Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2574/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1102901-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1137942-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2574/23-TSJ Interlocutorio N°: 3809 Actor: MIRANDA DIEGO ANDRES Demandada: CASA TEIXEIRA S.A Objeto: LABORAL Fecha: 17-05-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3809 FOLIO Nº 6928/6930 PROT. ELECT. TSS1 023 I.241
Río Gallegos, 17 de mayo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “MIRANDA DIEGO ANDRES c/ CASA TEIXEIRA S.A s/ LABORAL”, Expte. Nº M-20.084/20 (M-2574/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Uriel Torres Lisa (cfr. PE1102901-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que admitió parcialmente los agravios de la demandada y revocó los puntos 1) y 2) del fallo de Primera Instancia. En consecuencia, rechazó el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido y confirmó la procedencia de la multa del artículo 80 de la LCT y la intimación referida a la efectiva entrega de los certificados pendientes (cfr. PE1076750-2023).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia en el punto 1) había hecho lugar a la demanda promovida por Diego Andrés Miranda contra la firma Casa Teixeira S.A, condenando en el punto 2) a la accionada, a abonar al actor una suma de dinero en concepto de indemnización por despido injustificado rechazando los rubros previstos en el artículo 132 bis de la LCT y en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323. Asimismo en el punto 3) intimaba a la demandada a la la entrega de los certificados pendientes previstos por el artículo 80 de la LCT, con costas (cfr. PE602329-2022).-
II. Que la parte actora recurre el fallo de Segunda Instancia, aduciendo que el mismo viola tanto la ley de fondo como la procesal aplicable dado que -a su entender- existe una flagrante violación a los derechos garantizados por los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional y en particular, al debido proceso adjetivo (cfr. PE1102901-2023, pág. 6).-
Se agravia puntualmente por la valoración enteramente subjetiva, errónea y arbitraria que considera que realizó la Alzada sobre la prueba obrante en autos, particularmente en relación a la que vincula al Sr. Adrian Gustavo Luján (cfr. PE y pág. cits.).-
Efectúa un análisis de la prueba referida y sostiene que: “Debe considerarse también, que si el Juzgador pretende fundar su valoración en la sana crítica racional. También debe explicar a través de la fundamentación de su Sentencia cuales han sido las razones que lo han convencido a otorgar la eficacia probatoria que pretende arrogarle al testimonio del Sr. Luján, que reiteramos, no identifica al actor y exteriorizar el proceso intelectual que ha desarrollado para tomar tal decisión…) (cfr. PE cit., págs. 8/9).- Finalmente, cita jurisprudencia referida a la apreciación de la prueba (cfr. PE cit., pág. 9).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1137942-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE712781-2023.-
III. Que se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido.-
A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva contenida en PE1102901-2023 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. Los argumentos desplegados en la impugnación bajo análisis remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
Si con los elementos probatorios adquiridos durante la sustanciación del proceso, el tribunal de grado consideró justificada la causal de despido, ello constituye una cuestión fáctica. Como también lo es el evaluar, precisamente, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido. Materias todas reservadas a las instancias ordinarias.-
Como se dijo, la temática planteada no resulta susceptible de revisión -en principio- en esta instancia extraordinaria. Así, nutrida jurisprudencia sobre el particular, abona este criterio expresando que: “...en la justificación de un despido, la determinación de la existencia o no de injuria laboral es, en principio, una cuestión de hecho y valoración de la prueba que compete a los jueces de grado y, por lo tanto, ajena a la instancia casatoria, y se convierte en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre perspícuamente absurdo o arbitrariedad...” (cfr. STJ Santiago del Estero, “Santillán Ramón Horacio y Otros c/ Panificadora García y/u Otros”, del 19/10/2009, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/56855/2009).- También se ha dicho que: “Es inadmisible el recurso directo, interpuesto por el de casación denegado, en tanto los fundamentos de aquel se limitan a proponer una diversa valoración de lo acontecido, ya que determinar si las circunstancias del caso constituyen o no injuria en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, involucra cuestiones de hecho y prueba, cuya fijación y análisis es facultad exclusiva de los Tribunales de mérito, no revisable a menos que se demuestre su ejercicio abusivo” (cfr. sum. TSJ Córdoba, sala laboral, “Varela Carlos Armando c/ Lotería De La Provincia De Córdoba S.E.”, del 09/06/2010, www.infomaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/37178/2010).- Asimismo, que: “Evaluar, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido remite a típicas cuestiones de hecho inabordables en casación, salvo absurdo.” (cfr. SCBA, sum. “Pucheta Luis B. c/ Royal Group Technologies del Sur S.A. y otros s/ Despido”, causa L 89160 S, del 08/07/2008).-
V. En este marco, se advierte que el escrito portador del recurso evidencia endebles críticas no apontocadas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por la Cámara. Por el contrario, las afirmaciones de la parte recurrente pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omiten desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado.- Es que, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión objetada, la recurrente se limita a proponer un renovado análisis de los hechos y las pruebas según su propio y personal criterio valorativo, poniendo sólo en evidencia la pretensión de disputarles el ejercicio de la facultad que les asiste -en modo privativo- en lo vinculado a la determinación de la existencia o no de la injuria legitimante del despido.- La mera expresión de una opinión discrepante no basta para acreditar -ante las cuestiones de hecho- que las definiciones que contiene a su respecto el pronunciamiento del tribunal de grado, sean portadoras del vicio del absurdo.-
No debemos dejar de lado que, este Alto Cuerpo ha señalado que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- Conforme lo venimos expresando, en este caso, la Excma. Cámara de Apelaciones ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que, más allá de su error o acierto, no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto.
No se advierte en éste error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los recursos extraordinarios y de casación”, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3331, Folio 5558/5560).- En éste contexto, observamos que no se encuentran reunidos en autos, los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba. Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante “...el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa-, en grado tal que justifique su revisión por la última instancia provincial...” (cfr. Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389 y Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).-
VI. Idéntica suerte adversa debe correr el agravio vinculado con la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional como los contenidos en los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, en la medida en que el impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
VII. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1102901-2023 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1137942-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1102901-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1137942-2023.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1023I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3809 Folio N°: 6928/6930 Secretaría: 1
Fin de la sentencia