Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1 de la Resolución apelada, DE PRLA Nro. 7799/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA Nro. 13289-6703-2005.
2Confirmar parcialmente el artículo 3 de dicha resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de multa asciende a $17.445,25, en los términos del Considerando XII del voto del Dr. Licht.
3Confirmar parcialmente el artículo 5 de la Resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA asciende a USD 6.015,61.- más intereses. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Los intereses aplicables a los tributos deberán ser calculados por el Fisco, según los parámetros aplicables en cada momento y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero de acuerdo al Voto de la Dra. Sarquis.
4Con costas según los vencimientos, a la accionante en cuanto se confirma y al Fisco en cuanto se revoca.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-15249043-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 11 de Febrero de 2026 En la ciudad de Buenos Aires, los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, se reúnen para resolver en los autos caratulados: "MMA MANUFACTURA MOTORES ARGENTINOS SRL c/ D.G.A. s/recurso de apelación” Expediente N° 38.216-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°7799/15, la autoridad aduanera impuso al presunto responsable una sanción consistente en una multa y emitió el cargo correspondiente al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se basa en el presunto incumplimiento del régimen de importación temporal, en tanto la firma MMA MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS SRL omitió cancelar en su totalidad la mercadería importada temporariamente mediante la destinación N° 04001IT16000521T (“DIT”).
II. Contra dicho pronunciamiento, la encartada interpone recurso de apelación, alegando que el plazo para que el servicio aduanero exija el cobro de la multa y los tributos se encuentra prescripto. Sostiene, además, que en el presente caso se ha vulnerado su derecho a obtener una resolución de su situación procesal dentro de un plazo razonable. Alega que no existió infracción con relación a la mayor parte de la mercadería involucrada, la que fue reexportada en tiempo y forma. Subsidiariamente solicita la atenuación de la pena en los términos del art. 916 del CA. Adicionalmente impugna la liquidación efectuada por la aduana y el cálculo de los intereses. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se resuelva el caso en los términos expuesto, con expresa imposición de costas al fisco.
III. Por su parte, el fisco se presenta y defiende la validez del acto administrativo. Luego de efectuar la negativa genérica de rigor, indica que los argumentos expuestos por la contraria no han podido desvirtuar la configuración de la infracción prescripta por el art. 970 del CA, como así tampoco la extinción de las obligaciones asumidas. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae exclusivamente sobre la importadora. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
Primera cuestión IV.- En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADO- RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 02.12.2010, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 07.09.2015. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los más de diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (17.04.2005) y la corrida de vista operada el 07.09.2015.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables.
Segunda cuestión V.- Considerando lo expuesto, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde ahora analizar los demás agravios planteados por la recurrente.
VI. Sin perjuicio de ello, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VII. En las condiciones indicadas, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la DIT N° 04001IT16000521T.
VIII. Así las cosas, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. A la luz de lo enunciado, se observa que la mercadería importada temporariamente se encuentra parcialmente reexportada, tal como se detalla del análisis de la descarga de insumos realizada conforme la documentación obrante en autos, que se agrega como archivo embebido a la presente Anexo I.
X. Conforme surge del análisis realizado, de las 144.400 unidades correspondientes a los insumos importados temporalmente mediante la DIT N° 04001IT16000521T se desprende que solo se han reexportado 51.404,81 mediante los PE detallados en la descarga efectuada, quedando pendientes de cancelación 92.995,19. El saldo remanente no ha sido acreditado con la documentación analizada por este Tribunal, ni ha sido debidamente justificado por la actora. En consecuencia, no se ha demostrado el cumplimiento íntegro del régimen en relación con una parte de la mercadería importada temporalmente, lo que da lugar a los efectos tributarios e infraccionales previstos por la normativa aplicable (arts. 274 y 970 del CA).
XI. En relación con los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177). En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XII. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos IX, X y XI, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla en el cuadro adjunto como archivo embebido a la presente (Anexo II).
TOTAL ADEUDADO EN CONCEPTO DE MULTA (AL TIPO DE CAMBIO DE FS. 259)
ÍTEM 1: 356 x 2,90= $1.032,40 ÍTEM 2: 1.195,37 x 2,90= $3.466,57 ÍTEM 3: 6,32 x 2,90= $18,32 ÍTEM 4: 2.009,66 x 2,90= $5.828,01 ÍTEM 5: 2.032,47 x 2,90= $5.894,16 ÍTEM 6: 415,79 x 2,90= $1.205,79 TOTAL: $1.032,40 + $3.466,57 + $18,32 + $5.828,01 + $5.894,16 + $1.205,79= $17.445,25 TOTAL ADEUDADO EN CONCEPTO DE TRIBUTOS ÍTEM 1: USD 356 ÍTEM 2: USD 1.195,37 ÍTEM 3: USD 6,32 ÍTEM 4: USD 2.009,66 ÍTEM 5: USD 2.032,47 ÍTEM 6: USD 415,79 TOTAL: USD 356 + USD 1.195,37 + USD 6,32 + USD 2.009,66 + USD 2.032,47 + USD 415,79= USD 6.05,61 Así las cosas, el monto total adeudado en concepto de multa asciende a $17.445,25, mientras que el monto de los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de USD 6.015,61, en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
XIII. Con relación a la solicitud de la actora, respecto a la atenuación de la multa en los términos del art. 916 del CA, cabe señalar que, tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable.
Así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa, ED-DCCLXIV-708).
XIV. Finalmente, y en lo que respecta a la morigeración de la tasa de interés aplicable en dólares, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional.
Como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVA-DAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348-APNSGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), este tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también ad-vertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna.
En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar. En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue que, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C.J.C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
En atención a la luz del estándar interpretativo comentado, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA, aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME Nº 21/91 -a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución N.º 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución N.º 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar el artículo 1 de la Resolución DE PRLA N°7799/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA N°13289-6703-2005.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la Resolución DE PRLA N°7799/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA N°13289-6703-2005, declarando que el monto adeudado en concepto de multa asciende a $17.445,25, en los términos señalados en el Considerando XII.
3. Confirmar parcialmente el artículo 5 de la Resolución DE PRLA N°7799/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA N°13289-6703-2005, declarando que el monto adeudado en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA asciende a USD 6.015,61, con más los intereses señalados en el Considerando XIV. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al relato del Voto que antecede, y en especial a los Considerandos que tratan la Segunda Cuestión (IV.- a XII.-), que permiten concluir -específicamente en este caso- que corresponde confirmar la Resolución aduanera apelada (Ver punto 1 de la parte resolutiva).
II. Disiento con las interpretaciones relativas a la Primera Cuestión (Considerandos I.- a III.-) -plazo razonable-, así como también con la restricción a las facultades del Tribunal respecto de la graduación de las multas (Considerando XIII). Pero sí coincido cuando se decide que la sanción aplicada por la DGA debe ser confirmada.
III. Tampoco concuerdo en la estimación de la tasa de interés aplicable a los administrados que deben abonar estas deudas aduaneras en dólares, en cuanto propone morigerar la alícuota legalmente aplicable, al “prescindir” de la normativa, inclinándose por no aplicarla, en línea con un sólo precedente jurisprudencial. (Considerando XIV del voto del Dr. Licht).
IV. Fundamento mi discrepancia de criterio, en la necesidad de respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Considero que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, también se ha pronunciado la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encuentro graves razones para apartarse- observo que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, (luego modificadas por vía de otra Resolución por la cual resultaron inferiores), tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado.
Esta posición también se sostuvo cuando nuestro Más Alto Tribunal sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42). Asimismo, destaco que el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia, para casos como el de autos. En tal sentido, también considero inaplicable el antecedente referido, que se refiere a una persona física mayor de setenta años, cuando este caso en particular es relativo a una empresa constituida bajo la forma de Sociedad Anónima.
Como consecuencia de los razonamientos precedentes, la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415).
Máxime, cuando su invalidez -hasta el momento- tampoco ha sido declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía interpretativa de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló, en cada momento, las tasas aplicables a este tipo de deudas de los administrados, con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia, que también está vedado a nuestra limitada jurisdicción.
En tal sentido, no puedo olvidar que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a dichos criterios, que no son susceptibles de revisión en esta Instancia administrativa, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades. Por ello, entiendo que este Tribunal no está facultado para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (en sentido similar, CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas). Y mucho menos, en consecuencia, si se trata, como en el caso que nos ocupa, de Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
Así lo he votado en precedentes similares, que hasta el momento no han sido aún evaluados por las instancias superiores. Como consecuencia de los fundamentos antes resumidos, VOTO POR:
1.Confirmar el artículo 1 de la Resolución apelada, DE PRLA Nro. 7799/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA Nro. 13289-6703-2005.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de dicha resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de multa asciende a $17.445,25, en los términos del Considerando XII del voto del Dr. Licht.
3. Confirmar parcialmente el artículo 5 de la Resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA asciende a USD 6.015,61.- más intereses. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Los intereses aplicables a los tributos deberán ser calculados por el Fisco, según los parámetros aplicables en cada momento, y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero.
4. Con costas según los vencimientos, a la accionante en cuanto se confirma y al Fisco en cuanto se revoca. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1.Confirmar el artículo 1 de la Resolución apelada, DE PRLA Nro. 7799/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA Nro. 13289-6703-2005.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de dicha resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de multa asciende a $17.445,25, en los términos del Considerando XII del voto del Dr. Licht.
3. Confirmar parcialmente el artículo 5 de la Resolución, declarando que el monto adeudado en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA asciende a USD 6.015,61.- más intereses. Revocar en cuanto a la exigencia de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Los intereses aplicables a los tributos deberán ser calculados por el Fisco, según los parámetros aplicables en cada momento y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero de acuerdo al Voto de la Dra. Sarquis.
4. Con costas según los vencimientos, a la accionante en cuanto se confirma y al Fisco en cuanto se revoca. Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
(Archivos embebidos Anexo I y II)
Date: 2026.02.10 14:10:31 ART Date: 2026.02.10 14:34:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.11 13:44:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.11 13:45:24 -03:00
Fin de la sentencia