Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 32414-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte demandada, con costas, y 2) fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
12131/2024 MINERA ALUMBRERA LIMITED (TF 32414-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en estos autos “MINERA ALUMBRERA LIMITED (TF 32414-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, La jueza Clara María do Pico dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación revocó —con costas— la resolución n° 399/12 (AD CAMP), emitida en la Actuación SIGEA n° 12646-80-2005, en virtud de la cual se aplicó a la firma actora una multa por la presunta comisión de la infracción descripta en el art. 965, inc. b), del CA, por haber incumplido con el régimen de comprobación de destino que motivó la exención en el impuesto a los combustibles líquidos (ITC), en los términos de la ley 24.196 (v. fs. 276/278).
II. Para así decidir señaló que:
(1) De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que el servicio aduanero, ante la constatación de importantes volúmenes de gas oíl importados por la firma actora, que se encontraba sujeta al beneficio de estabilidad fiscal previsto en la ley 24.196 de inversiones mineras, solicitó que se consultara a la autoridad de aplicación de esa ley la existencia de cuotas o determinados volúmenes afectados a su actividad, a los fines de determinar la exención correspondiente en el ITC.
Asimismo, la inspección actuante se presentó, cotejó y constató la documentación obrante en la firma VITCO S.A., sociedad que presta a la firma actora el servicio de recepción, almacenaje y posterior despacho de combustibles.
Alta en sistema: 13/06/2025 En el informe que concluyó con la O.I. n° 153/04 la División Investigación, Control y Procedimientos Externos advirtió que existía un desvío en el destino del combustible importado no comprendido dentro de las actividades detalladas en la ley que otorga el beneficio de estabilidad fiscal (gas oíl utilizado para el transporte del concentrado obtenido en la mina entre Tucumán y el Puerto General San Martín), y que, por lo tanto, no correspondía la exención en el ITC, prevista en el art. 21 de la ley 24.196.
Además, a través de nota de fecha 23/11/05 la Secretaría de Minería informó que no existía autorización extendida a la empresa actora para la importación de combustible, dado que dicho insumo no se encontraba contemplada en el régimen de inversiones mineras.
En consecuencia, la Aduana instruyó sumario a la firma importadora por la comisión de las infracciones tipificadas en los arts. 954, inc. a), y 965, inc. b), del CA.
Sin embargo, —resaltó— en contestación a un oficio librado en el procedimiento administrativo, la Secretaría de Minería informó que el combustible importado por la firma actora, para el consumo de sus locomotoras que remolcaban los vagones que transportaban el concentrado obtenido en su mina “Bajo de La Alumbrera”, entre Tucumán y el Puerto General San Martín, en la medida que fueron operadas por ésta, sí se encuentra vinculado con su actividad, por lo que se permite la importación del combustible bajo el régimen previsto en el art. 21 de la ley 24.196.
En virtud de ello, el servicio aduanero, emitió el Informe Técnico n° 745/11, en el cual descartó la aplicación de la sanción prevista en el art. 954, inc. a), del CA, por considerar la declaración completa y aforable. En cambio, consideró que se debía continuar con la aplicación de la infracción descripta en el art. 965, inc. b), del CA, por entender que la firma actora destinó mercadería para su comercialización en el mercado interno invocando el beneficio que le otorga la ley 24.196.
Alta en sistema: 13/06/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12131/2024 MINERA ALUMBRERA LIMITED (TF 32414-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Finalmente, recordó que mediante la resolución recurrida se aplicó una multa, por infracción al mencionado art. 965, por haberse constatado una diferencia entre la cantidad informada por la firma actora en el año 2004 de 3.847.310 litros de combustible; y que dicha diferencia no fue declarada conforme a la finalidad por la que se le otorgó el beneficio de estabilidad fiscal.
(2) Destacó que no es materia de discusión que la firma actora se encontraba amparada por el régimen de estabilidad fiscal previsto en la ley 24.196. Reseñó los artículos pertinentes de la ley —arts. 8° y 21— y la resolución n° 10/08 de la Secretaría de Minería, en cuanto disponen la exención del ITC en cuestión.
(3) En base a las cuestiones fácticas de la causa y las normas aplicables, concluyó que:
La incertidumbre expresada en la Nota n° 1053/04 que dio inicio a la investigación sumaria, con relación a la existencia de cupos o determinados volúmenes de importación amparados por los beneficios de la ley 24.196, nunca fue determinada por el servicio aduanero, no obstante los abundantes informes y notas obrantes en la causa, como así tampoco se dilucidó si existía algún tipo de restricción o limitación a la importación. El informe pericial realizado en instancia del Tribunal Fiscal concluyó que los ingresos totales de gas oíl afectados al proyecto económico por el cual se otorgó el beneficio de estabilidad fiscal durante el año 2004 fueron 64.961.000 litros, por lo que la diferencia estaría dada por unos 23.863 litros, toda vez que los despachos tenidos en cuenta por la Aduana durante ese ejercicio arrojan una total de 64.984.863 litros. Tuvo en cuenta que, más allá de la ínfima diferencia que existe entre lo informado por el perito y lo detectado por el servicio aduanero, siempre considerando el total de mercadería involucrada, y que Alta en sistema: 13/06/2025 nunca pudo precisarse el destino de ese margen de combustible, el servicio aduanero tampoco acreditó que se destinó a fines ajenos a los afectados por el proyecto amparado por el beneficio de estabilidad fiscal.
Por el contrario, los funcionaros actuantes consideraron, sin más, que la diferencia observada no era utilizada conforme a la finalidad previsto en la ley 24.196.
En definitiva, concluyó que no se encontraban reunidos los elementos típicos para tener por configurada la infracción aplicada.
III. Disconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el que fundado fue contestado por la contraria (v. fs. 313, fs. 320/323 y fs. 327/333).
Se quejó, en apretada síntesis, en los siguientes términos:
(1) El Tribunal Fiscal incurrió en un “grave error al momento de interpretar de manera arbitraria la normativa aduanera aplicable al caso”.
(2) La firma actora no cumplió con la obligación que condicionó el otorgamiento de la franquicia tributaria y, por su parte, el servicio aduanero advirtió que existía un desvío en el destino del combustible importado, no comprendido en las actividades detalladas en la ley 24.196 que otorga el beneficio de estabilidad fiscal, por lo que no corresponde aplicar la exención en el ITC, contenida en el art. 21 de esa ley. (3) El carácter eminentemente objetivo de las infracciones aduaneras, y las diferencias de combustibles detectadas en los registros por parte del servicio aduanero, dan cuenta de la comisión de la infracción.
IV. Asimismo, la parte demandada apeló y fundó su recurso contra los honorarios regulados a fs. 283 a favor de los profesionales que ejercieron la representación legal y dirección letrada de Alta en sistema: 13/06/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12131/2024 MINERA ALUMBRERA LIMITED (TF 32414-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la parte actora, por considerarlos “altos”. Lo propio hizo el doctor Juan Patricio Cotter, por considerarlos “bajos” (v. fs. 291/294, fs. 298/301 y la réplica de fs. 306/309).
V. Los agravios de la parte demandada contra la decisión de fondo deben desestimarse.
Es que, por un lado, no desarrolló a lo largo de su libelo recursivo cuál fue el yerro por parte del tribunal de origen en la interpretación de las normas aduaneras involucradas; mucho menos identifica, a qué normas se refiere.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el art. 1180 del CA esta alzada debe resolver los recursos que contra las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación se interpongan “teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados” y que, no obstante, “podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de los autos autorizaren a suponer que la sentencia ha incurrido en error en la apreciación de los hechos”.
En tal sentido, los argumentos desarrollados por la recurrente no refutan ni contradicen las conclusiones del pronunciamiento apelado, mucho menos precisan el error o el desacierto en la interpretación de los hechos allí contenidos.
Específicamente, no rebate los argumentos concurrentes de los vocales que suscribieron el decisorio apelado, en cuanto a que: El servicio aduanero omitió determinar al inicio de la inspección sumaria la existencia de cupos o volúmenes de importación de combustibles sujetos a la franquicia tributaria en el ITC, según los términos de la ley 24.196, y considerando el proyecto de inversión minero aprobado por la autoridad de aplicación de esa ley. Las conclusiones a las que arribó el perito, de cuyo informe surge que las diferencias detectadas por el servicio aduanero difieren Alta en sistema: 13/06/2025 considerablemente con los datos exteriorizados en los registros llevados regularmente por la firma actora.
Y, definitivamente, que no acreditó, ni siquiera indiciariamente, que las diferencias por esa parte observadas hubieran tenido un destino ajeno a la actividad afectada al proyecto económico amparado por el régimen de estabilidad fiscal. En definitiva, no probó el incumplimiento a las obligaciones que condicionaban la dispensa tributaria. Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que el recurso en examen no demuestra —según es mi parecer— un error del Tribunal Fiscal en la apreciación de las pruebas producidas en la causa, corresponde su desestimación. Es que el encuadramiento de la conducta desplegada por la actora en el art. 965 del CA es una cuestión de carácter fáctico y procesal. En ese sentido, y toda vez que el presente recurso no expone un error en la ponderación de las constancias de la causa realizada en el pronunciamiento apelado, no corresponde a este tribunal ingresar a su estudio en la forma propuesta por la representación aduanera.
En consecuencia, corresponde desestimar los agravios de la parte demandada, con costas (arts. 68, párrafo primero, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación y 1163 del Código Aduanero).
VI. Corresponde, a continuación, examinar los recursos de apelación interpuesto por la parte demandada y por el letrado patrocinante de la parte actora contra los honorarios regulados a fs. 283, por considerarlos “altos” y “bajos”, respectivamente.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, su monto, las tres etapas efectivamente cumplidas, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado alcanzado: (1) Se CONFIRMAN los honorarios del Dr. Juan Luis Donicelli, por su actuación como letrado apoderado de la parte actora, en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL ($149.000), y se ELEVAN los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter, por su actuación Alta en sistema: 13/06/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12131/2024 MINERA ALUMBRERA LIMITED (TF 32414-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ejerciendo el patrocinio letrado de la parte actora, en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES (36.000.000) atientes a la primera y a la segunda etapa en la instancia anterior (conf. arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839)
(2) Se REDUCEN los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter, por su actuación ejerciendo el patrocinio letrado de la parte actora, a 282 UMA —equivalente a la suma de $19.939.938, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 936/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— y se CONFIRMAN los honorarios de la Dra. María Marcela González, por su actuación como letrada apoderada, en 169,47 UMA —equivalente a la suma de $11.983.054, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA 936/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; atinentes a la tercera etapa del proceso (conf. arts. 16, 20, 21, 29, 58, inc. a), y demás concordantes de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas a las precedentemente enunciadas, corresponde FIJAR en 410 UMA —equivalente a la suma de $28.990.690, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 936/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—; conjuntamente los honorarios a favor del Dr. Juan Patricio Cotter y María Marcela González por las tareas realizadas ante esta instancia ejerciendo, respectivamente, la dirección letrada y la representación legal de la parte actora (arts. 30 y 51 de la ley 27.423).
Los honorarios no incluyen el IVA, monto que, en su caso, deberá ser adicionado según la condición frente a dicho tributo del sujeto beneficiario.
En virtud de lo expuesto, VOTO por: 1) desestimar los agravios de la parte demandada, con costas, y 2) fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VI.
Alta en sistema: 13/06/2025 El juez Rodolfo Eduardo Facio adhiere al voto precedente.
La jueza Liliana M. Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1) desestimar los agravios de la parte demandada, con costas, y 2) fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VI.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Alta en sistema: 13/06/2025
Fin de la sentencia