Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 116.691
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Particular, Dra. Débora Mariel Rojas.
II. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor de Isidro Javier Miñarro Zarza, con costas.
III. Regular los honorarios profesionales a la Dra. Débora Mariel Rojas por la labor desempeñada en esta Sede en veinte (20) jus.
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH;
14.5, PIDCP; 14, ley 48; 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del CP 5 inc. de la ley 23737; y 106, 209, 210, 401, 421, 448, 451, 464, 465, 530, 531 del CPP y ley 14967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 116691 caratulada “MIÑARRO ZARZA, ISIDRO JAVIER S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación:
MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 24 de febrero del año 2022, el Dr. Matías Mariano Deane, Juez del Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial La Matanza, en integración unipersonal, condenó a Isidro Javier Miñarro Zarza a la pena de cinco (5) años de prisión y multa de cien (100) unidades fijas, accesorias legales y costas por resultar autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del CP, 5 inc. c de ley 23737).
Interpuso recurso de casación la Defensora Particular, Dra. Débora Mariel Rojas.
La causa ingresó a la Sala con fecha 16/05/2022, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Violini, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Sostiene la Defensora Particular, Dra. Débora Mariel Rojas, que el A Quo no ha acreditado la comisión del hecho endilgado a su pupilo. Explica que no se tomaron en consideración las inconsistencias de las declaraciones de Cesar Rodríguez, Gabriela Emilie Mareco, Emanuel Palavecino, Ramona Mieres, Jorge Alejandro Laborde, Miriam Miñarro Zarza y Juan Gabriel Ortega; también que medió una valoración parcial de los elementos recolectados en el proceso. Señala que carecen de fundamento las sanciones impuestas, en concreto el apartamiento del mínimo legal de la pena de prisión; critica la condena anterior como baremo severizante. Invoca el principio in dubio pro reo. Cita jurisprudencia. Afirma que el fallo es nulo, ya que las estipulaciones probatorias consensuadas con el Ministerio Publico Fiscal en la etapa intermedia afectan la garantía constitucional de defensa en juicio, específicamente a la autoincriminación. Solicita se dicte la nulidad de la sentencia y se ordene el dictado de una nueva que determine la absolución de su asistido. En subsidio, se decrete la nulidad de las estipulaciones probatorias, y en consecuencia del juicio oral. En su caso, se revoque el pronunciamiento por falta de fundamentación de la pena impuesta. Hizo reserva del caso federal.
El Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Galán, propuso el rechazo del recurso interpuesto de conformidad a los argumentos desarrollados en su presentación digital.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El juez tuvo por acreditado que “…el 15 de junio de 2020, siendo aproximadamente las 20:20 hs. a metros del estacionamiento del Maxi Carrefour sito en la calle Federico Russo 5001 de la Localidad bonaerense de González Catán, Partido de la Matanza al menos un sujeto del sexo masculino tenía en su poder, bajo su esfera de custodia y con fines de comercialización sustancias estupefacientes fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor, más precisamente 36 envoltorios de papel glasé de diferentes colores con cocaína y un peso total de 16,46 gramos y una bolsa de nylon conteniendo 8.7 gramos de cocaína...” Asimismo, determinó que Isidro Javier Miñarro Zarza resultó autor penalmente responsable del hecho descripto, calificándolo como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 CP, 5 inc. c de la ley 23737).
En primer lugar, abordaré el planteo sobre las estipulaciones probatorias y la invocación de garantías constitucionales afectadas.
La sala se pronunció en la causa "Salas", nro. 117797 del 2/8/2022, sobre los requisitos para su validez.
Los acuerdos probatorios que menciona el recurrente si bien resultan una herramienta propia del juicio por jurados (conf. art. 338 inc. 6° CPP), su empleo en otras vías de enjuiciamiento como el juicio abreviado, requiere la expresa mención de los puntos sobre las circunstancias o hechos no controvertidos.
En doctrina se ha definido a las estipulaciones probatorias como “los acuerdos de prueba entre el acusador y la defensa sobre hechos no controvertidos (...) Esos acuerdos hacen que no sea necesario probar uno o varios hechos, con el consecuente alivio para el juicio. Mediante las estipulaciones puede prescindirse de enorme cantidad de testigos, peritos, documentos, etc. Tan sólo basta con que los litigantes (...) tengan la suficiente claridad como para enfrentarse sin cuartel en los hechos realmente controvertidos y estipular los puntos en común (...) las estipulaciones permiten a los litigantes acordar toda esa información y presentarla al jurado de la manera en que a ambos les parezca más conveniente ” (conf. Harfuch, Andrés “El juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires. Ley 14.543 anotada y comentada. El modelo de jurado clásico”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2013, p. 109 y sig.).
Para su efectivo empleo en el proceso es necesario el acuerdo expreso de las partes y el reconocimiento del juez como expresamente establece el art. 338 inc. 6 del CPP “el juez las autorizará siempre que no impliquen renuncia de los derechos constitucionales”. Conforme surge de la video grabación del veredicto, el juez con acierto explicó la naturaleza jurídica de las estipulaciones probatorias en un proceso de corte adversarial. Dio cuenta que en el caso fueron reconocidos y no controvertidos determinados extremos fácticos, y que ello no importó la renuncia a ninguna garantía constitucional. Continuó y a partir del min. 4:20 precisó las proposiciones fácticas acordadas, a saber: "el 15 de junio del año 2020 siendo las 20:20 hs. a 50 metros del local comercial Maxi Carrefour ubicado en calle Federico Russo 5001 de la Localidad bonaersense de González Catán, Partido de La Matanza Provincia de Buenos Aires, al menos una persona tenía ilegalmente en su poder, bajo su esfera de custodia, a su disposición y con fines de comercialización, sustancias estupefacientes, fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor.
Mas precisamente al hacer una inspección del rodado, en el asiento trasero un bulto recubierto por una campera de color negro, tratándose dicho elemento de una cartera color negro con cuatro compartimientos y correa doble, la que contiene un cuaderno de anotaciones con tapa marca un cuaderno de anotaciones con marca "Triunfante", una copia de oficio judicial número de IPP 050011279/19 Juzgado de Garantías Nro 3 Departamental donde se le imputa delito de tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, una cámara de foto color gris marca Sony cibershot, un pen drive de color rojo y negro marca Sanding 16 gb, un sobre de papel blanco con la inscripción te día 15/3/20 318 pesos con dinero en efectivo, en otro de los compartimientos de la cartera contenía la suma de 7.770 pesos, 17 envoltorios de papel glasee de diferentes colores con sustancia con cocaína, una caja fuerte color champagne de 20 cm por 30 cm por 10 cm de profundidad aproximadamente, en cuyo interior se halló una bolsa de nylon conteniendo en su interior una sustancia blancuzca color blanca tipo piedra símil cocaína, por un peso de 8,7 gr, 2 balanzas de precisión tipo pocket, una de ellas con resto de una sustancia purulenta blanca similar a la cocaína 6 paquetes cerrados de papel glaseé, una tarjeta Mastercard, una hoja rallada numero 3 blanco, y en el interior de la caja fuerte se constató la existencia de resto de sustancia de color blancuzca que resulto positivo.
En el compartimiento de objetos de panel del compartimiento de la puerta adelante del conductor una cajetilla de cigarrillo Lucky Strike con 19 envoltorios sustancia purulenta de color blanca que se determinó la cocaína y un peso total de 16,46 gr."
Desde el punto de vista procesal, la estipulación probatoria, se trata de un hecho reconocido y no controvertido, por lo que –aunque resulte sobreabundante- no requiere ser probado. De este modo, coincido con el temperamento que adoptó el A Quo en punto a que tampoco resulta necesaria la discusión de las evidencias en las que se sustentan. En suma, dio repuesta a la queja de la defensa relativa a la inconsistencia de determinada constancia –en esencia- el contenido del acta de procedimiento; al respecto sostuvo que el planteo resulta abstracto por no haber ingresado tal pieza por lectura y/o exhibición al juicio, y en segundo término –reiteró- que las partes establecieron cuáles hechos no se controvierten y cuáles sí.
Una vez definido los extremos fácticos comprendidos por el acuerdo probatorio, el sentenciante explicó los aspectos pendientes de dilucidar.
En lo que respecta a la alegada violación a la garantía contra la autoincriminación consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, en base a la cual "Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo", observo que la Defensora se limita a invocar de manera dogmática la conculcación del derecho de defensa, pues se apoya –en exclusiva- en las profusas estipulaciones probatorias consensuadas.
Me he expedido en causa 100.945 “Pontaut y otro” Sala 1, sent. 24/8/21, e/o en el sentido que la constitución Nacional Consagra expresamente la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo (art. 18 CN). Asimismo, con idéntico alcance, dicha regla de garantía se encuentra establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3.g: "no será obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2.g: "derecho a nos ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable"). Las consecuencias que la regla trae en el campo del procedimiento penal, específicamente en lo que respecta a las declaraciones prestadas por el imputado (téngase presente que la garantía tiene un campo de aplicación mayor, de allí la conocida distinción entre el imputado como "órgano" y como "objeto" de prueba"), están hoy en día fuera de discusión: a) el imputado tiene la facultad de abstenerse de declarar; b) si optare por hacerlo, es menester observar el requisito de voluntariedad de la declaración (p. ej.: está vedado la administración de psicofármacos o el procedimiento de hipnosis); y, c) aquella elección debe obviamente responder a una decisión libre que no puede ser coartada por ningún acto o situación de coacción - sea física o moral-, por la promesa ilegítima de una ventaja o por el engaño (cfr. MAIER, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, t.l, p.666).
La garantía no prohíbe la autoincriminación -de ser ello así, la confesión propiamente dicha estaría vedada por nuestro ordenamiento jurídico- sino únicamente la autoincriminación obligada. De todas formas, sucede que -y esto vale la pena aclararlo- muchas veces se presentan actos con apariencia de legalidad, cuando en realidad no lo son; sin embargo, no puede confundirse el verdadero alcance de la garantía con las particularidades que pueden presentar los distintos hechos -como realidad histórica y fenoménica de la vida- y su acreditación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (por remisión al dictamen del Procurador General) dijo en "Rau, R Alejandro Oscar del 19/04/2016: "... la cláusula constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo veda el uso de cualquier forma de coacción o artificio tendiente a obtener declaraciones acerca de los hechos que la persona no tiene el deber de exteriorizar, mas no abarca los supuestos en que la evidencia es de índole material y producto de la libre voluntad del garantido (Fallos: 255:18 y 320:1717, entre otros)." Lo propio también dijo en “Francomano, Alberto José" (F 477 XIX, del 19/11/1987). "La mera comunicación de ese dato o conjunto de datos, en la medida en que no sea el producto de una coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener que la restricción procesal impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación (cfr. CSJN, precedente "Cabral", Fallos: 315:2505, resuelto el 14/10/1992; doctrina reiterada en los precedentes "Jofré" del 24/03/1994 [Fallos 317:214], "Schettini" del 13/09/1994 [Fallos: 317:956] y "Minaglia" del 04/09/2007 [Expte. M. 3710. XXXVIII]).
En el caso sometido a revisión, a excepción de la interpretación del impugnante sobre los alcances de las estipulaciones probatorias, no se aprecia la existencia de manifestaciones del acusado del tenor denunciado, menos entonces el despliegue de medios engañosos o el ejercicio de coerción para la obtención de elementos incriminantes. En función de las consideraciones expuestas el motivo de agravio no habrá de prosperar.
Tal como lo expusiera, el impugnante se disconforma con la suficiencia de la prueba para acreditar la autoría penalmente responsable atribuida a Isidro Javier Miñarro Zarza.
En contra del reclamo, la sentencia recreó con detalle la prueba disponible, la que ingresara por lectura y/o exhibición al juicio y los testimonios prestados en el debate, en particular las declaraciones de Rodríguez, Palavecino, Mareco y Laborde. A esa prolija presentación de la prueba, se sumó luego un análisis que, con parejo detalle estructuró secuencialmente y a modo de recreación histórica.
De la lectura del fallo surge que los planteos fueron objeto de tratamiento por el A Quo, quien evaluó y contestó (cfr. fs. fs. 45vta./56), la persistencia en esta sede no logra rebatir lo ya expuesto (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
El pronunciamiento presenta una buena técnica expositiva; el juez dejó sentadas las posiciones de las partes, en rigor, los requerimientos formulados por la defensa en la discusión final. También observo que lucen analizadas en detalle las declaraciones prestadas en el debate, y de seguido una acertada valoración de las mismas.
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que la peticionante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
Si bien la inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de la percepción que hacen a la receptación oral de la prueba, necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, pues no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional.
También resulta relevante mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por ésta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A Quo edifique la imputación con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
El A Quo hizo una valoración pormenorizada del plexo probatorio reunido en el proceso que la llevó a tener por acreditado el extremo cuestionado en los términos establecidos en el fallo.
En contra de la pretensión de la parte, la revisión de la plataforma fáctica impide sostener que el juez haya incurrido en una valoración arbitraria de la prueba, pues expresó cuáles fueron las razones que determinó la decisión, mediante la indicación del camino recorrido. A partir del min. 10:30 y con el propósito de lograr una mejor técnica expositiva consideró dable distinguir los testimonios en dos bloques: el primero conformado por los gendarmes, César Iván Rodríguez y Emanuel Palavecino, y el testigo de actuación Jorge Alejandro Laborde. El segundo, por la concubina de Miñarro (Ramona Mieres), la hermana (Miriam Miñarro) y Gabriela Mareco, quienes se caracterizan por mantener un vínculo íntimo con el imputado y/o de previo conocimiento, según el caso. Rodríguez y Palvacino se manifestaron de manera coincidente. Dijeron que se dirigieron al vehículo conducido por la Sra. Mareco, porque realizó una maniobra sospechosa o de riesgo que despertó su atención. Interesa destacar que, respecto al referido movimiento, fue corroborado tanto por la propia conductora como por la hermana del acusado, en ocasión de que recibiera un llamado telefónico de Mareco dando cuenta de lo ocurrido.
Los citados gendarmes se acercaron al vehículo, oportunidad en la cual Mareco de manera espontánea dijo que tenía droga, también que iba a comprar sustancia estupefaciente a una persona a quien describió a la par que señaló por encontrarse en el lugar en el interior de un vehículo.
Resaltó que en lo sustancial los gendarmes explicaron de modo semejante el motivo por el que se aproximaron al rodado sindicado por la testigo. Rodríguez dijo que el imputado lo quiso “coimear” (dos veces), si bien Palavecino sostuvo que no escuchó tal diálogo, sí percibió cuando su compañero lo apartó y le dijo: "conmigo te equivocas, yo no soy policía". Fue Rodríguez quien ordenó la requisa del auto, diligencia que llevaron a cabo Palavecino y Sánchez.
Sin hesitaciones, a partir de la sindicación de Mareco, los oficiales de la gendarmería llegaron al vehículo de Miñarro Zarza y, luego de verificar los aspectos contextuales que habilitaron la requisa del interior del auto, se secuestró material estupefaciente fraccionado -36 envoltorios-, elementos de fraccionamiento -tarjetas de crédito, nylon-, dos balanzas de precisión con restos de material estupefaciente, dinero en efectivo y anotaciones compatibles con la ilícita actividad.
Con respecto al segundo "bloque" de testigos, el sentenciante fundó las razones por las que no le impresionaron como enteramente sinceros los testimonios de Mareco y de la concubina del acusado. Precisó que no fueron claras al dar cuenta sobre el alcance de la relación que mantenían, limitándose a referir la existencia de un vínculo comercial y omitiendo el conocimiento vecinal y de cierta amistad que se verificó a través de declaraciones de la hermana del imputado y el mecánico (Juan Gabriel Ortega).
A partir del min. 11 sostuvo –en relación a la declaración de la citada Mareco- "dio la impresión que no dijo todo lo que sabía."; relató lo ocurrido hasta el momento en que se paró al lado del auto y ahí dijo que "entró en shock y no pudo recordar nada". Consideró lógica la preocupación de la testigo porque fue a raíz de su comportamiento que los gendarmes practicaron la diligencia en el vehículo de Miñaro Zarza. Asimismo, ponderó la declaración de Laborde en punto a los objetos secuestrados –quien ofició como testigo de actuación-. Advierto que los reclamos relativos a los elementos incautados –caja fuerte o cofre y cartera- resultan insustanciales en punto a la acreditación del extremo relativo a la autoría responsable.
No se advierte insuficiencia ni arbitrariedad en la valoración probatoria, tampoco que exista algún defecto en el razonamiento, el pronunciamiento se encuentra sobradamente fundados en las premisas señaladas.
La operación que determinó la convicción del juez respecto de la autoría penalmente responsable de Miñarro Zarza, se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable Contó con prueba de signo acusatorio sobre la comisión del evento y la participación del imputado, para dictar un fallo de condena.
En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto afirma los extremos de la imputación, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad -frustrada-, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otras).
Turno de abordar el planteo relativo a la falta de fundamentación de la pena impuesta al acusado, puntualmente cuestiona la sanción de prisión y el cómputo del antecedente condenatorio como baremo agravante.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” 5/5/20.).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...” (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta del ilícito, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arribar a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Conforme se desprende del fallo no se contemplaron pautas atenuantes de la pena y como baremos severizantes fueron computados: el lugar de ocurrencia del hecho –estacionamiento de un centro comercial- dada su concurrencia aun en época de pandemia por tratarse de uno de los únicos sitios a los que los ciudadanos estaban habilitados a asistir; y el antecedente condenatorio.
La pretensión de que la condena anterior que registra el acusado no sea computada como agravante de la sanción, encontró respuesta en el fallo, en orden a que la insistencia en la senda delictiva de alguien que ha tenido experiencia de vida carcelaria, revela mayor grado de culpabilidad al cometer el nuevo injusto.
Además, es doctrina del suscripto la que afirma que el antecedente condenatorio opera como agravante. Al respecto tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el principio del ne bis in ídem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena –entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos casos en los que el individuo incurre en una nueva infracción criminal (Fallos 311:1451).
En tal sentido no parece irrazonable que, al graduar la pena, se valore aquella circunstancia para determinar la magnitud de un reproche ante un mayor grado de culpabilidad de quien conociendo las implicancias de una anterior condena, no obstante, se involucra en un nuevo ilícito.
También sobre el punto se ha expedido la CSJN en el fallo 15/2014 (50-F), “Fernández, Carlos y otros s/ causa nro. 9510” del 20 de octubre de 2015.
Dado el hecho intimado a Isidro Javier Miñarro Zarza, y partiendo de la entidad del injusto atribuido al nombrado, su calificación legal - tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- art. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41 del 45 CP y 5 inc. c de la ley 23737; así como el grado de participación que le cupo –autor, y la pautas de mensuras contempladas, la sanción establecida se ajusta a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituyendo la medida de la culpabilidad del acto atribuido (arts. 40 y 41, CP).
Aprecio que el juicio de determinación judicial de la pena efectuado por el juez, reúne las exigencias mínimas de razonabilidad. En suma, no observo la existencia de agravio sobre el punto; en tanto el magistrado administró de manera correcta las pautas relativas a los artículos 40 y 41 del Código Penal, para fijar la pena que juzgó justa.
Frente a lo expuesto, propongo: rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor de Isidro Javier Miñarro Zarza, con costas. Regular los honorarios profesionales a la Dra. Débora Mariel Rojas por la labor desempeñada en esta Sede en veinte (20) jus (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del CP y 5 inc. c de la ley 23737; 106, 209, 210, 395 y ss., 399, 401, 421, 448, 451, 464, 465, 530, 531 del CPP y ley14967).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero parcialmente al sufragio suscripto por el distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Ricardo Maidana; en tanto postula el cómputo de los antecedentes condenatorios como parámetro severizante de la pena.
Como he sostenido en diversos pronunciamientos, estimo que dicho temperamento vulnera el principio constitucional de culpabilidad que, en este caso, como fundamento de la medición de la pena, impone una función -sobre todo limitadora- que deriva en la necesidad de establecer como principio que la pena a determinar no puede superar la gravedad de la culpabilidad.
En concreto, el juicio de culpabilidad relevante para la individualización de la pena, debe excluir como objeto del mismo las referencias a la conducta anterior al hecho, a la peligrosidad, al carácter del autor, la conducta posterior al hecho, al menos como pauta aumentativa en la dosificación de la sanción. Este propósito sólo puede ser alcanzado mediante un concepto "puro" de culpabilidad por el hecho (Bacigalupo, Enrique, Principios Constitucionales del Derecho Penal, Bs. As. 1999, de. Hamurabi, pág. 162 y sgtes).
Así, desde este prisma de análisis entiendo que no corresponde valorar como baremo agravante de la sanción, las condenas anteriores que registra Isidro Javier Miñarro.
Con esta única salvedad, adhiero en todo lo demás al voto del doctor Maidana.
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Violini, dijo:
En cumplimiento de la manda del artículo 168 de la Constitución de la Provincia y en lo que es materia de controversia en los votos precedentes, adhiero al doctor Maidana en cuanto computa como agravante los antecedentes condenatorios del imputado. ASI LO VOTO. Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Particular, Dra. Débora Mariel Rojas.
II. Rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor de Isidro Javier Miñarro Zarza, con costas.
III. Regular los honorarios profesionales a la Dra. Débora Mariel Rojas por la labor desempeñada en esta Sede en veinte (20) jus.
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH;
14.5, PIDCP; 14, ley 48; 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del CP 5 inc. de la ley 23737; y 106, 209, 210, 401, 421, 448, 451, 464, 465, 530, 531 del CPP y ley 14967.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia