Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 3 de Lomas de Zamora · Causa 52505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 por los fundamentos que in extenso se expusieran en sentencia (Arts. 17, 31 y 99 inc.3 C.N., 10 y 39 inc.3 Constitución provincial, 7 del C.C.y C. ) (Fallo L - 129800 - MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.-)
Obviar el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad atento el estado de autos, la ley aplicable a la presente causa, los hechos acreditados en autos, y que el accionante ha dado cumplimiento con instancia administrativa previa, de carácter obligatorio de conformidad con lo normado por el art. 1 de la ley 27.348; por devenir inconducente (SCBA, L 91159 S 9-6-2010, "Casati, Horacio Alfredo c/ Establecimiento Los Ceibos y otros s/ Indemnización ley 3750/46").-
Hacer lugar a la demanda, condenando a DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a abonar al actor ANDREA MARIEL MIRANDA , en el término de diez (10) días, la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO ($2.909.721) en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial (IPP) con más la indemnización adicional de pago único por espondilolistesis traumática operada con secuelas severas y RVAN grado II por estrés postraumático, dolencia que lo incapacita en forma parcial y permanente en un 44.4% de la Capacidad restante Obrera por la contingencia padecida el 27.09.2021 tal como lo establecen los arts. 14 …
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en las referencias de las firmas digitales aquí insertas y haciendo uso de las facultades conferidas por Res. 386/20 y concordantes, AC 3975/20 y Res. 480/20 de la SCBA, se reúne el Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, integrado por los Doctores Magalí Belén Duyinski, Lelia Bibiana Rinaldi y Gustavo Daniel Budnik conforme lo dispuesto por los arts. 57 de la ley 15.057, 168 y 169 de la Constitución Provincial, a fin de dictar SENTENCIA en los autos caratulados: Exp. Nº 52505 "MIRANDA ANDREA MARIEL C/ GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057" . Practicado el sorteo de ley, resultó del mismo que los Señores Jueces debían observar el siguiente orden de votación: Dres. Magalí Belén Duyinski, Lelia Bibiana Rinaldi y Gustavo Daniel Budnik.-
El Tribunal resolvió plantear la siguiente cuestión:
CUESTION UNICA
¿Resulta procedente la demanda interpuesta?
A LA CUESTION PLANTEADA LA DRA DUYINSKI DIJO:
A.- ANTECEDENTES :
Mediante escrito electrónico del día 24/04/2023 se presenta el Dr. PABLO DANIEL RIDELLA en carácter de letrado apoderado de Miranda, Andrea Mariel promoviendo demanda por ACCIDENTE DE TRABAJO contra DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BS AS respecto del hecho de fecha 27/09/2021.-
Refiere que se desempeña para en la categoría de ayudante de cocina.-
Que en la fecha indicada, sufrió un accidente que le provocó incapacidad que estima en un 40%TO.-
Refiere haber dado cumplimiento con la instancia administrativa previa conforme expediente administrativo nro 323466/22.-
Ofrece prueba, fundamenta posición en derecho y practica liquidación.-
Opone inconstitucionalidad de diversos arts. Las leyes de riesgo del trabajo.-
Conferido el traslado de ley, se presenta en fecha 15/06/2023 la Dra. CAÑOTO Mariela En carácter de letrada apoderada de la demandada, efectúa responde de la acción y solicita su ejemplar rechazo. Opone excepción de incompetencia que se encuentra resuelta al día de la fecha.-
Reconoce contrato de afiliación y haber otorgado asistencia médica hasta la oportunidad del alta.-
Impugna liquidación y evacúa planteos de inconstitucionalidad. Ofrece prueba y fundamenta posición en derecho.-
Contesta la actora en los términos del actual art. 34 ley 15057 en fecha 29/06/2023.-
Se glosa expediente administrativo el día 18/08/2023.-
Se procede a la apertura a prueba de autos, se recepciona prueba de informes y periciales.-
- MEDICA 23/06/2025 MORENO Julio Cesar Impugna la actora el día 09/12/2025 y la demandada el día 29/12/2025 y responde el perito 16/12/2025 y el 31/12/2025 y el 04/02/2026.-
- CONTABLE 19/02/2025 ADRIANA LUISA DE LATORRE Impugna la demandada el día 10/03/2025 y la actora el día 12/03/2025 y responde la perito el día 18/03/2025 y el 08/06/2026 y 15/09/2026
- PSICOLOGICA 01/02/2024 Mariel Rosa Groves Impugna la demandada el día 14/02/2024 y la actora el día 15/02/2024 y responde la perito el día 17/02/2024 y el 15/05/2026
Oficios:
-AFIP
- MINISTERIO DE SALUD
Se colocan los autos en estado de alegar, haciendo uso de ello la parte actora y demandada, pasan los mismos al dictado de Sentencia.-
B.- HECHOS QUE HACEN AL OBJETO DE LA LITIS. CONTROVERTIDOS Y NO CONTROVERTIDOS.
B.1 LOS HECHOS ACREDITADOS
Existencia de la contingencia:
En el escrito inicial, 24.04.2023 manifestó la actora prestar tareas para la demandada en su categoría de ayudante de cocina, supuesto no controvertido pese a las manifestaciones vertidas por la demandada. Además, denunció que el día 27.09.2021 sufrió un accidente de trabajo, mientras realizaba sus labores habituales.-
A su vez, la accionada al replicar el traslado, reconoció la existencia y la vigencia del contrato de afiliación (15.06.2023), admitió asimismo haber recibido la denuncia del accidente y brindado prestaciones médicas a la actora por el siniestro mencionado mediante la gerenciadora de las mismas lo cual demuestra que reconoció tanto la existencia del hecho, como que se trataba de una contingencia cubierta por el sistema de la ley 24.557 (arts. 6 decreto 717/96, 354 inc. 1, C.P.C.C., 63, ley 11.653 y art. 89 Ley 15.057).
A mayor amplitud, surge que en el informe pericial contable (dictamen de fecha 19.02.2025) que la experta dio cuenta del contrato de afiliación existente entre la empleadora del actor y la ART demandada, e informó como positiva la denuncia del siniestro a la aseguradora y que ésta brindó prestaciones en especie a la trabajadora por las secuelas padecidas, lo que corrobora lo expuesto.-
Por otra parte, no pierdo de vista lo informado por la SRT -mediante prueba informativa en fecha 18.08.2023- de la que surge que en virtud del Expediente administrativo N°323466/22), la Comisión Médica que intervino, calificó el siniestro ocurrido el día 27.09.2021 como un accidente de trabajo, en franca sintonía con lo argumentado por las partes.-
Sobre esa base, tengo por probado que el día 27.09.2021 la actora ANDREA MARIEL MIRANDA sufrió un accidente de trabajo (arts. 354 inc. 1 y 375, CPCC, 6, decreto 717/96).
EXISTENCIA DE INCAPACIDAD. GRADO Y PORCENTAJE:
En el líbelo de inicio, la accionante afirmó que, como consecuencia del accidente sufrido, padece una incapacidad psicofísica del 40% T.O. situación cuya ocurrencia y mecánica fue desconocida al evacuar el traslado por parte de la demandada por lo que pesaba sobre la legitimada activa la demostración de su postura inicial (art. 375 CPCC).-
"De conformidad con lo prescripto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial -y su doctrina-, es un principio procesal ineludible que las partes deben probar las circunstancias de hecho que pretenden subsumir en las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción, por lo que cada una de ellas debe aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo" (SCBA LP L 118441 S 14/10/2015 Carátula: "Alonso, Ernesto Ariel contra Municipalidad de Junín. Daños y perjuicios".)
Asimismo y del análisis de la prueba rendida, surge con claridad que el perito médico designado en autos, determinó (escrito electrónico del día 23.06.2025), que, como consecuencia del accidente que padeció y en relación causal con ello, la actora sufre de espondilolitesis traumática operada con secuelas severas, lo que la incapacita en un 30% del índice de la total obrera sobre los cuales habrá de aplicarse los factores de ponderación, pericia que se encuentra científicamente fundada y de la que no encuentro mérito para apartarme (art. 474 C.P.C.C.).-
Considero que, más allá de lo aclarado previamente, no hay motivos para apartarse de las conclusiones médicas del experto, pese a las impugnaciones realizadas (escrito electrónico del 09.12.2025 y 29.12.2025), pues el dictamen exhibe adecuado fundamento en la ciencia médica, como asimismo, en la normativa aplicable al caso de autos, de modo entonces que en virtud de tales circunstancias y de la respuesta brindada (escrito electrónico 16.12.2025, 31.12.2025 y 04.02.2026), corresponde desestimar las objeciones señaladas.
Asimismo en oportunidad de presentar el informe pericial psicológico 01.02.2024, la perito designada en efecto ha determinado que el accionante presenta Reacción Vivencial Anormal Neurótica R.V.A.N. de grado II por estrés postraumático otorgándole un porcentaje de incapacidad parcial y permanente del 10% de la T.O. en relación causal con el accidente de autos, dictamen que se encuentra científicamente fundado y que no obstante recibir impugnación (escrito fecha 14.02.2024, 15.02.2024) ha sido ratificado (escrito 17.02.2024 y 15.06.2026), lo que me lleva tras su análisis a considerar innecesario apartarme de tales premisas.-
En consecuencia, por los motivos expuestos, tengo por acreditado que, como consecuencia causalmente conectada con el accidente que sufrió, la trabajadora padece una incapacidad definitiva parcial y permanente del 40% de la total obrera.
FECHA OCURRENCIA PRIMERA CONTINGENCIA Y TOMA DE CONOCIMIENTO. EDAD DE LA TRABAJADORA EN AQUEL ENTONCES.-
Atento las características del siniestro sufrido por la trabajadora, lo que provocó de inmediato secuelas en su integridad psicofísica estimo que tanto la primera manifestación invalidante de la contingencia como la toma de conocimiento de la incapacidad, se produjeron concomitantemente a su acaecimiento, es decir, el día 27.09.2021.-
Por otra parte, conforme documental aportada tanto al inicio como así también de la informativa de la SRT surge que la trabajadora nació el día 23.02.1974, por lo que tengo acreditado que al momento del hecho tenía 47 años (arts. 44 inc. d. y 63, ley 11.653, art 54, 57, 89 y concordantes ley 15057, 354 inc. 1 y 375, CPCC).
VALOR DEL INGRESO BASE MENSUAL DEVENGADO POR LA TRABAJADORA AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:
De la prueba pericial contable de fecha 19.02.2025, surge que la experta designada calculó e informó que, actualizado mes a mes con el índice RIPTE, de acuerdo a las pautas establecidas en el art. 12.1 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348), el ingreso base asciende a la suma de $74506.77, pericia que si bien ha sido impugnada por las partes en fecha 10.03.2025 y 12.03.2025, en razón de las respuestas de fecha 18.03.2025, 08.06.2026 y 15.09.2026, no encuentro mérito para apartarme.-
C.-LA SOLUCION DECISORIA QUE SE PROPONE :
Conforme los hechos acreditados en autos, corresponde en esta oportunidad expedirme respecto de la aplicación del derecho, analizando en consecuencia la totalidad de los pedimentos jurídicos efectuados por las partes.-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sentado doctrina legal en sentido que: "Las pautas indemnizatorias por un infortunio de trabajo son las que fija la legislación vigente a la época en que se produce la incapacidad, que es su consecuencia y determina su exigibilidad, sin que una ley posterior pueda modificar el crédito preexistente, ya que el fallo judicial que declara la previa existencia de tal "consecuencia" y determina sus efectos no equivale a la "consecuencia" misma (art. 3 del Código Civil). De tal modo, la promoción de la demanda para obtener el reconocimiento y cobro del crédito ya anudado entre las partes, no puede modificar los parámetros vigentes al tiempo de su nacimiento." SCBA LP L 72695 S 21/03/2001 "Cernadas, Carlos H. c/Ferronorte S.A. s/Indemnización por accidente de trabajo"; SCBA LP L 63934 S 09/06/1998 "Alvarez, Ernesto Manuel c/Capea S.A.I.C. y F. s/Enfermedad accidente"
" La indemnización por un infortunio del trabajo es la fijada por la legislación vigente en la época en que el trabajador tuvo conocimiento de la incapacidad derivada de la dolencia padecida, que es su consecuencia y determina su exigibilidad sin que una ley posterior pueda modificar el crédito preexistente, ya que el fallo judicial que declara la existencia previa de tal consecuencia y determina sus efectos no equivalen a la consecuencia misma (SCBA LP L 36926 S 24/03/1987 Carátula: Alonso, Marcelino c/Cía. Swift S.A. s/Enfermedad-Accidente; SCBA LP L 35909 S 04/11/1986 Carátula: Góngora de Carrizo, Edmunda c/Cía. Swift-Armour S.A. s/Enfermedad accidente).-
" Resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito);ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio " (SCBA LP L. 125065 S 09/08/2022 Carátula: C. ,O. E. contra G. A. S. A. i. i.; SCBA LP L. 119109 S 21/09/2020 Carátula: Pedernera, José Luis contra Provincia ART S.A. Sumarísimo; SCBA LP L. 121154 S 06/07/2020 Carátula: Sosa, Romina Soledad contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial).-
En consecuencia, conforme el relato de los hechos dispuestos y acreditados precedentemente, resulta de aplicación a la presente causa la Ley 24.557 con las modificaciones de las Leyes 26.773 y Ley 27.348 y Decretos 1694/09 y Decreto Reglamentario 472/2014, por resultar las normas vigentes a la fecha de toma de conocimiento de la primera manifestación invalidante.-
Previo al análisis de la cuantificación de la reparación procederé a analizar los reproches inconstitucionales que formulara la actora al inicio de su presentación.-
Con relación a la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 diré que la competencia de este Tribunal del Trabajo ha quedado definitivamente fijada a esta altura del proceso (art. 6, ley 11.653 y ley 15057), no existiendo posibilidad alguna de que este Órgano Colegiado pueda desprenderse de ella en este estadio procesal situación que a su vez, ha quedado convalidada en razón de lo dispuesto por el art. 14 de la Ley 27.348 y la vasta jurisprudencia que ha sido dictada en la especie.-
Es decir, el accionante tiene derecho a formular sus pedimentos en sede judicial, en miras a obtener un pronunciamiento con relación a la incapacidad que estime pertinente por el hecho acaecido y en consecuencia, a fundamentarlo en derecho.-
Que no obstante los planteos formulados con relación a la inconstitucionalidad de las normas que habilitan el paso por las comisiones médicas, la suerte ha quedado resuelta en razón de contar a la fecha el peticionante con una revisión amplia y plena en sede judicial. (causas SCBA LP L. 75.708 "Quiroga", sent. del 23-IV-2003; Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Castillo c/Cerámica Alberdi SA", sent. del 7-IX-2004), en consecuencia y no obstante ello, he de propiciar la inaplicabilidad a estos obrados de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley 24.557.-
Los restantes planteos de inconstitucionalidad devienen en abstracto atento el estado procesal de la causa y las constancias que lucen en ella, no empero han de estarse los litigantes a lo dispuesto en fecha 25.04.2023.-
Acto continuo me abocaré a la tacha de inconstitucionalidad del DNU 669/19. De este modo, se advierte que en oportunidad de su dictado, el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas expresamente vedadas por el art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, y que para más no se encuentran acreditadas las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.-
Expresa el art. 99 inc 3 de la CN que: ".. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de Ministros que deberàn refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de Gabinete de Ministros..."
En similar sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia, al considerar que para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes..." (CSJN "Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo" 19/8/1999).-
A la luz de lo expuesto, queda demostrado que ninguno de los supuestos excepcionales se encuentran dados para la procedencia del dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia como lo es el 669/19, lo que lo adolece de razonabilidad y de justificación para sortear la intervención del Congreso, que en aquél entonces se encontraba en sesiones ordinarias.-
Decir que el DNU es constitucional implicaría contraponer y violentar la esencia misma de nuestro sistema de gobierno y la formación como Estado Representativo, Republicano y Federal, alterando la división de poderes en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y contrariaron la prohibición constitucional de delegación de facultades conferidas a cada uno de ellos.-
A su vez, y como si ello fuera poco, se violenta mediante su dictado el principio de progresividad de los derechos contenido con rango Constitucional y en virtud de la adherencia de los Tratados Internacionales con validez Constitucional en franca contradicción con el progreso y la plena efectividad de los derechos humanos ( Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, entre otros ).-
Culminando, he de decir su artículo 3º altera con las disposiciones del art. 7 del CCyC puesto que establece retroactivamente su aplicación con independencia de la fecha de la primera manifestación invalidante, situación que vulnera aún más los derechos de los más indefensos, mejorando sólo la porción de una minoría que no representa el común de la sociedad y que por tanto no resulta admisible constitucionalmente.-
" El principio de la no retroactividad es meramente legislativo, por ende no impide que el legislador pueda dictar leyes que lo deroguen. Esta facultad del legislador de dictar normas retroactivas reconoce dos limitaciones: la primera en materia penal (art. 18, C.N.); la segunda, cuando se priva a una persona de un derecho incorporado a su patrimonio, o cuando se viole otro derecho de raigambre constitucional. En este segundo caso, el principio de la irretroactividad se confunde con el principio de la inviolabilidad de la propiedad, entendido éste en la acepción que le dió la Corte, comprensivo de todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de si mismo, fuera de su vida y de su libertad." (SCBA LP B 62664 S 15/06/2011) "Cooperativa Agropecuaria de la Violeta Ltda. c/Provincia de Buenos Aires (Dirección de Rentas) s/Demanda contencioso administrativa ".-
Por lo expuesto precedentemente considero en caso de compartir mis fundamentos, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1º y 3º del Decreto 669/19.-
Al respecto recientemente se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires conforme Fallo L - 129800 - MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.-
Dicho ello y conforme las precisiones determinadas en las líneas que anteceden, habiéndose determinado el marco normativo aplicable, conviene recordar que:
El día 27.09.2021 la actora ANDREA MARIEL MIRANDA sufrió un accidente de trabajo, en oportunidad que se encontraba prestando sus labores, lo que le provocó espondilolistesis traumática operada con secuelas severas y RVAN GRADO II estrés postraumático, dolencia que lo incapacita en forma parcial y permanente en un 40% de la Capacidad Obrera.-
A la fecha de toma de conocimiento de su discapacidad contaba con 47 años de edad.-
Y a los fines de la ley 24.557 su salario base resulta determinado en la suma de $74506,77.-
En este contexto, quedó demostrado que el reclamo de autos versa sobre un hecho (27.09.2021) súbito y violento en los términos del art. 6.1. Ley 24.557, reconocido y aceptado, por lo que la ART demandada debe asumir la cobertura y otorgar las prestaciones dinerarias que correspondan (Leyes 24557, 26773 y 27348).-
En esta instancia, teniendo en consideración el porcentaje final de la minoración de la capacidad de la que el trabajador resulta ser portador, corresponde evaluar los factores de ponderación conforme Baremo Dec. 659/96, de modo tal que la incapacidad de autos (40%) se vea incrementada.-
En consecuencia, he de merituar los siguientes:
a. Dificultad para la realización de tareas habituales ( 10 % de 40 % = 4 % );
b. No amerita recalificación: 0%
c.- edad mayor a 31 años (1% de 40% = 0.4% ).-
Consecuentemente al % derivado de las secuelas (40%) debe adicionarse un 4.4% por factores de ponderación.-
"La existencia de rangos de valores para cada factor, implica que queda a criterio del evaluador la aplicación de un valor particular en función de las circunstancias que rodeen al damnificado" (Conf. Fernandez Madrid, "Riesgos del Trabajo", Año 2015, pág 318 Ed. Thomson Reuters).-
"Tal como reza el dispositivo legal, una vez determinada la incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales, se procederá a la incorporación de los factores de ponderación; siendo uan tarea que, a los fines de determinar su aplicación y el rango de los mismos, ha de abordarse caso por caso, según las características del sujeto accidentado y de la lesión, las posibilidades de reubicación, la afectación para el desempeño de su tarea habitual, etcétera" (Conf. Juan J Formaro, "Riesgos del Trabajo", año 2014, pág 164).-
Destaco que el baremo legal no es una mera tabla indicativa, sino una herramienta obligatoria para garantizar el trato igualitario de los siniestros laborales (CSJN Seva, Franco Gabriel c/ Asociart ART S.A. S/ ACCIDENTE sentencia de fecha 05 de agosto de 2021).-
No escapa a mi conocimiento las modificaciones efectuadas al baremo ley, no obstante lo cual, atento a las circunstancias fácticas del caso, se aplican las disposiciones que anteriormente se estipularon.-
En suma, se obtuvo un porcentaje total (44.4%) de la incapacidad laboral del trabajador en relación causal directa al hecho de autos (FECHA 27.09.2021) ( 40% psicofísico + 4.4 % de factores de ponderación).-
El cálculo indemnizatorio debe fijarse conforme estatuye el art. 14 inc. 2.a. LRT, en base a la siguiente operación matemática: IBM ($ 74.506,77) por cincuenta y tres por grado de incapacidad (44.4 %) por 65 sobre 47 (edad del actor), lo que totaliza un importe de $ 2.424.767, formula que en definitiva deberá de compararse con los pisos mínimos legales actualizados por RIPTE.-
En el caso, se compara con el piso mínimo legal actualizado por RIPTE conforme lo estatuído por la RES 49-2021 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($ 5044408 x 44.4 % = $2.239.717.-).-
En la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como en otras de similar tenor (causas L. 119.954, "Rodríguez", sent. de 8-VII-2020 y L. 120.061, "Bruno", sent. de 14-VII-2020), la Suprema Corte resolvió que corresponde emplear el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones dinerarias del régimen de infortunios laborales conforme el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social siguiendo las reglas de la doctrina sentada en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e. o.), lo que conduce a considerar - a los fines de definir la aplicación temporal de la norma- el momento en que se produjo la primera manifestación invalidante (SCBA LP L. 127653 S 15/04/2024 Carátula: Ibarra, Héctor Luis contra Cantera La Ponderosa S.A. y otro/a. Daños y perjuicios).-
Hecha la pertinente comparación, resultando mayor el importe que surge del cálculo de la fórmula polinómica, en definitiva prosperará por la aplicación de ésta la acción.-
Asimismo el importe aludido ( $ 2.424.767- ) será incrementado en un 20 %, o sea la suma de $ 484.954.-, conforme art. 3 ley 26.773 lo que arroja un total por todo concepto de $ 2909721. - suma por la que estimo la demanda ha de ser declarada procedente.- (art. 14..2.a. ley 24.557, 3,8,17.6 ley 26.773).
En consecuencia, la indemnización que le correspondería percibir a la Sra. ANDREA MARIEL MIRANDA por el accidente de trabajo padecido ascendería a la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO ($ 2909721 ) en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial (IPP) con más la indemnización adicional de pago único tal como lo establecen los arts. 14 apartado 2) inc. a) de la Ley 24.557 conforme Decreto 1694/09, arts. 1, 3, 8 y 17 Ley 26.773 y Ley 27.348.-
No obstante ello, encontrándose en autos formulado al inicio de la acción el planteo de inconstitucionalidad con relación a la ley 23.928 mod. por ley 25.561, pasaré a su tratamiento.-
Para ello y de conformidad con el test de constitucionalidad que debe efectuarse y teniendo en cuenta las directrices que fija el pronunciamiento del Superior en el caso C. 124.096 BARRIOS HECTOR FRANCISCO Y OT. C/ LASCANO SANDRA BEATRIZ Y OT. S/ DS Y PS, diré lo siguiente.-
Prima facie debo afirmar que conforme lo explicitan los considerandos del Máximo Tribunal, los Organismos Jurisdiccionales deben de analizar con cautela los planteos introducidos por las partes, puesto que si bien la declaración de inconstitucionalidad de una norma ha de ser efectuada con carácter restrictivo y como ultima ratio procesal, ha necesariamente de ser analizada cuando las circunstancias del propio texto legal encuentren alterada su directriz otorgada por el legislador al momento de su sanción.-
Va de suyo que, tras un cuidado y protegido análisis del caso invocado, he de advertir que el Dr. Soria en su voto, estableció pautas claras para determinar la efectiva aplicación del precedente en casos similares -supuesto definido por la invocación de la doctrina legal-, situación que independientemente de las diferencias que existen, puede efectuarse, siempre y cuando el accionante haya sorteado el recaudo de la congruencia. (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC, ap. V.17.d del citado precedente).-
Éste último postulado me lleva a considerar que el respeto irrestricto de las garantías constitucionales de propiedad y el principio constitucional de defensa en juicio que deben campear en toda decisión judicial, tienen como valladar a su análisis el cumplimiento del recaudo principal -la congruencia- para luego habilitar el análisis del resto de la cuestión.-
En autos, el planteo ha sido formulado por la actora al momento de presentar la demanda y de ello se confirió traslado a la contraria conjuntamente con el resto de las cuestiones planteadas, por lo que el derecho de defensa se encuentra garantizado mediante la bilateralidad.-
Por tal motivo, estimo debe de atenderse a lo destacado por el Ministro Soria en el fallo Barrios, en virtud del cual y luego de dar cuenta detallada de los procesos inflacionarios que atravesó el país, formula hincapié en el hecho de que la respuesta judicial que se efectúe debe ser pronta y eficaz y que ello resultará indispensable porque el Estado de Derecho jamás se desactiva ante el ejercicio de la regulación económica ni frente a un supuesto de emergencia. La judicatura ha sido instituida para dirimir controversias, así lo propone y así debe ser (arts. 18, Const. nac., 15 Const. prov.).-
Para ello, trae consigo el planteo de la inconstitucionalidad sobreviviente en virtud del cual trata el abordaje del planteo en el campo de la excepción. Refiere entonces que: "Este peculiar escrutinio remite a un plano de análisis en el que se evalúa la rotundidad del cambio operado en la configuración del supuesto de hecho esencial existente al sancionarse la ley y durante su vigencia inicial, producido tanto de manera súbita o gradual", lo que justifica de algún modo el análisis actual comparado con el considerado al momento de la sanción de la ley y la perspectiva que se tuvo en aquel entonces.-
Frente al caso en concreto he de considerar que, con independencia del modo en que la ley aplicable al caso pretende garantizar la actualización del crédito, pasaré a su cotejo a fin de asegurar un adecuado resarcimiento en tiempos actuales, analizando concretamente si la diferencia de valor en el crédito permite verificar una concreta violación al derecho de propiedad, para lo cual y dado que no se ha establecido un único método de efectividad se analizará teniendo en consideración los límites impuestos por el principio de equidad y buena fe, la equivalencia de las prestaciones, la interdicción, evitando el abuso de derecho y del enriquecimiento sin causa.-
En el presente entuerto he de cotejar en primer término el cálculo que arroja la actualización conforme dispone la ley 27.348 para luego encontrar de forma adecuada la correspondiente actualización del crédito ello a fin de no desvirtuar, conforme se dijo en el párrafo que antecede los principios que deben regir en el campo de los presentes procesos en donde se busca indemnizar a aquél que padeció un injusto, sin dejar de tener en consideración los restantes equilibrios que también deben de ponderarse en todo proceso judicial.-
Nos encontramos en presencia de una eventual indemnización que por una incapacidad en orden al 44.4% producto de un accidente de trabajo, al trabajador por aplicación de las disposiciones de la fórmula polinómica (Ley 24.557 y concordantes) le correspondería la suma de $ 2909721 , suma que actualizada conforme Tasa Activa obtiene un resultado total de $ 12324118 .-
En razón de lo expuesto entiendo que, en lo particular del caso, correspondería declarar la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la Ley 23.928 (modif. Por Ley 25.561) y en consecuencia, actualizar el crédito incrementando la tasa activa en un 50% a fin de mantener un justo equilibrio en las prestaciones que debe de asumir la demandada con el objeto de reparar el daño sufrido por el trabajador, puesto que entiendo que ello resulta el método más adecuado para la dilucidación del caso y que el reconocimiento patrimonial final de capital no excede el valor real de la prestación debida.-
En razón de lo expuesto, el monto de capital de sentencia generado a la fecha asciende a la suma de $ 17.031.316, monto por el que en definitiva propongo prospere la presente acción.-
En consecuencia, conforme el capital de sentencia generado a la fecha, la indemnización que le correspondería percibir a la Sra. ANDREA MARIEL MIRANDA por la contingencia de fecha 27.09.2021 LA SUMA TOTAL de PESOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($ 17.031.316 ) en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial (IPP) con más la adicional de pago único, tal como lo establecen los arts. 14 apartado 2) inc. a) de la Ley 24.557 conforme Decreto 1694/09, arts. 1, 3, 8 y 17 Ley 26.773 y Ley 27.348.
Se deja constancia que la suma de $2.909.721 corresponde al cálculo de prestación de ley conforme prescripción ley 27348 y la suma de $14.121.595 en concepto de capital actualizado conforme Doctrina C. 124.096 BARRIOS HECTOR FRANCISCO Y OT. C/ LASCANO SANDRA BEATRIZ Y OT. S/ DS Y PS.-
Para el caso de la mora en el pago de estos montos, resulta aplicable lo establecido por el art. 770 del C.C.yC. acumulándose la actualización al capital y la suma determinada en concepto de indemnización actualizada devengará intereses hasta su efectivo pago al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación (art. 12 inc. 2° y 3° de la ley 24.557 según ley 27.348, art. 1, 17, 18, 28 CN; SCBA 17/4/2024 C 124.096 "Barrios Hector Francisco Y Otra C/ Lascano Sandra Beatriz y Otra S/ Daños y Perjuicios").-
No obstante lo dicho precedentemente, destaco que la presente consideración no puede ni debe de entenderse como un criterio de alcance general e indeterminado, puesto que ello debe de realizarse en cada caso en concreto, pudiendo caberle a ellos una solución diferente, ajustada a sus características y vaivenes (tipo de reclamo, objeto del pleito, forma de cuantificación, normativa que funda en derecho, etc), prescindiendo de un criterio común.-
Al planteo de inconstitucionalidad formulado por la demandada respecto al art. 48 de la ley 11653 deviene el mismo abstracto atento a lo dispuesto por el art. 59 de la ley 15057 (conf. Resolución SC 1840/24).-
Con relación al pedido efectuado por la demandada con relación al otorgamiento de un plazo especial de cumplimiento de sesenta días y la aplicabilidad al caso de marras de la ley de administración financiera 13.767, considero que dicho cuerpo legal es ajeno a las contiendas de naturaleza laboral y a los créditos accesorios que en ocasión de las mismas se generan, como los honorarios de los letrados que asesoran a los trabajadores y los peritos intervinientes. En efecto el art. 163 de la Constitución Provincial, establece claramente que su alcance se proyecta sobre causas contencioso administrativas. Luego, el crédito reclamado en autos no se encuentra alcanzado por el régimen especial invocado y corresponde desestimar su aplicabilidad (art.1 ley 13.767, art 163 Constitución de la Provincia de Buenos Aires).-
Finalmente en lo que respecta a la aplicación de la ley 24.432 (arts. 1 y 8) diré que ha sido abundante y consistente la Jurisprudencia dictada por el Máximo Tribunal al considerar que resulta válido el límite previsto por la ley 24.432, receptado en iguales términos en el Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 120.948, "Cano", sent. de 27-VI-2020; L. 121.845, "Romero", sent. de 27-VII-2020 y L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020), pauta que a su vez ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Latino, Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios", sentencia de 1-VII-2019 (Fallos: 342:1193) al pronunciarse sobre la constitucionalidad del ya mencionado art. 730. En efecto, valiéndose del temperamento adoptado en los precedentes "Abdumarran" (Fallos: 332:921); "Brambilla" (Fallos: 332:1118) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), recordó que la norma sustantiva tiene como propósito central la disminución del costo de los procesos judiciales (causa L. 121.702, "Conforti", sent. de 27-VII-2020), sin implicar ello un límite en cuanto a la regulación de los estipendios de los profesionales intervinientes.-
Propongo que las costas del juicio se impongan a la demandada vencida (Art. 24 ley 15.057 y 68 del C.P.C.C.).-
ASI LO VOTO .-
Los Doctores Lelia Bibiana Rinaldi y Gustavo Daniel Budnik votan en igual sentido que la Dra. Magalí Belén Duyinski, por compartir los fundamentos atento las particularidades del caso.-
Con lo que terminó el ACUERDO, firmando los Sres. Jueces y la Sra. Secretaria en los términos de lo normado por Res. 386/20 y ccdts. y art. 7 y ccdts del AC 3975/20..-
D.- LA S E N T E N C I A
Lomas de Zamora, en la fecha indicada en las referencias de las firmas digitales aquí insertas.-
AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO: Atento la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, los fundamentos y citas legales allí invocados, el Tribunal del Trabajo N° 3 de Lomas de Zamora, el TRIBUNAL por mayoria RESUELVE:
Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 por los fundamentos que in extenso se expusieran en sentencia (Arts. 17, 31 y 99 inc.3 C.N., 10 y 39 inc.3 Constitución provincial, 7 del C.C.y C. ) (Fallo L - 129800 - MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.-)
Obviar el tratamiento de los restantes planteos de inconstitucionalidad atento el estado de autos, la ley aplicable a la presente causa, los hechos acreditados en autos, y que el accionante ha dado cumplimiento con instancia administrativa previa, de carácter obligatorio de conformidad con lo normado por el art. 1 de la ley 27.348; por devenir inconducente (SCBA, L 91159 S 9-6-2010, "Casati, Horacio Alfredo c/ Establecimiento Los Ceibos y otros s/ Indemnización ley 3750/46").-
Hacer lugar a la demanda, condenando a DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a abonar al actor ANDREA MARIEL MIRANDA , en el término de diez (10) días, la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO ($2.909.721) en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial (IPP) con más la indemnización adicional de pago único por espondilolistesis traumática operada con secuelas severas y RVAN grado II por estrés postraumático, dolencia que lo incapacita en forma parcial y permanente en un 44.4% de la Capacidad restante Obrera por la contingencia padecida el 27.09.2021 tal como lo establecen los arts. 14 apartado 2) inc. a) de la Ley 24.557 conforme Decreto 1694/09, arts. 1, 3, 8 y 17 Ley 26.773 y Ley 27.348.-
Declarar la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 por los fundamentos que in extenso se expusieran en Sentencia y condenar a DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BS AS a abonar a la actora Sra. ANDREA MARIEL MIRANDA la suma de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($14.121.595) en concepto de actualización de capital que comprende el incremento de la tasa activa en un 50% (art. 1, 17, 18, 28 CN SCBA 17/4/2024 C 124.096 "Barrios Hector Francisco y otra C/ Lascano Sandra Beatriz y otra S/ Daños y Perjuicios")._
Determinar en consecuencia, que el total de condena en favor de la Sra. ANDREA MARIEL MIRANDA a cargo de la demandada DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($ 17.031.316 ).-
Para el caso de la mora en el pago de estos montos, resulta aplicable lo establecido por el art. 770 del C.C.yC. acumulándose la actualización al capital y la suma determinada en concepto de indemnización actualizada devengará intereses hasta su efectivo pago al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación (art. 12 inc. 2° y 3° de la ley 24.557 según ley 27.348).-_
Imponer las costas del juicio a la demandada vencida (Art. 24 ley 15.057 y 68 del C.P.C.C.).-
Regular los honorarios de los profesionales intervinientes teniendo en cuenta la naturaleza, calidad, eficacia, extensión e importancia de la labor realizada por los profesionales actuantes, el resultado de la presente Litis, y la Doctrina Legal de la S.C.B.A. en los autos caratulados: "Zuccoli, Marcela A. C/SUM S.A. s/Daños y Perjuicios" causa N° 77.914, art. 505 C.C. de los Dres. PABLO DANIEL RIDELLA en la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL ($1.930.000) = 34.20 jus, y de los Sres. peritos intervinientes contadora ADRIANA LUISA DE LATORRE, médico JULIO CESAR MORENO y psicóloga MARIEL ROSA GROVES en la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($640.000) para cada uno de ellos , todos con más aportes previsionales e IVA según corresponda. (arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 sgtes. y ccdtes. de la Ley 14.967, arts. 12 y 14 ley 6716 s/ley 8455, arts. 193, 207 y conc. Ley 10.620 modif. ley 13750, Art. 27 inc b) Ley 12724 modif. Ley 13948, Arts. 3, 5 y conc. Ley 23.349/Ley 23.871, art. 35 inc. e) ley 12.207 modif. Ley 12.696 y 13314 y art. 40 inc. c) ley 12.163 modif ley 14.054). No regular los honorarios del Dr. MARIELA CAÑOTO en virtud de lo dispuesto por el art. 18 del Dec. ley 7543/69.- -
Hácese saber a los letrados intervinientes que una vez percibidos los honorarios deberán acreditar el pago de los aportes previsionales respectivos (arts. 21 y 22 ley 6716 texto según ley 12.526 y art. 82 inc. a) Ac. 3397/08).-_
A fin de dar cumplimiento con la Resolución N° 654/2009 de la Excma SCBA de fecha 25 de marzo de 2009, líbrese oficio al Señor Gerente del Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de Lomas de Zamora, a fin que proceda a abrir una cuenta en pesos en los presentes autos a la orden del presidente del Tribunal.-
Expídase comunicación de desvinculación de los peritos contadora ADRIANA LUISA DE LATORRE, médico JULIO CESAR MORENO y psicóloga MARIEL ROSA GROVES al Señor Secretario del Organismo de Contralor de la Excma Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental.- (art. 27 anexo I, Acuerdo 2728, texto según Acuerdo 2873 SCJBA), a sus efectos.-
Regístrese. Notifíquese. Practíquese por Secretaría la correspondiente liquidación. Oportunamente archívese.-
Firmas
Funcionario firmante: DUYINSKI Magali Belen - JUEZ
Funcionario firmante: RINALDI Lelia Bibiana - JUEZ
Funcionario firmante: BUDNIK Gustavo Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: TELLO Mariana - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 674-2026
Fin de la sentencia