Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-89240031-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Nº RESOL-2020-5-E-AFIP-DIRAPT#SDGOAI (AD PDES), en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma “Minera Santa Cruz S.A.”, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-83843950-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Agosto de 2022 S.A.).
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, por excusación de la Dra. Cora M. Musso, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2020-89240031--APN-SGASAD#TFN (MINERA SANTA CRUZ S.A.).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que la firma “Minera Santa Cruz S.A”, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº RESOL-2020-5-E-AFIP-DIRAPT#SDGOAI (AD PDES), dictada por el Administrador de la Aduana Puerto Deseado, en el expte. SIGEA N° 12762-478-2019 en cuanto deniega la repetición de la suma abonada en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto N° 793/2018, con relación a la Exportación para Consumo documentada mediante las destinaciones Nros. 18019 ES03 000060W (Subrégimen, para enviar mercaderías al exterior, al amparo del Régimen de "Concentrado de Minerales") y 19019 EC09 000029S (Destinación de Exportación Definitiva a Consumo, mercaderías previamente exportadas al amparo del Régimen de Concentrado de Minerales -"ES03"-).
Hace referencia a los antecedentes de la causa y sostiene que, el 4 de septiembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 793/2018 del Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) por el cual estableció un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a todas las exportaciones a consumo. Los considerandos del Decreto expresan que el mismo fue dictado por el PEN en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y el artículo 755 del Código Aduanero y sus modificaciones. Manifiesta que, los derechos de exportación tienen naturaleza tributaria, son verdaderos impuestos y sólo pueden ser válidamente creados mediante la sanción de una ley aprobada por el Congreso de la Nación, y que así lo establecen los artículos 4, 17 y 52, 76 y 99 inc. 3 y muy especialmente el 75 inciso 1 de la Constitución Nacional.
Por ello, considera que corresponde destacar que recién el 4 de diciembre de 2018, con la publicación de la ley 27.467, se establecieron legalmente y en cumplimiento con las disposiciones constitucionales los derechos de exportación exigidos a mi mandante. Sostiene que la ley 27.467 entró en vigencia a los ocho días de su publicación, es decir, el 12 de diciembre de 2018. Por lo expuesto, la exigencia de los derechos de exportación formulada entre el 4 de septiembre de 2018 y el 12 de diciembre de 2018 con fundamento en el acto administrativo citado, resulta inconstitucional por ser violatoria de la garantía de reserva de ley en materia tributaria prevista en la Constitución Nacional. En virtud de lo anterior, relata que, Minera Santa Cruz S.A. inició acción de repetición prevista en el art. 1068 y ss del Código Aduanero, a fin de obtener la íntegra devolución de los derechos de exportación indebidamente exigidos por la DGA con fundamento en las disposiciones del Decreto 793/2018, en relación a una exportación cumplida con anterioridad al 12 de diciembre de 2018.
Al interponer la acción de repetición, acreditó en instancia administrativa que los derechos pagados carecían de respaldo legal y que por ello, la Dirección General de Aduanas los había cobrado indebidamente, en tanto sólo tenían como respaldo un acto administrativo y no una ley. Asimismo, afirma que no ha sido objeto de controversia que el pago de los derechos de exportación resultaba condición necesaria para la concreción de las ventas al exterior y de allí el carácter coactivo e inevitable para su representada, en tanto no le era posible documentar las exportaciones si el tributo no era pagado previo al embarque. Manifiesta que una vez iniciada la acción de repetición, la DGA confirmó en el expediente administrativo los pagos efectuados por su representada y cumplido lo anterior, rechazó la acción de repetición.
Para así decidir, el Director de la Dirección Regional Aduanera Patagónica, en lo sustancial, que: (i) el decreto 793/2018 no constituyó un supuesto de delegación impropia, sino que fue dictado en el marco de las facultades otorgadas por el art. 99 inc. 1 y 2 de la Constitución Nacional y el art. 755 del Código Aduanero; y (ii) que el precedente “Camaronera Patagónica” no resultaba aplicable al caso, por cuanto en ese caso se discutía la inconstitucionalidad de normas inferiores emanadas por el Ministerio de Economía e Infraestructura como eran las resoluciones 11/02 y 150/02, mientras que en este caso se trata del Decreto 798/2018 y su modificatorio emanados del Poder Ejecutivo Nacional. De esta manera, en manifiesta oposición con todas las normas constitucionales invocadas, la Aduana sostiene que el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir decretos de naturaleza legislativa, aún sobre cuestiones tributarias, en palmaria violación al principio de reserva de ley que rige la materia.
Asimismo, sin desconocer la doctrina vigente de la Corte Suprema en materia de delegación impropia, pretende apartarse de la misma afirmando que dicho precedente resultaría aplicable al caso por cuanto allí se cuestionaban resoluciones del Ministerio de Economía y no un Decreto, como si dicha distinción tuviese alguna relevancia, o bien, como si resultare constitucionalmente valido la creación de tributos por vía de decreto. El principio de reserva de ley establecido en la Constitución Nacional y reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagonia”, establece que el único poder legítimamente facultado para crear tributos es el Poder Legislativo mediante la sanción de una ley y que no existe ningún otro poder del Estado con dicha competencia.
Y aún si la Aduana quisiera ignorar el principio de reserva de ley con la finalidad de invocar la no aplicabilidad del precedente citado, una simple lectura del mismo le hubiera bastado para advertir la improcedencia de su afirmación, dado que la misma Corte Suprema sostuvo que ninguna carga tributaria puede ser exigida sin la preexistencia de una ley sancionada por el Congreso de la Nación y que dicha doctrina, se aplica también a los casos de establecimiento de tributos mediante decretos de necesidad y urgencia, dado que la materia tributaria supone una limitación constitucional infranqueable para el Poder Ejecutivo Nacional. Por otra parte, la Aduana omitió considerar los propios actos desplegados por el PEN que acreditan la ausencia de facultades para crear tributos y la inconstitucionalidad del decreto 793/2018, ya que a sabiendas del vicio del acto y con posterioridad a su dictado, presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación pretendiendo subsanar la creación de tributos por vía reglamentaria.
A continuación expone los agravios. La inconstitucionalidad de la exigencia de tributos derivada del decreto 793/2018. La naturaleza tributaria de los derechos de exportación. Las normas constitucionales. Los fundamentos del decreto 793/2018 explican sólo la decisión de un poder incompetente para establecer el tributo y resultan contrarios a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sanción de una ley con el mismo objeto que el acto administrativo revela la ilegitimidad de este último, la ratificación efectuada por ley no implica la convalidación retroactiva de una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable desde sus inicios. Finalmente ofrece prueba, cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria, que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: artículos 724, 725 y 755 del Código Aduanero, Resolución N° 11/2002 del Ministerio de Economía, Decretos N° 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y Ley N° 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que quiso darle la C.S.J.N. Cita Jurisprudencia de este Tribunal Fiscal de la Nación en los autos caratulados “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ Recurso de apelación”, expediente N° 38.422-A como así también los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al citado Decreto N° 793/2018, que le dieron razón a su mandante. Refiere a la limitación de este Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad solicitada y al respecto indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 del CA, que cita y transcribe. Agrega que la contraria plantea como único argumento la inconstitucionalidad de normas jurídicas, entendiendo que, conforme la normativa transcripta, esté Tribunal no debería expedirse al respecto. En el hipotético caso que esté Tribunal no concuerde con los argumentos citados precedentemente, solicita la aplicación de los argumentos expuestos en el fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. C/ D.G.A. S/ APELACIÓN, Expediente N° EX-2020-15395348--APN- SGASAD#TFN, del 18/02/2021, que cita y da por reproducidos. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada. Indica que, en el negado caso que se haga lugar a la repetición solicitada, correspondería aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del Caso Federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que con fecha 04/07/2022 se elevan los autos a la Sala “E” y la Dra. Cora Musso formula excusación para conocer en autos, la que es aceptada con fecha 12/07/2022. Con fecha 04/08/2022 se sortea Vocal sustituto para intervenir -en caso de falta de acuerdo de los integrantes titulares de esta Sala, conf. art. 59 RPTFN- y, con fecha 09/08/2022 se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12762-478-2019 se inician, el 01/08/2019, con la solicitud de devolución de la suma de $ 4.760.121.66 en concepto de derechos de exportación con relación a la Exportación para Consumo documentada mediante las destinaciones Nros. 18019 ES03 000060W (Subrégimen, para enviar mercaderías al exterior, al amparo del Régimen de "Concentrado de Minerales") y 19019 EC09 000029S (Destinación de Exportación Definitiva a Consumo, mercaderías previamente exportadas al amparo del Régimen de Concentrado de Minerales -"ES03"-). A fs. 1/9, se agrega el recurso mediante el cual la firma “ Minera Santa Cruz SA” funda la devolución solicitada. A fs. 31 la Aduana de Puerto Deseado mediante formulario 7458 deja constancia del ingreso de los datos al sistema SIADERE. A fs. 12/19 y a fs. 39/49 se adjuntan copias autenticadas del Sistema Depositario Fiel de los permisos en trato y, a fs. 34/35 se adjunta listado de Afectación de Depósitos del Sistema Malvina en donde obra planilla de liquidaciones manuales correspondientes a la firma Minera Santa Cruz SA por un importe total de $4.760.121,66 conformadas por la destinación 18 019 ES03 000060 W informando en relación a la liquidación 18019LMAN004979V, los derechos de exportación $ 4.335.484,30 y la destinación 19 019 EC09 000029 S informando en relación a la liquidación 19019LMAN002084H, los derechos de exportación en $ 424.637,36. A fs. 50/51 El Sr. Administrador de la Aduana de Puerto Deseado, entiende que en razón del monto involucrado y lo establecido en la Disposición 205/2019 no le corresponde resolver la repetición solicitada por temas de competencia y remite las actuaciones a la Dirección Regional Aduanera Patagónica para su intervención. A fs. 53/56 obra el Dictamen 076/2019 (DV RJU5) de la División Regional Jurídica 5, considera que no corresponde hacer lugar a la repetición intentada por la firma en trato. A fs. 57/58 el Director de la Dirección Regional Aduanera Patagónica dicta la resolución RESOL-2020-5-E-AFIP-DIRAPT#SDGOAI (AD PDES) que se apela en autos.
V. Que corresponde resolver en la causa si se ajusta a derecho la Resolución RESOL-2020-5-E-AFIP- DIRAPT#SDGOAI (AD PDES), en cuanto dispuso no hacer lugar a la devolución de la suma abonada por “Minera Santa Cruz SA” en concepto de derechos de exportación con relación al P.E. 18 019 ES03 000060 W (Subrégimen, para enviar mercaderías al exterior, al amparo del Régimen de "Concentrado de Minerales") oficializado el 10/12/2018 y el P.E. 19 019 EC09 000029 S (Destinación de Exportación Definitiva a Consumo, mercaderías previamente exportadas al amparo del Régimen de Concentrado de Minerales -"ES03"-) oficializado el 06/06/2019.
Que cabe señalar que mediante las aludidas destinaciones la actora documentó la exportación de la mercadería allí declarada abonando los derechos de exportación establecidos por el Decreto N° 793/18, que fijó para todo el universo arancelario, un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería).
Que la actora cuestiona lo establecido por el mencionado Decreto N° 793/18 invocando lo dispuesto en el art. 99, inc. 1 y 2, de la Constitución Nacional y el art. 755 del CA. Sostiene que si bien en los considerandos del citado decreto se destaca que la norma es un decreto reglamentario (dictado en ejercicio de la facultad prevista en el art. 99, inc. 2 de la CN) el mismo opera, según su criterio, como un reglamento delegado y que hoy en día -luego de la reforma del año 1994- se encuentra prohibido por el art. 76 de la CN.
Que la recurrente aduce que la validez del Decreto N° 793/18 debe analizarse de conformidad al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica”, argumentando que se trata de una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice (en tanto el art. 755 del CA no supera el test de constitucionalidad). Refiere al principio de legalidad y alude que en el caso bajo estudio, el Poder Ejecutivo se irrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación para el universo arancelario, sin que exista una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional. Finalmente plantea la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del Decreto N° 793/18 y manifiesta que recién pudo recobrar virtualidad el 13/12/2018 con el dictado de la Ley 27.467 que lo validó.
Que la representación fiscal rechaza que en el caso resulte de aplicación el criterio expuesto por la CSJN en la causa “Camaronera Patagónica”, invocando lo sentenciado en los autos caratulados “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA s/ Recurso de apelación”, expediente N° 38.422-A y en otros precedentes jurisprudenciales relativos al citado Decreto N° 793/2018, que le dieron razón a su mandante. Refiere a la limitación de este Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad solicitada y al respecto indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 C.A., que cita y transcribe.
Que de las actuaciones administrativas del caso, resulta que la firma “Minera Santa Cruz SA” procedió a la exportación a consumo de concentrados minerales (PA 2616.10.00.000C) mediante las destinaciones 18 019 ES03 000060 W, oficializada el 10/12/2018 y, 19 019 EC09 000029 S oficializado el 06/06/2019, por las que se abonaron derechos de exportación en los términos de lo dispuesto en el Decreto N° 793/18.
Que el art. 726 del Código Aduanero dispone que es aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. Que en forma consecuente, la Resolución 4071/17, en su Anexo IV, establece que para el caso de exportaciones de concentrados minerales, los derechos de exportación serán liquidados cuando se registre en el Sistema Malvina la destinación ES03 y conforme el valor FOB allí manifestado, aclarando que se trata de una destinación definitiva de exportación para consumo en la que queda en suspenso la determinación del valor FOB definitivo. En consecuencia, la recurrente abonó los derechos de exportación en el período de vigencia del Decreto N° 793/18.
Que atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, la cual se agravia en primer término por -La inconstitucionalidad de la exigencia de tributos derivada del decreto 793/2018-, corresponde dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/18, ni tampoco resulta aplicable –ver fundamentos en el punto IX “infra”- el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), por lo que a su respecto corresponde rechazar el planteo efectuado por la recurrente.
VI. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, en cuanto manifiesta que -Los fundamentos del decreto 793/2018 explican sólo la decisión de un poder incompetente para establecer el tributo y resultan contrarios a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban (e interactúan) en forma conjunta con las leyes 26.939 (B.O. 29-04-2014) que al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (confr. doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
En el caso de autos, y toda vez que -como se expondrá en los puntos siguientes- el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 793/2018, en consecuencia, no se ha producido la vulnerabilidad al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
VII. Que en relación al planteo de la recurrente en su último agravio -La sanción de una ley con el mismo objeto que el acto administrativo revela la ilegitimidad de este último- en cuanto a que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y que recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley 27.467 que lo validó recién a partir de diciembre de 2018, corresponde tener presente las siguientes consideraciones: Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisamente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Aclarado ello, corresponde analizar si la aprobación expresa realizada por el Congreso de la Nación mediante la Ley de Presupuesto N° 27.467 resulta suficiente para convalidar la validez del Decreto 793/2018 entre los días 04/09/18 y 04/12/2018, toda vez que a partir de ahí y hasta el final del periodo de tiempo de fijación de las alícuotas (30/12/2020) nada se ha cuestionado.
Este punto es medular a los fines de comprender la controversia planteada. El recurrente no plantea la invalidez del Decreto “in totum” sino solo respecto del período de tiempo comprendido entre el día 04/09/18 y el 04/12/2018, por lo que se deduce, que la aprobación realizada por el Congreso de la Nación, a partir de ahí es suficiente, caso contrario se hubiera planteado su invalidez absoluta.
En otros términos, la parte no cuestiona que la aprobación del Congreso mediante la Ley 27.467 es nula por no haber seguido los procedimientos formales de la ley 26.122, sino que solamente plantea que su aprobación no puede ser retroactiva, lo que nos conduce nuevamente al punto previo ya analizado y resuelto por el artículo 17 de la ley 26.122.
Pero si existieran dudas sobre la interpretación respecto de la fecha de vigencia de las alícuotas, la misma ha quedado expresamente aclarada en el art. 82 de la ley 27.467 que expresamente dispone: “ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos… y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades.” ( las negritas me corresponden).
Es decir, que el Congreso de la Nación expresamente “mantuvo” la validez y vigencia del Decreto 793/18 desde su dictado y publicación ocurrida con fecha 04/09/2018.
Con respecto al argumento de que la aprobación del Congreso mediante la ley 27.467 no tendría efecto convalidante toda vez que no se ajusta al procedimiento instaurado por la ley 26.122, debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar -entre muchos otros- los gastos de la nación.
En definitiva, se ha cumplido (dentro de un plazo razonable: 3 meses) con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas. En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
Además de ello, el legislador reiteró nuevamente la integra aprobación del Decreto N° 793/18 en el artículo 54 de la ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), en donde, también fijó un tope arancelario máximo (33 % del valor imponible o del precio oficial FOB) por lo que la voluntad del legislador en este sentido es indubitable.
Que en este mismo sentido, con fecha 26/04/2022, este Tribunal Fiscal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437- APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad del Decreto N° 793/2018 planteada por la parte recurrente.
VIII. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
IX. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa (Leyes 27.467 y 27.541) de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
X. En relación a las costas, y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas por su orden (conforme doctrina Sala “E” in re Molinos Rio de la Plata SA” del 16-11-00, y CNACAF Sala IV “Nestlé Argentina SA” 7- 10-04 -TFN 15197-A- entre muchas otras).
Que por ello, VOTO por:
Confirmar la Resolución Nº RESOL-2020-5-E-AFIP-DIRAPT#SDGOAI (AD PDES), en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma “Minera Santa Cruz S.A.”, con costas por su orden.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Vocal preopinante en cuanto aplica la doctrina legal del punto 3 del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado el 26.04.22, en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” y confirma la resolución aduanera apelada en autos.
Ello, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión, expresada en mi voto en el precedente de esta Sala E del 29.10.21, autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN) donde se tratan los argumentos expuestos por las partes que, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN - SGASAD#TFN29-10-2021.pdf), como consecuencia del cual, considero que correspondería declarar que el decreto 793/2018, entre el 04.09.18 y el 04.12.18, es nulo de nulidad absoluta e insanable (art. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución); hacer lugar a la repetición por la suma de Pesos Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Ciento Veintiuno con 66/100 ($ 4.760.121.66) e imponer las costas a la Aduana.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
Confirmar la Resolución Nº RESOL-2020-5-E-AFIP-DIRAPT#SDGOAI (AD PDES), en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma “Minera Santa Cruz S.A.”, con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben los Dres. Juárez y Soria en virtud de la excusación de la Dra. Musso -conf. art. 1162 y 59 RPTFN-.
Date: 2022.08.11 18:05:12 -03:00 Date: 2022.08.11 19:34:03 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.11 19:34:04 -03:00
Fin de la sentencia