Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 3321983-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de la parte actora y confirmar el pronunciamiento del 22/11/22, con costas (art. 68, primer párr., CPCCN).
34665/2023 MISKA SA (TF 3321983-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, febrero de 2024.
1. Que, el 22/11/22, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) confirmó la resolución AD LAPL 229/20, recaída en la actuación SIGEA 12586-1164-2020, y, por consiguiente, la liquidación manual 20033LMAN008354B, mediante la cual Miska SA había sido intimada a pagar la suma de USD 10.793,69 en concepto de derechos de exportación; (ii) impuso las costas a la accionante (v. pp. 318/322 del expediente TF 3321983-A, remitida con el oficio del 29/8/23).
Para decidir como lo hizo, señaló que, mediante la destinación 20 033 EC01 003609F, oficializada el 16/7/20, la empresa actora había documentado la exportación de mercadería ubicada en la posición arancelaria 1201.90.00.190 C: “Las demás a granel, con hasta 15% embolsado (ley 21.453) – Los demás HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS”, indicando que se trataba de productos orgánicos y que, conforme al artículo 1º del decreto 361/16, gozaban de un régimen tributario especial por el que fueron gravados con una alícuota de derechos de exportación del 0%.
Explicó que el servicio aduanero había efectuado una liquidación en concepto de derechos de exportación en el entendimiento de que la mercadería estaba gravada con las nuevas alícuotas definidas en el decreto 230/20, anexo I, o, en su caso, las establecidas en el decreto 793/18; y que la actora la había impugnado insistiendo en que se trataba de productos orgánicos que tributaban conforme al régimen especial previsto para las mercaderías que acreditasen esa condición, y no por el régimen general establecido para los productos convencionales, entre otros, mediante el aludido decreto 793/18 y sus modificatorios, pues, a su entender, éstos no habían derogado ni modificado el artículo 1º del decreto 361/16, en tanto se referían a posiciones arancelarias y no a las características o condiciones de los bienes.
En ese marco, el vocal instructor Juárez, puntualizó que:
- Con posterioridad al decreto 361/16 (BO 17/2/16), al amparo del cual la actora había documentado la operación, se emitió el decreto 1126/17 (BO 2/1/18) que, en su artículo 11, mantuvo la alícuota del 0% de derechos de exportación del anterior, salvo para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que se detallaron en su anexo XIII, donde se fijó para la PA 1201.90.00 (correspondiente a la mercadería del caso) un 30% de derechos.
- El decreto 793/18 (BO 4/9/18) estableció, hasta el 31/12/20, un derecho de exportación del 12% para todo el universo de mercaderías comprendido en la Nomenclatura Común del Mercosur, aclarando que, en caso de que los bienes ya estuviesen gravados, dicha alícuota se adicionaría a la que estuviese vigente (arts. 1º y 4º). Asimismo, en el artículo 3º, sustituyó las alícuotas de derechos de exportación aplicables, entre otras, a la mercadería en trato, la cual se fijó en un 18%. Este último porcentaje, sumado al adicional del 12%, daba una alícuota total del 30%. Es decir, que no constituyó una variación con respecto a la que había fijado el decreto 1126/17. -Finalmente, el decreto 230/20 (BO 5/3/20) fijó nuevas alícuotas de derechos de exportación y, para la mercadería de la PA 1201.90.00 en particular, la estableció en un 33% (arts. 1º y 2º).
Por otra parte, en su voto adherente, el vocal Soria agregó que, tanto el decreto 793/18 como el 230/20, referían sistemáticamente a “todas” las “mercaderías”, sin distinción de clases. Por lo que, a su entender, incluyeron las que revisten en la categoría de orgánicas y que comparten, promiscuamente con las convencionales, las distintas posiciones arancelarias de la Nomenclatura.
Sobre esa base, ambos vocales concluyeron que, al momento de registrarse el PE 20 033 EC01 003609F (el 16/7/20), correspondía para la PA 1201.90.00 una alícuota de derechos de exportación del 33% dispuesta por el decreto 230/20, tal como había sido liquidado por el Sistema Informático Malvina, de conformidad con la normativa vigente.
2. Que, disconforme con lo decidido, la parte actora interpuso apelación el 12/12/22, que se fundó el 13/12/22, se concedió el 9/3/23 y fue replicada el 3/4/23 (v. pp. 326, 334-366, 371 y 374-394, expte. cit.).
Cuestionó que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese considerado —aunque sin explicitarlo en la motivación de la resolución— que el decreto 793/18 y otras normas modificatorias como el decreto 230/20, habían derogado tácitamente el régimen especial de orgánicos establecido a través del decreto 361/16.
Planteó que no era materia de controversia: a) el carácter orgánico de la mercadería exportada, de acuerdo con el certificado acompañado en sede aduanera, b) que el arancel del 0% establecido en el decreto 361/16 constituía un régimen tributario “especial”, y c) que el Poder Ejecutivo, a través de los decretos 793/18 y sus modificatorios, no lo había derogado en forma “expresa”.
Reafirmó que, un régimen “especial” como el establecido por el citado decreto 361/16 para aquellos productos que acreditasen su calidad de orgánicos, no podía ser “tácitamente” derogado por un régimen “general” como el del decreto 793/18, destinado a productos convencionales.
Citó jurisprudencia de la Corte federal para sostener que una ley general nunca podía derogar otra especial, a menos que contuviese alguna referencia expresa o que existiese una manifiesta repugnancia entre las dos en la hipótesis de subsistir ambas. 34665/2023 MISKA SA (TF 3321983-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En definitiva, consideró que la derogación “tácita” del régimen “especial” del decreto 361/16 únicamente podría haber tenido lugar en caso de manifiesta incompatibilidad con el régimen “general” posterior del decreto 793/18 y sus modificatorios. Sin embargo, el tribunal de origen no había explicado por qué los consideró incompatibles. A ello añadió que la incompatibilidad debía evaluarse de modo restrictivo.
Por otra parte, remitió a la prueba oportunamente acompañada para acreditar que el régimen especial para productos orgánicos se venía aplicando simultáneamente con el establecido para productos no orgánicos. Es decir que, además de ser compatibles, habían coexistido sin ningún inconveniente.
Sobre esa base, concluyó que la decisión apelada era arbitraria e ilegítima, y debía ser revocada.
3. Que las normas posteriores al decreto 361/16 y referidas por el Tribunal Fiscal de la Nación tuvieron alcance universal, pues indicaron como objeto de la modificación de alícuotas aplicables a “todas” las mercaderías (v. art. 1º del dto. 793/18, y arts. 1º y 2º del dto. 230/20), sin efectuar distinción alguna entre productos orgánicos y no orgánicos.
Puede concluirse, entonces, que el artículo 1º del decreto 230/20 —vigente al momento de registro de la operación del caso— incluyó como objeto de la nueva alícuota a las mercaderías que revistiesen en la categoría de orgánicas.
Esa conclusión se ve respaldada por el hecho de que en los considerandos del decreto 793/18 se había hecho mención al 361/16, enlistándolo con los que redujeron al 0% la alícuota aplicable para un gran número de posiciones arancelarias, y que debían modificarse transitoriamente debido al nuevo contexto internacional y local (v. esp. párrafos quinto, sexto y décimo).
También por la circunstancia de que, con posterioridad, se dictó el decreto 852/21, mediante el cual se dispuso fijar en 0% la alícuota del derecho de exportación para los productos que certificasen la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, a excepción de los incluidos en su anexo (entre los que se incluyeron los de la PA 1201.90.00), para los que se dispuso una rebaja de un 5%.
Esto demuestra que, con anterioridad a su dictado —y, en particular, al momento en que se registró el PE 20 033 EC01 003609F— los productos orgánicos no contaban con la alícuota del 0% de derechos de exportación porque, como adecuadamente lo entendió el Tribunal Fiscal de la Nación, esa desgravación había sido derogada por el decreto 793/18, más tarde modificado por el decreto 230/20.
En tales condiciones, no es posible considerar que el régimen del decreto 361/16 hubiese subsistido con el del decreto 230/20, como pretende la actora. En cambio, es aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual, tratándose de leyes sucesivas que legislan sobre la misma materia, la omisión en la última de disposiciones de las primeras, importa seguramente dejarlas sin efecto, cuando la nueva ley crea –como ha sucedido con el decreto 793/18– un sistema completo más o menos diferente de la ley antigua. No sería prudente, en tales condiciones, alterar la economía y la unidad de la ley nueva, mezclando a ella disposiciones quizá heterogéneas de la ley anterior, que ella ha reemplazado (doctr. Fallos: 182:392; 248:257; 319:2185; y dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte en la causa CAF 28564/18 “Biocardales SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 3/3/22).
También cabe recordar aquí el principio hermenéutico que postula que no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007), quien pudo haber fijado un derecho de exportación especial para los productos orgánicos y, sin embargo, no lo hizo hasta el dictado del decreto 852/21, el cual mencionó expresamente en sus considerandos al decreto 230/20 y “modificó” el nivel de derechos de exportación para los productos orgánicos (v. párrafos octavo y diecisieteavo).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de la parte actora y confirmar el pronunciamiento del 22/11/22, con costas (art. 68, primer párr., CPCCN). Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la recurrente (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia