Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35566-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del pronunciamiento apelado; en consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo, y
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículos 279 y 68, 1° parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
MOLDERIL S.A (TF 35566-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 10 de febrero de 2026.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 18/09/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la Resolución (AD CORD) n° 1586/14, recaída en las actuaciones SIEGA n° 12668-57- 2010, en cuanto condenó a la firma MOLDERIL S.A. al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 974 del C.A. en función de lo dispuesto en el art. 864 inc. a) del C.A. Impuso las costas a la recurrente (fs. 166/175 de los antecedentes de la causa).
Para así resolver, sostuvo que, la mercadería objeto de autos fue ingresada al país mediante la destinación suspensiva de tránsito de importación n° 10042TRAS008691W, careciendo de libre circulación en el territorio aduanero, en términos del art. 250 del C.A.
Indicó que, el traslado de la carga debía efectuarse desde la aduana arribo (Aduana de Paso de los Libres) hasta la aduana de destino (Aduana de Córdoba), a los fines de que en esta última se la sometiera a una destinación aduanera.
Precisó que, de las actas testimoniales de la causa surgía que el chofer que transportaba la mercadería omitió dirigirse hacia la Aduana de destino, arribando la carga directamente en las oficinas de la empresa Molderil S.A. ubicada en Río Primero (Córdoba), quien conjuntamente con el personal de la empresa violentaron los precintos del chasis y descargaron la mercadería en cuestión.
Adujo que, tal proceder fue calificado por el servicio aduanero como contrabando simple clandestino, figura que se encontraba regulada en el art. 864 inc. a) del C.A., el cual establece que “Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que: a) Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas senaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos...”.
Ponderó que, en el caso, concretamente, en lo que respecta a la responsabilidad penal de la firma Molderil S.A. el encuadre delictual halló su fundamento en el apoderamiento ilícito de la mercadería mediante su sustracción del control aduanero, la mercadería no contaba con libre circulación dentro del territorio aduanero, situación que era de pleno conocimiento por parte de la empresa (onerosamente beneficiaria del régimen de destinación suspensiva) quien además, sabía que para poder retirar la mercadería del medio de transporte debía contar con la previa autorización del servicio aduanero, siendo condición necesaria que con anterioridad la firma sometiera la mercadería a una destinación aduanera (art. 296 del C.A.), dada la condición “en tránsito” en la que se encontraba.
Por tales motivos, entendió que las circunstancias de la causa demostraban que, la responsabilidad delictual de la empresa recurrente se circunscribió -al menos- a una carencia o defecto en su organización relacionada a la falta de dirección y vigilancia que permitió la sustracción - por parte de su personal y en su nombre- de la mercadería del control aduanero.
Expuso que, la mayor interesada en el cumplimiento del régimen (y principal obligada frente al Fisco) debió y debe ser quien la documenta, por lo tanto resultaba pueril afirmar que la negligencia de un tercero (como en este caso sería el chofer del medio de transporte) pueda eximirla de toda responsabilidad, máxime cuando la “disposición” de la mercadería (que implicó sustraerla del control aduanero con la rotura de los precintos y posterior descarga) fue consumada en la planta de la importadora, adonde nadie -siguiendo la tesis defensista- hizo observación alguna a la rotura de los precintos, una práctica que no podía internalizarse como posible alegando la negligencia de un tercero. La negligencia era evidente y por ese grado de culpa debía responder la importadora.
Advirtió que, el hecho por el que respondía la empresa tenía su fundamento en la descarga no autorizada de la mercaderíaa, que en provecho del desvío del medio de transporte, lograba la introducción de manera ilegítima e irregular de la carga en el territorio aduanero. Si el proceder de la empresa hubiere consistido en dar aviso a la Aduana del desvío del medio de transporte, la carga hubiera quedado en zona primaria aduanera, bajo un proceso de contrabando por el accionar del transportista, pero su proceder no hubiese calificado -por su falta de participación- en el delito de contrabando en su forma clandestina. Añadió que, había un proceder cuanto menos negligente por parte de la empresa importadora que, de manera razonable, evitable y previsible pudo haber impedido que la mercadería se sustraiga del medio de transporte, dando la debida intervención al servicio aduanero para evitar el resultado lesivo.
Señaló que sin perjuicio del análisis delictual precedentemente examinado, los hechos relatados habían quedado encuadrados en la infracción aduanera prevista y penada en el art. 974 del C.A., atento a que el valor en plaza de la mercadería no superaba el monto de los $ 100.000 pesos.
Por ello, consideró que había que responsabilizar a la empresa Molderil S.A. por la infracción aduanera de contrabando menor de la conducta delictiva del art. 864 inc a) del C.A., habida cuenta de que había existido defecto o carencia del ente respecto de la falta de medidas de dirección y vigilancia necesarias para la evitación del delito de contrabando - en este caso clandestino-, que en uso de su estructura y personal, permitió a partir de aquel defecto o de aquella carencia, que la comisión del delito se cometa en su nombre y en su beneficio. En consecuencia, concluyó que la fîrma recurrente resultaba responsable por la infracción cometida (art. 974 C.A.).
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 28/10/2024 interpuso recurso de apelación la actora (concedido el 1/11/2024), expresando agravios el 7/11/2024 (fs. 187/195 de los antecedentes de la causa), los que fueron replicados por la contraria el 12/12/2024 (fs. 216/220 de los antecedentes de la causa).
Con fecha 19/08/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal de Cámara.
Se agravia la recurrente porque en la sentencia impugnada se omitió considerar el pago realizado por su parte en concepto de tributos en el marco del Régimen de Regularización previsto por la Ley 27.260 y en consecuencia, también se omitió analizar los efectos del mencionado pago en relación a la extinción de la acción penal (art. 54 ley 27.260) y la condonación de la multa y el comiso de la mercadería, conforme los términos del artículo 55 de la citada norma.
Apunta que, tal como puede observarse en la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2024, únicamente en el Considerando N° III se hace referencia al pago realizado por su parte, habiéndose omitido hacer referencia a las presentaciones que fueron realizadas con fechas 17/02/2017, 1/09/2017, 3/10/2017 y las réplicas de la demandada, solo para mencionar algunas.
Destaca que, sobre el pago realizado mediante la LMAN N° 16017LMAN041559M, generada por el servicio aduanero e incluida en el Plan N° J019428, se ha expedido la propia División Aduana de Córdoba, en respuesta al oficio N° 81200/17-CB remitido por el Exmo. Tribunal Fiscal de la Nación, indicando que el Plan se encontraba abonado en su totalidad, ya que se había cancelado en una sola cuota.
Asimismo, en la mencionada respuesta, identificada como Nota N° 199/2017 (SE ECFI), se indicó que los tributos abonados coincidían con lo reclamado en la corrida de vista obrante a fs. 108 de las actuaciones administrativas.
Aduce que, si bien la demanda ha rechazado la procedencia de la condonación del comiso, el artículo 55 de la Ley 27.260 extendía claramente el beneficio a las "...demás sanciones”, entre las cuales está comprendida la pena de comiso.
Asimismo, respecto de la Resolución General AFIP 4007/2017, artículo 7, invocada por el Fisco, menciona que, la norma se refiere a las penas de comiso que el Código Aduanero impone en los casos en que la mercadería en infracción fuese prohibida (vg. la sanción prevista en el segundo apartado del artículo 970). Ello es así, porque solo en esos casos, el libramiento de la mercadería podría “afectar, entre otros bienes jurídicos tutelados, la seguridad y la salud pública, la política industrial, la política alimentaria, la sanidad animal o vegetal, la protección del patrimonio artístico y la preservación del medioambiente”.
Alega que, contrariamente a lo que sostiene la representación fiscal, los bienes jurídicos que pretende tutelar el artículo 7 de la Resolución General AFIP 4007, se identifican con los bienes jurídicos que justifican el establecimiento de prohibiciones económicas o no económicas a la importación o exportación y que se encuentran detallados en los artículos 609 y 610 del Código Aduanero respectivamente. Luego, si la mercadería no se encuentra sometida a la prohibición económica o no económica, no existe óbice alguno para su libramiento.
Entiende que, afirmar que la pena de comiso no está incluída en el beneficio de la condonación, cuando el artículo 55 textualmente establece la condonación de las multas y demás sanciones previstas en el Código Aduanero, constituiría un exceso reglamentario con la consiguiente afectación de la jerarquía normativa prevista en el artículo 31 y de la limitación establecida en Artículo 99, apartado 1, ambos de la Constitución Nacional.
Expone que, una interpretación contraria a la sostenida por su parte, que pretenda eliminar el beneficio de condonación sobre cualquier tipo de decomiso, importaría olvidar, tal como lo establecen los dichos de la CSJN invocados por la apoderada del Fisco; que “...la primera fuente exégesis de la ley es su letra y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla” (Fallos 218-56, 299-167). De otro modo, podría arribarse a una interpretación que - sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal - equivaliese a prescindir de su texto...".
Puntualiza que, la interpretación sostenida por su parte, es la que cumple con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que las leyes siempre deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilia y deja a todas con valor y efecto (Fallos: 300:1080; 313:1293).
Por último, menciona que la Resolución General fue publicada el dia 6 de marzo de 2017, cuando Molderil, ya se había acogido al régimen de la ley 27.260, por lo que sus preceptos, desde que imponen condiciones más gravosas a las existentes, no pueden aplicarse retroactivamente.
Por todo lo expuesto, considera que, debe revocarse la resolución impugnada y declararse, conforme el pago realizado por su parte, la extinción de la acción penal, la condonación de la multa y el comiso de la mercadería, todo ello en los términos de los arts. 54 y 55 de la ley 27.260. En subsidio y para el caso de que este Tribunal considerase que el pago realizado por su parte no trae aparejado los efectos previstos por la normativa (ley 27.260), manifiesta que, cabe igualmente revocar el pronunciamiento de fecha 18 de septiembre de 2024, atento no existir un nexo causal de tipo subjetivo entre la infracción endilgada por el servicio aduanero y la conducta de la firma importadora, desde que no se ha probado la intención de sustraer mercadería al control que corresponde ejercer al servicio aduanero.
Considerando que la figura infraccional de contrabando menor se caracteriza justamente por contener la estructura del tipo penal del delito de contrabando doloso, del que solo difiere en el valor en plaza de la mercadería en infracción, el servicio aduanero debió haber expuesto con claridad en la Resolución N° 1586/2014 en qué consistió la maniobra dolosa realizada por su parte de modo tal que pueda justificar la imputación realizada en los términos del art. 947, en función de lo dispuesto en el art. 964 inc. a), ambos del Código Aduanero.
Con relación a ello, afirma que, lo cierto es que esa justificación no existe. De hecho en la propia Resolución dictada por la Aduana y a los efectos de rechazar los argumentos defensivos expuestos por la firma transportista indica que: "... es justamente en el momento en el que la mercadería se encontraba sobre el medio de transporte, previo a la intervención del servicio aduanero, que la firma responsable de su tránsito se aparte de las rutas senaladas por el servicio aduanero y sustrae la mercadería del control de aduana impidiendo el ejercicio del control de aduana”.
Pone de relieve que, la disponibilidad física de la mercadería no la tuvo Molderil S.A. sino hasta después de haber sido descargada en su depósito, es decir, hasta ese momento no pudo tomar ninguna medida sobre la misma, ni tuvo posibilidad de sustraerla del control aduanero, pues la mercadería se encontraba físicamente bajo la órbita de acción del transportista.
Agrega que, por otro lado, no existe ningún elemento que permita inferir una connivencia entre la empresa de transporte y su parte, máxime cuando ha sido demostrada su intención de someter la mercadería a control aduanero, por medio de una de las destinaciones autorizadas, a través de los actos previos al registro y por su presentación espontánea de comunicar los hechos sucedidos, desde que fue Molderil S.A. quien puso en conocimiento del Administrador de la Aduana de Córdoba el hecho sucedido poniendo a su disposición la mercadería en cuestión. A lo expuesto, indica que, la mercadería verificada oportunamente coincidió exactamente con la descripta en el conocimiento de embarque N° BR.4569.50455, conforme surge del Acta de Interdicción de mercadería de fecha 21 de octubre de 2010.
Por lo expuesto, solicita se haga lugar a la apelación con especial imposición de costas.
III. Que mediante el pronunciamiento del 5/12/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación, reguló los honorarios de la representación fiscal -conf. la doctrina establecida al efecto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (confr. Sala III in re "RQ en La Morocha S.A. s/ recurso Tribunal Fiscal”, del 26/2/85, y Sala IV in re "Macagno Ricardo Victor", del 18/11/03, y “Redruello, Jorge Neris”, del 26/10/2004; entre otros)-, por su actuación profesional en esa instancia en doble carácter de letrados apoderados y patrocinantes del Fisco Nacional, en la suma de $371.970.
Dicho pronunciamiento fue apelado por la parte actora y por la representación fiscal con fecha 16/12/2024, los que fueron concedidos con fecha 27/12/2024.
IV. Que, revisado lo hasta aquí actuado, sin perjuicio de los fundamentos expuestos por el pronunciamiento apelado, a entender del Tribunal, conforme a continuación se explicará, lo resuelto por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, no resulta conteste con los antecedentes del caso, así como tampoco guarda correlato con las cuestiones planteadas, correspondiendo -por tanto- su revocación.
En efecto, de las constancias obrantes en el expediente, se desprende que:
(i) Con fecha 27/10/2016 la actora efectuó una presentación ante el TFN, a fin de tomar vista de las actuaciones y extraer copias simples de la liquidación practicada en los antecedentes administrativos con el propósito de evaluar la conveniencia de acogerse a los términos de la Ley 27260 (fs. 41).
(ii) con fecha 17/02/2017 la parte actora manifestó: “con fecha 22/12/2016 nos allanamos al pago de los tributos a través del régimen de Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras previsto en el artículo 52 y siguientes de la Ley 27.260 (Resoluciones Generales 3919 y 3920), ante la División Aduana de Córdoba, habiendo efectuado el pago de los tributos liquidados en la presente causa a través de un pago único por la suma de USD 8.672, 76 por lo que corresponde declarar condonada la multa y el comiso de la mercadería en los términos del artículo 46 de la citada norma”. A los fines de acreditar los extremos invocados acompañó print de pantalla la página web del organismo "mis facilidades", comprobante de pago del VEP y formulario 408 debidamente intervenido. En consecuencia, solicitó se tenga por acreditado el pago mencionado y se declare la condonación de la multa y el comiso de la mercadería en los términos del artículo 55 de la ley 27.260 (fs. 43/50).
(iii) con fecha 15/03/2017 el TFN dio traslado de dicha presentación al Fisco Nacional (fs. 53).
(iv) con fecha 7/04/2017, el TFN dispuso: “Con el objeto de esclarecer debidamente los hechos sometidos a estudio del Tribunal, y de conformidad con lo previsto por el articulo 6° de la Resolución General (AFIP) 4007-E, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 1156 del C.A., por secretaría de Vocalía, requiérase a la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General de Aduanas (DGA)- que, en el plazo de quince (15) días, informe si las obligaciones sustanciales que motivaron la sanción cuestionada en los presentes actuados se encontraban canceladas al 23/7/16 (conf. art. 56, cuarto párrafo, ley 27.260) y se expida, de corresponder en los términos del art. 11 in fine de la Resolución General (AFIP) 3920/2016”.
(v) con fecha 21/04/2017, el Fisco Nacional contestó el requerimiento efectuado en los siguientes términos: “Al respecto, y en respuesta PARCIAL cumplo en acompanar la actuación SIGEA N° 10.026-629-2017 en DOS (02) folios útiles, solicitando de ese Estrado quiera tener a bien identificar y, en su caso, adjuntar la actuación administrativa en la que se hubiera desenvuelto el reclamo que motivara la apelación deducida ante VS (…)”.
(vi) con fecha 1/06/2017 el Fisco Nacional reiteró que: “Al respecto, ampliando mi anterior remisión y en respuesta PARCIAL cumplo en poner en conocimiento de ese Estrado que, de acuerdo a la consulta efectuada en los sistemas informáticos de este Organismo, la actuación SIGEA N° 12.668-57-2010 vinculada al recurso incoado por la actora, obraría radicada en ese Excelentísimo Tribunal, motivo por el cual se reitera lo oportunamente solicitado mediante nuestra elevatoria de fecha 21 de abril pasado - recepcionada el 28 del mismo mes- en el sentido de que a los fines de canalizar adecuadamente la requisitoria deviene menester contar con los antecedentes administrativos a efectos de ser cursados a la aduana de origen con la finalidad de que ésta se expida en orden a lo que resulta materia de consulta” (fs. 67).
