Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 55646737-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Rechazar la apelación deducida por el Fisco nacional y confirmar la decisión definitiva dictada por el Tribunal Fiscal y; 2) Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (artículo 68, 1º parte, CPCCN); 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes del modo indicado en el considerando IX.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 7199/2023 MINERA SANTA CRUZ SA (TF 55646737-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2023.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 10 de febrero de 2022 el Tribunal Fiscal de la Nación –por mayoría- hizo lugar al recurso interpuesto por la firma actora y, por ende, revocó la Resolución 2021-19-E-AFIP-SDGOAI, dictada en la Actuación SIGEA n° 12808-131-2019, con relación a la operación de exportación 18 014 ES03 000098 F/19 014 EC09 000037 M (conf. p. 869/72 del DEO incorporado el 07/03/2023 a las actuaciones digitales). En aquel acto se había rechazado el reclamo de repetición de la suma total de $6.697.314,53 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes a la destinación referida, oficializada originalmente el día 11 de octubre del año 2018. Impuso las costas por su orden a la demandada vencida (art. 1163, CA). En cuanto al fondo de la controversia, el voto mayoritario remitió a lo expresado por el Dr. Garbarino al decidir en la causa análoga caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA s/recurso de apelación”, expediente nº EX-2020-24711043- -APN-SGASAD#TFN.
II. Que el 18 de abril de 2022 el Tribunal Fiscal reguló los honorarios profesionales del Dr. Gustavo Zunino, en su carácter de letrado apoderado de la actora, en la suma de $86.361,42, equivalente a 11,61 UMA; y los del Dr. Javier Zunino, en su carácter de letrado patrocinante de la actora, en la suma de $222.072,23, equivalente a 29,85 UMA; ambos con más el correspondiente adicional de IVA, a cargo del Fisco Nacional.
III. Que el 25/04/2022 los letrados beneficiarios apelaron por baja la regulación referida (páginas 906/9 del DEO que contiene las actuaciones digitales).
IV. Que, el Fisco apeló la decisión reseñada en el primer considerando y expresó agravios (v. páginas 917/41 del DEO que contiene las actuaciones digitales), los que fueron replicados por la actora (fs. 961 y sgtes).
En su crítica afirma que la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación implica un apartamiento de lo establecido en el artículo 1164 del Código Aduanero en tanto le impide a ese organismo expedirse respecto de la validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones. Agrega que, además, la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la ultima ratio del orden jurídico y que no puede ser declarada por un tribunal administrativo. En lo relativo al fondo de la cuestión, señala que se aplicó erróneamente al caso de autos la doctrina del precedente de Fallos 337:388 en la medida en que el decreto presidencial cuestionado, a diferencia de la Resolución N° 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122 que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente rechazada por el Congreso. En tales condiciones, considera que la Ley Nº 26.122 cambió notoriamente el régimen en materia de decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de leyes y que, precisamente, conforme el procedimiento allí previsto el decreto declarado en cuestión tiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
V. Que el 10 de marzo de 2023 tomó intervención el Sr. Fiscal General (fs. 4/8 de la causa judicial en formato digital). En lo relativo a los agravios del Fisco, indicó que –a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
VI. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.468/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir, por razones de brevedad, y que pueden ser consultados en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar). En dicha causa se consideró aplicable lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallo 337:388.
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VII. Que al igual que en aquel caso, de lo que se trata en la especie, precisamente, es de determinar la compatibilidad de los derechos de exportación fijados por medio del Decreto Nº 793/2018 con el plexo constitucional; y el efecto que la sanción posterior de la Ley Nº 27.467 pudo haber tenido sobre aquella relación normativa.
En el caso, la actora reclama el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados con relación al permiso de embarque nº 18 014 ES03 000098 F /19 014 EC09 000037 M, oficializado el día 11 de octubre del año 2018, es decir, con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467, la cual, con arreglo a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388, dio base legal, con efectos exclusivamente hacia el futuro, a un tributo anteriormente inexigible, por haber sido instituido mediante un acto administrativo inválido (arg. art. 14, inc. b), Ley Nº 19.549). En este punto, es importante poner de manifiesto que la conceptualización de los derechos de exportación - históricamente parte de las rentas de la Aduana- como tributos ha sido reconocida a través del tiempo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes (cfr. Fallos 105:50; 100:318; 136:287; 284:319; 337:703), respecto de los que rige el principio de reserva de ley, tal como resulta de la literalidad del artículo 4° de la Constitución Nacional, que los caracteriza como una de las especies de “contribuciones” que puede imponer el Congreso de la Nación.
En el sentido indicado, la Corte Suprema ha expresado “…que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos: 248:482; 303:245; 312:912; entre otros) y, en forma concordante, ha afirmado en reiteradas oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (Fallos: 316:2329; 321:366 y 2683; 323:240, entre muchos otros).
La Corte Suprema afirmó reiteradamente que el principio de legalidad o de reserva de ley no es sólo una expresión jurídica formal de la tributación, sino que constituye una garantía sustancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes, abarcando tanto la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos: 329:1554; 340:1884).
En consecuencia, corresponde rechazar la apelación del fisco nacional y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto declaró la nulidad del Decreto Nº 793/18 y reconoció el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 18 014 ES03 000098 F /19 014 EC09 000037 M (conf. páginas 154, 156, 180/201, 210/2 y 224 del DEO que contiene las actuaciones digitales), cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada.
Ello, toda vez que como regla, la doctrina de los fallos de la Corte Suprema tiene carácter obligatorio para los tribunales inferiores, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se verifica (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582, entre otros; Bianchi, Alberto: “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema [Una reflexión sobre la aplicación del stare decisis]”, Revista El Derecho Constitucional, El Derecho, Buenos Aires, 2000-2001, pág. 340).
VIII. Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina -expresamente prevista para estos casos desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º), [conf. esta Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas].
IX. Que con relación a los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios del 18/04/2022, y de acuerdo con la base regulatoria (6.697.314,53 pesos en concepto de tributos, más los intereses devengados de conformidad con lo establecido en el artículo 811 del Código Aduanero) y la cantidad de etapas cumplidas (una), corresponde modificar la regulación cuestionada y fijar los honorarios del Dr. Gustavo Zunino, en su carácter de letrado CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V apoderado de la actora en la cantidad de 24 UMA, equivalente actualmente a la suma de $358.392; y los del Dr. Javier Zunino, en su carácter de letrado patrocinante de la actora, en cantidad de 60 UMA, equivalente actualmente a la suma de $895.980 (conf. arts. 16, 19, 29, 44 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Ac. CSJN Nº 9/23).
Asimismo, por las labores desempeñadas ante esta Alzada se regulan los honorarios de los mencionados profesionales en las cantidades de 7,2 UMA –equivalente actualmente a la suma de $107.517,6– y de 18 UMA - equivalente actualmente a la suma de $268.794-, respectivamente (conf. arts. 16, 19, 29, 44 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Ac. CSJN Nº 9/23).
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada en el voto precedente, de conformidad con lo expresado por esta Sala en las causas n° 51.468/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022 y n° 21.909/21, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (TF 15395348-A) C/ DGA S/recurso directo de organismo externo”, del 24 de junio de 2022, entre otras, a cuyos fundamentos cabe remitir, por razones de brevedad, y que pueden ser consultados en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar). ASÍ VOTO. Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1)
Rechazar la apelación deducida por el Fisco nacional y confirmar la decisión definitiva dictada por el Tribunal Fiscal y; 2) Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (artículo 68, 1º parte, CPCCN); 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes del modo indicado en el considerando IX.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge Federico ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia