Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 36.178-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación por denegatoria de repetición articulado por Miralejos SACIFIYA en relación con el impuesto al valor agregado de los ejercicios fiscales 4/2006 a 10/2007, con más intereses resarcitorios calculados de acuerdo con lo establecido en el considerando IV del voto de la Vocal Instructora, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-52805849-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Mayo de 2024 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación y Claudio Luis (Vocal de la 8va Nominación), a fin de sentenciar en el expediente N° 36.178-I, caratulado “MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. y A. s/recurso de apelación”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 46/73 Miralejos SACIFIyA interpone recurso de apelación contra la resolución 90/12 de fecha 17/4/2012, suscripta por el Jefe (Int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI, mediante la que se resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de repetición, ordenando el reintegro de retenciones del impuesto al valor agregado por la suma de $ 19.478,20.- y del crédito fiscal de 10/07 del impuesto al valor agregado en relación con Agropecuaria Baycor SRL, en razón de operar como ingreso sin causa.
La recurrente explica que el objeto del presente recurso comprende la repetición o devolución de los restantes importes que no fueron conformados por el Fisco Nacional que alcanzan la suma de $ 5.576.898,52.- en concepto de créditos fiscales del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 04/2006 a 10/2007, ambos inclusive, con más los respectivos intereses que se devenguen hasta su efectiva devolución.
Relata que fue objeto de una fiscalización vinculada con el citado gravamen de los períodos antes mencionados y que la auditoría estuvo dirigida a cuestionar algunos créditos fiscales computados con base en facturas extendidas por proveedores calificados como apócrifos por constar en la base informática “APOC”.
Explica que la actividad de la firma tiene por objeto principal la cría, matanza y comercialización de pollos parrilleros y subproductos y que dichos animales se alimentan con productos balanceados elaborados por la firma con su propia fórmula, basada en cereales cosechados en distintas regiones del interior del país y que fundamentalmente sus insumos son la soja desactivada y el maíz.
Señala que hasta abril de 2005 la totalidad de la materia prima adquirida era procesada y convertida en alimento balanceado en la Planta Industrial de Alimentos Pilar S.A., una subsidiaria del grupo Heinz con asiento principal en Pittsburgh Pennsylvania (EE.UU.) y que entre los meses de diciembre de 2004 y junio de 2005 se hicieron compras aisladas de alimentos balanceados a otras empresas competidoras (Rasic, Granja Tres Arroyos y Nutrisur) por cantidades poco significativas, no habiendo provisión de insumos de su parte.
Manifiesta que a partir de mayo de 2005 se inicia la producción de alimentos balanceados en su propia planta ubicada en ruta 210, km 67, Coronel Brandsen, Provincia de Buenos Aires, por ese motivo entre mayo de 2005 y abril de 2007 produjo por sí misma parte del balanceado, coexistiendo en ese período también la tercerización de la producción bajo la modalidad de façon a la mencionada sociedad Alimentos Pilar.
Detalla que gradualmente y a medida que aumentó la capacidad operativa de sus instalaciones fue disminuyendo el suministro de alimentos balanceados por parte de aquella. Alega que se encuentra autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad Animal –SENASA- y también se encontraba sometida a la órbita de contralor de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario –ONCCA-, actualmente desactivado, organismo que dependía de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; por ende desarrollaba su actividad en un marco transparente y cumpliendo estrictas normas de calidad.
Puntualiza que en la mayoría de los casos las adquisiciones del cereal se realizan a través de órdenes de compra que se pactan telefónicamente de acuerdo a los precios vigentes de las commodities.
Continúa argumentando que el crecimiento de la producción avícola provocó que en ocasiones los principales proveedores cerealeros afronten ciertas demoras en abastecer a las empresas del ramo, viéndose forzado a adquirir insumos a través de diferentes corredores rurales. Agrega que en todos los casos de contratación, sea con proveedores habituales o con aquellos de menor envergadura o más ocasionales, conservó el respaldo documental de las transacciones realizadas, las facturas, las órdenes de pago, cartas de porte, remitos, recibos etc. Asimismo señala que siempre consulta a la base de datos de la AFIP a fin de constatar la adecuación de tales comprobantes a las normas vigentes y que en los casos en que resulta pertinente, realiza retenciones del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias a los citados proveedores, además de cancelar dichas facturas a través de los medios autorizados por la normativa establecida por el propio organismo recaudador.
Entiende que pese a los cuidados que se pongan en el chequeo de los comprobantes de las operaciones, resulta virtualmente imposible que el contribuyente pueda detectar en el 100% de los casos si detrás de los comprobantes lícitamente obtenidos se encuentran sujetos que puedan luego incumplir sus obligaciones fiscales.
Considera que el Fisco Nacional ajustó el crédito fiscal cuestionando principalmente a las facturas emitidas por el proveedor “Cooperativa Agropecuaria Campos del Sol Ltda.” y en menor medida por los proveedores “Broggi Ernesto Andrés”, “Opegra S.A.”, “Del Pinar S.R.L.” e “Hidalgo Eduardo Abel” (reconociendo el reclamo sólo por las operaciones con “Agropecuaria Baycor S.R.L.”), respecto de los cuales concluyó que carecían de capacidad económica y estructural para realizar las mismas, estimando que fueron el primer eslabón de la cadena de “blanqueo” del cereal adquirido de manera marginal.
Deja sentado que durante los períodos fiscales comprendidos en la repetición en los que contrató con esos proveedores, en especial con la Cooperativa Agropecuaria Campos del Sol, todos ellos constaban en la base de datos de la AFIP como contribuyentes habilitados, con CUIT vigente.
Expone que el organismo recaudador, al cuestionar los créditos fiscales adquiridos en esas transacciones y computados en sus declaraciones juradas, arribó a una diferencia de impuesto e intereses resarcitorios de $5.598.914,16.-, los que fueron pagados mediante el ingreso de dos cuotas en los términos del plan “Mis Facilidades” RG 1966, procediendo a la rectificación de las declaraciones juradas de los períodos involucrados, sin renunciar por ello a la acción de repetición. Informa que con fecha 27/7/2011 procedió a interponer formal recurso administrativo de repetición ante la AFIP-DGI, exponiendo las razones de hecho y de derecho sobre las cuales sostuvo que las sumas repetidas se trataban de pagos en exceso y sin causa, acompañando prueba documental y ofreciendo la producción de pruebas informativas y pericial contable tendientes a acreditar la validez de las facturas de los proveedores cuestionados y la real existencia de las operaciones que dieron lugar a los créditos fiscales. Dicho recurso culminó con el dictado de la resolución apelada en los presentes autos.
Destaca que no se ha negado en la etapa de fiscalización la real adquisición de los insumos, incluso se admitió la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias y no se formuló ajuste en materia de salidas no documentadas.
Pone de manifiesto que la única obligación que pesaba sobre sí al momento de la realización de las operaciones cuestionadas consistía en recibir el respectivo comprobante o factura, y eventualmente, respecto de los períodos en los que mantuvo vigencia la RG 100 dictada por la AFIP, constatar que se reunieran los requisitos previstos en el art. 41 de la RG 3419 y modificatorias (conf. artículo 37 de la RG 100 mencionada).
Plantea que habiendo recibido facturas en forma reglamentaria y abonado sus compras de insumos con cheques y otros medios autorizados por la propia AFIP no parece, por principio, que en los períodos corridos desde abril de 2006 a mayo de 2007, deba probar la realidad de las operaciones, ya que el artículo agregado a continuación del artículo 33 de la ley 11.683 –por la ley 25.795- no podría ser aplicable a hechos anteriores al 7/5/2007 que resultó operativo con el dictado del decreto 477/2007, los cuales ya se encuentran consolidados y son irreversibles.
Considera que resulta inadmisible que el Fisco Nacional pretenda hacer valer retroactivamente como indicio válido oponible la inclusión “ex post facto” de tales proveedores en la base apoc, y entiende que resulta manifiestamente arbitrario que dicho organismo tilde como apócrifo a los proveedores con posterioridad a las contrataciones objetadas.
Resalta que las operaciones cuestionadas mediante las cuales se adquieren insumos y granos tienen su correlato en los libros y registraciones contables, los que no han sido puestos en tela de juicio por el Fisco Nacional Hace hincapié en que las compraventas efectuadas a los proveedores se materializaron a través de la intervención de corredores y/o intermediarios, como es usual en el mercado de granos, lo que implica que las operaciones que se efectivicen mediante la intervención de aquellos propicia que los vínculos se entablen con éste y no en forma directa con la parte vendedora. Continúa argumentando que es por ello que la supuesta falta de capacidad operativa del vendedor, como el Fisco adujo en estos casos, no constituye una circunstancia que le sea atribuible, puesto que la contratación se convino con el corredor y no con el proveedor de la mercadería.
Agrega que la supuesta imposibilidad de localizar a cada proveedor en sus domicilios legales, fiscales y/o comerciales debe ser analizada considerando que las constataciones fueron efectuadas en todos los casos en años posteriores a la fecha de concertación de las operaciones.
Consigna que aun cuando los presuntos incumplimientos de sus proveedores fuesen reales, éstos “per se” no constituyen indicios probados que puedan habilitar la impugnación de los créditos fiscales cuya repetición ahora se pretende.
Plantea la inconstitucionalidad de la Resolución 314/2004 de la Secretaría de Hacienda de la Nación por considerar que la tasa de interés allí prevista resulta insuficiente para preservar la intangibilidad del importe cuya devolución se persigue, toda vez que el interés establecido no llega a cubrir la tasa de inflación perdiendo de esa forma el carácter compensatorio que el Código Civil le asigna en el artículo 159.
Finalmente cita doctrina y jurisprudencia que avala su postura, ofrece prueba y solicita que se dicte sentencia revocando en todas sus partes el acto impugnado disponiendo la inmediata devolución de los importes ingresados indebidamente a la AFIP-DGI, con más sus intereses hasta el efectivo pago, con costas. Formula reserva del Caso Federal.
A fs. 92/103 contesta el traslado del recurso la representación fiscal quien sostiene que no se discute la actividad de la actora, sino la efectiva realización de las operaciones declaradas e impugnadas con los sujetos señalados por resultar imposible su efectivización. Revela que la pretendida inocencia de la contribuyente la ha llevado a registrar y declarar supuestas operaciones comerciales con aparentes proveedores, que si bien los ha contactado para operar con ellos, no pudo acercarlos a estos actuados para que ratifiquen las mencionadas operaciones.
Agrega que la recurrente intenta desvirtuar la determinación dictada a través de cuestionamientos infundados y carentes de apoyatura probatoria, pretendiendo objetar las pruebas relativas a cada presunto proveedor en forma individual y no en su conjunto, tal como considera que deben ser analizadas.
En relación con el planteo de inconstitucionalidad de los intereses indica que dicha pretensión no puede prosperar atento a que no corresponde que se apliquen otros intereses más que los establecidos en la Resolución Ministerial 314/04.
En ese sentido agrega que de acuerdo con lo establecido por el artículo 185 de la ley 11.683 (t.o. vigente) las sentencias de este Tribunal no pueden contener pronunciamientos respecto a la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por este Tribunal.
Por último cita jurisprudencia y pide que se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida, con costas. Hace reserva del Caso Federal.
A fs. 117 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la pericia contable e informativa, las que se encuentran producidas a fs. 152/169 (informe pericial contable), fs. 122 (Banco Provincia de Buenos Aires, más documental por separado), fs 133/143 (Indec) y fs. 176/176vta (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).
A fs. 181 se clausura el período probatorio y a fs. 194 se elevan los autos a consideración de la Sala C. A fs. 210/215vta. y fs. 216/224vta. obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional y la recurrente respectivamente A fs. 225 se ponen los autos para dictar sentencia.
II. Que el artículo 81 de la ley 11.683 (t.o. citado), en lo que aquí interesa establece que “Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieren abonado de más, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En el primer caso, deberán interponer reclamo ante ella. Contra la resolución denegatoria y dentro de los 15 (quince) días de la notificación, podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 76 u optar entre apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia…”
Por lo tanto, el recurso intentado es procedente atento a que fue interpuesto dentro del plazo establecido por la norma y el objeto del mismo es producto del pago del tributo que el recurrente efectuara y no fuera negado por el organismo recaudador.
Siendo ello así, corresponde delimitar la cuestión sobre la que este Tribunal está llamado a resolver.
III. Que la resolución apelada estableció en lo que aquí interesa: “ARTÍCULO 1°: Hacer lugar parcialmente al recurso de repetición interpuesto el 27/07/11 por el… apoderado de la contribuyente “MIRALEJOS S.A.C.F. Y AGROPECUARIA”… dejándose constancia que corresponde reintegrar en concepto de retenciones al Impuesto al Valor Agregado la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 19.478,20) y del crédito fiscal de Octubre de 2007 de Impuesto al Valor Agregado por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.537,44), en razón de operar como ingresos sin causa; en virtud de lo expuesto en los Considerandos pertinentes”. De los considerandos de dicho acto administrativo surge que los conceptos por los cuales no se hizo lugar al recurso de repetición corresponden a operaciones efectuadas con proveedores calificados por el organismo recaudador como apócrifos, según el siguiente detalle: • Cooperativa Agropecuaria Campos del Sol Ltda: no posee bienes registrables. No registra empleados. No se localizaron a los responsables de la cooperativa en los domicilios denunciados. No cuenta con una estructura o vinculaciones comerciales para operar en las distintas localidades en las que se adquiere los granos, las cuales se encuentran distribuidas en varias provincias del país. Finalmente se señala que no se encuentra inscripta o asociada en instituciones tales como la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales, Centro de Corredores, Centro de Consignatarios y Acopiadores, etc.
• Pinar SRL: no cumplió los requerimientos ni se localizaron a los responsables de la sociedad. No existe domicilio comercial. No cuenta con bienes registrables ni empleados. No registra consumos relevantes que permitan presumir el desarrollo de actividad alguna. No posee estructura. No presenta declaraciones juradas posteriores a Noviembre de 2006.
• Hidalgo Eduardo Abel: no cuenta con capacidad económica y se encuentra ingresado en la Base Apoc.
• Broggi Ernesto Andrés: no posee bienes registrables, y conforme al testimonio que brindara, adquirió varias cartas de porte que dejó firmadas en poder del contador Dante Romuzzewski, habiendo tomado conocimiento posteriormente que las mismas habían sido utilizadas para respaldar la comercialización de soja, trigo, maíz y girasol, operaciones éstas que niega haber efectuado.
• Opegra S.A.: la apelante no ha declarado retenciones efectuadas por operaciones impugnadas de 12/2006 y 3/2007 con el mencionado proveedor, y el mismo encuentra en Base Apoc.
• Agropecuaria Baycor SRL: se encuentra en Base Apoc.
Todos los proveedores declaran como actividad venta al por mayor en comisión o consignación de cereales a excepción de Broggi que declara como actividad el cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas.
En este punto, cabe aclarar que no se encuentra controvertida en autos la legitimidad de las facturas ni se discute la adquisición de mercadería, sino que se objeta que las operaciones hayan sido efectuadas por los proveedores antes indicados.
Del informe pericial obrante a fs. 166/169 (y documental anexa a fs 152/165)
surge que los libros y registraciones contables de la rubrada son llevados en legal forma. Respecto de las facturas impugnadas por apócrifas de los proveedores cuestionados, ambos peritos fueron contestes en indicar que los mismos no se encuentran registrados en los libros, sino que en los períodos comprendidos entre abril de 2006 a octubre de 2007:
1. Las adquisiciones a Cooperativa Agropecuaria Campos del Sol Ltda. fueron efectuadas a través de Bulls Cereales SRL, intermediario, comisionista en las operaciones de cereales.
2. Las adquisiciones a Hidalgo Eduardo Abel y a Del Pinar SRL fueron efectuadas a través de Zabafer Cereales SRL intermediario, comisionista en las operaciones de cereales.
3. Las adquisiciones a Broggi Ernesto A. fueron efectuadas a través de Global Cereales S.A. intermediario, comisionista en las operaciones de cereales.
Los expertos, además señalaron que en los registros contables se encuentran contabilizadas las facturas emitidas por Bull Cereales SRL, Zabafer Cereales SRL, Global Cereales S.A. y Opegra S.A.
En ese sentido, indican que los pagos que surgen de los registros corresponden entonces a los realizados a los intermediarios de las operaciones, habiendo podido identificar los efectuados al comisionista Bull Cereales SRL (con quien se concretaron más del 97% de las operaciones impugnadas) conforme se refleja en el anexo II, en el que consta el banco librado y el número de cheque, mientras que los pagos correspondientes a las operaciones comerciales de los restantes intermediarios –Zafaber Cereales SRL, Global Cereales S.A. y Opegra S.A.- no fueron localizados en los registros contables, aclarando que la actora registra en forma global las operaciones de pago en los libros diarios por lo cual es imposible su identificación en el mismo. Asimismo, informan que fueron realizadas las retenciones correspondientes a las operaciones impugnadas, detallando en el anexo III la fecha de presentación de la declaración jurada y depósito de las retenciones en el impuesto a las ganancias. Agregan que en los legajos de compra a Bulls Cereales SRL, Zafaber Cereales SRL, Global Cereales y Opegra S.A. obran las constancias de consulta de “verificación de validez de comprobantes” emitida por la AFIP, resultando los mismos con autorización vigente.
Al ser consultados los peritos respecto del registro en base Apoc de los proveedores cuestionados, los mismos indicaron que al 10/5/2012: Cooperativa Agropecuaria Campos del Sol Ltda tiene un registro con fecha de detección 8/4/2009 y fecha de publicación 22/9/2008, Broggi Ernesto Andrés cuenta con un registro detectado el 30/7/2006 y fecha de publicación 3/8/2006, Opegra S.A. informa un registro del 14/10/2009 publicado el 23/11/2009, Del Pinar SRL presenta un registro el 17/7/2008 con fecha de publicación 5/8/2008 e Hidalgo Eduardo Abel cuenta con un registro del 2/5/2007 publicado el 3/5/2007, mientras que Bull Cereales SRL no presenta ningún registro en la mencionada base de la AFIP.
Por lo expuesto, debe concluirse que la apelante ha documentado las operaciones impugnadas, registrando las mismas bajo la figura del intermediario, quienes a su vez extendían las facturas sobre las cuales la recurrente efectuaba los controles que se encontraban a su cargo, en las que se consignaban las transacciones realizadas y el origen de la mercadería. Por lo tanto, las operaciones se encuentran acreditadas, en tanto las mismas están documentadas, registradas, con sus respectivas cartas de porte y pagadas por los medios establecidos por la ley. Que no le es oponible a la recurrente que los proveedores, detrás de los intermediarios, se encuentren en la base Apoc del organismo fiscal, sobre todo si se considera que los mismos fueron ingresados en ese registro en forma posterior a las operaciones aquí cuestionadas, a excepción de Broggi Ernesto Andrés, cuyo corredor “Global Cereales S.A.” resulta acopiador del proveedor antes mencionado y no se encontraba en base Apoc al momento de realizar las operaciones, conforme surge de la consulta realizada por la apelante (ver fs. 105 de las actuaciones administrativas).
Cabe destacar que el Fisco Nacional nada dice respecto de los intermediarios que son en definitiva quienes perfeccionaban las operaciones, los que según la pericia confeccionada, se encontraban correctamente registrados y autorizados para desarrollar su actividad. Por todo lo dicho, debe hacerse lugar al recurso de repetición incoado por la recurrente.
IV. Que sentado lo que antecede, procede pronunciarse respecto de los intereses resarcitorios.
Sobre dicha cuestión, la contribuyente expone que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 185 de la ley 11.683 y a los fines de hacer valer sus derechos en las instancias que correspondan, realiza el planteo de inconstitucionalidad de la resolución 314/2004, de la Secretaría de Hacienda de la Nación; ello en el entendimiento que dichos accesorios resultan insuficientes para preservar la intangibilidad del importe cuya devolución se persigue, por no cubrir la tasa de inflación. Que el artículo 179 de la ley de rito fija que en los casos de repetición del tributo, cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, los intereses correrán desde la fecha de tal reclamo, sin condicionamiento alguno.
Asimismo, este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse sobre la materia en cuestión en Acuerdo Plenario en oportunidad de sentenciar la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93”, fijando como doctrina de acatamiento obligatorio, en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental, “Los intereses resarcitorios deben ser liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina”.
V. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación por denegatoria de repetición articulado por Miralejos SACIFI y A en relación con el impuesto al valor agregado de los ejercicios fiscales 4/2006 a 10/2007, con más intereses resarcitorios calculados de acuerdo con lo establecido en el considerando precedente, con costas.
El Dr. Luis dijo:
I. Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
II. Que a mayor abundamiento, encuentro atinado señalar que todo el derrotero del ajuste fiscal base de esta repetición, incluido el recurso de apelación de autos –de 59 carillas de extensión-, se sustanció sobre la objeción de sujetos, en definitiva, ajenos a la actora. En efecto, tanto el ajuste fiscal inexplicablemente conformado en su oportunidad por MIRALEJOS S.A.C.I.F.I.yA, como la posterior discusión de autos, no se centró sobre impugnaciones de proveedores de la actora, sino sobre distintos proveedores de éstos; resultando por ende objeciones claramente inoponibles a la apelante.
No encuentro de las constancias de autos –y lo reafirma la pericia contable realizada- ninguna factura emitida a MIRALEJOS S.A.C.I.F.I.yA. por alguna de las firmas impugnadas. El hecho de que la actora haya registrado las compras bajo la figura de intermediarios o comisionistas, no cambia esa realidad: no existen facturas emitidas a la apelante por los sujetos impugnados; por lo que el “crédito fiscal” del IVA con origen en tales sujetos nunca fue “crédito fiscal” de la actora. Entiéndase, de las constancias de la causa no surge crédito fiscal facturado por estos últimos citados a favor de la recurrente (cfme. art. 12, inc “a” LIVA), por lo que mal pudo habérselo computado la actora –cosa que no hizo- y consecuentemente, serle impugnado por el fisco.
Más allá de la confusa descripción de los conceptos facturados (según surge de los comprobantes obrantes en los antecedentes administrativos) y la particular forma de contabilizar las operaciones por parte de MIRALEJOS S.A.C.I.F.I.yA., la real circunstancia descripta en el párrafo anterior sella la suerte favorable de la actora.
III. Que finalmente, en relación a los intereses, más allá de que el devenir económico del país torna necesario el dictado de un nuevo acuerdo plenario de este Tribunal, lo cierto es que hoy debo someter mi decisión al criterio expuesto en “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/1993.
Atento al resultado de la votación que antecede,
Hacer lugar al recurso de apelación por denegatoria de repetición articulado por Miralejos SACIFIYA en relación con el impuesto al valor agregado de los ejercicios fiscales 4/2006 a 10/2007, con más intereses resarcitorios calculados de acuerdo con lo establecido en el considerando IV del voto de la Vocal Instructora, con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación (cfr. art. 184, 2do párrafo, ley 11.683 t.o. vigente y art.52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2024.05.21 09:15:53 -03:00 Date: 2024.05.21 16:53:53 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.21 16:53:53 -03:00
Fin de la sentencia