Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 2369/2007 (ASAT) dictada por el jefe de Departamento de Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, con fecha 28/12/2007, respecto de las Actuaciones SIGEA N°12042-632- 2005 a 12042-641-2005, referidas a los D.I. N° 68.133-9/94, 68.139-1/94, 78.943-9/94, 78.956-9/94, 78.967-5/94, 90.011-7/94, 106.345-3/94 y 106.369-9/94, según lo expuesto en el considerando IX del voto del Dr. Licht. Con costas.
2Confirmar la Resolución N° 009/2009 (DI ADBA) de la Dirección de Aduanas de Buenos Aires, del 6/05/2009, respecto de las Actuaciones SIGEA N°12042-618-2005 a 12042-625-2005 en atención a lo expuesto en los Considerandos IX y X del voto del Dr. Licht. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-138682104-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Diciembre de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “MILTO S.A. s/ recurso de apelación ”, expediente N° 26.903-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 16/17vta la firma MILTO S.A. se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2369/2007 (ASAT) dictada por el jefe de Departamento de Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, con fecha 28/12/2007, Actuaciones N°12042-632-2005 a 12042-641-2005, referidos a los D.I. N° 68.133- 9/94, 68.139-1/94, 78.943-9/94, 78.956-9/94, 78.967-5/94, 90.011-7/94, 106.345-3/94 y 106.369-9/94. También contra la Resolución N° 175/2008 (DI ADBA) emanada de la Dirección de Aduanas de Buenos Aires con fecha 5/11/2008, y contra la Resolución N° 009/2009 (DI ADBA) del día 6/05/2009, Actuación N°12042-618-2005 a 12042-625-2005, con relación a los D.I. N° 81.788-4/94, 163.110-4/94, 114.534-8/94, 042.035-0/94, 021.871-7/94, 039.417-8/94, 106.357-6/94 y 118.163-0/94.
Relata que al momento de efectuar las mencionadas operaciones comerciales se vio obligada a abonar la tasa de estadística a la alícuota del 10% fijada por el Decreto N°1998/92, de lo cual se agravia ya que sostiene, conforme el Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 que se encontraba vigente a las fechas de realizadas las importaciones para consumo, que debió haber pagado una tasa de estadística cuya alícuota alcanzaba el 3%. Explica que al momento de la importación presentó los certificados que acreditaban el origen de las mercaderías en la forma prevista en el Acuerdo. Manifiesta que las solicitudes de devolución de los importes que considera pagados en más fueron rechazadas por el servicio aduanero mediante el dictado de las resoluciones que aquí se apelan, las cuales se fundamentaron en la inaplicabilidad de los certificados de origen por ella acompañados toda vez que los mismos carecen de firma autógrafa del funcionario interviniente, salvo en los casos del D.I.
N° 012.937-0 al que se atribuye carencia de fecha y del D.I. N° 042.035-0 basado en incumplimiento del art. 10° del XVII Protocolo Adicional del Acuerdo. Solicita se efectúe el depósito en autos, respecto de la Res. 175/2008 (DI ADBA) y respecto de la Res. 009/2009 (DI ADBA) al consentirse el reintegro de los D.I. N° 210.401-2/94, 160.122-4/94 y 199.456-8/94. Expresa falta de conocimiento de los importes de los D.I. denegados, por falta de comunicación de la DGA de la modificación de los números otorgados a su inicio y la radicación de los mismos, omitiendo así cumplimentar lo dispuesto en los art. 1037 inc. i) y j) y 1076 del CA, violentando normas de procedimiento, jurisdicción y defensa en juicio.
Advierte de exigencias habidas durante su trámite, que han excedido el marco de legalidad previsto por la Ley, traducidos en actos meramente dilatorios, que culminan en las resoluciones apeladas en autos que rechazan devoluciones, producida nueve años después por medio de funcionarios con insuficientes facultades para emitir fallos, basados en documentos que a la fecha de las operaciones fueron admitidos como aceptables a consideración del control, y fundados en ordenanzas aplicadas con retroactividad –Res. ANA N° 3428/96 y dictámenes DV RTAG-. Así, sostiene que los actos apelados constituyen una violación al derecho de propiedad. Entiende que las falencias constatadas de los CO han sido meramente de omisión de un requisito formal que no puede impedir el beneficio arancelario del ACE 14, y así han servido para cumplir las importaciones, despachar la mercadería a plaza y ser consideradas terminadas las operaciones.
Considera prescripta la facultad para revisar operaciones, por cuanto si bien han sido efectuadas “al borde de la prescripción”, tanto para el reclamo por repetición como para la facultad de la DGA de revisar operaciones, opina que el pedido de devolución se ha formalizado en término pero la prescripción ha operado en contra de la Aduana. Ofrece prueba. Solicita se revoquen los rechazos haciendo lugar a las repeticiones, con costas.
II. A fs. 31/46vta la representación fiscal contesta el traslado conferido y luego de hacer una negativa genérica se explaya sobre los actuados aduaneros. Destaca que las resoluciones apeladas han sido dictadas conforme las facultades que otorga el art. 1020 CA y los art.1° y 2° de la Disposición AFIP 752/05, de los que surge que los funcionarios actuantes se encuentran facultados para dictar los actos atacados. Cita jurisprudencia. Respecto de la “aparente” alteración de los números de los sumarios de marras indica que, consecuencia de la incorporación del nuevo sistema de informatización “SIGEA”, se procedió a asignar un número en dicho sistema a cada actuación administrativa, pero destaca que se mantuvieron, además, los números de actuaciones asignados originalmente.
Sobre la supuesta retroactividad de la norma que pretende aplicar, explica que si bien las operaciones en cuestión se documentaron en el año 1994, el Acuerdo 91 CR ALADI fue suscripto por nuestro país el 21/11/1988, es decir, con anterioridad a las operaciones recurridas. Y que además, para considerar inválidos los certificados de origen presentados por la actora, el servicio aduanero consideró lo dispuesto por el art. 10 del Decimoséptimo Protocolo Adicional del ACE 14, vigente desde el 4/5/1993, por lo que de manera alguna resulta retroactiva la aplicación de tal normativa. Con relación al agravio que sostiene la prescripción de la facultad del fisco para revisar operaciones, entiende contradictorio tal afirmación si se efectúa el planeo expresando que “las acciones por repetición [ tanto de la actora como de la aduana] han sido ‘al borde’ de la prescripción…”, esto es, que al momento de ejecutarlas, no habían prescripto.
Además aclara que se trata de un procedimiento que se inicia a instancia del importador, y que una vez iniciado, el fisco debe ejercer la facultad de revisión que le atribuye el Decreto N°618/97. Manifiesta que los certificados de origen de los D.I. N° 81.788-4/94, 163.110-4/94, 114.534-8/94, 042.035-0/94, 021.871-7/94, 039.417-8/94, 106.357-6/94, 118.163-0/94, ítem 1 del 016.025- 4/94, 40.344-9/94, 90.982-4/94, 68.133-9/94, 68.139-1/94, 78.943-9/94, 78.956-9/94, 78.9675/94, 90.009-4/94, 90.011- 7/94, 106.364-4/94, 106.345-3/94 y 106.369-9/94 no resultan de aplicación por no cumplir los requisitos previstos por el art. 4° del Acuerdo 91 ALADI en relación a la firma autógrafa y en el Protocolo Adicional XVII al ACE 14 respecto de la firma ológrafa del funcionario habilitado, en tanto los certificados mencionados contienen la firma pre impresa en forma mecánica y no manuscrita como lo exigiría la norma.
Cita jurisprudencia. Entiende que se trata de un incumplimiento sustancial y no meramente formal. Resalta la invalidez manifiesta del certificado de origen correspondiente al despacho de importación N° 012937-0/94, por carecer del requisito de fecha. Cita jurisprudencia. Arguye la inaplicabilidad del precedente CSJN “Mercedes Benz S.A.C.I.F.I.M. c/ D.G.A.”, TF N° 8010-A, del 21/12/99, en base a la doctrina del Fallo C.N.A.C.A.F. “Causa N° 35.013/2000: Siderca S.A.I.C. (T.F. N° 11.250-A) c/ D.G.A.”, 25/10/01, y en su lugar, aplicar el precedente “Autolatina Argentina S.A. (T.F. N° 7879-A) c/ DGA”, del 10/04/2003. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs. 56 se resuelve abrir la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora a fs. 18vta. y a fs. 61 se la tiene por desistida atento el tiempo transcurrido. A fs. 63 se elevan los autos a consideración de la Sala “G” y finalmente se llaman a sentencia a fs. 67.
IV. La Actuación SIGEA N° 12042-632-2005 (ex ADGA 449.608/1999) se inicia a fs.1 con la interposición de recurso de repetición solicitando la devolución de importes percibidos indebidamente en concepto de tributos –importación-, presentada por la recurrente el 29/12/1999, por el pago en exceso de la Tasa de Estadística correspondiente a mercadería proveniente de la República Federativa de Brasil y negociada en el marco del acuerdo ACE N° 14, en relación con el D.I N°68.133-9 de fecha de oficialización el 30/3/1994 -embarcada el 24/03/94- (fs. 6/7). Además, lucen agregadas las siguientes: Actuación SIGEA N° 12042-633-2005 (ex ADGA 449.610/1999), con inicio a fs. 22, sobre el D.I N°68.139-1 con F.O. 30/3/1994 -embarcada el 25/03/94- (fs.27/28); Actuación SIGEA N° 12042-634-2005 (ex ADGA 449.611/1999), con inicio a fs. 41, sobre el D.I N°78.943-9 F.O. 18/4/1994 -embarcada el 15/04/94- (fs.46/48); Actuación SIGEA N° 12042-635-2005 (ex ADGA 449.612/1999), con inicio a fs. 62, sobre el D.I N°78.956-9 F.O. 18/4/1994 -embarcada el 15/04/94- (fs.67/68); Actuación SIGEA N° 12042-636-2005 (ex ADGA 449.613/1999), con inicio a fs. 82, sobre el D.I N°78.967-5 con F.O. 18/4/1994 -embarcada el 15/04/94- (fs.87/88); Actuación SIGEA N° 12042-637-2005 (ex ADGA 449.614/1999), con inicio a fs. 102, sobre el D.I N°90.009-4 con F.O. 3/5/1994 -embarcada el 25/04/94- (fs.107/109); Actuación SIGEA N° 12042-638-2005 (ex ADGA 449.615/1999), con inicio a fs. 123, sobre el D.I N°90.011-7 con F.O. 3/5/1994 -embarcada el 25/04/94- (fs.128/130); Actuación SIGEA N° 12042-639-2005 (ex ADGA 449.616/1999), con inicio a fs. 144, sobre el D.I N°106.345-3 de fecha 24/5/1994 -embarcada el 18/05/94- (fs.149/150); Actuación SIGEA N° 12042-640-2005 (ex ADGA 449.617/1999), con inicio a fs. 164, sobre el D.I N°106.364-4 con F.O. 24/5/1994 -embarcada el 18/05/94- (fs.169/171); y Actuación SIGEA N° 12042-641-2005 (ex ADGA 449.618/1999), con inicio a fs. 185, sobre el D.I N°106.369-9 de fecha 24/5/1994 -embarcada el 18/05/94- (fs.199/200).
En todos los casos se acompaña boleta de pago (original). A fs. 220/229 se agregan sobres para cada uno de los DI antes reseñados, con la siguiente documentación: Declaración de los elementos relativos al Valor en Aduana (original), Factura (original), Conocimiento de embarque (original), constancia de pago (cuadruplicado) y Certificado de Origen (original), éstos últimos de fecha 21/3/1994, 21/3/1994, 6/4/1994, 6/4/1994, 6/4/1994, 20/4/1994, 20/4/1994, 4/5/1994, 4/5/1994 y 4/5/1994 respectivamente. A fs. 235/235vta se emite Dictamen Jurídico N°1331/06 (DV DRTA) y a fs. 245/246 se dicta la resolución N° 2369/2007 (DE ASAT), de fecha 28/12/2007, notificada sin fecha (fs.247), apelada. La Actuación SIGEA N° 12042-587-2005 (ex ADGA 449.541/1999) se inicia a fs.1 con la interposición de recurso de repetición solicitando la devolución de importes percibidos indebidamente en concepto de tributos –importación-, presentada por la recurrente el 29/12/1999, por el pago en exceso de la Tasa de Estadística correspondiente a mercadería proveniente de la República Federativa de Brasil y negociada en el marco del acuerdo ACE N° 14, en relación con el D.I N°242.122-1 de fecha 12/12/1994 -embarcada el 6/11/94- (fs. 6/8).
Además, lucen agregadas las siguientes: Actuación SIGEA N° 12042-588-2005 (ex ADGA 449.542/1999), con inicio a fs. 22, sobre el D.I N°59.324-7 de fecha 18/3/1994 -embarcada el 14/03/94- (fs.27/30); Actuación SIGEA N° 12042-589-2005 (ex ADGA 449.543/1999), con inicio a fs. 44, sobre el D.I N°90.010-0 de fecha 3/05/1994 -embarcada el 25/04/94- (fs.49/50); Actuación SIGEA N° 12042-590-2005 (ex ADGA 449.544/1999), con inicio a fs. 64, sobre el D.I N°012.937-0 de fecha 6/01/1994 -embarcada el 28/12/93- (fs.69/71); Actuación SIGEA N° 12042-591-2005 (ex ADGA 449.545/1999), con inicio a fs. 85, sobre el D.I N°124.017-3 de fecha 21/06/1994 -embarcada el 09/06/94- (fs. 90/91); Actuación SIGEA N° 12042-592-2005 (ex ADGA 449.574/1999), con inicio a fs. 105, sobre el D.I N°165.469-3 de fecha 17/08/1994 - embarcada el 08/08/94- (fs.110/112); Actuación SIGEA N° 12042-593-2005 (ex ADGA 449.575/1999), con inicio a fs. 126, sobre el D.I N°232.822-5 de fecha 24/11/1994 -embarcada el 18/11/94- (fs.131/132); Actuación SIGEA N° 12042- 594-2005 (ex ADGA 449.576/1999), con inicio a fs. 146, sobre el D.I N°16.025-4 de fecha 11/01/1994 -embarcada el 28/12/93- (fs.151/154); Actuación SIGEA N° 12042-595-2005 (ex ADGA 449.578/1999), con inicio a fs. 168, sobre el D.I N°40.344-9 de fecha 18/02/1994 -embarcada el 11/02/94- (fs.173/175); y Actuación SIGEA N°12042-596-2005 (ex ADGA 449.580/1999), con inicio a fs. 189, sobre el D.I N°90.982-4 de fecha 4/05/1994 -embarcada el 25/04/94- (fs.194/198).
En todos los casos se acompaña boleta de pago (original). A fs. 231/239 se agregan sobres para cada uno de los DI antes reseñados, con la siguiente documentación: Declaración de los elementos relativos al Valor en Aduana (original), Factura (original), Conocimiento de embarque (original), constancia de pago (cuadruplicado) y Certificado de Origen (original), éstos últimos de fecha 1/12/1994, 4/3/1994, 14/4/1994, n/d, 1/6/1994, 8/8/1994, 15/11/1994, 6/12/1993, 28/1/1994 y 25/4/1994 respectivamente. A fs. 259/260vta se emite Dictamen Jurídico N°1192/07 (DV DRTA) y a fs. 278/281 se dicta la resolución N° 175/2008 (DI ADBA), de fecha 5/11/2008, notificada sin fecha (fs. 282), apelada. La Actuación SIGEA N° 12072-1912-2005 (ex ADGA 580.402/1998) se inicia a fs.1 con el Cargo N° 1228/98, de fecha 19/5/1998, en relación al D.I.
N° 012.937-0/94. A fs. 47 obra Cédula de Notificación de éste Tribunal informando que en la causa N° 16.092-A caratulada “MILTO S.A.”, se resolvió tener por allanada a la DGA. Y a fs. 51/52 luce agregada la Resolución N° 338/03 (DE FIAD) anulando el cargo.
La Actuación SIGEA N° 12042-618-2005 (ex ADGA 449.530/1999) se inicia a fs.1 con la interposición de recurso de repetición solicitando la devolución de importes percibidos indebidamente en concepto de tributos –importación-, presentada por la recurrente el 29/12/1999, por el pago en exceso de la Tasa de Estadística correspondiente a mercadería proveniente de la República Federativa de Brasil y negociada en el marco del acuerdo ACE N° 14, en relación con el D.I N°81.788-4 de fecha de oficialización el 21/4/1994 -embarcada el 13/04/94- (fs. 6/9). Además, lucen agregadas las siguientes: Actuación SIGEA N° 12042-619-2005 (ex ADGA 449.531/1999), con inicio a fs. 30, sobre el D.I N°131.110-4 con F.O. 12/8/1994 -embarcada el 04/05/94- (fs.35/36); Actuación SIGEA N° 12042-620-2005 (ex ADGA 449.532/1999), con inicio a fs. 50, sobre el D.I N°114.534-8 con F.O. 06/6/1994 -embarcada el 28/05/94- (fs.55/58); Actuación SIGEA N° 12042-621-2005 (ex ADGA 449.533/1999), con inicio a fs. 72, sobre el D.I N°042.035- 0 con F.O. 12/8/1994 -embarcada el 04/05/94- (fs.77/80); Actuación SIGEA N° 12042-622-2005 (ex ADGA 449.534/1999), con inicio a fs. 94, sobre el D.I N°021.871-7 con F.O. 19/1/1994 -embarcada el 05/01/94- (fs.99/100); Actuación SIGEA N° 12042-623-2005 (ex ADGA 449.535/1999), con inicio a fs. 114, sobre el D.I N°039.417-8 con F.O. 17/2/1994 -embarcada el 12/02/94- (fs.119/120); Actuación SIGEA N° 12042-624-2005 (ex ADGA 449.536/1999), con inicio a fs. 134, sobre el D.I N°106.357-6 con F.O. 24/5/1994 -embarcada el 18/05/94- (fs.139/140); Actuación SIGEA N° 12042-625-2005 (ex ADGA 449.537/1999), con inicio a fs. 154, sobre el D.I N°118.163-0 con F.O. 9/6/1994 - embarcada el 04/06/94- (fs.159/162); Actuación SIGEA N° 12042-626-2005 (ex ADGA 449.538/1999), con inicio a fs. 176, sobre el D.I N°210.401-2 con F.O. 20/10/1994 -embarcada el 14/10/94- (fs.181/182); Actuación SIGEA N° 12042- 627-2005 (ex ADGA 449.539/1999), con inicio a fs. 198, sobre el D.I N°160.122-4 con F.O. 9/8/1994 -embarcada el 01/08/94- (fs.203/204); y Actuación SIGEA N° 12042-628-2005 (ex ADGA 449.540/1999), con inicio a fs. 218, sobre el D.I N°199.456-8 con F.O. 4/10/1994 -embarcada el 30/09/94- (fs.223/225).
En todos los casos se acompaña boleta de pago (original). A fs. 250/260 se agregan sobres para cada uno de los DI antes reseñados, con la siguiente documentación: Declaración de los elementos relativos al Valor en Aduana (original), Factura (original), Conocimiento de embarque (original), constancia de pago (cuadruplicado) y Certificado de Origen (original), éstos últimos de fecha 30/03/1994, 14/6/1994, 27/5/1994, 22/2/1994, 28/12/1993, 27/01/1994, 4/05/1994 y 27/5/1994 respectivamente. A fs. 279/279vta se emite Dictamen Jurídico N°1212/07 (DV DRTA) con fecha 17/12/2007 y a fs. 304/307 se dicta la resolución N° 009/2009 (DI ADBA), de fecha 5/11/2008, notificada sin fecha (fs. 308), apelada.
V. Respecto del agravio referido a la supuesta prescripción de la acción del fisco para “revisar operaciones” en un procedimiento de repetición, se impone echar luz al asunto diciendo que no surge del articulado del C.A. prescripción alguna en la materia, respecto del fisco. Por lo demás, y teniendo en cuenta los tiempos que ha demandado la controversia suscitada en torno al pago del arancel establecido en la Res. N° 3428/96 y a la suscripción por Escribano Público de cada uno de los Formularios representativos del reclamo de repetición a los que se opusiera la actora, el plazo indicado en el artículo 1078 -para expedirse- se tiene por cumplido, por lo que la queja debe ser desestimada.
VI. Con relación al agravio sobre la supuesta falta de comunicación de la modificación del número y radicación de los recursos interpuestos en la instancia administrativa, según se desprende del análisis de cada uno de los expedientes de repetición iniciados por la actora respecto de los D.I. en crisis, ésta ha ejercido reiteradamente su derecho de defensa a través de escritos y presentaciones que hacen a su derecho, no derivándose de tal conducta la afectación de su derecho. Además, de la simple lectura de los actuados administrativos se advierte la presencia de la numeración ADGA, utilizados reiteradamente por ambas partes en sus escritos.
Si bien a fs. 247 de la Actuación N° 12042-632-2005 y fs. 282 de la Actuación N° 12042-587-2005 obran sendas notas manuscritas firmadas por el apoderado de la actora, sin fecha, en donde deja constancia de haberse notificado de las resoluciones N°2369/2007 (DE ASAT) y N°175/2008 (DI ADBA) respectivamente, puede leerse en su escrito de impugnación (fs. 16vta) que “las notificaciones [de las resoluciones 009/2009, 175/2008 y 2369/2007] han sido personales el día 23/setiembre/2009…”.
No obstante lo expuesto, entiendo que no alcanza a configurarse vicio alguno “…toda vez que resulta de aplicación la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal en el sentido de que si el defecto de procedimiento que motivó el planteo de nulidad quedó debidamente subsanado en las actuaciones, las que ponen en evidencia que el actor tuvo suficiente oportunidad de ser oído y de ejercitar las defensas que hacían a su derecho, no procede invalidar lo actuado; ya que tal criterio iría en contra del principio de trascendencia e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma; solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos: 320:1611)” (CNCAF “Solma Constructora SA”, Sala V, 21/05/2009).
Asimismo, se observa que los actos administrativos puestos en crisis cumplen con todos los requisitos esenciales del artículo 7° de la Ley N°19.549, obrando los correspondientes Dictámenes Jurídicos previo al dictado de cada una de las resoluciones atacadas, según se detalla en el Considerando anterior. Ello así, y no advirtiéndose ninguna de las causales del art. 14° de la LPA, en el marco de lo dispuesto por el art 1017 CA, corresponde desestimar el agravio.
VII. Del minucioso cotejo de las resoluciones N° 2369/2007, 175/2008 y 009/2009 –y las correspondientes actuaciones administrativas que la respaldan- con el escrito de apelación, no puede dejar de advertirse discrepancia en los Despachos de Importación atacados respecto de los contenidos en los actos administrativos antes indicados; específicamente, respecto de las res. 2369/2007 y 175/2008.
Sobre el asunto cabe aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “ Compañía de Circuitos Cerrados c/Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva”, sentencia del 9/03/2010 (Fallos 333:161), según la cual “…la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros)”.
Además, en el caso de la Res. 175/2008 se advierte una notoria contradicción en su exposición puesto que en el 4° párrafo de su escrito afirma que “…rechaza los reclamos correspondientes a los Despachos de Importación Nros. 242.122-1/94 Item 1,…” y en el 9° párrafo pide se efectúe el depósito en autos que expresamente consiente las mismas “ … Resolución Fallo Nro. 175/2008… en cuanto acuerda el reintegro peticionado respecto de los despachos de Importación Nro. 242.122-1/94,…) por lo que, respecto de este acto administrativo, su planteo deviene en abstracto.
VIII. Llegados a este punto, y previo a tratar el fondo de la cuestión, resulta menester determinar el marco normativo aplicable.
En ese sentido, habida cuenta que las operaciones comprendidas en las resoluciones 2369/2007, 175/2008 y 009/2009 atacadas fueron oficializadas y ostentan certificados de origen de fecha posterior a la entrada en vigencia del XVII Protocolo Adicional del ACE 14, celebrado el 04/05/93 y publicado en el Boletín de la ex Administración Nacional de Aduanas (B.A.N.A. N° 79/93) con fecha 06/07/93, resultan entonces aplicables a los hechos de autos lo acordado en dicha normativa, integrada con lo dispuesto en el Anexo V del propio ACE 14, que con carácter específico regula el origen de las mercaderías importadas bajo su amparo; esto, sin perjuicio de la regulación supletoria de la Res. 78/87, que establece el "Régimen General de Origen para la Asociación Latinoamericana de Integración" y el Acuerdo Nº 91 del Comité de Representantes de ALADI (en vigencia a partir del 1/01/89). Además, a los efectos de resolver la litis ha de estarse a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos "Autolatina Argentina S.A. (T.F. 7879-A), c/D.G.A.", de fecha 10/04/03, donde analiza los temas vinculados a la certificación del origen en casos en que se encontraba vigente el Protocolo Adicional XVII.-
De lo antes expuesto debe apartarse el DI N° 163.110-4 por cuanto, habiéndose oficializado el 12/08/1994, la aptitud de su Certificado de Origen corresponde ser evaluada según lo dispuesto por el XXVI Protocolo Adicional, que se encontraba en vigencia desde el 26/07/94, siéndole de aplicación la restante normativa citada.
IX. En las condiciones indicadas, la cuestión de autos radica entonces, en determinar la procedencia de la denegación de devolución de los importes pagados en concepto de Tasa Estadística solicitada por la actora. Respecto de la decisión que recae sobre los D.I. N° 68.133-9/94, 68.139-1/94, 78.943-9/94, 78.956-9/94, 78.967-5/94, 90.011-7/94, 106.345-3/94 y 106.369-9/94, contenidas en la Resolución N° 2369/2007 (ASAT), y sobre los D.I N° 81.788-4/94, 163.110-4/94, 114.534-8/94, 042.035-0/94, 021.871-7/94, 039.417-8/94, 106.357-6/94 y 118.163- 0/94, de la Resolución N° 009/2009 (DI ADBA), la autoridad aduanera fundamenta su opinión en el supuesto incumplimiento de los requisitos que emanan del art 4° del Acuerdo 91 (CR/ALADI) que establece que los certificados de origen deberán estar debidamente intervenidos, con sello y firma, por las Reparticiones Oficiales o Entidades Gremiales autorizadas, y que siendo tal certificado un documento que acredita el cumplimiento de los requisitos de origen acordados entre las partes firmantes del Acuerdo para acceder al tratamiento de importaciones bajo condiciones arancelarias preferenciales, las firmas que en él constan deber ser autógrafas, extremo que no se daría en tales actuaciones. Sentado lo anterior, procede consignar que del cotejo de la documentación referida, surge que los certificados de origen en cuestión carecen de firma autógrafa del funcionario habilitado en el campo 14, obrando en su reemplazo un sello con firma preimpresa, aclaración y nombre de la entidad.
Sobre el particular, resulta pertinente recordar que el XVII Protocolo Adicional del ACE 14, en su Capítulo III inc. 9, expresa: “...los certificados de origen deberán ser emitidos exclusivamente en el formulario cuyo modelo se anexa al presente, los cuales carecerán de validez en caso de no haberse completado todos sus campos”. Y que, a su vez, en el formulario aprobado por dicho Protocolo Adicional se prevé expresamente que debe contar con la fecha, firma y sello de la entidad emisora, entendiéndose como tal la firma ológrafa del funcionario habilitado, acompañada por el sello de la entidad certificante. Esta disposición también se encuentra presenta en el articulado del XXVI Protocolo Adicional. En el mismo sentido, el art. 4º del Acuerdo Nº 91 del Comité de Representantes de ALADI, dispone que: "Los certificados de origen deberán ser emitidos de conformidad con las normas establecidas en el Régimen General de Origen y en la presente reglamentación. En consecuencia deberán ser extendidos en el formulario único adoptado por el Comité de Representantes para calificar el origen de las mercaderías objeto de intercambio, debidamente intervenidos con sello y firma, por las reparticiones oficiales o entidades gremiales, autorizadas para su expedición. Junto al sello de la repartición oficial o entidad gremial autorizada, deberá registrarse, asimismo, el nombre del habilitado en caracteres de imprenta."
Surge, entonces, la necesidad de comprender el alcance del concepto “firma” inserto en las normativas arriba señaladas, toda vez que la discrepancia de criterios de las partes gira en torno a determinar si la firma preimpresa que se observa en los CO cuya validez se cuestiona, puede considerarse “firma” en los términos del Acuerdo 91 CR ALADI y del XVII Protocolo Adicional del ACE 14.
Al respecto, el marco de referencia viene dado por Código Civil de la Nación -en su versión vigente al momento de ocurridas las importaciones cuyo CO se cuestiona-, de cuyo articulado surge la importancia de la firma en los instrumentos públicos y privados Así, el art. 988 dispone que “el instrumento público requiere esencialmente para su validez, que esté firmado por todos los interesados que aparezcan como parte en él. Si alguno o algunos de los cointeresados solidarios o meramente mancomunados no lo firmasen, el acto sería de ningún valor para todos los que lo hubiesen firmado”. Y, sobre los instrumentos privados, el art. 1012 señala que “la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos”.
Por su parte, la nota al art. 3639 del C.C. aclara y precisa ese qué debe entenderse por firma al expresar el codificador que "La firma no es la simple escritura que una persona hace de su nombre o apellido; es el nombre escrito de una manera particular, según el modo habitual seguido por la persona en diversos actos sometidos a esta formalidad. Regularmente la firma lleva el apellido de la familia; pero ésta no es de rigor si el hábito constante de la persona no era firmar de esa manera...".
Además, la jurisprudencia ha coincidido en que constituye el requisito esencial y común a todos los instrumentos privados, puesto que sólo cuando las partes firman, puede considerarse que los otorgantes hacen suyas la declaración contenida en el documento (cfr. C. 1° C. C. Bahía Blanca, Julio 16, 1959, JA. 1959 VI 543: "La firma en el documento privado tiene por objeto exteriorizar la voluntad de obligarse"; CNCiv. sala B 24-3 960, LL. 98-328: “Puesto que las firmas de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada, a tal punto que no puede ser reemplazada por signos ni por iniciales de los nombres o apellidos, faltando ella ya no puede firmarse la existencia de un instrumento privado"; entre otros).
En resumen, puede afirmarse que la firma consiste en la manera particular y habitual con que una persona suscribe los documentos dando fe de la declaración de voluntad allí expresada. Esto es, la firma da validez jurídica al documento que la precede.
Entonces, en autos los firmantes, a través de su firma, certifican que los productos objeto de importación/exportación en él detallados cumplen, en la fecha inserta, con los requisitos de origen acordados entre las partes signatarias del Acuerdo. De modo tal que, sólo un certificado de origen válido -esto es, que cumpla con los requisitos acordados en la normativa común- habilitará al importador/exportador a acceder a los beneficios que, bajo el amparo del ACE 14, se le garantiza; específicamente al caso, el acceso al tratamiento preferencial en materia arancelaria. En otras palabras, un certificado de origen sin la firma válida -ológrafa y habitual de la autoridad competente- que exteriorice la voluntad manifiesta de las autoridades habilitadas para extenderlo, que asegure a las Partes signatarias del Acuerdo el cabal cumplimiento de los requisitos de origen, carece de fuerza suficiente para certificar el contenido del documento y, por tanto, es inválido a los fines perseguidos por la quejosa.
Puesta así las cosas, surge con claridad meridiana que dicha exigencia no ha sido cumplimentada en el presente caso, en tanto los certificados de marras contienen una firma preimpresa en forma mecánica, que de manera alguna alcanza a garantizar la voluntad manifiesta a que se hizo referencia, respecto del contenido del escrito. Por tanto, a mi entender, se trata de certificados de origen inválidos.
A mayor abundamiento, el Máximo Tribunal in re “Autolatina Argentina S.A.” entendió que en casos en que, de la compulsa de los certificados de origen, resultara que adolecen de “inhabilidad manifiesta” para cumplir la finalidad a que están destinados, la Aduana puede dejar de lado su aplicación a la importación y reclamar los tributos de conformidad al régimen general de importación, y no bajo el sistema arancelario preferencial de los Acuerdos de Complementación Económica, como efectivamente ocurrió en los despachos de importación objeto de queja.
Además, respecto a la obligación de los países signatarios de acudir al mecanismo de consultas, en los casos en que resultan aplicables las normas del Protocolo XVII, expresó la Corte Suprema que "…cabe poner de relieve que en el sub examine, a diferencia de lo resuelto en la causa ‘Mercedes Benz S.A.C.I.FI.M-T.F.N. nº 8010-A’, Fallos 322:3193, ...la autoridad aduanera argentina no se encontraba obligada a adoptar el procedimiento establecido por el art. 16 del Anexo V del ACE nº 14... El art. 12 del citado protocolo [Adicional Nº 17] establece un procedimiento similar al previsto por el art. 16 del Anexo V, pero a diferencia de éste -que imponía su aplicación "siempre" que un país signatario considerara que los certificados emitidos por autoridades del otro no se ajustasen a las disposiciones del régimen de origen-, prescribe que la administración del país importador deberá acudir a ese procedimiento cuando ‘tuviera dudas en cuanto a la autenticidad o veracidad de la certificación, o en cuanto al cumplimiento de los requisitos de origen...’. La indicada circunstancia permite afirmar que han quedado limitados los supuestos en los que la Aduana debe proceder de ese modo, de manera que si la inhabilidad del certificado resulta manifiesta... el importador no puede exigir que se cumpla con ese procedimiento, dada la completa ausencia de duda al respecto".-
Ello así, atento los extremos supra señalados, toda vez que la falta de firma ológrafa o manuscrita de los certificados de origen relativos a la causa resulta en causal de manifiesta inhabilidad -supuesto este señalado en el citado fallo-, por lo que la Aduana no estaba obligada a recurrir al mecanismo de consultas previsto en el Acuerdo, y sí estaba habilitada para proceder a desconocer de manera directa su validez y aplicabilidad a la hora de reconocer preferencias porcentuales previstas en el ACE 14 a los efectos tributarios, por lo cabe señalar que su proceder se ajustó a derecho. Por último, no resulta redundante señalar que, tanto en sede administrativa como en esta instancia, la firma importadora tuvo la oportunidad de requerir a la entidad certificante informe rectificatorio a fin de subsanar el error que adolecen los certificados de origen en trato, no obstante lo cual, MILTO S.A. ni efectuó ni ofreció realizar diligencia alguna.
Por las razones expuestas corresponde afirmar que los certificados de origen correspondientes a los D.I. N° 68.133-9/94, 68.139-1/94, 78.943-9/94, 78.956-9/94, 78.967-5/94, 90.011-7/94, 106.345-3/94 y 106.369-9/94 contenidas en la Resolución N° 2369/2007 (ASAT), y sobre los D.I N° 81.788-4/94, 163.110-4/94, 114.534-8/94, 042.035-0/94, 021.871-7/94, 039.417-8/94, 106.357-6/94 y 118.163-0/94, de la Resolución N° 009/2009 (DI ADBA), constituyen documentos inválidos a fin de acreditar el origen de las mercaderías importadas por carecer de firma manuscrita u ológrafa.
X. Con relación al D.I. N° 042.035-0/94 también aduce el órgano recaudador que no resulta de aplicación el Certificado de Origen N° 19539, de fecha 22/02/1994, por no dar cumplimiento al artículo 10° del XVII Protocolo Adicional del ACE N°14 que exige que “en todos los casos, el certificado de origen deberá haber sido emitido a más tardar a la fecha de embarque de la mercadería amparada por el mismo”.
Debo anticipar que le asiste razón al fisco, toda vez que del simple análisis de dicho documento se observa que la fecha de embarque de las mercaderías en cuestión, indicada en el Sector BD 02 -campo 29- del certificado, se produjo el 12 de febrero de 1994, es decir diez días antes de la emisión del certificado de origen; esto, ratificado por la declaración del exportador certificada por ese documento, en violación a lo dispuesto en el art. 10° del Protocolo Adicional XVII. Ello, por cuanto considero que debe estarse a lo reglado en el art. 639 CA que establece que “a los fines de la liquidación de los derechos de importación y de los demás tributos que gravaren la importación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los artículos 637 y 638”. Esto es, deben tenerse en cuenta los requisitos fijados en las normas vigentes al momento en que fue realizada la importación al país, relativas a las preferencias arancelarias pactadas en el ACE 14 y en el caso en el Protocolo Adicional XVII.
También en el fallo "Autolatina Argentina S.A.” antes citado la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de referirse sobre la materia, expresando, en relación a la fecha de emisión del certificado de origen, que "... se trata, pues, de una precisión que apunta a dotar de mayor certeza al proceso de importación de bienes entre los países suscriptores del acuerdo, ya que constituye una de las maneras de asegurar que las mercaderías embarcadas sean efectivamente las indicadas en el certificado como de origen del país exportador...". Es decir, la emisión del certificado de origen con fecha anterior a producirse el embarque forma parte del mecanismo de control del cumplimiento de requisitos que emanan del Acuerdo, en este caso, de la correspondencia de las mercaderías embarcadas con las indicadas en el certificado, por lo que su incumplimiento genera un estado de incertidumbre que no puede ser ignorado y a cuya prevención está, justamente, destinada la regla en trato.
Asimismo, debe advertirse que no corresponde aplicar al despacho en análisis el plazo fijado para la emisión de los certificados de origen establecido en el Protocolo Adicional XXVI (hasta diez días hábiles posteriores al embarque de la mercadería) por cuanto el citado Protocolo se celebró recién el 26 de Julio de 1994, no resultando aplicable a los hechos ocurridos -certificados de origen emitidos- con anterioridad a esa fecha, al no prever tal normativa una aplicación retroactiva.
Reforzando tal entendimiento, resulta pertinente traer a colación inveterada doctrina de nuestro Máximo Tribunal, que sostuvo que “la modificación establecida por el art. 1° del Protocolo Adicional N° 26 -que flexibilizó ligeramente el sistema (confr. considerando 6° del precedente citado)- resulta inaplicable al caso, ya que fue suscripto el 26 de julio de 1994, es decir varios meses después de la operación examinada en autos” (Fallo “Coventry Internacional S.A. (TF 10.138-A) c/D.G.A. y “Aluar Aluminio Argentino SAIC” (TF 10399-A) c/ D.G.A., ambas sentencias del 12/08/2003).
Atento los extremos supra señalados, concluyo que el Certificado de Origen N°19539 atribuible al D.I. N° 042.035-0/94 no resulta de aplicación a los efectos de habilitar el acceso al tratamiento preferencial que la demandante pretende por haber sido emitida con fecha posterior a la fecha de embarque.
XI. En lo atinente al certificado de origen N° BLA 627/93 referido al D.I. N° 012.937-0/94, debe estarse a lo indicado en el Considerando IV, respecto a la anulación del cargo N° 1228/98, de fecha 19/5/1998, mediante Resolución N° 338/03 (DE FIAD).
XII. A tenor de lo expuesto, voto por confirmar el criterio del fisco y confirmar las Resoluciones N° 2369/2007 (ASAT), 175/2008 (DI ADBA) y 009/2009 (DI ADBA), que no hacen lugar a la devolución solicitada, por los motivos expuestos en los Considerandos VIII y IX. Con costas.
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución N° 2369/2007 (ASAT) dictada por el jefe de Departamento de Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, con fecha 28/12/2007, respecto de las Actuaciones SIGEA N°12042-632-2005 a 12042-641-2005, referidas a los D.I. N° 68.133-9/94, 68.139-1/94, 78.943-9/94, 78.956-9/94, 78.967-5/94, 90.011- 7/94, 106.345-3/94 y 106.369-9/94, según lo expuesto en el considerando IX. Con costas.
2. Confirmar la Resolución N° 009/2009 (DI ADBA) de la Dirección de Aduanas de Buenos Aires, del 6/05/2009, respecto de las Actuaciones SIGEA N°12042-618-2005 a 12042-625-2005 en atención a lo expuesto en los Considerandos IX y X. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución N° 2369/2007 (ASAT) dictada por el jefe de Departamento de Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, con fecha 28/12/2007, respecto de las Actuaciones SIGEA N°12042-632- 2005 a 12042-641-2005, referidas a los D.I. N° 68.133-9/94, 68.139-1/94, 78.943-9/94, 78.956-9/94, 78.967-5/94, 90.011-7/94, 106.345-3/94 y 106.369-9/94, según lo expuesto en el considerando IX del voto del Dr. Licht. Con costas.
2. Confirmar la Resolución N° 009/2009 (DI ADBA) de la Dirección de Aduanas de Buenos Aires, del 6/05/2009, respecto de las Actuaciones SIGEA N°12042-618-2005 a 12042-625-2005 en atención a lo expuesto en los Considerandos IX y X del voto del Dr. Licht. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.12.26 10:45:13 ART Date: 2022.12.26 15:43:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.26 19:31:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.26 19:32:07 -03:00
Fin de la sentencia