Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 52788766-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso deducido por el Fisco Nacional y confirmar la resolución del 1/2/22, con costas (art. 68, CPCCN).
2Elevar las regulaciones de honorarios del 11/2/22 y fijar los correspondientes a la actuación ante la Alzada del modo en que surge del considerado 7º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
72135/2022 “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 89240612-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, septiembre de 2023.
1. Que, por resolución del 1/2/22, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) declaró la invalidez del decreto 793/2018, desde su fecha de entrada en vigencia (B.O. 4/9/18) y hasta su ratificación plena y expresa por parte del Poder Legislativo, mediante los artículos 81 y 82 de la ley 27.487 (B.O. 4/12/18); (ii) revocó la resolución 20/20 dictada por la Dirección Regional Aduanera Patagónica en la actuación SIGEA 12808- 137-2019 y, en consecuencia, ordenó a la demandada devolver la suma de $4.689.033,40, abonada por la firma actora en concepto de derecho de exportación con sustento en el decreto 793/18 y con relación a la destinación 18 014 ES03 000111Y / 19 014 EC09 000046M —oficializada el 9/11/18—, más los intereses previstos en los artículos 811 y 812 del Código Aduanero; e (iii) impuso las costas a la demandada vencida (v. pp. 219/223 de la versión digital del expediente TF 52788766, remitida con el oficio del 7/8/23).
Para resolver de tal modo, los vocales que conformaron la mayoría remitieron a un precedente propio en el que, en sustancia, consideraron que la solución adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) era aplicable, mutatis mutandi, a la situación planteada con relación al decreto 793/18, hasta que tuvo lugar su convalidación por la ley 27.467.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación el 28/3/22, que se fundó el 19/4/22, se concedió el 13/6/22 y fue replicada el 28/6/22 (v. pp. 245, 250/291, 303 y 324-360, expte. cit.).
Planteó los siguientes agravios:
a) Al declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18, el tribunal administrativo se apartó de lo dispuesto por el artículo 1164 del Código Aduanero. b) No resulta de aplicación al presente la doctrina de la citada causa “Camaronera Patagónica SA”, toda vez que allí se cuestionó la validez de una resolución ministerial anterior a la sanción de la ley 26.122. En cambio, el decreto 793/18 estuvo sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en esa norma; por lo que debe interpretarse que tuvo plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, al no haber sido derogado ni rechazado por el Congreso Nacional (arg. arts. 17 y 24, ley cit.). c) Aun prescindiendo de la ley 26.122, la solución del caso sería la misma dado que en el precedente citado la Corte admitió la validez del artículo 755 del Código Aduanero. Además, si bien es cierto que este cuerpo normativo contiene el hecho imponible y otros elementos esenciales del tributo pero no la cuantía, no es menos cierto que, con la ratificación de la resolución 11/02 por la ley 25.645, la alícuota ––considerada por la Corte un aspecto sustancial de la obligación tributaria–– también adquirió rango legal. Por lo que, a partir de ese momento los derechos de exportación contenidos en el Código Aduanero alcanzaron el estándar de validez constitucional elaborado por el Alto Tribunal, en tanto todos los elementos del tributo quedaron creados o aprobados por el Congreso Nacional.
Tiempo después, fue publicado el decreto 509/07 que modificó la Nomenclatura Común del Mercosur y el Arancel Externo Común, fijando nuevas alícuotas para determinadas PA; norma, ésta, que también fue declarada válida por el Congreso por resolución PE=310/07 del Senado y resolución 2785-D-07- OD 2444 de la Cámara de Diputados. De tal manera, las alícuotas volvieron a adquirir rango legal y completaron los elementos esenciales que componen el tributo.
Sobre esa base, la modificación de la alícuota en controversia no debería confundirse con la creación de un nuevo tributo, ya que su vigencia tuvo sustento en decretos anteriores que habían incursionado en la misma materia.
En adición a lo expuesto, debe repararse en que el artículo 82 de la ley 27.467 mantuvo la validez y vigencia del decreto 793/18; lo que indicaría que quiso reconocer la legalidad de la norma desde el momento mismo de su entrada en vigor.
d) La resolución apelada omitió expedirse sobre la falta de legitimación de la actora, por el hecho de no haber demostrado que pagó los derechos cuya repetición pretendía; lo que constituye un aspecto medular a ser probado por quien reclama. Incluso, existirían constancias concretas en la destinación involucrada de que la recurrente había trasladado el tributo al precio de la mercadería (código DEREXPOINCLUFOB).
3. Que, por otra parte, el 11/2/22 se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora; los que fueron apelados por altos y por bajos el 2/3/22 y el 13/6/22, respectivamente. Los recursos se concedieron el 3/6/22 y el 8/8/22, respectivamente. Por su parte, el Fisco no contestó el traslado que le fue conferido (v. pp. 235-236, 243, 303, 314-317 y 368, expte. cit.).
4. Que, el 15/9/23, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y la inconstitucionalidad planteada.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde desestimar los agravios del Fisco Nacional;
confirmar la resolución apelada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18, por el período comprendido CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 72135/2022 “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 89240612-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
entre su fecha de entrada en vigor (B.O. 04/9/18) y hasta el 4/12/18 —momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido—; y, asimismo, confirmarla en cuanto hizo lugar a la devolución de los importes pagados por tal concepto con relación a la destinación de exportación involucrada en el caso, que se registró durante el período señalado (v. p. 173, expte cit.).
6. Que las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
7. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios.
El Fisco Nacional se limitó a plantear que los honorarios regulados a los letrados de la contraria eran altos.
Éstos, por su parte, sostuvieron que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 27.423, correspondía incluir en la base regulatoria los accesorios devengados hasta la fecha de la sentencia, por lo que el monto del litigio ascendería a la suma total de $8.864.151,62 en concepto de capital e intereses. A partir de allí, y contemplando el valor de la UMA consignado en en el auto regulatorio, argumentaron que los importes regulados a su favor se apartaban de los mínimos previstos por la ley 27.423. Corrido el correspondiente traslado, el Fisco Nacional no lo contestó (v. p. 372, expte. cit.).
En esos términos, corresponde acceder a lo peticionado por la representación letrada de la actora y contemplar el referido importe como base regulatoria, en tanto ello se ajusta también al criterio que mantiene esta Sala para el supuesto de labores profesionales efectuadas bajo la vigencia de la ley 27.423 (cfr. causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22). Más allá de lo expuesto, se aclara que el planteo relativo al supuesto apartamiento de los mínimos legales no puede prosperar tal como fue formulado en la página 315 del expediente citado pues, si bien allí se toma en cuenta el valor de la UMA contemplado en la sentencia y consentido por la contraria, se soslaya que en el caso se cumplió una sola de las etapas previstas en el artículo 29 de la ley. Teniendo en cuenta, entonces, la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido, el monto del asunto calculado con arreglo a las pautas precedentes, y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Javier Zunino y Gustavo Zunino, en el respectivo carácter de patrocinante y apoderado en la defensa de la actora, durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR los honorarios regulados a su favor a las sumas de: $1.301.447,4 y $522.126 –equivalentes a la cantidad de 67,3 y 27 UMAS, respectivamente– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y acordada CSJN 19/23). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, corresponde REGULAR en las sumas de $386.760 y $154.704 – equivalentes a la cantidad de 20 y 8 UMAS– los honorarios de los citados profesionales por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios del 28/6/22). Se deja constancia que las regulaciones que anteceden deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Desestimar el recurso deducido por el Fisco Nacional y confirmar la resolución del 1/2/22, con costas (art. 68, CPCCN).
2. Elevar las regulaciones de honorarios del 11/2/22 y fijar los correspondientes a la actuación ante la Alzada del modo en que surge del considerado 7º.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia efectuado por el demandado, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia