Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 75753725-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada; en consecuencia, dejar sin efecto la Res. RESOL-2021-26-E-AFIP-SDGOAI dictada en la Actuación SIGEA N° 12762-480-2019 y admitir la repetición solicitada con los alcances señalados. Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (art. 279 y 68, primer párrafo CPCCN)
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 28237/2023 "MINERA SANTA CRUZ SA (TF 75753725-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de diciembre de 2023.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución Nº RESOL-2021-26-E-AFIP-SDGOAI dictada en la Actuación SIGEA N° 12762-
480-2019; distribuyó las costas por su orden (v. sentencia en la pág. 264/266 del DEO 10312469, al que se hará referencia en lo sucesivo)
Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación la parte actora, cuyos agravios obran en la pág. 280/314 y no fueron contestados por el Fisco (cfr. pág. 323).
Sus quejas se dirigen a cuestionar el rechazo de la repetición intentada; objeta la falta de aplicación al caso del precedente “Camaronera Patagónica” dictada el 15/8/2014 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación así como diversos pronunciamientos de esta Cámara. Estima que el Tribunal Fiscal podía resolver la controversia planteada ya que se refiere a cuestiones sobre las que se ha expedido de manera reiterada la Corte y correspondía sin lugar a dudas que el Tribunal aplicase la doctrina emergente de sus fallos. Se refiere luego a las razones por las que entiende procedente su impugnación y la repetición solicitada. II-Que las cuestiones planteadas en los agravios resultan sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por la Sala en las sentencias recaídas en las causas “Catajuy SRL” (expte. nro. 377/2021) y “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A)”, expte. nro. 26963/2022, dictadas el 18/10/2022 y 29/12/2022.
En lo que concierne a la competencia del Tribunal Fiscal para pronunciarse acerca de la validez constitucional del decreto 793/18, quedó allí establecido que dicho organismo jurisdiccional no se encontraba habilitado para expedirse como lo hizo, dado que el art. 1164 del Código Aduanero es suficientemente claro respecto a que sólo admite tal potestad en el supuesto de que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las normas involucradas concretamente en la controversia que debe resolverse.
No obstante ello, teniendo en cuenta que en materia de nulidades procesales debe primar un criterio de interpretación restrictivo y que sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio cause un perjuicio irreparable que tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en el menoscabo de algún otro derecho ya que, de otro modo, la nulidad aparecería como un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta terminación de los procesos, donde también se conjuga el interés del orden público (Fallos: 331:994; 339:480 y 342:624), la Sala estimó prudente una solución que permita compatibilizar tanto los derechos de defensa y tutela judicial efectiva de ambas partes como también los principios de concentración y economía procesal (cfr. art 34, inc. 5, apartados a) y e) del C.P.C.C.N.).
En función de ello y dado que, en aquel caso, las partes mantuvieron al expresar y contestar agravios todos los argumentos conducentes planteados, la Sala concluyó en que cualquier afrenta al derecho de defensa del apelante que pudiera haber irrogado el exceso en sus competencias en el que incurriera el Tribunal Fiscal, encuentra suficiente subsanación en la intervención de esta Alzada, por lo que desestimó la queja e ingresó a examinar los agravios relativos al fondo del asunto.
En cuanto al plano sustancial del asunto, este Tribunal señaló que el decreto 793/18 adolece de un vicio fatal en su génesis dado que, con su dictado, el Poder Ejecutivo Nacional ha incursionado en la regulación de una materia que, inconmoviblemente, pertenece al campo del “derecho tributario sustantivo”, en cuyo seno el principio de legalidad o reserva de ley ocupa un lugar de preponderancia. Declaró esta Sala en los mencionados precedentes que la ratificación legislativa, como regla general, carece de efectos retroactivos respecto de decretos que adolecen de insanable inconstitucionalidad original y descartó la tesis del demandado dirigida a subsumir el Dto. 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, en razón de la preeminencia que en materia tributaria posee el principio de legalidad. Asimismo, fue puesto de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la ley 26122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte en la causa “Camaronera CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III Expte. nro. 28237/2023 "MINERA SANTA CRUZ SA (TF 75753725-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio fue congénito y superado por una ley del Congreso posterior.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la ley 27467, este Tribunal concluyó en que el decreto 793/18 careció de validez entre el 4/9/2018 -fecha de su entrada en vigor- y el 4/12/2018 -promulgación de la ley mencionada-, por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en exceso, sin causa, durante dicho periodo.
III. Que los fundamentos y conclusiones reseñados (y reiterados en:
“Argen Pork Export Consorcio de Cooperación”, nro. 62.761/2019, del 3/2/2023; “El Galgo SA”, nro. 14.520/2020, del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A)”, nro. 23.225/2023, del 7/11/2023; y “Arcor SAIC (TF 69398395-A)”, nro. 26.774/23, del 21/11/2023; “ENAP SIPETROL ARGENTINA SA (TF 25115520- A), nro. 29.337/2023, del 23/11/2023, entre otros) resultan aplicables a esta causa, por lo que -de conformidad con el dictamen fiscal- corresponde revocar la sentencia apelada.
IV. Que en orden a examinar si resulta procedente la repetición solicitada, cabe señalar que de las actuaciones administrativas nro. 12762-480- 2019 obrantes en la pág. 140/ 249, surge que Minera Santa Cruz SA solicitó la devolución de los derechos de exportación vinculados a la destinación de exportación de concentrado de minerales (PE N° 18019ES03000046D) que fue oficializada el 8/10/2018, documentando la destinación definitiva 19019EC09000017P el 1/4/2019 determinando el precio firme de la mencionada exportación (en los términos de la RG 2108, mod. anexo IV, RG 4071 del 7/6/2017). Asimismo, en las págs. 161 y 163, se verifica el pago del PE19019EC09000017P, $862.861,99 el 1/4/2019 y del PE 18019ES03000046D, $5.689.909,49, el 18/10/2018, según el tipo de cambio consignado en la liquidación manual de la pág. 208/210.
De lo expuesto, se observa que en este caso el pago provisorio de los derechos de exportación (PE 18019ES03000046D) fue realizado durante el periodo en que el Dto. 793/18 careció de validez (18/10/2018), pero al momento de determinar el precio definitivo (PE19019EC09000017P), el derecho de exportación establecido por la norma mencionada contaba con respaldo legal y era exigible (1/4/2019).
Toda vez que el art. 6 de la RG 2108 establece que, en el caso del subrégimen de precios revisables, los derechos de exportación que puedan corresponder serán los vigentes a la fecha de registración de la destinación "ES03" (provisoria), corresponde acceder a la repetición solicitada (en sentido análogo, v. esta Sala, causa “ENAP SIPETROL ARGENTINA SA (TF 25115520-A) c/ DGA”, expte. nro. 29.337/2023, del 23/11/2023), más intereses hasta su efectivo pago (cfr. art. 4º Res. MEyP 314/2004; Res. MH 598/19; Res. ME 559/22 y sig.), hasta el efectivo pago.
V. Que en la medida en que no se advierte ninguna razón que justifique apartarse del criterio rector en materia de costas, corresponde que éstas sean soportadas en ambas instancia por la AFIP, que ha resultado vencida (arts. 279 y 68, primer párrafo, CPCCN).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada; en consecuencia, dejar sin efecto la Res. RESOL-2021-26-E-AFIP-SDGOAI dictada en la Actuación SIGEA N° 12762-480-2019 y admitir la repetición solicitada con los alcances señalados. Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (art. 279 y 68, primer párrafo CPCCN)
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia