Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6913 FOLIO Nº 095/107 PROT. ELECT. JRS1012I.211
Río Gallegos, 09 de noviembre de 2021.-
La presente causa caratulada “MIRANDAY BARBARA SOLEDAD S/ DENUNCIA”, Expte. N° 13.241/18 - Apelación N° 7227/21, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 165/178 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, quien en el punto 1º) ordenó el PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de GABRIEL ALFREDO HERRERA en orden a los delitos de "ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR LA GUARDA", "ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA GUARDA" (arts. 119, 1er y 2do párrado del Código Penal en función del inc. b) del 4to párrafo de la norma citada) y "CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADO POR LA EDAD, POR LA GUARDA Y POR EL MEDIO EMPLEADO" (arts. 125, 1er, 2do y 3er párrafo del Código Penal), en -al menos cinco oportunidades- en concurso ideal entre sí en función del art. 54 del Código Penal, y en aplicación de la Ley 26.061 y 26.485; en tanto en el punto 4º) trabó EMBARGO sobre sus bienes como medida precautoria, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-), conforme lo previsto por el art. 499 del Código Penal. Que a fs. 221/230 y vta., el Dr. Gabriel E. Bertorello, abogado defensor particular del procesado Gabriel Alfredo Herrera, apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada y, habiendo presentado el memorial del art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento de su asistido, por considerar que el mismo no se ajusta a derecho en los puntos impugnados y resulta arbitrario e incoherente y además atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio causándole un grave perjuicio, manifestando todos los actuados una evidente parcialidad de la A quo. Por ello, solicita se revoque por contrario imperio y se deje sin efecto dicho pronunciamiento, rechazando los puntos 1, 2 y 4 del resuelvo, siendo el monto del embargo arbitrario y excesivo.
Que a los efectos de un mejor abordaje de los agravios expresados por el recurrente, procederé a analizarlos alterando el orden planteado en su escrito recursivo en virtud de surgir de los mismos un planteo de nulidad absoluto.
1. El recurrente advierte la existencia de un vicio que nulificaría el procesamiento, consistente en el incumplimiento de los arts. 116 y 291 del código de rito, en cuanto a que los autos deben ser motivados, bajo pena de nulidad. Expresa que la resolución puesta en crisis carecería de motivación, razón por la cual solicita se declare su nulidad absoluta. Entiende que si bien el auto impugnado contiene un detalle de la prueba producida, afirma que la motivación es insuficiente o nula prácticamente, pues no describe los extremos de la autoría y culpabilidad con grado de probabilidad afirmativa, ni acerca de la calificación legal y la agravante aplicada al caso. Sostiene que no hay determinación de cuándo sucedieron los hechos y el proceso en que los mismos se presentaron, como tampoco la temporalidad de los mismos, ya que la prueba que remite como plexo probatorio no está considerada a los fines de la evaluación, y el término común de la A quo es "en tiempo indeterminado".
Agrega que, si bien no es una sentencia definitiva, el auto de procesamiento debe estar provisto de un mínimo de probanzas que permitan proseguir la investigación con cierto margen de éxito, no pudiendo valerse de consideraciones fragmentarias y aisladas de los elementos incorporados a la pesquisa. Afirma que lo planteado impide ejercer una defensa adecuada, pues no se conocen los motivos jurídicos o las razones del pronunciamiento y por ende de la grave imputación que se desprende en el resolutivo final. Se agravia por cuanto entiende que los fundamentos para imputar a su defendido, son extraídos única y exclusivamente de la declaración de la denunciante y es el mono relato de la misma la única versión admisible, ya que fue desarrollada en plenitud; y cuando hace referencia a la indagatoria de su asistido, sólo manifiesta que el mismo brinda una versión exculpatoria.
Deja planteada la incongruencia del hábitat manifestado, ya que la casa no tenía patio conforme declaró el mismo imputado en su indagatoria, por lo tanto la materialidad de los hechos está comprometida desde un inicio, pero la A quo excluye dichas manifestaciones. En otros pasajes del escrito recursivo, la defensa expresa que la agravia que no se haya realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y que el pronunciamiento carezca de fundamentos suficientes para sostener su postura, resultando contradictoria. Plantea que el fallo impugnado provoca el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación de las pruebas, resultando totalmente arbitrario por falta de un adecuado razonamiento y valoración de la prueba o valoración errónea o parcializada, puesto que fueron realizadas únicamente en contra y en perjuicio de su defendido, en total desconocimiento y contraposición a las más elementales normas vigentes en materia penal (concretamente, sólo utilizó la prueba pericial de oficio y no se explayó en la de los consultores técnicos).
Agravia al recurrente la orfandad probatoria y la arbitraria imputación, puesto que se basa únicamente en la denuncia de la víctima y la prueba pericial psicológica. Expresa que la jurisprudencia ha considerado que solo la prueba pericial psicológica no es suficiente prueba para determinar el acceso carnal, no pudiendo con ello solo mantener una imputación tan grave, toda vez que el perito no es testigo presencial.
Deja en claro que el progenitor de la denunciante, Gabriel Alejandro Cayo, lo único que hace es referir lo dicho por la denunciante, sin aportar ningún elemento para la causa, toda vez que es la historia de oídas contada por la denunciante, al igual que lo declarado por su progenitora, restándoles de esa forma todo valor incriminante.
Asimismo, se agravia de la valoración del testimonio de Romina Cristina Alvarado, esposa de su defendido, quien tratándose de la persona que cuidaba de los menores, declaró acerca del tiempo, lugar y los horarios en que cuidaba a la niña, quedando descartado que el imputado haya cuidado de la denunciante, siendo que trabajaba a 20 km de la ciudad y con horarios rotativos de 8 a 12 horas y que ella nunca se ausentó ni los dejó a su cargo.
Ingresando en el abordaje de este primer agravio, debo comenzar tratando la nulidad invocada por la defensa en su presentación, para luego, en su caso, continuar con el análisis del resto de las cuestiones planteadas.
Al respecto, cabe mencionar que esta Alzada tiene dicho que la falta de motivación en una resolución, violatoria de la exigencia de los arts. 116 y 291 del CPP, debe interpretarse con criterio restrictivo, considerando que sólo la falta absoluta de motivación acarrea la nulidad de la decisión y que al juzgador le basta con encarar las cuestiones fundamentales sometidas a su ponderación y que el fallo contemple una somera enunciación de los hechos imputados y de los motivos en que la decisión se funda, y la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones legales aplicables.
En este mismo sentido y con relación a las nulidades procesales en general, la CSJN, sostiene: “… en materia de nulidades procesales debe primar un criterio de interpretación restrictivo y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio cause un perjuicio irreparable que tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en el menoscabo de algún otro derecho (conf. Fallos: 330:4549 y 334:1081, entre otros) ya que, de otro modo, la nulidad aparecería como un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta terminación de los procesos, donde también se conjuga el interés del orden público.” (conf. Fallos: 325:1404). Enrolada en ese lineamiento, la CSJN también tiene dicho: “… la declaración de la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, y no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (conf.
Fallos: 295:961; 298:312; 311:1413; 311:2337; 324:1564 y 328:58, entre otros), a lo que cabe agregar que resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de nulidad por la nulidad misma.” (conf. Fallos: 303:554 y 322:507). Del estudio del agravio y de la atenta lectura del auto recurrido, debo decir que el planteo de nulidad absoluta no prosperará; ello en virtud que la Sra. Jueza de grado ha analizado todos y cada uno de los elementos de juicio incorporados legalmente en autos, en su conjunto y a la luz de la sana crítica racional, libre de prejuicios de estereotipos de género, enrolada en el principio de amplitud probatoria y en los estándares internacionales de perspectiva de género y de derechos de infancia, confrontando las piezas probatorias con el relato de la víctima; pudiendo enlazar de esa forma, una cadena indiciaria que la llevó razonadamente a las conclusiones provisorias a las que arribó respecto de los hechos investigados y a la participación que en aquellos le habría cabido al imputado.
Por ello disiento con el recurrente respecto a que la resolución apelada no se encontraría motivada. En efecto, el procesamiento se encuentra debidamente fundado, ajustándose a las prescripciones previstas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP. Asimismo, toda vez que los elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, reforzando el testimonio de la víctima acerca de los hechos denunciados, permiten concluir que, a pesar de no existir testigos directos de los hechos endilgados y del tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los mismos, no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con los hechos delictivos.
Recordemos que valorar: “Consiste en un análisis crítico y razonado de los elementos de comprobación que han ingresado al proceso, dirigido a determinar su efectiva utilidad a los fines de la reconstrucción de la hipótesis delictual objeto del procedimiento.” Arocena, Gustavo A.; APC 2012-12; 01/12/2012, 1298; Cita Online: AR/DOC/4865/2013. Por su parte, el Dr. José Cafferata Nores expresa: "la prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad real, y, a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales" (La prueba en el proceso penal, 3ra edición, Depalma, 1998).
Es sabido que en los delitos contra la integridad sexual, y más aún, cuando se trata de niños o niñas menores de edad víctimas, como en el caso de marras, esta cuestión probatoria se vuelve algo más compleja que en la generalidad de los delitos, en virtud de la dificultad con la que se encuentra el investigador para colectar los elementos que permitan tener por acreditada la denuncia. Es dentro de este contexto en el que, como el caso en análisis, el delito se comete en circunstancias donde resulta casi imposible contar con testigos presenciales del hecho, el testimonio de la víctima -Micaela Soledad Cayo Miranday- se convierte en el eje central de la investigación, no advirtiendo por ello vulneración de los derechos y garantías constitucionales, ni afectación del debido proceso y la defensa en juicio en la valoración de la prueba efectuada por la Sra.
Jueza A quo, como lo alega la defensa, resultando la prueba aunada al legajo judicial suficiente para arribar a la decisión de mérito adoptada en la presente instancia. En la provincia de Santa Cruz, el TSJ sostiene respecto a la forma de valorar las pruebas: “En los hechos de abuso sexual (...) el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.). Asimismo, con relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el TSJ de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Incluso según la jurisprudencia de la CIDH, en los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú", se estableció en cuanto a la investigación de hechos de violencia sexual, que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho que no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos de prueba independientes. Concretamente, la Magistrada a través de la valoración del testimonio de la víctima, siendo concordante y conteste con la denuncia radicada por su progenitora -que fuera ratificada judicialmente y el testimonio de su progenitor, confrontado a su vez con las conclusiones de la entrevísta psicológica de la víctima, el informe psicológico efectuado al imputado, el informe de antecedentes del mismo, del que surge su domicilio al tiempo de los hechos denunciados, la constatación de la existencia del domicilio denunciado como lugar donde se suscitaron los hechos investigados, y el testimonio de Romina Cristina Alvarado, hubo de tener por acreditada la materialidad histórica de los hechos denunciados.
Seguidamente, la Jueza se abocó al tratamiento de la autoría penalmente responsable del imputado en orden a los hechos que le fueran endilgados, valorando el testimonio de la víctima y de sus progenitores, concluyendo que sus dichos resultan contestes y concordantes y, a su vez, hubo de ponderar las conclusiones de la Lic. Costilla respecto de la pericia psicológica de la víctima, fundamentando así que los hechos vivenciados por Micaela Soledad Cayo Miranday, consistentes en experiencias traumáticas altamente movilizantes, con marcadas perturbaciones, no habrían alcanzado una adecuada elaboración hasta la actualidad, pudiendo ser compatibles con vivencias de victimización sexual. Posteriormente, en los considerandos de fs. 170vta./176, la Jueza A quo fundamenta razonadamente y ajustada a derecho, la calificación legal que aplica a los hechos reprochados a Gabriel Alfredo Herrera, con respaldo en los elementos de cargo reunidos en el presente legajo judicial, justificando cada una de las agravantes aplicadas.
Por otra parte, el recurrente plantea una supuesta indeterminación temporal y del lugar de los hechos imputados, intentando poner en jaque la materialidad de los mismos, no pudiendo prosperar su postulado, puesto que tal como lo expresara precedentemente, la Magistrada hubo de tener por acreditado el tiempo, modo y lugar de la imputación, dando sólidos argumentos en los considerandos del auto recurrido (fs. 166/170), con sustento en la ponderación de la totalidad de los elementos probatorios. Asimismo, tampoco prosperará el planteo acerca que la valoración de la pericial psicológica de la víctima no sería suficiente a los efectos de acreditar el acceso carnal y sostener una imputación tan seria, en función que el perito no es testigo presencial.
Recordemos que rige en autos el principio de amplitud probatoria, y que la Jueza A quo no sustentó la agravante de acceso carnal en el resultado de la pericia psicológica de la víctima de manera aislada, sino que efectuó una valoración global de la totalidad de la prueba obrante en la causa. Por otra parte, las impresiones de la profesional de la psicología no tiene incidencia en la existencia o inexistencia del delito ni acerca de las circunstancias que rodean su modalidad de comisión; sino en la salud mental de la víctima, con apreciaciones ex post.
Tampoco asiste razón al recurrente cuando pretende restar valor convictivo a las declaraciones de los progenitores de la víctima, por tratarse de simples testigos de oídas. Al respecto cabe mencionar que por ser "testigos de oídas" -lo cual es cierto-, ello en virtud de las características del tipo penal en estudio resulta lógico, pues la única testigo presencial es la propia víctima, y ello no impide tener en cuenta a los testigos de oídas para valorarlos en tal carácter y en forma conglobada con el resto de las pruebas.
Finalmente el recurrente se agravia de la valoración del testimonio de Romina Cristina Alvarado, en virtud que postula que con su declaración habría quedado descartada la materialidad y la autoría de los hechos imputados. Sin embargo, a través de dicha pieza procesal, confrontada con el resto de la prueba, se corrobora que la nombrada era amiga de la progenitora de la víctima y que le cuidaba a sus hijos en su vivienda donde residía con su pareja -el imputado-, sita en Chilecito, Provincia de La Rioja, en el horario entre las 17.30 o 18 hs y hasta las 21 hs o 21.30 hs., escenario que habría posibilitado al imputado la ejecución de los hechos endilgados. Por todo lo expuesto, y pese al esfuerzo del recurrente por intentar mejorar la situación procesal de su asistido, no logra contrarrestar el peso y la contundencia de los elementos de cargo reunidos por la Instrucción, motivo por el cual no haré lugar a sus planteos, confirmando íntegramente el auto de procesamiento recurrido. Esta Alzada tiene dicho que, para el dictado del auto de procesamiento no se requiere una certeza irrefutable respecto de la comisión del ilícito, ni de la participación de los procesados en su producción, y que por el contrario, y tal como lo sostiene la doctrina, a dicha medida le basta con un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho delictuoso, y de la responsabilidad que como partícipe le corresponde al imputado.- A este respecto, con acierto señala la doctrina que: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
2. La defensa reitera el cuestionamiento acerca de la materialidad de la conducta reprochada a su cliente, por ausencia de pruebas directas que configuren los delitos enrostrados. Considera que, de la denuncia de Micaela Cayo Soledad Miranday, no se puede determinar el lugar donde esto sucedió, ya que pretende llevarlo a un domicilio que no fue donde su asistido la cuidaba y resulta contrario a lo declarado por su madre, que dice que dejaba los menores en la casa de Alvarado.
Agravia a la defensa que la A quo haya dictado el auto de mérito en contra de su pupilo procesal, a pesar de haber efectuado diligencias a fin de determinar el lugar donde habrían ocurrido los hechos denunciados, y de no lograr tenerlo por corroborado. Expresa que la descripción de donde vivía su defendido, no concuerda con la descripción de la menor, ya que ésta relata que Herrera la llevó a una pieza que existe en el patio, siendo que no existe ninguna pieza sino un lavadero, conforme la declaraciones de Alvarado y de Herrera.
Reitera que de las declaraciones de la Sra. Alvarado y de su defendido en la indagatoria, dejan en claro que no pudieron suceder bajo ningún tipo de consideración, puesto que dieron las características de la vivienda donde convivían, donde no había ninguna pieza en el patio, sólo un lavadero. Y que nunca la Sra. Alvarado cuidó a la niña en la casa de los padres de su defendido, hecho manifestado por la madre de la denunciante que dice que dejaba a los menores en el domicilio de la Sra. Alvarado. Jamás como expresa la Sra. Alvarado, la menor fue cuidada en el domicilio de la abuela de la denunciante Laura Gaitan Del Valle.
El recurrente rechaza por falaz la declaración de Miranday acerca que Alvarado algunas veces la cuido en la casa de la Sra. Gaitan Del Valle, ya que Alvarado explica claramente donde cuidó y cuánto tiempo a los menores, ya que no sólo estaba Micaela sino además estaba su hermano Franco. Expresa que el único lugar aparte de su casa, es la casa de su madre, porque cuando la retiraba del colegio iban a la casa de la madre de la denunciante hasta que ella volviera.
Expresa que el reproche penal debe constituir una derivación efectiva de las pruebas incorporadas y las reglas de la sana crítica racional, y que en el caso, el resolutorio recurrido no es producto de un análisis lógico jurídico que permita racionalmente unir casualmente el hecho, las pruebas con la imputación de su defendido, deviniendo en un acto arbitrario, pues ha realizado un análisis no adecuado a las dos pautas esenciales consistentes en que la declaración testimonial sea cierta y la corroboración del profesional de la misma, cosa que con las pericias de parte y la indeterminación de la pericia oficial hacen a este hecho un proceso que ni en grado de probabilidad se hubiere podido realizar.
Continuando con el tratamiendo del presente agravio, debo rechazarlo en cuanto cuestiona la materialidad de los hechos por ausencia de pruebas directas, ello reitero, dado las características de los delitos contra la integridad sexual y su modalidad de comisión, donde como en el caso de marras, la Jueza A quo se enfrentó con la ausencia de elementos probatorios directos de los hechos, salvo el propio testimonio de la víctima, habiendo otorgado la Magistrada adecuado valor probatorio a la prueba indirecta y los resultados de la pericia psicológica. La jurisprudencia tiene dicho que “...el nuevo Código Procesal Penal, para receptar, finalmente, el principio de la libre valoración de la prueba, ha abandonado las reglas de prueba legal, es decir aquellas pautas que ordenaban al juez, bajo determinadas condiciones, considerar probado un hecho.
Si bien este principio prohíbe imponer al magistrado una determinada convicción, debe remarcarse que la mera certeza subjetiva no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la prueba receptada no admite una conclusión racional, es decir que la libertad del juez, a la hora de valorarla, debe estar sujeta, necesariamente, a las leyes del pensamiento y la experiencia. En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional... requiere de dos acciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio. Es decir que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental.
La sana crítica no consiste... en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de las víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación...” (CFed.CCorr., Sala II, 9-3-2004, “Capdevilla, Carlos O. s/ procesamiento”, c.20.984. Luraschi, Irurzun, citado en “Revista de Derecho Procesal Penal 2009-1.
La prueba en el proceso penal-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 393/394).- Tampoco puede prosperar el agravio acerca de la indeterminación de las circunstancias de lugar de los hechos imputados, puesto que resulta impensado que se le exiga a la víctima la descripción precisa de cada lugar donde habría sido abusada por el encausado, tratándose de una niña que al tiempo de haber vivenciado los hechos tenía entre seis y siete años y que no continuó viviendo en la ciudad de Chilecito, por haberse mudado la familia a la localidad de Río Turbio; máxime cuando su relato es explícito acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos habrían acaecido, y se tiene por veraz conforme la prueba aunada a la causa.
Por el contrario de lo argumentado por el recurrente, la Magistrada hubo de ordenar diligencias probatorias al respecto, logrando a través del informe de fs. 142/147 y con los testimonios de los progenitores de la víctima y de la Sra. Romina Cristina Alvarado -pareja del imputado-, tener por corroborado como lugar de comisión de los hechos denunciados, la vivienda sita en calle Castro Barros Nro. 532 de la localidad de Chilecito, en la Provincia de La Rioja.
3. Asimismo la defensa rechaza la calificación jurídica de los hechos endilgados a Gabriel Alfredo Herrera. Se agravia la defensa de la agravante de la guarda, rechazando que su cliente haya tenido la guarda de la niña, puesto que no está probado. Agrega que la Sra. Alvarado nunca abandonó a la menor y que Herrera por su trabajo y su actividad no tuvo la guarda, que nunca estuvo obligado en nada con relación a la denunciante y que nunca estuvo solo con la menor.
Aporta el concepto doctrinario de guarda, tratándose de personas que tienen a la víctima a su merced, o bajo una situación de poder, durante un cierto margen de tiempo, ellos son el tutor, el curador o el guardador legal de la misma, sea de hecho o de derecho, y por lo tanto su defendido no está incluido en dicha condición.
Agravia a la defensa que la A quo pretende suponer que a la luz de la sana crítica racional y acreditado el tiempo, modo y lugar donde se produce el hecho, haya probanzas para considerar la autoría penal del imputado, puesto que su defendido nunca ejerció la guarda de la menor y que cuando su pareja cuidaba a los menores de la Sra. Miranday estaba siempre presente, por lo tanto no hay materialidad posible, rechazando la imputación.
Rechaza la manifestación de la Aquo acerca que los hechos investigados se generaron en la privacidad, ya que esto no es así porque nunca Romina Alvarado abandonó a Micaela, ni en ningún momento su defendido estuvo solo con la niña. Se apoya en la testimonial de la Sra. Alvarado y lo declarado en la indagatoria por su asistido.
Hace referencia al principio de responsabilidad y sostiene la total falta de responsibilidad de su defendido en el hecho investigado, citando doctrina en apoyo de su agravio.
En respuesta al presente agravio, debo decir que la agravante de encargado de la guarda, es independiente y comprende a aquellos casos en que precisamente el sujeto activo no tiene el carácter de guardador pero ve facilitada su actividad criminosa por su permanencia en el hogar; encontrándose subsumido su accionar en la figura de la guarda con la relación de pareja conviviente que mantenía el imputado con quien al tiempo de los hechos, se encargaba del cuidado de la víctima mientras su madre trabajaba, por lo cual desestimaré el presente agravio.
De igual forma, el recurrente rechaza la condición de gravemente ultrajante, toda vez que tal agravación punitiva solamente puede ser determinado cuando resultase un grave daño en la salud psíquica y mental de la víctima, y requiere que exista un nexo causal entre la agresión sexual y el daño psicofísico que padece la víctima. Dicho estado debería ser acreditado en las pericias medicas correspondientes, y en este caso entiende la defensa que no surge de las pericias ningún daño psíquico y no existe tampoco nexo causal alguno por parte de algún comportamiento de su asistido, toda vez que la denuncia es de un hecho de hace 16 años atrás, no pudiendo esta parte determinar que ha sucedido en todo este tiempo de la vida de la denunciante. Al respecto, debo decir que tampoco prosperará, puesto que los fundamentos y conclusiones de la Sra. Jueza de Instrucción se ajustan a las constancias de la causa en base a las cuales formó su convicción en orden a la imputación formulada y a la ponderación de la agravante de abuso sexual gravemente ultrajante.
Así, la Jueza logró tener por acreditado que, debido a la cantidad de veces en que habrían sucedido los hechos imputados -más de cinco-, han sido aptos para marcar claramente el desarrollo sexual de la víctima, contando con la conclusión de la Lic. Costilla, quien expresó que la misma presentaría dificultades en la identificación sexual, existiendo además dificultades para vincularse con el sexo opuesto.
La Jueza hubo de argumentar que la conducta desplegada por el imputado y la amplia diferencia de edad de la víctima para con el imputado al tiempo de comisión de los hechos, habría lesionado el normal y sosegado desarrollo, la indemnidad sexual de la víctima, además de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba al momento de los hechos.
Puntualmente la Jueza efectuó una adecuada fundamentación de la calificante, al expresar: "...entiendo que lo gravemente ultrajante y degradante que tuvieron los sucesos descriptos radican en ser sometida la menor a diversos episodios de abuso, consistiendo en realizar la niña sexo oral a la pareja de su niñera -HERRERA-, tocamientos de sus pechos y vagina, como así también ser obligada a tocar con su mano el pene del imputado, como hacerla sentarse sobre el miembro del encartado, quien le pidió que se moviera al tiempo de tocarle la vagina, conforme lo expresado por Micaela al momento de brindar declaración testimonial en Sede Judicial. Acos llevados a cabo en el domicilio de la Sra. Romina Cristina ALVARADO, en la ciudad de el Chilecito Provincial de la Rioja, donde cuidaba de la menor víctima...".- Esta apreciación de la prueba bajo los parámetros indicados, no logra ser puesta en jaque por el recurrente, resultando inhábil para fundamentar el cambio de calificación legal realizado por la Jueza A quo.
Lo trascendente es que la conducta del imputado representó algo más que lo descripto en la figura básica del abuso sexual simple, pues a los actos de significación sexual atrapados por aquella, se les añadió el carácter de gravemente ultrajante cuando, como en el caso "conllevan en sí mismos un alto grado de ultraje y humillación" (Creus - Bompadre, "Derecho Penal", Parte Especial, Astrea, Bs. As., 2007, V. I, págs. 206/207).
En efecto, los sucesos imputados configuran un plus por sobre la figura básica del 1er párrafo del art. 119 del CP, pues en sí mismos habrían tenido un alto contenido vejatorio objetivamente y más allá de como pudiera haberlos percibido la propia víctima.
Asimismo rechaza el recurrente la calificación de corrupción de menores agravado por la edad, por la guarda y por el medio empleado, puesto que la doctrina sostiene que la corrupción tiene un sentido especialmente psicológico y moral, de manera que se dice corrupto la acción que deja una huella en el psiquismo de la víctima al torcer el sentido natural y biológico de la sexualidad, hecho que no está probado en estos actuados conforme las testimoniales de la Sra. Alvarado, en relación a los horarios laborales de su defendido, reiterando el rechazo a la materialidad de los hechos imputados.
Asimismo agravia a la defensa que la A quo, relacione que Micaela presentaría dificultades en la identificación sexual con su cliente y el supuesto abuso, cuando no tiene nada que ver por ser la identificación de género que elige cada uno.
La defensa rechaza la calificación del art. 125 del CP, por la edad de la menor que efectúa la A quo, quien introduce el término de indeterminación sexual como secuela, cuando esto no es así. La jurisprudencia habla que la determinación sexual es un hecho personal y esto no quedó reflejado en la pericia como una secuela de un abuso sexual.
Sin embargo, descartaré el presente agravio, toda vez que, la Magistrada hubo de tener por acreditado razonadamente, con el grado de probabilidad que la instancia requiere, que los hechos imputados a Herrera, llevados a cabo en reiteradas oportunidades, habrían tenido entidad suficiente para provocar un efecto emocional grave en la sexualidad no desarrollada de la víctima que por su edad, fueron prematuros, excesivos y depravados, lo que se ve agravado por la guarda y por el medio empleado.
Finalmente la defensa rechaza la aplicación de las leyes 26.061 y 26.485, toda vez que la irretroactividad de la ley penal prima por sobre cualquier consideración jurídica, y estas leyes no estaban vigentes en el tiempo en que la denuncia aduce que se desarrollaron los hechos, planteando la afectación de la garantía constitucional del art. 18 de la Carta Magna.
Tampoco asiste razón al recurrente en su argumentación, puesto que la Jueza A quo enmarcó la presente investigación en las leyes 26.061 y 26.485 no en forma aislada, sino en conjunto con la totalidad del plexo normativo aplicable, como parte de una estructura sistemática y progresiva, conciliando de esa forma los derechos y garantías de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que rigen la materia. La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de perspectiva de género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos. Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de vulnerabilidad en la que se habría encontrado la víctima al momento de los hechos. Recordemos que incluso, y para ubicar la relevancia que el tema tiene, por Resolución Nº 289/2019 se modificó el Reglamento de Concursos para quienes aspiren a cargos del Poder Judicial de la Nación, siendo requisito fundamental su conocimiento, es decir herramientas procesales y legislación aplicable destinada a la protección de los derechos de las mujeres, como es el caso que nos ocupa. Se evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Belem do Para, 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
4. Se agravia el recurrente de la parcialidad de la Jueza A quo, al considerar solamente las pericias realizadas por el cuerpo forense y solo mencionar la pericial realizada por los peritos de parte sin exponer los argumentos que contradicen en forma manifiesta y significativa la versión oficial, circunstancia que torna arbitrario el auto de procesamiento.
Alega que perjudica los intereses del recurrente, la valoración fraccionada de las pericias psicológicas de la denunciante, cuando manifiesta lo expresado por la Lic. Costilla: "...las cuales podrían ser compatibles con vivencias de victimización sexual...", con el fin de abonar su teoría incriminatoria, cuando en realidad se trata de una expresión genérica que no determina que lo haya padecido la menor ni mucho menos lo refiere específicamente a este caso, porque en realidad no sucedió.
El recurrente rechaza la manifestación de la A quo de querer introducir estos actos como perversos, ya que en ambas pericias manifiestan que no existe un estado de morbosidad en Herrera, por lo tanto entiende que esto es totalmente erróneo.
Se agravia la defensa cuando la A quo manifiesta que hay un punto del informe psicológico de Herrera, realizado por la pericia oficial, que habla de su personalidad, dejando de lado el informe de los peritos de parte que contradicen en forma manifiesta lo planteado por los peritos oficiales.
Concluye que las pericias en sí mismas son una manifestación de la percepción de un profesional, que no determinan que el sujeto mate o viole por tener esas características.
Concretamente agravia al recurrente la escasa valoración que hace la Jueza de las conclusiones de la pericia psicológica de la denunciante efectuada por el Lic. Lucio Andrade, en cuanto a la fiabilidad del relato, si presenta signos indicadores de haber sufrido abuso sexual, si padece alguna enfermedad mental y sobre las características de la personalidad.
En respuesta al presente agravio, cabe traer a colación lo que tiene dicho la jurisprudencia en el sentido que "...el tribunal es soberano en la valoración de la prueba aun cuando verse sobre temas en los que deban expedirse expertos... y no corresponde sugerir que la opinión válida sea en tales casos la que obtenga mayoría de adhesiones o que no sea contradicha, igualmente que la prueba pericial, aun siendo importante, no necesariamente resulta definitoria, pues es facultad de los jueces apartarse de las conclusiones de los peritos si sobre la base de otras pruebas disienten con el dictamen... El criterio de valoración de las citadas pruebas por el juez, será el de la sana lógica o sana crítica, lo que se traduce en una valoración amplia de todo el plexo probatorio..." (CNCCorr., Sala V, 26-5-97). De la ponderación de la prueba aunada a la causa, la Jueza logra establecer la conducta dolosa en el encartado y que no existen elementos que permitan concluir que el imputado no comprendía la criminalidad de sus acciones o que no podía dirigirlas. Con lo cual, no advirtiéndose, reitero, arbitrariedad en la valoración del plexo probatorio efectuado por la Jueza A quo, es que desestimaré el presente agravio.
5. La defensa se agravia de la ausencia de valoración de lo declarado por su asistido en la indagatoria, habiendo expresado que trabajaba en la curtiembre Yoma, con turnos de 8 o 12 horas, y que los mismos eran rotativos, por lo que en ningún momento se quedó solo con la menor, ya que quien la cuidaba era su esposa y él nunca tuvo contacto ni intervino o suplantó a su esposa; que ésta jamás se ausentó dejándole los menores a su cargo, finalizando su exposición afirmando que Herrera en ningún momento entro en contacto con los menores y que lo manifestado por Miranday es falso y nunca sucedió. Ahora bien, en nuestro caso, vemos que la Magistrada dijo haber considerado el relato exculpatorio del imputado, entendiendo que no alcanzan a desvirtuar las pruebas analizadas.
Al respecto, se ha dicho que: “La declaración indagatoria puede ser valorada, aún en contra del mismo imputado sin que ello constituya agravio alguno, por cuanto no existe afectación a ninguna norma procesal o constitucional". (TSJ, Neuquén; 23/03/2012; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Neuquén; García Palazon, Nelson Argentino s. Incumplimiento a los deberesde asistencia familiar RC J10161/13). Que este agravio tampoco podrá prosperar. En efecto, concuerdo con la Jueza de Instrucción en que poseen mayor poder convictivo los elementos de prueba reunidos y valorados a la luz de la sana crítica racional, que la versión traída por el encartado, donde sucintamente explica que afuera de la casa no había una habitación en el patio, que al tiempo de los hechos denunciados trabajaba todo el día en una curtiembre, negando haber tenido contacto con la menor, que su mujer le cuidaba a la niña de favor, solamente dos o tres meses, argumentando que la denuncia se debería a haberle dicho que no a varias solicitudes de la denunciante, empezando los problemas, que la ayudaban económicamente.
Si bien es sabido que la declaración indagatoria: “… es el medio de defensa con que cuenta el imputado durante el transcurso del proceso penal para ejercitar la defensa material…” (Principios de intimación, imputación y congruencia en el Código Procesal Penal de la Nación; Romero Villanueva, Horacio J.; SJA 07/11/2018, 309, Cita online: AR/DOC/3348/2018); y que: “… el juez debe practicar todas las medidas que indica el imputado en su indagatoria (hacer comparecer testigos, recoger la prueba que haga referencia), pues el imputado abre una vertiente de investigación.” (Washington Abalos - Código Procesal Penal de la Nación, ed. Ediciones Jurídicas Cuyo; p. 702), sin perjuicio de ello, en el auto de procesamiento (fs. 175vta. y 176), la Magistrada ponderó la declaración del imputado, no obstante, la juzgó insuficiente frente a la prueba reunida.
En el plano jurisprudencial, en cuanto a la valoración de la declaración indagatoria se ha dicho: “Si analizadas las actuaciones, existen reunidos serios indicios acerca de la participación del imputado en el hecho ilícito investigado, no obstante lo expresado en su declaración indagatoria, estos dichos que, sin desconocer que constituyen un medio de defensa de todo imputado, para adquirir real dimensión en ese sentido, no deben contraponerse con otros elementos de juicio obrantes en la causa.” (Cám. Fed. de Apel. de Salta; 11/09/96; "ELIAS Rolando Alberto y otro s/Infracción a la ley 23.737"; jueces: Lona, Mezzena, Falú, INTRANET PJN; Penal; 0 RC J 1683/99). Es por lo expuesto que desestimaré este planteo.
6. La defensa rechaza la prisión preventiva dictada por la A quo, por considerar que en el caso de marras no existe riesgo procesal, no se da el peligro de fuga ni mucho menos el entorpecimiento del proceso.
Expresa que existen varias formas y medidas que pueden asegurar la comparecencia en juicio de su defendido, solicitando se conceda el beneficio de arresto domiciliario o la pulsera electrónica, como morigeratoria de la prisión preventiva, sobre todo en este momento de pandemia y ante los posibles contagios de COVID-19 en los lugares de detención.
Hace mención a la presunción de inocencia de que goza su asistido, y que las medidas de coerción deben ser excepcionales, no habiéndose agotado en forma previa -en el caso de su cliente- los medios menos lesivos para el imputado, puesto que no se demostró la inutilidad de la caución juratoria primero y de la real después.
Agrega que el imputado tiene arraigo en la localidad, no posee antecedentes penales en su contra, siempre estuvo a derecho, la ausencia del peligro de fuga, ya que trabaja en YCRT y tiene su familia en Río Turbio.
Seguidamente trataré el cuestionamiento traído por la defensa acerca de la imposición de la prisión preventiva a Gabriel Alfredo Herrera, debiendo señalar que este punto fue abordado por la Jueza luego de disponer el procesamiento del encartado, a fs. 176/178, de los considerandos del auto recurrido coincidiendo en su fundamentación, motivo por el cual el agravio tampoco prosperará. No asiste razón al recurrente en que no existe en autos peligro procesal alguno, advirtiéndose que, si bien el recurrente no comparte los argumentos invocados por la Jueza de Instrucción para decretar la prisión preventiva de Gabriel Alfredo Herrera, en el auto recurrido señaló detalladamente las razones por las que ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP.
En este aspecto, los agravios desarrollados por el recurrente no logran conmover el decisorio arribado por la Magistrada interviniente, quien ha sustentado su resolución en la necesidad de dispensar debida protección a la víctima, en función de obrar en contra del encartado una imputación seria y racionalmente acreditada, las características de los hechos que se le atribuyen al encartado (respecto del cual las penas máximas en abstracto superan el tope establecido en el art. 299 del CPP), el peso probatorio reunido en su contra, la violencia de género impresa al caso, el interés superior de la niña puesto en juego, y la condición de vulnerabilidad de la víctima dado el contexto en que se encuentra inmersa y la importancia del bien jurídico protegido dañado; como pautas justificadas para ponderar el peligro de fuga y de entorpecimiento del proceso por parte del incuso.
Se advierte que la Sra. Jueza de Instrucción valoró indicadores ciertos y objetivos en los que fundamentó el dictado de la prisión preventiva, teniendo en cuenta el contexto actual de la legislación provincial, nacional y supranacional vigente, afirmando que la conducta imputada a Gabriel Alfredo Herrera en perjuicio de la víctima, obliga a ajustar el rigor con el cual se mide el riesgo procesal, concluyendo que el riesgo de entorpecimiento procesal y de re victimización de la joven mujer, no es evitable más que con la privación de la libertad del incuso, ajustándose a lo dispuesto en la materia por la "Convención de los Derechos del Niño", las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), y la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención de Belem Do Para), que impone el deber de adoptar medidas judiciales a fin de conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad, por lo que entiendo que el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva resulta ajustado a derecho, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia.
Recordemos, además que el art. 8º incs. b) y e) en función del art. 5º de la Ley Nro. 27.372, faculta a adoptar las medidas necesarias tendientes a neutralizar el peligro en casos de delitos contra la integridad sexual contra una mujer, cometidos con violencia de género, y en el caso se adiciona que la víctima pertenece a un colectivo por demás vulnerable, una niña ya convertida en mujer, con un grave impacto en su integridad como persona humana debidamente acreditado en autos, a raíz de los hechos vivenciados en la época en que se encontraba en plena formación como persona, habiendo sido sometida a un objeto sexual por el imputado. En tanto en los presentes autos, la circunstancia de tratarse de una imputación seria y debidamente fundamentada en los elementos de cargo aunados a la causa, y la pericia psicológica efectuada a la víctima, nos permiten considerar, sin incurrir en influencias por ciertos estereotipos de género, que estamos frente a un caso de aquellos que merecen un mayor despliegue por parte de la defensa para acreditar que su asistido no se profugará ni entorpecerá la investigación.
La medida cautelar dispuesta por la Sra. Jueza no se exhibe desentendida de los principios de ofensividad y proporcionalidad, ya que tuvo en consideración el estado de vulnerabilidad de la víctima, el hecho de haber sido el encargado de la guarda, el modo de comisión de los hechos y la reiteración del accionar desde tan temprana edad en la víctima, como maniobra apta para desvirtuar el normal desarrollo de la sexualidad, causándole un grave perjuicio. Recientemente se ha dicho: “La seriedad del delito y la severidad de la pena son factores de ponderación razonables y a tener en cuenta en las medidas restrictivas de la libertad para asegurar los fines del proceso.” Cámara Federal de Casación Penal; Sala II; “V., C.
R. s/ incidente de excarcelación”; 21/10/2020; Cita Online: AR/JUR/60291/2020. Consecuentemente, tampoco se hará lugar al agravio relativo a la medida de prisión preventiva de Gabriel Alfredo Herrera.
7. Finalmente rechaza el monto del embargo por arbitrario y excesivo.
En respuesta al presente agravio, cabe mencionar que el CPP, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP. En efecto, respecto al monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado al imputado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de quinientos mil pesos ($ 500.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 178, los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En este sentido, calificada jurisprudencia tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1). Asimismo acerca del presente agravio se tiene dicho: "...se observa que...los argumentos desarrollados sólo reflejan una opinión diferente sobre la evaluación del mérito oportunamente efectuada en ocasión de arribar al pronunciamiento...el remedio intentado no prosperará en la medida en que...la argumentación dada en la decisión descansa en un análisis razonado e integral del caso y de las disposiciones en juego..." (CNACyCF, sala II, "S.,L.R. y otros s/ casación", cita online: TR LALEY AR/JUR/65829/2014).
En orden a lo expuesto y en razón de las circunstancias de los hechos debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Jueza de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del daño ocasionado como consecuencia de los delitos investigados en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada.
8. El recurrente hace reserva de la cuestión federal para el caso de obtener una resolución negativa, intentando hacer efectivos los derechos de su defendido, amparado en la garantía de jurisdiccionalidad de las penas y por la presunción de inocencia, ambas de raigambre constitucional y contenidas en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, así como en los arts. 7 y 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y arts. 10 y 14.2 del PIDCYP. Asimismo impugna la validez del procesamiento por ser contrario a los principios constitucionales de lesividad, proporcionalidad y culpabilidad por el hecho, previstos por los arts. 19 y 75 inc. 22 de la CN, art. 5.2 de la CADH y art. 7 del PIDCYP. Pues bien, siendo que el caudal probatorio reunido en los presentes autos brinda cabal sustento al auto de procesamiento, corresponde homologar íntegramente el pronunciamiento adoptado por la Jueza A quo en cuanto dispone el procesamiento con prisión preventiva de GABRIEL ALFREDO HERRERA en orden a los delitos de "ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR LA GUARDA", "ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA GUARDA" (arts. 119, 1er y 2do párrado del Código Penal en función del inc. b) del 4to párrafo de la norma citada) y "CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADO POR LA EDAD, POR LA GUARDA Y POR EL MEDIO EMPLEADO" (arts. 125, 1er, 2do y 3er párrafo del Código Penal), en -al menos cinco oportunidades- en concurso ideal entre sí en función del art. 54 del Código Penal, y en aplicación de la Ley 26.061 y 26.485 y la medida cautelar de embargo, por ser ajustado a derecho.- En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 165/178 y vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. 4º)- TENER PRESENTE la reserva del Caso Federal incoada. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen. – FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6913 FOLIO Nº 095/107 PROT. ELECT. JRS1012I.211
Fin de la sentencia