Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 12167733-A
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
21758/2024 “MINAS ARGENTINA SA (TF 12167733-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 12 de agosto de 2025.
O F VISTA:
I La elevación del expediente TF 12167733-A (v. DEO del 26/12/24) para tratar C “el recurso de apelación interpuesto por la actora el 10/09/2024 (v. IF-2024-
I
A 98025257-APN-DTD#JGM), concedido el 10/09/2024 (v. PV-2024-98111589-
L APNVOCXVI#TFN) contra la sentencia dictada el 29/07/2024… (v. IF-2024- 79088263-APN-VOCXVI#TFN)” (v. nota en la pág. 565 del expte. electrónico, donde S también consta que la recurrente expresó agravios dentro del plazo legal y que el Fisco O U contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución RESOL-2023- 503-E-AFIP-SDGOAI, de fecha 17/11/2023, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 17464-89-2022, 17464-90-2022, 17464-94-2022 y 17464-118-2022, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 908/21 y con relación a los permisos de embarque 22055ES03000003Y, 22055ES03000006R, 22055ES03000014Z y 22055ES03000026T Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo nacional puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467. Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del decreto 908/21, respecto del cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Distribuyó las costas por su orden por la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviese en virtud de una doctrina plenaria.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que las conclusiones del organismo jurisdiccional debían ser revisadas, ya que se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, conforme fue interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Precisó que, de acuerdo con la doctrina establecida en dicho precedente, correspondía invalidar el derecho de exportación en trato y admitir la repetición de lo abonado, dado que, al momento de dictado del decreto 908/21, ya había vencido el plazo de la delegación otorgada al Poder Ejecutivo por el artículo 52 de la ley 27.541. Además, señaló que, a la fecha de registro de las destinaciones de exportación del caso, no existía ninguna ley del Congreso que hubiese convalidado dicho decreto, el cual adolecía de una inconstitucionalidad de origen.
En otro orden de ideas, sostuvo que la decisión vaciaba de contenido al artículo 1164 del Código Aduanero, ya que, según una interpretación adecuada, dicha disposición habría permitido al tribunal de origen revisar la constitucionalidad del decreto cuestionado, al tratarse de una norma similar a la que fue invalidada por la Corte en el citado fallo. Finalmente, alegó que el plenario del Tribunal Fiscal de la Nación carecía de legitimidad y que, en cualquier caso, para mantener la coherencia, no correspondía extender sus efectos al presente asunto. Esto así, en atención a que no estaba en cuestión la constitucionalidad del derecho de exportación establecido por el decreto 793/18 —analizado en dicho plenario—, sino la de un decreto diferente, que excedía los límites de la delegación conferida por la ley 27.541.
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Por último, planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés resarcitorio prevista en la resolución ME 559/22, aplicable a las devoluciones de tributos O F aduaneros. Señaló que, al mantenerse en un porcentaje fijo y considerablemente I inferior al que percibía el Fisco, dicha tasa no compensaba de manera suficiente al C acreedor por el paso del tiempo, afectando sus garantías constitucionales de igualdad I A ante la ley, inviolabilidad de la propiedad y razonabilidad (arts. 16, 17 y 28 de la L Constitución Nacional).
En consecuencia, solicitó que se hiciera lugar a la devolución del importe S reclamado en pesos ($346.508.911,59), más los intereses correspondientes, con la O U salvedad mencionada en el párrafo anterior. Asimismo, para el supuesto de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificara el criterio establecido en la sentencia del 15 de mayo de 2014, en la causa “Cencosud SA (TF 29.535-A c/ DGA)”, pidió que la repetición se considerase interpuesta por USD 2.916.101,28 (v. esp. pág. 520 del expediente citado).
3. Que, el 14/2/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
4. Que en cuanto a la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse sobre la invalidez constitucional del decreto 908/21, cabe remitir - cambiando lo que se deba cambiar- a lo resuelto por este Tribunal en las causas 41274/23 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA”, sentencia del 7/3/24, considerando 4°, y 1893/24 “Molinos Río de la Plata SA (TF 40014-A) c/ DGA”, sentencia del 9/4/24, considerando 4°, y sus citas.
Allí se señaló señaló que la prohibición establecida en el artículo 1164 del Código Aduanero tiene carácter relativo, toda vez que dicha norma autoriza al órgano jurisdiccional a declarar la inconstitucionalidad de leyes y sus reglamentaciones, siempre que exista jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en igual sentido. Asimismo, se sostuvo que el Tribunal Fiscal está facultado para ejercer esa atribución respecto de disposiciones sustancialmente similares a aquellas ya analizadas por la Corte en el precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), en el que se discutió la constitucionalidad de la resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura, a la luz de lo establecido en el artículo 755 del Código Aduanero y el principio de legalidad en materia tributaria.
En el presente caso, al igual que en el citado precedente, se debate si, al momento de registrarse las exportaciones, existía alguna ley del Congreso – complementaria del Código Aduanero– que hubiera determinado previamente, de manera clara e inequívoca, la forma de cuantificar el derecho de exportación; o, en su defecto, si se había conferido rango legal al nivel impositivo establecido por el Poder Ejecutivo. Esto, conforme al criterio claramente expuesto en dicho fallo, de que la alícuota es un elemento esencial del tributo en cuestión, alcanzada en tal carácter por el principio de legalidad en materia tributaria y con respecto a la cual el Código Aduanero no establece mínimos recaudos, ya que, en concreto, guarda silencio sobre la alícuota máxima que puede establecerse.
En suma, lo que proporciona esa sentencia de la Corte es un estándar de validez para las normas del Poder Ejecutivo Nacional que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 755 del Código Aduanero, establezcan, quiten o modifiquen derechos de exportación ya establecidos. Pauta que no puede ser soslayada por los tribunales inferiores dada su autoridad institucional (Fallos: 342:1903; entre otros), y en virtud de la cual el tribunal administrativo pudo examinar la validez del decreto 908/21. Máxime cuando dicha doctrina fue invocada por la parte actora desde el inicio del proceso v. pág. 28, expte. cit.).
Por último, corresponde destacar el dictamen del Fiscal General ante la Cámara, quien coincidió en que el asunto debía resolverse conforme al citado precedente del Máximo Tribunal (v. punto 8 del dictamen referido).
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5. Que se encuentra fuera de discusión que por los permisos de embarque en trato, oficializados entre el 11/2/22 y el 1/8/22, la actora exportó concentrado de O F minerales de la PA 7108.12.10 y abonó una alícuota de derechos del 8%, en los I términos del decreto 908/12.
C
6. Que, para examinar la validez constitucional del decreto 908/21 (BO I A 31/12/21), es necesario tener en cuenta sus términos y el marco normativo que L fundamentó su dictado (doctr. esta Sala, causa 51372/22 “Bunge Argentina SA -TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22, esp. consid. 11).
S
En sus considerandos, expresa que fue dictado “en ejercicio de las facultades O U conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el artículo 755 del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificatorias), y el artículo 52 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública y sus modificatorias”.
Respecto del artículo 76 de la Constitución Nacional, cabe señalar que “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (el destacado es propio). Asimismo, establece que “[l]a caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero dispone que “en las condiciones previstas en este Código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) Gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) Desgravar…; c) Modificar el derecho de exportación establecido…” (el destacado es propio).
En cuanto al artículo 52 de la ley 27.541, estipula que “en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación…Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8%) del valor imponible o del precio oficial FOB. En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras…El Poder Ejecutivo nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021” (el destacado es propio). Los considerandos del decreto 908/21 también hacen referencia al decreto 785/20 como antecedente, el cual —con fundamento en las mismas disposiciones normativas— había establecido, hasta el 31 de diciembre de 2021, una alícuota del 8% para la mercadería comprendida en el caso.
En virtud de ello, el decreto 908/21 consideró necesario "continuar con la medida descripta" a fin de preservar la sostenibilidad y progresividad del régimen fiscal. En consecuencia, prorrogó —a partir del vencimiento de la norma anterior y hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive— la aplicación de dicha alícuota del 8% sobre las mercaderías detalladas en su anexo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la norma se autodefine como decreto delegado. No obstante, al invocar los incisos 1° y 2° del artículo 99 de la Cons - titución Nacional, también pretende ejercer facultades autónomas y reglamentarias de las disposiciones de rango legal que cita como antecedentes. Ello con el propósito de establecer que la alícuota de derechos de exportación aplicable a la mercadería involucrada en el caso será del 8% durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.
7. Que, a fin de determinar si lo dispuesto por el decreto 908/21 excedió el marco de las bases establecidas por el órgano legislativo, o, en su caso, si pudo sustentarse en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1° y 2°, de la CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21758/2024 “MINAS ARGENTINA SA (TF 12167733-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Constitución Nacional, resulta oportuno recordar la doctrina sentada por la Corte en Fallos: 337:388, la cual puede resumirse en los siguientes postulados:
O
F (i) El principio de legalidad o reserva de ley, aplicable a los derechos de I exportación dada su naturaleza tributaria, “abarca tanto la creación de impuestos, tasas C y contribuciones como las modificaciones de los elementos esenciales que componen el I A tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las L exenciones” (consid. 8º del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(ii) Ese principio no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la S delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución Nacional.
O
U En este sentido la Corte ratifica, con remisión a anteriores precedentes, que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (Fallos: 326:4251)” (consid. 9° del voto de la mayoría).
(iii) Aun cuando se soslayase lo sostenido en el punto ii, no resultaría admisible sostener que la ley 22.415 ni mucho menos la ley de emergencia 25.561 ―y sus sucesivas prórrogas― han otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para establecer el tributo cuestionado, toda vez que no establecen “siquiera con mínimos recaudos” sus elementos esenciales (consid. 9° del voto de la mayoría).
En particular, el Código Aduanero “prevé la existencia de derechos de exportación y regula aspectos atinentes a tal tipo de gravámenes, los arts. 733 y ss. establecen que el derecho de exportación puede ser ad valorem (es decir, de base imponible variable en función del valor de la mercadería) o bien específico (una cantidad determinada, fija o variable en función de la cantidad de mercadería que se exporte), pero para el caso en concreto aquí discutido, como puede observarse, no es el legislador quien ha determinado, de manera cierta e indudable, cuál es la forma de cuantificar la prestación…En efecto, el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación.
Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (consid. 9° del voto de la mayoría; énfasis añadido). (iv) En el ámbito de los derechos aduaneros cobra relevancia la doctrina según la cual "tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida (Fallos: 246:345 y 328:940).
En el contexto detallado, resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa….Sin embargo, tal como se expuso en el considerando anterior, la resolución cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo” (consid.10 del voto de la mayoría; énfasis añadido). (v) El Congreso Nacional puede sanear, hacia el futuro, cualquier nulidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de tales atribuciones.
En este sentido, la Corte afirma que, aunque no sea posible “convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable”, no existe razón alguna para privarla de efectos desde la entrada en vigencia de aquella ley que “otorga a su contenido rango legal”; siendo para ello necesario que se identifique la CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21758/2024 “MINAS ARGENTINA SA (TF 12167733-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
norma aprobada, o bien, que el universo de normas aprobadas resulte, por lo menos, determinable (v. consid. 11 del voto de la mayoría).
O
F 8°) Que, conforme a las pautas previamente expuestas, se adelanta que el dere- I cho de exportación establecido por el decreto 908/21 no satisface plenamente el C principio de reserva de ley en materia tributaria.
I
A Efectivamente, la medida no se ajusta a los postulados de la Corte, dado que el L artículo 755 del Código Aduanero, aunque constitucionalmente válido, resulta insuficiente por sí solo para conferir al Poder Ejecutivo una delegación normativa S adecuada. Esto se debe a que no establece un límite cuantitativo específico respecto de O U la alícuota aplicable (véanse, en especial, los considerandos 9° y 10 del voto mayoritario).
En cuanto a la otra norma legal invocada por el decreto, si bien contempla límites precisos en lo relativo al aspecto cuantitativo del tributo —tal como lo exige la jurisprudencia de la Corte—, restringía el ejercicio de la facultad delegada hasta el 31 de diciembre de 2021. En consecuencia, el decreto 908/21, que entró en vigor el 1° de enero de 2022 y prorrogó la aplicación de la alícuota del 8% hasta el 31 de diciembre de 2023, fue dictado una vez vencido el plazo de la delegación conferida por el artículo 52 de la Ley 27.541. De hecho, dicho decreto se aplicó a operaciones registradas entre el 11 de febrero y el 1° de agosto de 2022, cuando ya se había extinguido la autorización otorgada por la norma legal mencionada.
Debe insistirse, en este punto, en que la delegación es constitucionalmente válida, únicamente, si se la establece “con plazo fijado para su ejercicio” (art. 76, CN); limitación, ésta, que tiene por finalidad hacer ver el carácter excepcional y transitorio de la delegación y facilitar que el Congreso controle y decida si renueva periódicamente las delegaciones que ha realizado en el Poder Ejecutivo. En consecuencia, vencido el plazo de delegación, el Poder Ejecutivo no puede proseguir legislando; salvo que se haya delegado en este último la decisión de prorrogar el plazo de la delegación, y siempre que esa prórroga estuviese limitada de antemano (cfr. SANTIAGO (h), Alfonso y THURY CORNEJO, Valentín, Tratado sobre la delegación legislativa, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pp. 418-419 y 423).
Nótese que, ni del texto expreso del artículo 52 de la ley 27.541, ni del de ninguna otra ley posterior, surge que se haya delegado la facultad de prorrogar el plazo para el ejercicio de las facultades delegadas, por lo que tampoco podría servir esto como sustento para la competencia normativa que ejerció el Ejecutivo en el período posterior al 31 de diciembre de 2021.
En cuanto a las disposiciones del artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional —que facultan al Presidente para dictar normas reglamentarias y ejercer funciones propias del Poder Ejecutivo— tampoco bastan, según la doctrina de la Corte, para establecer alícuotas tributarias en ausencia de una ley vigente que complemente al Código Aduanero y fije al menos un parámetro máximo. Sin esa base legal, se vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria.
Para más, el artículo 11 de la ley 26.122, que establece el régimen legal de los decretos de delegación legislativa, disipa cualquier duda al aclarar que “[l]as bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo”.
Con relación al decreto delegado 785/20, que el Fisco manifiesta sin mayor fundamentación que fue “declarado válido por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en fecha 16.12.2021” —aunque aludiendo a un dictamen de la Jefatura de Ministros y sin individualizar las resoluciones aprobatorias— (v. p. 559, expte cit), cabe aclarar que ninguna incidencia puede tener en el caso, en tanto sus efectos se extendieron “hasta el 31 de diciembre de 2021” (art. 1°).
Finalmente, cabe destacar que, con posterioridad al dictado del decreto 908/21 y antes de la fecha de registro de las destinaciones involucradas en el caso, no se dictó ninguna ley formal que estableciera un nivel máximo de imposición para la exportación de la mercadería en cuestión ni que otorgara rango legal a la alícuota del 8%. Incluso, CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21758/2024 “MINAS ARGENTINA SA (TF 12167733-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 —que preveía en su artículo 81 la prórroga de las facultades previstas en el artículo 52 de la ley 27.541 O F hasta el 31 de diciembre de 2024 (texto disponible en I https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2022/ley/pdf/ C proy2022.pdf) —, no fue aprobada por el Congreso, lo cual evidencia la falta de conva- I A lidación legislativa de dicho esquema tributario.
L Todo lo expuesto coloca al decreto 908/21 fuera del marco constitucional, por incumplir con el principio de reserva de ley en materia tributaria (art. 19 CN y doctrina S de Fallos: 337:388).
O
U 9°) Que, en el caso, existe controversia sobre la incidencia que pudo haber tenido la ley 26.122 con relación a la validez del derecho de exportación cuestionado, ya que el Fisco argumenta que, en virtud de lo que establecen sus artículos 17 y 24, el Congreso habría convalidado todos los elementos del tributo desde el momento mismo en que se publicó el decreto 908/21 (v. esp. pp. 443 y 558, expte. cit.). Sobre este punto, es dable aclarar que la ley 26.122 tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos “ de necesidad y urgencia”, “por delegación legislativa”, y “de promulgación parcial de leyes” que dicta el Poder Ejecutivo (art. 1°). Establece, asimismo, que la Comisión Bicameral Permanente prevista en los arts. 99, inciso 3° y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional, debe expedirse acerca de la “validez o invalidez” de los decretos mencionados y, ulteriormente, elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento (arts. 10 a 14).
A su vez, con respecto a los decretos por delegación legislativa, prescribe que el dictamen debe pronunciarse expresamente “sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio” (art. 13).
También prevé que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3° y 80 de la CN, tienen plena “vigencia” de conformidad a lo establecido en el artículo 2° del Código Civil —actual artículo 5° del CCyC— (art. 17). Por último, expresa que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso de los decretos de que se trate implica su “derogación”; es decir, que el referido rechazo sólo es operativo si lo efectúan por ambas Cámaras (art. 24).
En ese contexto, el planteo de la accionada debe ser rechazado porque, en los términos de la ley 26.122, la eventual validación del Congreso solo podría tener lugar mediante resoluciones de ambas cámaras; sin que ello resulte equiparable a la aprobación expresa y específica por parte del Congreso mediante la sanción de una ley formal, como la que contempló la Corte en “Camaronera Patagónica SA” en orden a salvaguardar el principio de legalidad en materia tributaria. Con mayor razón, entonces, cabe descartar que haya adquirido rango legal un decreto que, como el que es materia de examen, no fue sometido a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, ni cuenta con aprobación alguna del órgano legislativo (doctrina de esta Sala, causa 51372/22 “Bunge Argentina S.A. (TF 36695-A) c/ DGA”, sentencia del 13/12/22, considerando 13).
En efecto, conforme a la literalidad de los artículos 17 y 24 de la ley, la falta de rechazo expreso por parte de ambas cámaras del Congreso solo puede interpretarse como una continuidad en la “vigencia” de dicho decreto desde su publicación (31/12/21) hasta el período en que se registraron las operaciones del caso (del 11/2/22 al 1/8/22).
Sin embargo, la situación de una norma delegada que no ha sido expresamente validada no puede asimilarse —según el texto expreso de la ley— a aquella que sí cuenta con un pronunciamiento explícito sobre su validez o invalidez. Esto implica que no se ha determinado su procedencia formal, ni su adecuación a la materia y a las bases de la delegación, ni el cumplimiento del plazo fijado para el ejercicio de dicha facultad.
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Por lo demás, la eventual intervención aprobatoria de ambas cámaras –que, cabe reiterar, no ha mediado con relación al decreto 908/21–, tampoco podría neutralizar el O F control judicial de la compatibilidad de la norma con el programa constitucional; I control al que está sujeta cualquier ley y, más aun, una norma comprendida en el C régimen de la ley 26.122.
I
A Concretamente, en el marco de esta controversia judicial ya se examinó la L validez del decreto 908/21y se puso de manifiesto que no se cumplió las condiciones previstas por el artículo 76 de la Constitución Nacional, en la medida en que a la fecha S de su dictado ya había caducado la delegación otorgada por el artículo 52 de la ley O U 27.541 y, en definitiva, el elemento cuantitativo del derecho de exportación estaba al arbitrio de la Administración.
10. Que, por todo lo expuesto, no caben dudas de la invalidez constitucional del decreto 908/21, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación. Además, porque –de conformidad con la señalada doctrina del Máximo Tribunal– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que se registraron las exportaciones del caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por el citado decreto.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 908/21 y admitir la repetición de lo abonado por tal concepto, más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
11. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º).
Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, la diferencia a restituir deberá determinarse en pesos y sobre la base del importe efectivamente abonado que surge de las actuaciones administrativas —$346.508.911,59, v. págs. 3, 158, 229, 301 y 387 del expediente citado— (doctr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
12. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable desde los reclamos de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), así como los que expuso el Fiscal General en el punto 6 del dictamen emitido en esta causa, que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
13. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
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21758/2024 “MINAS ARGENTINA SA (TF 12167733-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
El Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente conforme a lo dispuesto en la resolución JS 8/25.
O
F Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa I según su estado (v. DEOX enviado el 12/2/25).
C I A L JORGE EDUARDO MORÁN S ROGELIO W. VINCENTI O U SERGIO G. FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia