Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 37464-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la parte actora vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Conociendo el recurso de apelación deducido contra la regulación de honorarios efectuada en el pronunciamiento del 16/8/2023, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1.166/2024; “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 37464-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Y teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional y la etapa cumplida SE CONFIRMAN los honorarios regulados (cfr. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
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Buenos Aires, 2 de mayo de 2024. JSY Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso En el año 2009, la firma Minera Santa Cruz SA realizó una exportación de mercadería clasificada en la posición arancelaria “minerales de los metales preciosos y sus concentrados - minerales de plata y sus concentrados” con destino a Perú. En 2011, se formuló un acta de denuncia contra la firma, atento a que habría incurrido en una declaración inexacta. En 2015, el Administrador de la Aduana de Puerto Deseado ordenó la instrucción de un sumario. Como consecuencia de ello, en 2016, mediante una resolución, se condenó a la firma Minera Santa Cruz SA por la infracción tipificada en el art. 954 del Código Aduanero, con relación al ingreso de divisas diferentes, y se le impuso la multa mínima. Contra aquella resolución, la firma actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, el cual rechazó su planteo.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 21/6/2023 (cfr. fs. 65/66), confirmó la resolución 278/16 (AD PDES), dictada en la Actuación SIGEA Nº 12832-6-2012, e impuso las costas a la parte actora. A su vez, el 16/8/2023 (cfr. fs. 75) reguló los honorarios del letrado apoderado del fisco nacional.
Para decidir de ese modo, luego de efectuar una reseña de las actuaciones administrativas, puntualizó que mediante el Permiso de Embarque Nº 09 019 ES03 000046 D, registrado el 26/12/20009 ante la Aduana de Puerto Deseado, la aquí actora había documentado la exportación para consumo de 420.126 kg de minerales de la posición SIM 2616.10.00.000C, declarando un valor FOB total de U$S 2.297.756,92 y unitario de U$S 5,46921.
En esta línea, precisó que la declaración se había efectuado en los términos de la resolución 2780/92, por cuanto la modalidad de comercialización del mineral determinaba que el precio FOB estaba sujeto a una ulterior determinación en un momento posterior al registro de la operación ante el servicio aduanero. De este modo, expresó que en cumplimiento de la referida resolución, la exportadora había acompañado, en oportunidad del registro del PE Nº 09 019 ES03 000046 D, el contrato de compraventa Nº 603-09CM-258-0-P de concentrados de oro y plata celebrado entre la aquí actora y Consorcio Minero SA (CORMIN), así como documentación complementaria donde se detallaba la determinación del precio del material.
En este contexto, expresó que dentro del plazo de 180 días, el 20/5/2010, se había documentado el PE Nº 10 019 EC09 000021 B por un total de 326.574 kg de minerales de la posición SIM 2616.10.00.000C, oportunidad en la que se declaró el valor FOB total definitivo de U$S 1.986.674,13 y unitario de U$S 6,08338.
A su vez, indicó que con posterioridad, al proceder a la revisión documental, el servicio aduanero había detectado una inexactitud en el valor FOB declarado en el PE 10 019 EC09 000021 B. En efecto, indicó que la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación había advertido en su informe técnico Nº 002/2012 (SE FIVE) que la exportadora no había cumplido el art. 9 del contrato de compraventa, relativo al procedimiento para la determinación del contenido metálico de la mercadería exportada, del cual dependía el precio de venta acordado por las partes.
Así las cosas, afirmó que tanto al contestar la vista en el sumario, como al recurrir en sede del Tribunal Fiscal, la actora había reconocido que había tomado un valor promedio de los análisis independientes del comprador y del vendedor, en lugar de recurrir al análisis arbitral dirimente, tal como lo prevé el referido art. 9 del contrato Nº 603-09CM-258-0-P.
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En este entendimiento, consideró que la defensa de la recurrente respecto a que “el contrato es un acuerdo comercial entre partes y también documentación al despacho, pero ello no significa que no pueda ser modificado en daño alguno al control aduanero”, no podía prosperar. En efecto, afirmó que art. 332 del Código Aduanero y la resolución 2780/92 determinan que al registrar el permiso de embarque se debe manifestar como se fijará el precio definitivo de la mercadería, es decir, que deben darse los parámetros objetivos que llevarán en el momento oportuno a la determinación del precio definitivo. En este sentido, expresó que lo que debía hacer la exportadora en esa segunda etapa era poner en números los parámetros declarados, pero puntualizó que de ninguna manera podía modificar los declarados.
Así las cosas, consideró que en el caso existía una circunstancia que no podía obviarse a la hora de calificar la conducta de la actora. En concreto, puso de manifiesto que los arts. 6 y 9 del propio contrato acompañado por la exportadora fijaban el mecanismo para determinar precio de la mercadería exportada y que dicho mecanismo había sido evitado.
En virtud de lo expuesto, concluyó que la aquí actora había incurrido en una declaración inexacta al documentar el Permiso de Embarque involucrado, al declarar un precio diferente al pactado. En efecto, adujo que la diferencia comprobada había producido un importe distinto del que efectivamente correspondía, por lo que se configuraba en el caso la declaración inexacta tipificada por el art. 954, ap. 1, inc. c) del Código Aduanero.
III. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, Minera Santa Cruz SA interpuso recurso de apelación a fs. 87 y expresó agravios a fs. 90/95, los que no fueron contestados por el fisco nacional. A su vez, a fs. 99 apeló los honorarios regulados a favor de la representación fiscal por considerarlos altos.
Luego de efectuar una reseña de lo debatido en el caso, en particular sobre la determinación de los precios de exportación de los metales preciosos y sus concentrados, así como de la sentencia apelada, afirma que no ha existido de su parte una declaración inexacta, que haya producido, o hubiese podido producir de no ser advertida, un ingreso desde el exterior de un precio distinto del que efectivamente correspondía. En esta línea, sostiene que esta Cámara ha sostenido reiteradamente que el bien jurídico tutelado por el art. 954 CA es la veracidad de las declaraciones aduaneras, con independencia de su resultado. Sin embargo, aduce que el Tribunal Fiscal ha desconocido en la sentencia este paradigma y parece sostener que el bien jurídico tutelado es el procedimiento privado contractualmente previsto por las partes para determinar el valor de la mercadería.
Así las cosas, sobre la base de la interpretación del art. 954 CA, afirma que ninguna prueba o constancia del expediente acredita que haya existido una declaración inexacta del precio. A su vez, indica que de toda la prueba reunida en el expediente administrativo aduanero y en el Tribunal Fiscal revelan que el precio declarado fue el efectivamente percibido y éste, a su vez, se correspondía con la cantidad y calidad de la mercadería exportada.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1.166/2024; “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 37464-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, conviene reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las pruebas que se tienen a la vista. De este de las constancias obrantes en Actuación SIGEA Nº 12832-6-2012, conforme fuera reseñado adecuadamente por el Tribunal Fiscal, surge lo siguiente:
(i) Las actuaciones se inician con el acta denuncia Nº 019-
DN-39-2012/6, en relación al PE Nº 10 019 EC09 000021 B.
(ii) A fs. 4/8 obra el Informe Técnico Nº 002/2012 (SE FIVE).
(iii) A fs. 14 y 15 se adjuntan los sobres contenedores de los PE 10 019 EC09 000021 B y 09 019 ES03 000046 D, respectivamente.
(iv) A fs. 19 la Sección V efectúa un cuadro comparativo entre lo declarado por la exportadora y los valores observados por el servicio aduanero, detallándose los valores CIF, FOB y los derechos de exportación.
(v) A fs. 25/27 se dispone la instrucción del sumario y se corre vista a la firma Minera Santa Cruz SA (la cual fue notificada el 24/2/2015, conforme surge de fs. 29).
(vi) A fs. 30/34 contesta vista la imputada.
(vii) A fs. 46 se tiene por contestada la vista y se provee la prueba ofrecida.
(viii) A fs. 61/62 se agrega copia del Informe Final 10-
G229 (INTI).
(ix) A fs. 129 obra el acta de pericia (SEGEMAR)
correspondiente a tres operaciones, entre ellas al PE 09 019 ES03 000046 D y 10 019 EC09 000021 B.
(x) A fs. 137 se practica una nueva determinación de los valores CIF, FOB y de los derechos de exportación.
(xi) A fs. 149/150 alega la exportadora.
(xii) A fs. 159/167 se dicta la resolución 278/16 (AD PDES), aquí apelada.
VI. Jurisprudencia en torno a la interpretación del art. 954 del Código Aduanero En este contexto, corresponde recordar que el art. 954 del Código Aduanero dispone, en su apart. 1, inc. c), lo siguiente: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en su caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia”.
Para tener por configurado el hecho ilícito descripto en el art. 954 del Código Aduanero, es necesario que la Aduana acredite la concurrencia de los elementos allí establecidos, es decir que exista un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1.166/2024; “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 37464-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
declaración aduanera que difiera con el resultado de la comprobación física o documental que hace el servicio aduanero, que esta diferencia tenga entidad para pasar inadvertida a la Aduana y también para generar alguna de las consecuencias previstas en los incisos a), b) y c) de la norma. Concretamente, en el caso del inciso c), se sanciona a quien formulare una declaración que difiera de lo que resulte de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produzca o pudiere producir el ingreso o egreso, desde o hacia el exterior, de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (cfr. esta Sala, in re: “Clipper SRL c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 63.655/2017, del 22/2/2023).
En esta línea, la Corte Suprema ha señalado que el art. 954 del Código Aduanero distingue el supuesto en que se produzca de manera cierta alguno de los efectos contemplados en los incs. a), b) y c) de aquel otro en que la maniobra sea descubierta, en cuyo caso, para que la acción sea punible, deberá concurrir, si se hubiese superado el control aduanero, la posibilidad de producir alguno de los resultados previstos (CSJN, Fallos: 305:1294; 312:1997).
A su vez, el Máximo Tribunal, con sustento en la exposición de motivos del Código Aduanero, ha destacado que el bien jurídico tutelado es “el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana” (CSJN, Fallos: 315:929; 315:942; 345:849), pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:929; 321:1614; 325:786, 830; 333:300; 347:83, entre otros).
Asimismo, esgrimió que la función primordial del organismo aduanero consiste en “ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías”, para lo cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas. También, puntualizó que el art. 954, inc. c) del Código Aduanero debe ser apreciado desde esa amplia perspectiva, que se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado (CSJN, Fallos: 321:1614; 322:355; esta Sala, in re: “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa 28.558/2018, del 26/2/2019).
Por ello, la Corte Suprema ha interpretado que el inc. c)
del art. 954 del Código Aduanero abarca tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (Fallos: 321:1614; 322:355; 325:786; y 347:83).
VII. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho.
Asimismo, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA” del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455- A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018, entre muchos otros).
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VIII. Improcedencia de los agravios de la parte actora A la luz de lo expuesto en los considerandos que anteceden, cabe destacar que el Tribunal Fiscal ha efectuado un detenido examen de las circunstancias fácticas de la causa, y que la conclusión a la que se arribó al valorarlas resulta razonable, sin que se advierta que hubiese incurrido en un error que descalifique el pronunciamiento dictado.
En efecto, la accionante sostiene que no existiría ninguna prueba del expediente que acredite que ha existido una declaración inexacta de precio. Sin embargo, contrariamente a lo expuesto por la parte actora, el Tribunal Fiscal –sobre la base de las constancias de la causa mencionadas en los considerandos IV y V del pronunciamiento apelado, entre las cuales se encuentran las cláusulas del contrato de compraventa entre la aquí actora y Consorcio Minero (CORMIN)– concluyó acertadamente que la accionante había incurrido en una declaración inexacta al documentar el Permiso de Embarque involucrado, al declarar un precio diferente al pactado. En efecto, adujo que la diferencia comprobada había producido un importe distinto del que efectivamente correspondía, por lo que se configuraba en el caso la declaración inexacta tipificada por el art. 954, ap. 1, inc. c) del Código Aduanero.
En esta línea, cabe precisar que el Tribunal Fiscal puso de manifiesto que el art. 332 del Código Aduanero y la resolución 2780/92 determinan que al registrar el permiso de embarque se debe manifestar cómo se fijará el precio definitivo de la mercadería, es decir, que deben darse los parámetros objetivos que llevarán en el momento oportuno a la determinación del precio definitivo. En este sentido, expresó que lo que debe hacer la exportadora en esa segunda etapa es poner en números los parámetros declarados, pero puntualizó que de ninguna manera podía modificar los declarados. De este modo, indicó que los arts. 6 y 9 del propio contrato acompañado por la exportadora fijaban el mecanismo para determinar precio de la mercadería exportada y que dicho mecanismo había sido evitado, por lo que se encontraba acreditado que se había ingresado un importe distinto al que correspondía.
Así las cosas, como lo ha sostenido la Corte Suprema – conforme lo reseñado en el considerando VI–, corresponde poner de relieve que en supuestos como el de autos el bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana. También, cabe tener presente que el inc. c) del art. 954 del Código Aduanero abarca tanto a las diferencias en más como en menos. De este modo, no le asiste razón a la parte actora en su planteo pues, conforme surge de las constancias de las actuaciones administrativas –reseñadas en el considerando V–, se ha configurado la declaración inexacta tipificada en el art. 954, apart. 1, inc. c) del Código Aduanero. Por lo tanto, corresponde desestimar los agravios de la accionante y confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la validez de la resolución 278/16 (AD PDES).
IX. Costas En lo que respecta a la distribución de costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas de alzada a la parte actora vencida en autos (art. 68, primera parte, del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la parte actora vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Conociendo el recurso de apelación deducido contra la regulación de honorarios efectuada en el pronunciamiento del 16/8/2023, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1.166/2024; “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 37464-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
y teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional y la etapa cumplida SE CONFIRMAN los honorarios regulados (cfr. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia