Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 96052491-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
33052/2023 “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 96052491-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, septiembre de 2023.
1. Que, por resolución del 10/8/22, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 53/21 dictada en el marco de la actuación SIGEA 12762-472- 2019 y, en consecuencia, denegó la devolución de la suma de $6.279.086.71, que la actora había abonado en concepto de derecho de exportación, con sustento en el decreto 793/18 y con relación a la destinación 18019ES03000053B/19019EC09000023M.
Para resolver de tal modo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden dado que la cuestión planteada era compleja y se decidía con arreglo a un fallo posterior al inicio de las actuaciones, lo que pudo hacer creer a las partes que tenían derecho a litigar (v. pp. 242/244 de la versión digital del expte. TF 96052491-A, remitida con el oficio del 18/8/23).
2. Que, disconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación el 16/8/22, que se fundó el 18/8/22, se concedió el 31/8/22 y fue replicado el 28/9/22 (v. pp. 249, 258-292, 297 y 315-338, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que debían revisarse las conclusiones a las que arribó el tribunal de origen, las cuales suponen un apartamiento del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Además, planteó que la doctrina legal del plenario del Tribunal Fiscal de la Nación vaciaba de contenido al artículo 1164 del Código Aduanero, ya que, en una recta interpretación, esa norma le hubiese permitido revisar la constitucionalidad del decreto 793/18, por tratarse de una disposición sustancialmente análoga a la que había sido objeto de pronunciamiento por el Máximo Tribunal.
3. Que, por otra parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación el 27/9/22 agraviándose por la distribución de las costas, el que se concedió el 28/9/22 y fue replicado el 6/10/22 (v. pp. 302-309, 340 y 343-345, expte. cit.). En sustancia, indicó que los argumentos receptados por la doctrina plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación venían siendo sostenidos por la representación fiscal desde el inicio mismo de las actuaciones y que la actora resultó sustancialmente vencida en sus planteos, por lo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
Por otra parte, pidió que fuese valorada la conducta procesal de la contraria, por el hecho de no haber desistido del proceso a pesar de conocer que el resultado del acuerdo plenario le era adverso.
4. Que, el 4/9/23, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por el Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 6/10/22, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 4/12/18 —momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido—, y admitir la devolución de la suma abonada por tal concepto con relación a la destinación de exportación 18019ES03000053B/19019EC09000023M, oficializada el 14/11/18 (v. p. 149, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en atención al modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN), por lo que deviene inoficioso tratar la apelación del Fisco Nacional. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia a cargo del demandado (v. escrito del 30/8/23).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
33052/2023 “MINERA SANTA CRUZ SA (TF 96052491-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 22/8/23, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia efectuado por la parte actora, toda vez que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia