Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar, DE OFICIO, LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA AUDIENCIA DE DEBATE GLOSADA A FS. 286 Y VTA. y de todos los actos consecuentes, incluida la sentencia dictada, por falta de fundamentación del monto de la pena propiciado por el Sr. Agente Fiscal en la instancia de los alegatos.-
2APARTAR A LOS DRES. JUAN PABLO OLIVERA, JORGE OMAR ALONSO y HUMBERTO E. MONELOS, Magistrados integrantes del referido Tribunal, de los presentes autos, debiéndose integrar aquel con nuevos Jueces Subrogantes desinsaculados al efecto.-
3Tener presente la reserva del caso federal articulada por la defensa de MILLAHUALA a fs. 299.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº: 0017 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN FECHA: 15/07/2022 AUTOS: MILLAHUALA JOSE ISMAEL Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO
Los presentes autos caratulados “MILLAHUALA JOSE ISMAEL Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO” Expte. Nº 4191/16 (Expte. Nº M-1193/20/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver, y;
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuesto a fs. 296/299 por la Dra. Sandra Reynoso -en su carácter de defensora técnica oficial de JOSÉ ISMAEL MILLAHUALA- contra la sentencia dictada a fs. 287/290 dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, que lo condenó a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de “Robo calificado por ser en poblado y en banda” (Arts. 45, 164 y 167 inc. 2° del C.P.), accesorias legales y las costas del proceso (Arts. 1, 5, 10, 29 y ccdtes. del C.P.), por el hecho ocurrido en la ciudad de Las Heras el 20 de diciembre de 2017 –sic- y en perjuicio de la empresa Oedsur.- El recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 301/302 y sostenido en esta instancia a fs. 311. Por su parte y conforme la certificación actuarial obrante a fs. 312, el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante el Tribunal Superior de Justicia -Dr. Iván F. Saldivia-, notificado a fs. 310, no adhirió al recurso impetrado.-
II.-) Al momento de efectuar una reseña de los agravios articulados por la defensa de MILLAHUALA, fue posible advertir que la presentación recursiva glosada a fs. 296/299 no es correlativa en sus fojas, resultando sumamente difícil su cabal comprensión. Prueba de ello es, a modo de ejemplo, que en fs. 296 vta. se indica el punto IV -'Desarrollo de los fundamentos recursivos'-, luego en fs. 297 se indica el punto VI –'Agravio por monto de la pena'- y a fs. 298 vta. se menciona el punto V –'La sentencia cuestionada'.- Una vez detectados aquellos obstáculos en los puntos de agravio articulados por la defensa, se sintetizarán los mismos, conforme lo que sigue.-
La defensa técnica fundó su presentación recursiva en los Arts. 439 inc. 1º y 440 del C.P.P. (fs. 296), solicitó que este Alto Cuerpo “...CASE la sentencia recurrida... se revoque la imposición de pena y ABSUELVA a mi defendido...” (fs. 296 y vta.), considerando que en el fallo dictado se “...ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de la ley así como en arbitrariedad... como consecuencia de una absurda valoración de la prueba... Hay un quebrantamiento de las formas establecidos en el ritual para el dictado de las sentencias...” (fs. 296 vta.). Hizo referencia al fallo 'Casal'; a la doctrina de la revisión amplia (fs. 296 vta. y 298 y vta.) y a la garantía de la doble instancia (fs. 298 vta.).- Destacó que existió violación a “...la garantía de la defensa en juicio, el debido proceso legal...” (fs. 298 vta.), haciendo referencia a que MILLAHUALA fue condenado por el hecho cometido en el año 2017 –sic- (fs. 298 vta.), destacando que ese hecho “...no ha sido debidamente probado, él tenía trabajo estable, no necesitaba robar, no hay en la causa elementos efectivos de convicción... no fue visto Millahuala consumar el delito que se le imputa.
Si bien él es visto por la testigo Martínez en el lugar lindante al predio de OEDSUR donde fue denunciado el robo... justificó su presencia en (el) lugar por haberlo así solicitado al habitante de la vivienda –Belli Sosa- para quedarse a pasar allí la noche... no es a él a quien le encuentran sangre en las manos sino a Belli, ni tenía cortes ni tenía la posesión de los bienes sustraídos...” (fs. 297).- También se agravió del monto de la pena impuesta, argumentando que “...el sentenciante se aparta del espíritu de la norma... la pena impuesta por el Tribunal sancionador, cruza la delgada línea de la sanción ilegítima, alzándose como castigo a la persona de mi defendido... El excesivo monto de pena impuesto y su falta de una motivación seria, razonable y contundente trasunta la inclinación a concepciones ya perimidas por la dogmática penal...
El monto impuesto de 3 años de efectivo cumplimiento excede el reproche que cabe formular... Por lo cual debería adecuarse el quantumm... e imponer una sanción proporcionada a la culpabilidad... Y en consonancia con ello la exigencia de efectivo cumplimiento por el sólo hecho de haber tenido una condena anterior y cumplida, pone a mi defendido en la situación de terminar siendo juzgado dos veces por la misma causa en tanto que es la única razón por la que los sentenciantes consideran que no corresponde la ejecución condicional...” (fs. 297 y vta. y 299).- Hizo reserva del caso federal (Art. 14 de la Ley 48) “...por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación...” (fs. 299).-
Por todo ello, la defensa pidió: “...CASE el fallo recurrido y lo revoque dictando Absolución a su respecto o subsidiariamente, se modifique el monto penal impuesto y que el mismo sea de cumplimiento condicional...” (fs. 299).-
III.-) Habiendo efectuado la revisión integral de las actuaciones, corresponde –ante todo- abordar una cuestión de orden público, que afecta garantías constitucionales que le asisten al condenado MILLAHUALA; ello en función a que el derecho de la defensa en juicio es irrenunciable (y va de la mano del debido proceso), por lo que la nulidad de esos actos debe ser -en todo caso- declarada de oficio y en cualquier instancia del proceso (conf. Art. 159 inc. 3° y 160 del C.P.P.). Es por ello que este Alto Cuerpo ingresará de manera directa a su estudio -por la obligación institucional que le asiste en función del carácter de las nulidades detectadas: absolutas- y por directa afectación a las garantías constitucionales.
Todo ello en consonancia con el criterio sostenido en “SPERANZA MARCO ANTONIO Y KARCHER CARLOS S/ ACCESO, PROPORCIÓN Y REVELACIÓN ILEGÍTIMOS DE LA INFORMACIÓN” Expte. Nº 4724 (S-1020/17/T.S.J.) protocolizado en el T° XXV –Interlocutorio- R° 018 F° 090/102 de fecha 18 de diciembre de 2019.- En efecto, constituye una exigencia previa -emanada de la función jurisdiccional del Tribunal- controlar de oficio la regularidad del proceso penal cuando están en juego aspectos que atañen al orden público, es decir, los vicios que provoquen una nulidad absoluta por afectación a una garantía constitucional, irregularidad que no puede convalidarse, siendo primordial extremar los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa.- IV.-) Analizadas que fueran las actuaciones y sin perjuicio de los señalamientos mencionados en el apartado II relativos a la falta de correlación en la presentación recursiva incoada por la defensa, que no fueron advertidos por el Tribunal a quo al momento de conceder el recurso de casación (conf. fs. 301/302), lo que indicaría prima facie que no existió siquiera una lectura responsable y cuidadosa del recurso presentado, existen otras irregularidades que tampoco fueron advertidas por el Tribunal interviniente y que conspiran contra el debido proceso que desembocó, en este caso, con el dictado de la sentencia condenatoria de MILLAHUALA.
Esas circunstancias generan la duda respecto a si se analizaron las actuaciones a la luz de la situación procesal del causante.- Si bien no surge de autos que se haya instado el trámite regulado por el Art. 517 del C.P.P. en la etapa procesal correspondiente, inexplicablemente en la sentencia se hizo mención a que se realizó la audiencia de Omisión de debate (conf. último párrafo de fs. 287). Sin embargo, en el acta de audiencia obrante a fs. 286 y vta. no surge que ésta haya sido efectuada en aquellos términos, no habiendo ratificado tampoco el causante ese trámite ante los Magistrados correspondientes, ello sin perjuicio de que tampoco obra una 'propuesta' efectuada por la vindicta pública, que fuera aceptada por el imputado y su defensa.- En cambio, a fs. 286 y vta. obra glosada la denominada 'acta de debate' donde consta que las partes acordaron la incorporación por lectura de la prueba, ratificándola en esa oportunidad, luego de lo cual y tras ser oído el encartado, se procedió a la realización de los alegatos por las partes.-
Es en ese momento donde este Alto Cuerpo advierte el incumplimiento, de parte del Sr. Agente Fiscal, de la debida fundamentación a los fines de motivar la pena que, en este caso, consideró 'justa' a imponer a MILLAHUALA luego de tener por acreditado los hechos y su calificación legal. Dicha pieza surte su 'efecto dominó' sobre la posterior sentencia condenatoria, fulminando de nulidad –absoluta- ambas piezas procesales, por afectación del debido proceso y la defensa en juicio del causante.- Es que si analizamos el alegato del Sr. Agente Fiscal, advertiremos que éste, tras calificar el hecho cometido por MILLAHUALA como constitutivo del delito de 'robo por haber sido cometido en poblado y en banda', ratificando el requerimiento de elevación a juicio “...tanto en los hechos, su motivación y su calificación legal...” (fs. 286), manifestó que “...pido el mínimo de la pena...” (textual, fs. 286 vta.). Nada más. Luego de ello alegó la defensa técnica del encartado, instando la absolución de su defendido.- Llegado el momento del dictado de la sentencia, luego de mencionarse (como ya se dijo) que se había efectuado la audiencia de 'omisión de debate', se analizó la materialidad del hecho (que se tuvo por probada) –conf. punto I de fs. 287 vta./288 y vta.-; luego se abordó el tópico referido a la calificación legal de los hechos –conf. punto II de fs. 289- y en el punto III se analizó la pena a imponer (fs. 289 y vta.).-
Es en ese último punto donde se agregan circunstancias que no surgen de la causa pero que, además, se genera la duda de si realmente se refieren a la situación procesal de MILLAHUALA.-
Nótese que a fs. 289 se resume la posición de la vindicta pública en la audiencia de debate, con estos términos: “...pidió... que se imponga al acusado la pena de tres años de prisión de ejecución condicional...” (la bastardilla es nuestra).-
Ahora bien, la modalidad de cumplimiento de la pena no fue mencionada por el Sr. Agente Fiscal en la audiencia de debate, limitándose a peticionar la imposición del mínimo de la pena que –recordemos- en el caso del 'Robo en poblado y en banda' (Art. 167 inc. 2° del C.P.) es de 3 (tres) años de prisión. Así, nunca aclaró dicho funcionario en esa oportunidad –y tampoco le fue requerido oportunamente que especificara- la modalidad de cumplimiento de la pena que propiciaba: si en efectivo o en su modalidad condicional y, en este último caso -y eventualmente-, bajo qué normas de conducta (Art. 27 bis del C.P.).- Seguidamente, en la sentencia se destaca que “...la pena propuesta por la acusación es justa...” –la bastardilla es nuestra- (conf. fs. 289 vta.) para, luego, mencionar que corresponde “...imponer al imputado Franco Sebastián Sandoval (sic) la pena de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento...” –la bastardilla es nuestra- (fs. 289 vta.).-
La referencia efectuada en la sentencia, sobre los datos filiatorios de un tercero –Sandoval- (como supuesto imputado) sumado a la referencia de que se consideraba 'justa' la pena propuesta por la vindicta pública, generan la duda respecto a si efectivamente el análisis de la situación se hacía en relación a ese tercero o a MILLAHUALA. Más aun cuando en el párrafo siguiente se le añade, como argumento para justificar la pena de cumplimiento efectivo impuesta por el Tribunal a quo, la existencia de un informe (el de fs. 265) donde se vuelcan los antecedentes del causante MILLAHUALA, de donde surge que ya había sido condenado previamente.- La existencia de aquel informe (antecedente condenatorio) no fue motivo de merituación por la vindicta pública al momento de la audiencia de debate, cuando éste propició la condena del causante a la pena del 'mínimo' del delito atribuido (ver fs. 286 vta.).-
Finalmente, se condena a MILLAHUALA a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en efectivo, valorando el Tribunal –a tal fin- la existencia de una condena previa- por el hecho ocurrido en perjuicio de la empresa Oedsur el 20 de diciembre de 2017 (ver punto I de la parte dispositiva del fallo, en fs. 290), cuando el hecho en realidad habría ocurrido en el año 2010. Este es otro desliz, desacierto o desatención más que cabe destacar en el análisis de las actuaciones.- Nada de esto puede ser aclarado para resolver de otra manera, pues al haberse realizado la audiencia de debate con el acuerdo de las partes por la incorporación por lectura de la prueba glosada, no se efectuó grabación y/o filmación de la misma (conf. la certificación de elevación de fs. 308).-
