Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-70444253-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al DI 07001IC04091897F, con costas.
2Confirmar la multa impuesta por la Resolución 6517/17 (DE PRLA), recaída en la Actuación SIGEA 1-253855- 2007, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-105616033-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Septiembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “MILENIUM TEXTIL SRL c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2019-70444253-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: determinar si se ajusta o no a derecho la Resolución 6517/17 (DE PRLA) que condenó a la actora al pago de una multa y de una diferencia de tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1, inc. a) del Código Aduanero, en relación a la mercadería documentada en la destinación 07001IC04091897F, por haberse comprobado una diferencia de calidad.
II. Fundamentos de la apelación (IF-2019-70444064-APN-DTD#JGM): En primer lugar, la actora plantea la nulidad de las actuaciones administrativas por violación de las normas del procedimiento infraccional y opone excepción de prescripción. En relación a la cuestión de fondo, niega la comisión de la infracción de declaración inexacta. Explica los motivos por los cuales en la DI en cuestión se declaró la PA 5503.20.10.000V, que corresponde a fibras de poliéster bicomponentes de distinto punto de fusión. Impugna el informe del INTI en el que se basa el Fisco para clasificar la mercadería en la PA 5503.20.90.000Y, correspondiente a fibras compuestas por un solo tipo de poliéster. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado (IF-2019-94164890-APN-DTD#JGM): El Fisco efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y niega genéricamente las afirmaciones de la contraria. Se opone al planteo de prescripción. Se refiere al bien jurídico tutelado por la figura infraccional en trato. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme el decisorio aduanero apelado, con costas.
IV. Que mediante PV-2019-95816349-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por PV-2019- 103094543-APN-VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas en formato papel. Mediante PV-2020-09776612-APN-VOCXVIII#TFN se ordena la producción de la prueba informativa ofrecida por la actora. Por PV-2025-84901865-APN-VOCXVIII#TFN se certifica la prueba y se declara la clausura del período probatorio. A continuación, se ponen los autos para alegar. No habiendo alegado ninguna de las partes, se llaman autos a sentencia.
V. Que la Actuación SIGEA 1-253855-2007 se inicia con la Nota 459/07 (SE CDOA), en relación a las muestras de la mercadería correspondiente al DI 07001IC04091897F. A fs. 4 obra la solicitud de análisis. A fs. 5 se deja constancia del desglose de la muestra. A fs. 9 luce la orden de trabajo 0093-00200295. A fs. 10/11 obra el informe SOT 8180. A fs. 15 se labra el acta denuncia 319/07 por presunta infracción tipificada en el art. 954 del CA. A fs. 17 se incorpora el acta de extracción de muestras y a fs. 19 ref. la carpeta contenedora de la destinación en trato. A fs. 21 se determina el perjuicio fiscal. A fs. 27 obra el informe de la Sección Control de Destinaciones. A fs. 30, con fecha 5/9/12, se dispone la apertura de sumario. A fs. 36 se liquida la multa mínima y la diferencia tributaria. A fs. 37 se corre vista de las actuaciones a la firma MILENIUM TEXTIL SRL (notificada el 18/5/17) y a su despachante de aduana. A fs. 42/50 contesta vista el despachante. A fs. 51 se declara la rebeldía de la importadora. A fs. 56/58 se dicta la Resolución DE PRLA 6517/2017. A fs. 59/vta. se emite el Dictamen (DV DSAD). Finalmente, a fs. 61/62 se dicta la Resolución RESOL-2017-447-E-APN- DILEGA#AFIP que aprueba la Resolución DE PRLA 6517/2017.
VI. Que, en primer lugar, corresponde resolver el planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
Que atento la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello así, el hecho de que en esta instancia resulta posible merituar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente, corresponde rechazar la alegada violación del derecho de defensa, ya que los alegados vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VII. Que, sentado ello, pasaré a referirme al análisis de la excepción de prescripción.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción relativo a la acción que ejerce el Fisco para el cobro de los tributos en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del CA establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA).
Que, de este modo, en el caso de autos el plazo comenzó a correr el 01/01/2008 (toda vez que el hecho imponible tuvo lugar el 14/06/2007 al momento del registro de la destinación de importación para consumo 07001IC04091897F) y vencía el 31/12/2012.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 5/9/2012, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 8 meses y 5 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 meses y 25 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento a lo establecido en el art. 805, inc. a), del CA, la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 5/9/2012) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del CA) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805, inc. a), del CA) ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA 6517/2017 dictada el 30/8/2017 y aprobada el 5/9/2017 por la RESOL-2017-447-E-APN-DILEGA#AFIP.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 5/9/2012 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 5/9/2017 (fecha de aprobación de la resolución apelada). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que si bien el CA no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del CA dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante”. Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 6/9/2017. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los 3 meses y 25 días que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que, dicho plazo (el aludido de 3 meses y 25 días) se cumplió el 31/12/2017, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806, inc. a), del CA.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del CA. Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a del art. 805 del CA) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del CA, que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, si bien es claro que no surge -como ya se ha mencionado- plazo alguno en el en el CA que imponga al Fisco el deber de notificar los actos dictados en cierto plazo, es importante considerar que dicha notificación debe ser inmediata. Lejos de eso, como se advierte del simple cómputo de plazos, transcurrió más de un año y medio desde el dictado de la RESOL- 2017-447-E-APN-DILEGA#AFIP, aprobatoria de la Resolución DE PRLA 6517/2017 (5/9/2017) hasta su notificación a la actora (2/7/2019, conforme surge de la constancia de notificación personal obrante a fs. 62 vta. de las act. adm.) eso devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente.
Que el derecho no se trata de compartimentos estancos y el derecho administrativo nutre al CA de principios propios que imponen -desde ya- el deber de que el procedimiento aduanero se desarrolle en debida forma, partiendo de la juridicidad, la tutela administrativa efectiva, la buena fe y la confianza legítima, entre muchos otros.
Que procede tener presente, como explica Perrino con cita de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: “El procedimiento administrativo no ha sido ciertamente concebido por el legislador como una carrera de obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción de la resolución final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto de aquélla dentro del más absoluto respeto de los derechos de los particulares”. (Perrino, Pablo E., La garantía constitucional de la defensa en el procedimiento administrativo, R. LA LEY AR/DOC/8399/2012).
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VIII. Que resta analizar la prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones.
Cabe recordar que el art. 934 del CA expresa al respecto que “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del CA establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; ...”.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción respecto de la multa, también comenzó a correr el 1/1/2008 (teniendo en cuenta que la infracción se configuró al momento del registro del DI 07001IC04091897F, esto es el 14/06/2007) y vencía el 31/12/2012. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario (5/9/2012) interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 6/9/2012 y el nuevo vencimiento ocurrió el 6/9/2012.
Que, el art. 937 inc. d) del C.A. dispone que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por “… el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”. En virtud de lo dispuesto en dicho artículo, y teniendo en cuenta que la resolución aduanera que aprobó la resolución apelada en estos autos fue dictada con fecha 5/9/2017, el nuevo plazo prescriptivo comenzó a correr al día siguiente de su dictado, es decir, el 6/9/2017 y hubiera vencido el 6/9/2022, al no haber operado ninguna otra causal de interrupción o suspención de dicho plazo.
Que con anterioridad al vencimiento del plazo quinquenal, la actora se notificó personalmente de la resolución apelada (2/7/2019), encontrándose actualmente suspendido el plazo de prescripción en virtud de la interposición del recurso de apelación de autos efectuado en fecha 7/8/2019 (art. 936 del C.A.).
Que, como consecuencia de todo lo antes expuesto, a mi juicio, no corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer penas opuesta por la actora.
IX. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver en autos si se ajusta o no a derecho la Resolución 6517/17 (DE PRLA), que condenó a la firma MILENIUM TEXTIL SRL al pago de una multa por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del CA, en relación al DI 07001IC04091897F.
Que el art. 954 del Código Aduanero establece en su apartado 1 que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir”, en cuanto aquí interesa: “a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio”. Que, de la lectura de la propia norma se desprende que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario, en primer lugar, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Que en el caso de autos el Fisco verificó que la mercadería declarada en el DI como “fibras de poliéster bicomponentes de distinto punto de fusión” -mercadería que clasifica en la P.A. 5503.20.10.000V- y que se encuentra gravada con un arancel del 2% no es tal, toda vez que del análisis efectuado por el INTI se constató que se trata de “fibras de poliéster huecas conjugadas siliconadas” -mercadería que clasifica en la P.A 5503.20.90.000Y-, con un gravamen de derechos del 16 %.
Que conforme surge de la constancia asentada al dorso del DI en trato la mercadería en cuestión fue librada a plaza el 14/6/2007 y con fecha 20/6/2007 se procedió a la extracción de tres muestras representativas de la misma. Que, para llegar a esta conclusión -esto es: diferencia de calidad de mercadería-, el servicio aduanero se basa en el informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Textiles, identificado como SOT 8180, de fecha 10/08/07, obrante a fs. 10/11 de las act. adm, que concluye que: “la muestra es de una fibra hueca de poliéster. No de una fibra bicomponente”.
Que a requerimiento de la actora en esta instancia se produjo un nuevo análisis de la muestra de la mercadería (ver Informe OT 228-2405-U de fecha 2/11/2020) del cual surge que: “la muestra no es una fibra biocomponente de distintos puntos de fusión”, concluyendo el INTI que: “se corresponde a una fibra hueca de poliester”.
Que ante la contundencia de los dos informes periciales elaborados por el INTI que resultaron coincidentes y la ausencia de recursos opuestos ante el resultado, aparecen como insuficientes las acotaciones del perito de parte. Que no habiendo podido la actora desvirtuar la prueba producida en esta instancia, corresponde confirmar la multa impuesta por comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del CA.
Que por lo expuesto, voto por:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al DI 07001IC04091897F, con costas.
2. Confirmar la multa impuesta por la Resolución 6517/17 (DE PRLA), recaída en la Actuación SIGEA 1-253855-2007, con costas.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, remitiéndome al análisis de los hechos y de la prueba acollarada a la presente que realiza el Sr. Vocal instructor, sin perjuicio de no compartir el criterio prescriptivo que imprime en la presente para dar respuesta a la suerte de la pretensión tributaria del Fisco pues, 1) El art. 805 inc. a) C.A.: suspende la prescripción durante el trámite determinativo hasta que la acción del Fisco para exigir queda expedita.
2. La eficacia y oponibilidad: sin notificación, el acto no es oponible ni habilita cargas frente al particular.
3. La Jurisprudencia: la CSJN y la CNCAF (Plenario Hughes Tool; Wonderland; “Shell”; “Molinos”; “Harriet y Donnelly”, entre otras) sostienen interpretación restrictiva de la prescripción como límite al poder estatal y la centralidad de la notificación para la producción de efectos.
4. El DNU 70/2023 (art. 1037 C.A.): sin regir para este caso (hechos anteriores), confirma la lectura correcta al reforzar que la resolución debe ser notificada; es pauta interpretativa, no fundamento exclusivo.
Teniendo en cuenta lo señalado en el Considerando IX de su voto, es que propongo REVOCAR la resolución 6517/17 (DEPRLA) en cuanto fue materia de agravio, con Costas a la demandada vencida.-
Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al DI 07001IC04091897F, con costas.
2. Confirmar la multa impuesta por la Resolución 6517/17 (DE PRLA), recaída en la Actuación SIGEA 1-253855- 2007, con costas.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.09.22 15:17:06 ART Date: 2025.09.22 16:41:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.23 10:54:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.23 10:55:35 -03:00
Fin de la sentencia