Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte actora y admitir parcialmente los agravios de la demandada modificando el punto 1) del fallo y revocar el pago de adicional por alimentación.
2Declarar incongruente el análisis de la causa de despido por no ser materia discutida en este pleito.
3Confirmar el fallo en lo restante que fuera materia de agravios.
4Condenar a la demandada al pago del 80% de las costas generadas en esta instancia y en el restante 20% a la parte actora (art. 68 y ccs. CPCC, por remisión del art. 121 ley 1444).
5Tener presente la reserva del caso federal.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9142/25 Sentencia: Definitiva Actor: Milesi Natalia C.
Demandada: La Restinga S.R.L.
Objeto: Laboral – Cobro de Pesos.
Fecha: 29-05-2026 Texto En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 29 de mayo de 2026 se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “MILESI NATALIA C/ LA RESTINGA S.R.L. S/ DEMANDA LABORAL - COBRO DE PESOS” Expte. N°21255/24 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº Dos de esta ciudad que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 9142/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Humberto E. Monelos y Horacio M. Fernandez para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presentan en PE1249659-2024 los Dres. Eugenio Gomez Carrasco y Darío Alive en representación de Natalia Milesi y deducen demanda laboral contra LA RESTINGA S.R.L., reclamando la suma de $18.303.997,16, más intereses y costas. Refiere que la actora ingresó a prestar servicios para LA RESTINGA S.R.L. en fecha 24 de abril del año 2.008, hasta febrero del año 2.011; posteriormente volvió a laborar en fecha 1 de marzo del año 2.013 hasta el 4 de septiembre del año 2.023, fecha en que fue despedida sin invocación de causa. Señala que la actora realizaba tareas administrtivas, gerenciales y tenía personal a cargo tanto dentro del hotel como del restaurant, y se encontraba encuadrada en el CCT N° 389/04 (hotelería gastronómica). Detalla las tareas que realizaba y relata que la retribución percibida no era acorde por las tareas que realizaba, tampoco se le reconocía la antigüedad laboral y los haberes percibidos eran inferiores a la escala salarial correspondiente, detallando las diferencias que entiende procedentes y que se tienen presentes. Señala que el distracto se formalizó por escritura pública por parte del Escribano Marcelo P. Sánchez, indicando que se procedía al despido sin justa causa. Solicita la multa del art. 2 de la ley 25323, diferencias salariales que detalla, la multa del art. 132 bis de la LCT, multa por incumplimiento de entrega de certificados de trabajo del art. 80 de la LCT, sumas debidas como "no remunerativas" del CCT 389/04 y plantea inconstitucionalidad en este aspecto y del tope del art. 245 de la LCT, cuestionando la doctrina "Vizzoti". Practica liquidación, ofrece prueba. Hace reserva del caso federal.
II. Se celebra la audiencia de conciliación prevista por el art. 47 de la ley 1444 y al no existir acuerdo la parte demandada contesta la acción en PE1317142-2024 por medio de la Dra. Julieta Anahí Diaz. Realiza la negativa pormenorizada de los hechos, reconoce la relación laboral en dos etapas, señala que se desempeñaba como administrativa, que se le abonaban los adicionales de convenio. Agrega que desde octubre de 2019, se desempeñó como Gerente del establecimiento, y por ello se pactó un salario y una modalidad de trabajo, manejando la relación laboral con libertad de horarios y en el marco de la buena fe. Señala que nunca realizó intimaciones previas por cuestiones salariales, que siempre estuvo debidamente registrada y se realizaron los aportes y contribuciones. Refiere que el certificado de trabajo estuvo a su disposición, que siempre se otorgaron las licencias correspondientes. Impugna la liquidación, ofrece prueba, funda en derecho y solicita se rechace la demanda con costas.
En PE881537-2024 se abre la causa a prueba y finalizada la misma en se dicta sentencia. En el fallo que luce en PE2007269-2025 la jueza de grado admite parcialmente la demanda y condena al pago de diferencias salariales (desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2023) por recategorización dentro del CCT N° 389/04 categoría 7; diferencias salariales y su incidencia en rubros de la liquidación final, indemnización por antigüedad art. 245 L.C.T. (fecha de ingreso 24/04/2008); adicional por alimentación, por complemento de servicio, zona fría, licencias anuales ordinarias adeudadas en el 2021, sumas no remunerativas (2021- 2023), manda a determinar el monto por parte del Gabinete Contable, impone las costas a la demandada; rechaza el pago de adicional por asistencia perfecta, planteo inconstitucional del art. 245 LTC, la multa del art. 2 de la ley N° 25.323, multas de los arts. 80 y 132 bis LCT, preaviso, difiere la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia. La sentencia es recurrida en PE2014055-2025 por la parte actora que expresa agravios en igual presentación y en PE2021904-2025 apela y expresa agravios la parte demandada.-
III. La actora se agravia por la aplicación de la la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, que se dispone para recomponer el crédito. Señala que la aplicación de esa tasa le ocasiona un perjuicio irreparable porque durante los años 2023 y 2024, existió un un proceso inflacionario agudo que no refleja en la tasa utilizada. Peticiona la utilización del IPC más un 3% anual conforme criterios sostenidos por esta Cámara anteriormente. Solicita que en ejercicio del control de constitucionalidad y en defensa del derecho de propiedad de la parte actora se decrete la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561 y, se revoque la sentencia en este aspecto.-
En otro aspecto se agravia de que no se reconoció el pago de licencias anuales ordinarias que no fueron usufructuadas por la actora. Recuerda que en el caso se reclaman vacaciones no gozadas de los años 2021 al 2023 y en el recibo de liquidación final sólo se liquidaron 19 días de vacaciones, siendo que si se computa el período de la relación laboral a la actora le correspondían 56 días de vacaciones en total.-
Le agravia que se omitió la obligación de ingresar los aportes patronales por la diferencia de haberes que el mismo fallo reconoce. Solicita se ordene la integración de los aportes y la multa correspondiente.-
En PE2033363-2025 la parte demandada contesta los agravios de la parte actora. Entiende que la propia actora solicitó la aplicación de la tasa pasiva y ahora expresa agravios en sentido contrario, hace referencia a la doctrina de los actos propios y que la sentenciante utilizó sus mismos argumentos para tratar el tema. Entiende que el planteo de inconstitucionalidad es inadmisible y que la actora no acreditó concretamente la afectación a sus derechos que invoca, señalando por último que la vía recursiva no es la vía idónea para realizar el planteo.- En cuanto a las vacaciones no gozadas sostiene que el fallo es justo al señalar que se abonó con la liquidación final; siendo que además todas las licencias anteriores fueron otorgadas y abonadas. Agrega que era la actora quien debía acreditar que no hizo uso de su descanso anual y ello no fue acreditado. Agrega que además el derecho al usufructo de las vacaciones no fue ejercido oportunamente y el último período fue abonado en la liquidación final. Concluye que la posibilidad de reclamar vacaciones por los años 2021 y 2022 ya es improcedente porque se perdió el derecho a reclamarlas.-
Entiende improcedente el agravio en cuanto a la integración de los aportes, sostiene que la integración de aportes es una obligación que nace del convenio colectivo y tal como se señaló la actora trabajaba por fuera de convenio, y ello hace que no exista obligación de integrar los aportes patronales que se reclaman. Sostiene la improcedencia de la multa del Art. 132 bis LCT, ya que la norma sanciona al empleador que retiene los aportes y no los ingresa al sistema, lo que en el caso quedó desvirtuado con el informe de AFIP.-
IV. A su turno la parte demandada recurre la sentencia y expresa agravios. Señala que le causa gravamen la circunstancia de que por un lado se reconoce la función gerencial de la actora y el sistema de trabajo flexible y por otro se la encuadra en el CCT N° 389/04 y hace lugar a diferencias salariales. Entiende que ello es una contradicción que vicia de nulidad lo decidido. Agrega que la prueba da cuenta que realmente el trabajo que realizaba Natalia Milesi es incompatible con los puestos de trabajos comprendidos en el Convenio, ya que no tenía horarios, ni controles en su jornada laboral. Sostiene que corresponde encuadrarla como fuera de convenio y no como se procede en el fallo en contra a los propios argumentos de la actora.-
En otro orden entiende que existió errónea valoración de la prueba en cuanto al adicional por alimentación, ya que se funda en un convenio que no considera aplicable y siendo que además dicha obligación se encontraba sobradamente cumplida. Agrega que es opcional para el empleador la obligación dineraria o entregando comida y que la empleadora tenía la política con todo el personal de ofrecer las comidas que sean consideradas según el horario en que se desempeñen sin limitación.
Sostiene que el fallo es arbitrario ya que rechaza las multas de los Arts. 80 y 132 bis de la LCT y del Art. 2 de la Ley 25.323 lo que sería contradictorio. Entiende que ello es demostrativo de que la empleadora actuó correctamente y puso a disposición el certificado, cumplió con sus obligaciones registrales y abonó el monto correspondiente al despido. Se agravia por el cómputo de la antigüedad al unificar los dos períodos de trabajo, siendo que en la primera etapa de trabajo fue la propia actora quien presentó su renuncia, lo que se encontraría acreditado y la renuncia al empleo no da derecho al pago por antigüedad. Señala como un error del fallo que se trata el despido de la actora y sus causas siendo que se trató de de un despido indirecto y sin invocación de causa, y ello no fue discutido en la causa.Hace reserva del caso federal.-
En PE2033309-2025 la actora contesta estos agravios. Señala que es improcedente el agravio en cuanto al encuadre sindical de la trabajadora, dado que el alta laboral se la dio la empleadora bajo el CCT N° 389/04 por lo que no puede venir en esta instancia a desconocer dicha circunstancia. Agrega que la actora tiene derecho a mantener su encuadre convencional por el que fue contratada. Recuerda que el CCT N° 389/04, es el que corresponde a toda la actividad hotelera gastronómica y no hay motivos para sustraer a la actora de dicho encuadre.-
Con respecto al adicional por alimentación, señala que el mismo fue abonado a la actora lo que surge de los recibos agregados en éstos. Cita el convenio en lo pertinente y concluye que en el caso la trabajadora cumplía una jornada superior a 8 horas diarias y le correspondía la percepción de este concepto.-
V. Así planteadas las posturas de las partes corresponde ingresar al tratamiento de las cuestiones propuestas.-
En primer lugar se debe aclarar que en la presente causa se reclama diferencias en la indemnización, en los haberes y el cobro de multas laborales. Es decir en ningún momento se cuestionó la causa del despido, habida cuenta que se realizó un despido sin expresión de causa por actuación notarial y ninguna de las partes cuestionó este hecho. En atención a ello es incongruente esa parte del fallo que analiza la causa de despido y bajo este parámetro se habrán de analizar los restantes agravios (art. 35 CPCC, por remisión ley 1444).-
VI. Diferencias salariales. Por una cuestión de orden habré de analizar en principio los agravios de la parte demandada. Los principales argumentos de la demandada en sus agravios se centran en las diferencias que se reconocen a Natalia Milesi por la labor que se le abonaba y la que pretende percibir la diferencia. La jueza de grado valora que por desempeñarse en un cargo gerencial y de encargada le corresponden las diferencias para dicho cargo, y por su parte la demandada insiste que se encontraba fuera de convenio. Los recibos de haberes que se agregan en éstos como prueba señalan que la calificación por la que se abonaba era "gerente" y la categoría era "gerencia general", y en los libros laborales se abonaba como gerente sin detallar los adicionales, sino que se abonaba una suma por ello directamente (art. 52 y ccs.
LCT). De la demás prueba producida quedó demostrado que la actora Natalia Milesi, realizaba tareas gerenciales, que no tenía horario fijo, que realizaba tareas administrativas, se ocupaba de hacer diferentes pedidos, organizaba eventos, gestionaba personal, atendía a proveedores, manejo de caja, decisiones operativas en general, tanto en el aspecto de hotelería como del restaurante que funciona en el lugar; asimismo que no tenía un horario fijo sino que estaba a disposición en diferentes horarios y también trabajaba desde su casa en muchas oportunidades. Ello fue declarado en forma conteste por los testigos, Franco Lescano, Gabriel E. Aranda, Ariel E. Gomez, Mariel Analía Vallín e incluso por el representante de la parte demandada al momento de absolver posiciones, Ricardo Palavecino; siendo conteste con los propios argumentos de la contestación de agravios de la parte demandada.
En este entendimiento tengo presente que "...a los trabajadores excluidos de convenio no le son aplicables las normas del convenio que rige la actividad de la empresa. Su regulación normativa está dispuesta por la ley y el contrato individual, que viene a ser norma aplicable en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales (art. 7 de la LCT). Sin embargo, es posible que ciertos trabajadores que realizan tareas comprendidas en el convenio colectivo de trabajo, pero con trabajos diferentes de la actividad del empleador, puedan serle aplicables las condiciones generales del convenio...".- (Fabrissin, Romina M., 24-06-2024, Colección: Doctrina, Cita: MJ-DOC-17745-AR||MJD17745) Es decir que en el caso debe estarse al acuerdo privado que tenían las partes, lo que en éstos no fue acreditado por escrito, sino que debe analizarse en atención a la prueba producida, ya que si bien existía una actividad diferenciada no tenía un acuerdo escrito que regulara el comportamiento de las partes, ya que la actora tenía una relación cercana a los dueños de la firma y tomaba decisiones conjuntas y realizaba las actividades antes descriptas.
Ante ello deviene lógico tomar como parámetro el convenio que rige la actividad para valorar sus haberes, ya que como principio general siendo la persona de mayor jerarquía dentro del grupo de trabajo y por ende de mayor responsabilidad no puede percibir menos que lo estipulado en dicho convenio. Los usos y costumbres en la materia indican que el personal dependiente de una empresa o empleador que se desempeña "por fuera de convenio" percibe un porcentaje superior al cargo más alto del escalafón de que se trate. En el caso el Convenio Colectivo aplicable a la actividad resulta ser el 389/04 -UTHGRA-. Por esta razón entiendo que la posibilidad de tener como parámetro el cargo de "Jefe de brigada – Gobernanta principal – Maitre principal- Conserje principal – Jefe de recepción – Jefe de conserjería- Jefe técnico especial de oficio" que contempla el Convenio Colectivo como categoría 7 luce razonable para determinar los haberes que efectivamente debía percibir Natalia Milesi en el caso.
Esta es la solución que propicia la Ley de Contrato de Trabajo en su art. 114 en cuanto a la facultad judicial de determinar la remuneración. En similar sentido esta Cámara y el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia ha decidido en los autos "CARRIZO DANIEL ALBERTO C/ CONINSA S.A. S/ LABORAL”, Expte. N° C-10533/06, donde el Tribunal Provincial señaló que "...En consonancia con el criterio de la Alzada se ha dicho en doctrina que el artículo 114 de la LCT “...permite a los jueces, en los casos de que ninguna remuneración haya sido pactada, establecer la que en justicia corresponda de acuerdo a la naturaleza de la función cumplida y a los resultados obtenidos por el empleador.” (cfr. Juan Carlos Fernández Madrid, “Ley de contrato de trabajo.
Comentada y anotada”, La Ley, Buenos Aires, 2009, Tomo II, pág. 1311)." (T:XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.; REG. N° 3319 FOLIO N° 5529/5533, PROT. ELECT. TSS154 1.171,19/10/2017).-
Ello en consonancia con la proporcionalidad que debe reunir los haberes con la prestación de tareas y de igualdad en casos similares. Esa es la postura de la actora desde el momento de iniciar el intercambio epistolar y lo entiendo procedente por diferentes fundamentos a los indicados en la sentencia de grado pero arribando a misma conclusión.- Esa escala salarial se entiende además con los adicionales de convenio como se indica en el fallo recurrido, con la única excepción del rubro alimentación. En este punto el Convenio Colectivo aplicable señala "11.4. ADICIONAL POR ALIMENTACIÓN: Las partes, en razón de la propia naturaleza y objeto de la actividad, consideran procedente reconocer a los trabajadores comprendidos en el presente convenio colectivo de trabajo, el derecho a acceder a alimentarse en la sede del empleador conforme las siguientes modalidades y condiciones: Las Empresas podrán dar cumplimiento a este adicional —beneficio social no remuneratorio— en especie, mediante la entrega al trabajador de un almuerzo o cena según el turno completo de trabajo en que se desempeñe; o bien a su opción reconocerle el beneficio mediante la entrega de vales o tickets de almuerzo por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del salario básico convencional correspondiente al NIVEL PROFESIONAL 1 de la ESCALA SALARIAL I, en los casos de jornada completa de 8 horas y asistencia regular..."- Es decir, que el beneficio se liquida cuando no se otorga alimentación en el lugar. En el particular todas las personas que declararon en éstos y que laboraban o laboran para mismo empledaor son contestes que se puede desayunar, almorzar, merendar o cenar según el horario en que se encuentren prestando tareas, sin objeción ni limitación alguna; aún el testigo Franco Lescano señaló que siempre se alimentaba el igual que el resto de la gente del lugar y que únicamente cuando estaba embarazada (Milesi) en algunas ocasiones pidió otro tipo de alimentos y le fueron otorgados. En virtud de lo analizado el agravio se acepta únicamente en lo que respecta al ítem alimentación y se desestima en lo restante por los motivos expuestos.-
VII. La demandada sostiene que el fallo es arbitrario ya que rechaza las multas de los Arts. 80 y 132 bis de la LCT y del Art. 2 de la Ley 25.323 lo que entiende como contradictorio. En primer término cabe señalar que la circunstancia de desestimar rubros indemnizatorios o multas no puede constituir un agravio para la demandada (art. 90 ley 1444). No obstante ello, lo decidido de ninguna manera puede entenderse como arbitrario o contradictorio, ya que las sanciones pecuniarias desestimadas en la instancia de grado deben analizarse en forma independiente para cada una de ellas. No basta la aplicación lisa y llana de la norma, sino que siempre debe evaluarse el contexto, la actitud asumida por las partes, la voluntad de las partes, ejercicio de sus derechos, temporaneidad del cumplimiento, etc (arts. 1,2,3, Código Civil y Comercial, 62, 63 y ccs. Ley de Contrato de Trabajo, 40, 90 y ccs. ley 1444). En atención a ello este agravio no puede prosperar.-
VIII. Antigüedad. Le agravia a la demandada el cómputo de la antigüedad de la actora a los fines de la indemnización. La relación entre las partes tiene dos períodos claramente diferenciados. La propia actora refiere que ingreso en el año 2008 y terminó su relación laboral el 1 de febrero de 2011, posteriormente fue contratada en marzo de 2013. Es claro que existió una extinción del vínculo laboral, y el inicio de una nueva relación laboral en el año 2013. En este aspecto entiendo aplicable al caso las normas de los arts. 18 y 255 de la Ley de Contrato de Trabajo en su redacción anterior a la última reforma, en atención a la fecha en que se interesó la demanda y se produjo la desvinculación laboral. En este lineamiento se establece que cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el trabajado desde un comienzo, a sucesivos contratos aún cuando hubiese cesado por cualquier causa, si el mismo renace luego entre ambas partes de la relación. Esa es la situación que se verifica en autos, ya que se trata de la relación entre las mismas partes y mismas tareas. Sumado a ello, el principio de primacía de la realidad y la interpretación tuitiva propia de la materia llevan a concluir que la solución brindada en la instancia de grado es correcta y debe desestimarse el agravio (arts. 9, 14, 18, 255 y ccs.
LCT).-
IX. Tasa de interés. Por su parte en agravios la parte actora cuestiona el interés fijado en la sentencia. Debo considerar que al momento de interesar la demanda la parte solicita expresamente la utilización de la tasa pasiva, siendo que ya se encontraba vigente la reforma del dec. 70/2023 con relación a la redacción del art. 276 de la LCT. La sentencia dictada recepta lo requerido por la propia parte actora, por lo que entiendo que no existe un error en el razonamiento que ahora intenta impugnarse ya que lo decidido recepta el principio de congruencia que debe respetarse (art. 34 CPCC por remisión de la ley 1444). Siendo el interés propuesto (tasa pasiva promedio que publica el BCRA) la doctrina casatoria del Tribunal Superior de Justicia, aún luego de la reforma introducida por el Dec. 70/2023 (conf. autos "Varas Carlos Jesús C/ Minera Santa Cruz S.A. S/ Demanda Laboral" Expte. V-18556/17, Sent. T. XXV, reg. 776, F. 4811/4820, Prot. Elect. TSS1 011 S. 251). En virtud de ello agravio no puede prosperar.-
X. Licencias anuales años 2021 a 2023. En este aspecto la actora reclama el pago de las vacaciones no gozadas y la parte demandada refiere que no procede por el argumento en contrario. En este aspecto la norma convencional que rige la actividad remite para su aplicación a la Ley de Contrato de Trabajo. Cabe recordar que la finalidad de usufructuar el período de vacaciones tiene un fundamento de salud y por tal razón su goce no puede reemplazarse por una prestación dineraria. Si bien se contempla el caso en que la desvinculación se produjo en el mes de septiembre y la trabajadora no alcanzó a utilizar las mismas corresponde su liquidación proporcional que es lo que se realiza en el caso. Resta considerar el reclamo del pago de vacaciones por los años 2021 y 2022. Las partes tienen posturas contradictorias en el punto pero ninguna aportó pruebas concretas sobre su postura. Llegado este punto cabe considerar que las vacaciones se encuentran normadas en los arts. 150 y ss. de la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo aplicable remite a dicha norma. En anteriores pronunciamientos dejé sentada mi postura del principio de no compensación de las vacaciones en dinero. Ello de tal modo porque la finalidad del instituto, es que el trabajador goce efectivamente de un receso anual con fundamentos esencialmente higiénicos, familiares, culturales, sociales, etc. sin que tal beneficio se desvirtúe como objeto de una transacción lucrativa. Es decir que como principio general las vacaciones deben gozarse efectivamente y la posibilidad de compensar las mismas en dinero procede únicamente en casos de excepción. Este principio ha sido receptado por la OIT en diversas resoluciones (art. 3 C132 OIT, entre otros) y por la Ley de Contrato de Trabajo (art. 150 y ss.). En este aspecto debo señalar que el reclamo de la actora luce como extraordinario y excepcional, ya que la ley en la materia señala en el art. 157 la forma de proceder ante el no otorgamiento de las vacaciones; y más adelante en el art. 162 indica la imposibilidad de compensar las mismas en dinero. En el caso no se invoca ni se acredita ninguna situación extraordinaria que permita apartarme de tales principios por lo que estando vedado el reclamo en dinero de las vacaciones no gozadas no corresponde admitir el agravio por estos conceptos.-
XI. Por último la parte actora se agravia por haberse desestimado la multa del art. 132 bis de la ley de contrato de trabajo. Cabe señalar que la sanción prevista en la norma tiene una naturaleza represiva y por tal es de interpretación restrictiva, castiga la conducta del empleador que retiene aportes del trabajador y no los ingresa a los sistemas de seguridad social. Se ha decidido en este aspecto que "...La propia disposición legal contenida en el art. 132 bis de la LCT establece que se trata de una sanción conminatoria que, como tal, posibilita, en función de su naturaleza, el análisis de la conducta del deudor; en efecto, el resarcimiento en examen debe ser graduado en función de la medida del incumplimiento, puesto que debe existir razonabilidad y proporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción." (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala: VII, Lopez Silva Hernan Marcelo c/ Aerolineas Argentinas S.A. y otro s/ otros reclamos, 25 de marzo de 2024, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU-M-149776-AR|MJJ149776|MJJ149776). En este sentido tengo presente que durante la relación laboral que uniera a las partes los aportes han sido ingresados al sistema y así lo informó AFIP tal como lo reseña la jueza en el fallo recurrido. En caso de que al realizarse el cómputo de las diferencias que por este proceso se reconozcan pudieren existir diferencias de aportes habrá de liquidarse las mismas para ser integradas. Entiendo por ello que en etapa de ejecución de sentencia, deberá comunicarse a AFIP esta circunstancia a sus efectos. Resulta prematuro en esta instancia la aplicación de una sanción sin que se encuentren dados los presupuestos para su procedencia. Por esta razón este agravio no puede prosperar.-
XII. Por la forma en que se analizaron los agravios y el resultado obtenido entiendo que las costas deberán ser soportadas en un 80% por la parte demandada y en un 20% por la parte actora en esta instancia.- Por las razones hasta aquí expuestas entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe modificarse en la medida de lo analizado.- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
XIII. Que por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos adhiero a la propuesta que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN lA Dra. Griselda Bard dijo:
XIV. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Desestimar los agravios de la parte actora y admitir parcialmente los agravios de la demandada modificando el punto 1) del fallo y revocar el pago de adicional por alimentación. 2°) Declarar incongruente el análisis de la causa de despido por no ser materia discutida en este pleito. 3°) Confirmar el fallo en lo restante que fuera materia de agravios. 4º) Condenar a la demandada al pago del 80% de las costas generadas en esta instancia y en el restante 20% a la parte actora (art. 68 y ccs. CPCC, por remisión del art. 121 ley 1444). 5°) Tener presente la reserva del caso federal. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
XV. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 29 de mayo de dos mil veintiseis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Desestimar los agravios de la parte actora y admitir parcialmente los agravios de la demandada modificando el punto 1) del fallo y revocar el pago de adicional por alimentación. 2°) Declarar incongruente el análisis de la causa de despido por no ser materia discutida en este pleito.
3. Confirmar el fallo en lo restante que fuera materia de agravios. 4º) Condenar a la demandada al pago del 80% de las costas generadas en esta instancia y en el restante 20% a la parte actora (art. 68 y ccs. CPCC, por remisión del art. 121 ley 1444). 5°) Tener presente la reserva del caso federal. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Horacio M. Fernandez no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Humberto E. Monelos- Juez de Cámara; Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 032 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3203 Folio Nº: 184/191 Secretaria: 1
Fin de la sentencia