V.-) Que, conforme lo expuesto, se advierte la falta de fundamentación de la pena en el alegato efectuado por la vindicta pública, en violación a lo regulado en el Art. 62 del C.P.P. (además del Art. 159 inc. 2° del mismo cuerpo legal) que establece que la actuación de dicho funcionario debe cumplir con el requisito de 'motivación', esto es, “...poner de manifiesto las razones que justifican el juicio lógico que estas razones contienen, e implica la necesidad de exponer de qué manera se llega a una determinada conclusión...” (“Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado. Tomo I”, Mariano La Rosa y Horacio Romero Villanueva, ErreIus, pág. 177).- VI.-) Por todo ello, habida cuenta de las irregularidades advertidas –que fueron puestas de manifiesto en esta resolución- corresponde declarar, de oficio (conf. el juego armónico de los Arts. 159, 160, 446 y 454 del C.P.P.) la nulidad absoluta del alegato efectuado por la vindicta pública y de todos los actos consecuentes, incluida la sentencia condenatoria, por afectación de las garantías constitucionales del debido proceso, impidiendo el correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio del imputado.- En efecto, no consta que se hubiera realizado, por parte del Tribunal a quo, el debido control de legalidad y razonabilidad del alegato de la vindicta pública, ello teniendo en cuenta que más allá de que éste propició el mínimo de la pena -3 años de prisión-, nada refirió sobre la modalidad de cumplimiento, habiendo impuesto el Tribunal el aspecto más gravoso para el imputado: su cumplimiento en efectivo, valorando a tal fin la existencia de una condena previa que no había sido motivo de oportuna merituación por el Sr. Agente Fiscal.- Al respecto se ha dicho que “...detectado el vicio de fundamentación –en el caso, se decretó la nulidad de la sentencia condenatoria en orden al delito de robo con armas- el proceso no puede retrotraerse al estado inmediatamente anterior al de emisión de la sentencia debiendo anularse todos los actos de debate ya que su reanudación conculcaría el principio de inmediación, el que integra el debido proceso en el juicio penal...” (CJ Salta, 08/02/2001; 'C., N. D. y otros s/ rec. de casación'; La Ley Online; LLNOA 2001-396, citado en 'Tratado Jurisprudencial y doctrinario. Derecho Procesal Penal. Tomo I', Miguel Angel Almeyra –Director- y Adrián R. Tellas y Julio C. Baez –Coordinadores-, pág. 815).-
Por ello, deberá reencauzarse el trámite desde la celebración de una nueva audiencia de debate.-
Que, en esa misma línea, y teniendo en cuenta que los Sres. Magistrados de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial –que dictaron la sentencia anulada- ya han adoptado una posición concreta sobre el fondo de la cuestión, corresponde su apartamiento de estas actuaciones, debiéndose integrar un nuevo Tribunal, a fin de resguardar las garantías de imparcialidad, objetividad e inmediación.-
Atento el tenor de lo resuelto, no corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios articulados.-
Asimismo, corresponde tener presente la reserva del caso federal, planteada a fs. 299.-
Por último y para evitar que en el futuro se repitan situaciones como las aquí detectadas, se sugiere que se extremen los recaudos en la confección de los diversos escritos que se incorporan al proceso penal y también en el control de aquellas presentaciones que efectúan las partes.-
Por todo ello, normas legales, jurisprudencia y doctrina citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. DECLARAR, DE OFICIO, LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA AUDIENCIA DE DEBATE GLOSADA A FS. 286 Y VTA. y de todos los actos consecuentes, incluida la sentencia dictada, por falta de fundamentación del monto de la pena propiciado por el Sr. Agente Fiscal en la instancia de los alegatos.-
2. APARTAR A LOS DRES. JUAN PABLO OLIVERA, JORGE OMAR ALONSO y HUMBERTO E. MONELOS, Magistrados integrantes del referido Tribunal, de los presentes autos, debiéndose integrar aquel con nuevos Jueces Subrogantes desinsaculados al efecto.-
3. TENER PRESENTE la reserva del caso federal articulada por la defensa de MILLAHUALA a fs. 299.-
4. Regístrese, Notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso, y por encontrarse en uso de licencia la Dra. Paula E. Ludueña Campos y vacante el cargo restante (Art. 27 de la Ley Pcial. Nº Uno - T.O. Ley Pcial. 2404).-
Expte Nº M-1193/20/T.S.J. en autos "MILLAHUALA JOSÉ ISMAEL Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO"
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Reneé Guadalupe Fernández – Vocal-; Ante mí: María Florencia González - Secretaria.
PROTOCOLIZACIÓN: TSS2017I.221 TOMO:XXXI-INTERLOCUTORIO-T.S.J.
REGISTRO Nº: 005 FOLIO Nº: 029/033 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia