Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-61041812-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitó mediante la Actuación SIGEA Nro. 1-254738-2007 e iniciado por la presunta infracción del art. 954 inc. “a” del C.A. en referencia a la operación documentada mediante D.I. Nº 07 001 IC04 130363 K.
2Imponer las costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-51682571-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 15 de Mayo de 2025 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “MILENIUM TEXTIL SRL C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº EX-2021-61041812- -APN-SGASAD#TFN.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que se presenta la firma “MILENIUM TEXTIL SRL”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 1963/15, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA Nro. 1-254738-2007, en cuanto la condena por la infracción prevista en el art. 954 ap. 1 inc. “a” del C.A. al pago de una multa de $19.186,38.-, y se le intima al pago de u$s5.510,51.- en concepto de tributos con más intereses con relación a la mercadería documentada en el ítem 1 del despacho de importación Nº 07 001 IC04 130363 K. Opone la excepción de prescripción de la acción fiscal para percibir tributos y para imponer penas. En subsidio, sostiene que la posición por la que optó al clasificar la mercadería en cuestión fue la correcta, y ello se condice con la descripción que consta en la factura de la operación. A su vez, destaca que la mercadería en trato corresponde a dos tipos diferentes de polímeros en el grado de polimerización que se hilan de forma compuesta (unificando un segmento grande de filamentos). Cuestiona los fundamentos del informe -en el que se basa el servicio aduanero para condenarla- en cuanto en aquel se afirma que la mercadería no es bicomponente. Hace reserva de plantear el caso federal. Ofrece prueba. Solicita que se revoque la resolución aduanera, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido en la causa. Formula negativa genérica. Reseña las actuaciones administrativas. Afirma que no ha operado en el caso el plazo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, y cita jurisprudencia. Destaca que lo tipificado por la norma infraccional en trato es la conducta de efectuar una declaración respecto de destinaciones aduaneras –de importación, en el caso- que difiera de la que resulte de la comprobación practicada por el servicio aduanero, y que produzca o pueda producir, de pasar inadvertida, un perjuicio fiscal. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se dicte sentencia, rechazando la apelación interpuesta y se confirmen las resoluciones recurridas, con costas.
III. Que por PV-2025-43529885-APN-VOCXX#TFN se declara la excepción de prescripción como de previo y especial pronunciamiento, y por PV-2025-48924406-APN-VOCXX#TFN se elevan los autos a la Sala “G”.
IV. Que la Actuación Nº 1-254738-2007 se inicia con la Orden de Intervención de Fiscalización Externa, y a fs. 2 se deja constancia por Nota Nº 656/07 (SE CDOA) del 24/08/2007 de la extracción de muestras de la mercadería correspondiente al D.I. Nº 07 001 IC04 130363 K para ser enviada al ITEM. A fs. 3/5 obra en copia el D.I. Nº 07 001 IC04 130363 K y a fs. 6 la solicitud de análisis. A fs. 12/13 se glosa el informe técnico producido por el INTI. A fs. 16 obra el acta de denuncia por la presunta infracción tipificada en el art. 954 del C.A a la firma Milenium Textil S.R.L. y al despachante de aduanas. A fs. 18 luce Acta de extracción de las muestras del 22/08/2007. A fs. 20 luce el sobre del aludido DI. A fs. 22/23 obran la liquidación de tributos y de la multa. A fs. 28 se glosa un print de pantalla de Liquidación Manual. A fs. 26 obra Informe de supervisión. A fs. 29 con fecha 10/05/2010 se instruye sumario en los términos del art. 1090, inc. “c”, del C.A., por la presunta infracción tipificada en el art. 954 inc. “a” del C.A. y dispone correr vista del sumario a la importadora y al despachante (notificados el 18/10/2010, el 01/11/2010 y, reiterada a la importadora el 10/08/2011, según constancias de fs. 32/vta. y fs. 33/vta., y fs. 34/vta). A fs. 36/37 la importadora presenta su descargo. A fs. 40 con fecha 11/06/2014 se tiene por presentada a la importadora, y se declara la rebeldía del despachante. A fs. 41 el 12/06/2014 se rectifica la liquidación de la multa y los tributos, y se dispone correr una nueva vista. A fs. 42/54 contesta vista el despachante Mocciola. A fs. 56/57, el 08/05/2015 se emite el Dictamen Técnico N° 36/2015 y a fs. 59/61 se dicta la Resolución DE PRLA N° 1963/15 -apelada en autos-. A fs. 62 se emite Dictamen N° 1386/15 (DV DSAD) -en los términos del art. 1115 del C.A.-. A fs. 63/64 se dicta la resolución 1424/15 (SDG TLA) del 20/08/2015 que dispone aprobar la Resolución N° 1963 del 08/05/2015 (las resoluciones se notificaron a la importadora el 25/06/2021).
V. Que, en primer término, corresponde resolver el planteo de prescripción de la acción de fisco para imponer penas opuesto por la recurrente.
Que el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella. Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas comenzó a correr el 01/01/2008 (teniendo en cuenta que el despacho se oficializó el 14/08/2007) y vencía el 31/12/2012. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 10/05/2010 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. “a” del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 11/05/2010 y el nuevo vencimiento ocurrió el 10/05/2015.
Que, en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe aclarar que no surgen del sumario infraccional constancias al respecto.
Que por último, se analizará lo dispuesto por el art. 937 inc. “d” del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Que, en ese sentido, teniendo en cuenta que la Resolución DE PRLA N° 1963/15 -apelada en autos- se dictó el 08/05/2015, y que la Resolución 1424/15 (SDG TLA) –aprobatoria de la anterior- data del 20/08/2015 (aprobatoria de la Resolución DE PRLA N° 1963/15), cabe concluir que al momento del dictado de la Resolución Nº 1424/15 (SDG TLA) había operado el vencimiento de la prescripción. En efecto, la obligatoriedad de la aprobación por la Dirección General de Aduanas de las resoluciones por las que el administrador absuelve –total o parcialmente- a la/s imputada/s de la pena por la que inicialmente se formuló la denuncia torna a ambas resoluciones (fallo aduanero y su aprobación) en necesariamente complementarias.
Que, por lo demás, corresponde poner de manifiesto que la cédula de notificación a la importadora de la referida resolución recién se cursó el 22/06/2021 (v. cédula de notificación “Comunicación/Notificación:
21001NOTI111462K”), es decir casi seis años después del dictado de la Resolución DE PRLA Nº 1963/15 y su aprobatoria.
Que, en correlación a lo dispuesto por el art. 937, inc. “d”, del C.A., el artículo 1012, inc. “a” dispone que “ ...deberán ser notificados: a) Los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo...”. Que, resulta evidente que, si el propio Código le otorgó al dictado de la resolución aduanera condenatoria el mentado efecto interruptivo del curso de la prescripción, el hecho de la notificación de aquélla no puede extenderse -razonablemente- por fuera de dicho plazo. Ya que, a raíz de dicho acto (la notificación) surtirá efecto el derecho del sancionado a recurrir la resolución administrativa y a ejercer así plenamente su defensa. Que más aún en relación a la sanción, dicha situación de dilación en la comunicación de la resolución al sujeto condenado, lo coloca en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica imposible de subsanar, contrariando elementales principios constitucionales.
Que, resulta oportuno recordar que el fallo plenario dictado por la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (“Hughes Tools S.A.” de fecha 23/9/03) se refería a que la falta de notificación del auto de apertura sumarial en nada impediría, eventualmente, al presunto infractor, poder ejercer su derecho de defensa en la corrida de vista que a tal efecto contempla el art. 1101 del Código Aduanero. Sin embargo, en el caso en trato, lo que se cuestiona es la falta de notificación (dentro del plazo prescriptivo) de la resolución aduanera condenatoria, la cual culmina el procedimiento infraccional.
Que, con la implementación de la notificación electrónica (medio utilizado en el caso de autos), el servicio aduanero debería poder otorgar mayor celeridad a la comunicación de este tipo de actos, lo cual refuerza aún más la postura de la suscripta en el sentido de encontrar irrazonable el diferimiento de la notificación de la resolución aduanera apelada en la especie.
Que, como consecuencia de todo lo antes expuesto corresponde declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas.
VI. Que, en segundo término, corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos, opuesto por la recurrente.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que el art 803 del C.A. dispone que el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco años. El art. 804 del C.A. establece que el plazo de la prescripción comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado.
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 14/08/2007 (fecha de oficialización del despacho) y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción ha comenzado a correr el 01/01/2008 y vencía el 31/12/2012.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. “a”- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 10/05/2010 (fs. 29 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 2 años, 4 meses y 10 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 2 años, 7 meses y 20 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. “a” del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 06/07/2010) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario de que se trata, esto es, la Resolución DE PRLA Nº 1963/15 dictada el 08/05/2015 y su aprobatoria por Resolución SDG TLA Nº 1424/15 del 20/08/2015.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 10/05/2010 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 20/08/2015 (fecha del dictado de la resolución aprobatoria). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inc. “a” del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que, entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 21/08/2015. Es decir, que desde esa fecha comenzaron a correr los 2 años, 7 meses y 20 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que, dicho plazo (el aludido de 2 años, 7 meses y 20 días) se cumplió el 10/03/2018, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria).
Que, en ese sentido, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. “a” del C.A. Que, por lo demás, la aludida notificación recién se efectuó en fecha 22/06/2021 (ver fs. 69 de las act. adm.), es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que, en este punto, resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. “a” como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación -al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. “a” del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, por lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VII. Que atento la forma en la que se resuelve la presente, torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por ello, voto por:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitó mediante la Actuación SIGEA Nro. 1-254738-2007 e iniciado por la presunta infracción del art. 954 inc. “a” del C.A. en referencia a la operación documentada mediante D.I. Nº 07 001 IC04 130363 K.
2. Imponer las costas a la D.G.A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente la descripción efectuada por el vocal preopinante con relación al objeto del proceso, los fundamentos de la apelación y la contestación del traslado (considerandos I y II). Considero, a su vez, que en la presente litis, corresponde revocar la Resolución DE PRLA n° 1963/15, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 8 de mayo de 2015. Sin embargo, estimo que los fundamentos empleados para justificar la mencionada revocación con relación al primero de los planteos efectuados por el apelante, deben ser diferentes a los empleados por el voto que me precede. A los fines de desarrollar mi posición al respecto, considero oportuno analizar, en primer lugar, el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas opuesto por la recurrente, para luego examinar lo manifestado con relación a la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos correspondientes.
II. En lo que respecta a la primera cuestión (la prescripción del fisco para imponer penas), resulta pertinente recordar lo estipulado por los arts. 934, 935 y 937 del C.A. En virtud de las primeras dos disposiciones citadas, la acción del fisco para imponer penas, frente a la comisión de una infracción aduanera, prescribe a los 5 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. El art. 937 del C.A., por su parte, detalla las cuatro circunstancias que pueden traer como resultado la interrupción del mencionado plazo prescriptivo. Entre ellas, se especifica el “…dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario…” pertinente (art. 937, inc. a), del C.A.), y el “…dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” (art. 937, inc. d), del C.A.).
Con relación a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de cada una de estas disposiciones, ya tuve oportunidad de manifestarme con respecto a la importancia que presenta la notificación de aquellos actos administrativos que poseen un efecto interruptivo de la prescripción liberatoria (causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”). Allí sostuve, con relación específicamente al auto de apertura del sumario, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificarlo; y que la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación.
Ello, en tanto no puede hablarse de un acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida en que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación -, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración. No cabe duda, a mi entender, que estamos hablando de algo más que de la mera “eficacia”; estamos haciendo referencia a su entidad jurídica, es decir, de su “validez”. Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, este debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En este sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “[…] [s]i el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho […]” (Corte Constitucional - Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados; es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate, de alcance general y particular.
Al retomar los hechos involucrados en el sub examine, se observa que el despacho de importación cuestionado se oficializó el 14 de agosto de 2007. Consecuentemente, sobre la base de las disposiciones mencionadas con anterioridad, el plazo de prescripción quinquenal comenzó a correr a partir del 1° de enero de 2008, y terminó por cumplirse el 31 de diciembre de 2012.
En ese estado de cosas, debe hacerse notar que el dictado del auto de apertura del sumario correspondiente tuvo lugar el 10 de mayo de 2010 (ver fs. 29 vta. de las actuaciones administrativas n° 13696-237-2007), y su notificación se llevó a cabo entre el 1° de octubre de 2010 y el 5 de agosto de 2011 (ver fs. 32/35 vta. ibid.). Así, en virtud de una interpretación razonable de lo estipulado por el art. 937, inc. a), del C.A., el plazo de prescripción fue interrumpido en el año 2011, a partir de las notificaciones correspondientes y previo a su vencimiento (el 31 de diciembre de 2012). En consecuencia, el efecto interruptivo trajo como resultado que el plazo quinquenal comience a contarse, una vez más, a partir del día siguiente a aquel en que se produjo la primera interrupción. Así, teniendo en cuenta que la última notificación del acto de apertura del sumario se llevó a cabo el 5 de agosto de 2011, el plazo de 5 años nuevamente comenzó a correr a partir del 6 de agosto de 2011, y su vencimiento operó el 5 de agosto de 2016.
Ahora bien, según lo dispuesto por el art. 937, inc. d), del C.A., el segundo acto administrativo que puede traer como resultado la interrupción del plazo de prescripción es “…el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”. En los autos bajo examen, la resolución apelada y aquella aprobatoria de la primera fueron dictadas el 8 de mayo de 2015 y el 20 de agosto de 2015 respectivamente. Sin embardo, la notificación correspondiente se llevaría a cabo recién el 22 de junio de 2021, más de cinco años a posteriori del a resolución cuestionada. En tales condiciones, si bien es cierto que, conforme el criterio mayoritario de esta Sala, el auto de apertura y la resolución sancionatoria tienen por efecto la interrupción del plazo de prescripción, sin importar la fecha de la notificación, no puedo dejar de hacer notar que entre el acto administrativo que aplicó la multa y la notificación transcurrieron 2132 días. Además, entre el auto de apertura y la notificación del acto sancionatorio pasaron 4059 días, es decir, 11 años, 1, mes y 12 días. Todo esto en su conjunto me lleva a concluir que el procedimiento administrativo sancionador fue sustanciado en tiempos inequívocamente irrazonables, lo que determinaría sin más la nulidad del acto administrativo sancionador por encontrarse viciado el procedimiento en unos aspectos esenciales que concierne a la debilidad diligencia temporal.
Todo esto sin perjuicio de mantener mi posición con relación a la importancia de la notificación de los actos para que operen las causales interruptivas y/o suspensivas del curso de la prescripción.
III. En cuanto a la cuestión vinculada con la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos correspondientes, las disposiciones a tener en cuentas son diferentes. En efecto, para la resolución del presente planteo, corresponde tener en cuenta los arts. 803, 804, 805, inc. a), y 806, inc. a), del C.A. Si bien lo estipulado en las dos primeras disposiciones podría coincidir, en términos generales, con el régimen de la prescripción liberatoria de las acciones vinculadas con una infracción aduanera, vuelvo a insistir que la situación se torna singular cuando uno se adentra en las causales de suspensión e interrupción del instituto bajo examen. De acuerdo con los arts. 803 y 804 del C.A., la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, prescribe a los 5 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado. El art. 805, inc. a), del C.A., por su parte, especifica la primera causal (el auto de apertura del sumario, en la causa en que se investigara la existencia de un ilícito aduanero) que trae como resultado la suspensión del plazo de prescripción correspondiente; y determina, a su vez, que la mencionada suspensión tendrá lugar “…hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. Finalmente, el art. 806, inc. a), del C.A. establece, como causal interruptiva del plazo de prescripción, “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”.
Al aplicar a estas dos últimas disposiciones (arts. 805, inc. a), y 806, inc. a), del C.A.) una razonable y discreta interpretación de las normas aplicables, que no prescinda de los resultados de la inteligencia normativa, me lleva inequívocamente a reflexionar nuevamente sobre la cuestión examinada, y colegir que el curso de la prescripción revive, sin más, con el dictado del acto administrativo que determina el tributo, y con independencia de su notificación.
En ese sentido, como se mencionó con anterioridad (ver ut supra, considerando II, cuarto párrafo), la resolución apelada y su aprobatoria fueron dictadas el 8 de mayo de 2015 y el 20 de agosto de 2015 respectivamente y, por consiguiente, sobre la base de lo establecido por el art. 805, inc. a) in fine, del C.A., el cálculo del plazo de prescripción retomó a partir del 21 de agosto de 2015, siendo que la notificación de los actos administrativos mencionados con anterioridad se efectivizaría recién el 22 de junio de 2021, más de cinco años a posteriori de su dictado.
En virtud de lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución DE PRLA n° 1963/15, dictada por el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 8 de mayo de 2015.
2. Costas a la vencida.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitó mediante la Actuación SIGEA Nro. 1-254738-2007 e iniciado por la presunta infracción del art. 954 inc. “a” del C.A. en referencia a la operación documentada mediante D.I. Nº 07 001 IC04 130363 K.
2. Imponer las costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.05.15 16:12:56 ART Date: 2025.05.15 18:39:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.15 21:22:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.15 21:22:51 -03:00
Fin de la sentencia