Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 89238989-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
9039/2023 “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 89238989-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 21 de marzo de 2023.
1. Que, según se desprende de la versión digital del expediente TF 89238989-A, por resolución del 30/6/22, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 15/20 dictada por la Dirección Regional Aduanera Patagónica y, en consecuencia, denegó la devolución de la suma de $4.960.380, abonada por la actora en concepto de derecho de exportación con sustento en el decreto 793/18 y con relación a la destinación 18014ES03000056E/19019EC09000027Z –oficializada el 26/11/18–.
Para resolver de tal modo, los vocales señalaron que las cuestiones planteadas eran análogas a las tratadas en el acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación’ (EX-2020- 24600163- -APNSGASAD#TFN), a cuya doctrina legal remitían por razones de brevedad, y sin perjuicio de dejar a salvo su opinión personal.
Finalmente, distribuyeron las costas por su orden dado que la causa se resolvía por aplicación de una doctrina plenaria posterior a la interposición del recurso (v. pp. 241-245 del documento .pdf remitido con el oficio del 8/3/23).
2. Que, disconforme con la decisión, la actora interpuso y fundó recurso de apelación el 14/7/22, que se concedió el 1/8/22 y fue replicado el 11/8/22 (v. pp. 255- 288, 293 y 304-328, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que debían revisarse las conclusiones a las que arribó el tribunal de origen, las cuales suponen un apartamiento del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Además, planteó que la doctrina legal del plenario del Tribunal Fiscal de la Nación vaciaba de contenido al artículo 1164 del Código Aduanero, ya que, en una recta interpretación, esa norma le hubiese permitido revisar la constitucionalidad del decreto 793/18, por tratarse de una disposición sustancialmente análoga a la que había sido objeto de pronunciamiento por el Máximo Tribunal.
3. Que, por otra parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación el 11/8/22 agraviándose por la distribución de las costas, el que se concedió el 18/8/22 y fue replicado el 23/8/22 (v. pp. 297-304, 333, 336-338, expte. cit.). En sustancia, indicó que los argumentos receptados por la doctrina plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación venían siendo sostenidos por la representación fiscal desde el inicio mismo de las actuaciones y que la actora resultó sustancialmente vencida en sus planteos, por lo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
4. Que, el 17/3/23, dictaminó el Fiscal General sobre la admisibilidad formal del recurso y los planteos constitucionales.
5. Que el artículo 1164 del Código Aduanero prescribe que la resolución que dicte el Tribunal Fiscal de la Nación no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte federal hubiese declarado su inconstitucionalidad; en cuyo caso aquel podrá seguir la interpretación efectuada por esta última.
De tal manera, la prohibición de declarar la inconstitucionalidad de las normas resulta relativa, pues en el propio artículo se autoriza al organismo jurisdiccional a efectuarla cuando ella tenga apoyo en jurisprudencia de la Corte Suprema en el mismo sentido (doctr. esta Sala, causa “Comercial Montres SACIF”, sent. del 9/2/93, entre otras).
En el caso, el ejercicio de esa potestad era plenamente aplicable, toda vez que la Corte ya había declarado en la citada causa “Camaronera Patagónica SA” la invalidez constitucional —a la luz de lo previsto por el artículo 755 del Código Aduanero y el principio de legalidad en materia tributaria— de una resolución (la 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura) análoga al decreto 793/18. En efecto, la sustancial identificación entre las causas radica en que el decreto 793/18 fijó un derecho de exportación con sustento en la facultad otorgada por el artículo 755 del Código Aduanero. Sin embargo, tal como había acontecido con los derechos que fijó la resolución 11/02, a la fecha de su dictado no era posible identificar ley del Congreso alguna que hubiese establecido una alícuota máxima de referencia. Si bien, más adelante, el decreto 793/18 fue convalidado por el artículo 82 de la ley 27.467, hasta tanto ello tuvo lugar y se confirió rango legal a su contenido, el derecho de exportación por él creado estuvo en una situación equivalente a la que tuvo oportunidad de analizar la Corte con relación a la resolución ministerial 11/02. Así es que el Tribunal Fiscal podía y debía ejercer el control de constitucionalidad siguiendo la interpretación fijada en el precedente del tribunal cimero (cfr. esta Sala, causa 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, sent. del 1/11/22). Solo a mayor abundamiento, cabe reparar en la opinión del Fiscal General ante la Cámara, quien coincide en señalar que el asunto debería resolverse sobre la base de la jurisprudencia antes reseñada.
6. Que las demás cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 9039/2023 “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 89238989-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
31/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde hacer lugar a los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (B.O. 04/09/18) y hasta el 04/12/18 – momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido–, y admitir la devolución de la suma abonada por tal concepto con relación a la destinación de exportación 18014ES03000056E/19019EC09000027Z, registrada el 26/11/18 (v. p. 141, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, en atención al modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN), por lo que deviene inoficioso tratar la apelación del Fisco Nacional. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y oportunamente devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia