbarino recurre en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la prescripción debe computarse desde el dictado de la resolución. No puedo dejar de advertir la inconsistencia de ese razonamiento con sus propios antecedentes. En su voto en el Expte. N° 33.400-A, “RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA c/ DGA s/ Apelación”, del 21 de junio de 2023, citando la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Del mismo modo, en su habitual estilo autoreferencial, recordó lo que ya había dicho al votar en “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (Expte. 31.241-A, Sala F) y en “ABB S.A.” (Expte. 36.950-A, Sala F), como si el argumento necesitara del eco de sí mismo para robustecerse. Paradójicamente, tras tantas autocitas donde insiste en que las personas jurídicas no son sujetos de la Convención, se invoca ahora la CADH para fundar una solución precisamente en un caso donde el obligado es una persona de existencia ideal.
Más allá de ello, considero que todos los sujetos de derecho —de existencia real o ideal— deben ser ponderados a la luz de la Convención. Ello porque, detrás de cada persona jurídica, existen individuos cuyos derechos pueden verse afectados por actos estatales dirigidos contra aquélla. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva 22/2016, reconoció que los derechos de las personas físicas pueden verse comprometidos cuando sus intereses se canalizan a través de una persona jurídica. En igual línea, aplicar los principios de la Convención a la actuación estatal evita que la República Argentina se exponga a eventuales condenas internacionales por actos que, aunque formalmente dirigidos a una entidad, terminan afectando a seres humanos que la integran o representan.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de velar por el plazo razonable (art. 8.1 CADH), pero también ha subrayado que su análisis exige evaluar la actividad procesal del interesado. Así, en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), se estableció que la razonabilidad del plazo depende –basalmente- de la complejidad del asunto y de la conducta de las partes.
Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero (tal como bien lo destaca el dr. Garbarino). Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del dr. Pablo Garbarino, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, SE
1. No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2. Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
Regístrese. Notifíquese.
Date: 2026.03.26 15:53:17 ART Date: 2026.03.26 18:18:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.26 19:30:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.26 19:30:59 -03:00
Fin de la sentencia