(vii) con fecha 7/08/2017 el Fisco Nacional manifestó: “Al respecto, y en respuesta DEFINITIVA cumplo en acompañar la actuación SIGEA N° 10.026-1103-2017 en SEIS (06) folios útiles, poniendo de resalto que roda a fojas 06 la intervención de la SECCIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA de la ADUANA DE CÓRDOBA (v. Nota N° 199/2017-SE ECFI). Del mismo modo, se devuelven los antecedentes administrativos oportunamente aportados, glosándose en idéntico estado de recepción por ante esta División” (fs. 77).
En dicha respuesta se acompaña la Nota n° 199/2017 (SE.ECFI)
de la Aduana de Córdoba de la cual surge que: “De acuerdo a lo solicitado se remite constancia de consulta al sistema PLAN MIS FACILIDADES, donde se observa que el contribuyente MOLDERIL SA se acogió al plan J019428 por un total de $143.290,25.-, con fecha 28/12/2016, encontrándose pagado en su totalidad a la fecha ya que se canceló en una única cuota. Los tributos pagados coinciden con lo reclamado en corrida de vista a fojas 108. La liquidación manual involucrada es la 16017LMAN041559M” (fs. 76).
(viii) con fecha 22/08/2017 el TFN tuvo por cumplida la medida y corrió vista a las partes de los informes emitidos por la AFIP/DGA (fs. 80). (ix) con fecha 1/09/2017 la parte actora contestó el traslado conferido, solicitando se declare la extinción de la acción penal, la condonación de la multa y el comiso de la mercadería, en los términos del art. 54 y 55 de la ley 27.260, máxime teniendo en consideración que Resolución General AFIP 4007/2017 -publicada el dia 6 de Marzo de 2017-cuyo artículo 7, establece que “Las penas de comiso no están alcanzadas por el beneficio de condonación (…)”, no pueden aplicarse retroactivamente, desde que impone condiciones más gravosas a las existentes, al momento en que su parte se acogió al régimen de la ley 27.260 (fs. 81/82).
(x) con fecha 26/12/2017, el TFN dispuso: “En atención al estado de la causa, y no habiendo la parte demandada contestado el traslado que le fuera conferido a fs. 109, pese a estar debidamente notificado (confr. cédula glosada a fs. 111); habida cuenta la normativa aplicable en la especie, el bien juridico tutelado y las condiciones y elementos del tipo infraccional en trato, y con el objeto de esclarecer debidamente los hechos sometidos a estudio del Tribunal, de conformidad con lo previsto por el articulo 6° de la Resoluciôn General (AFIP) 4007-E, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 1156 del C.A., corresponde ampliar la medida para mejor proveer dictada a fs. 55 y, por secretaría de Vocalía, requerir a la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General de Aduanas (DGA)- que, en el plazo de quince (15) días, se expida expresamente, en los términos del art. 11 in fine de la Resolución General (AFIP) 3920/2016, sobre la viabilidad de la condonación de la pena de comiso impuesta en la resolución aduanera apelada en autos, que fuera expresamente peticionado por la firma actora en las presentes actuaciones” (fs. 112).
(xi) con fecha 8/03/2018, el Fisco Nacional contestó el requerimiento efectuado por el organismo jurisdiccional administrativo (fs. 114/115).
(xii) con fecha 8/03/2018 el TFN corrió un nuevo traslado a la actora, el que fue contestado el 9/04/2018 (fs. 118 y 121/125). (xiii) con fecha 2/05/2018, el TFN, dio traslado de la presentación antes mencionada a la demandada, quien lo contestó con fecha 12/06/2018 (fs. 125 y 127/128).
(xiv) luego, con fecha 18/09/2024, el TFN dictó el pronunciamiento aquí apelado.
V. Que de lo expuesto resulta que, el Tribunal Fiscal de la Nación, omitió pronunciarse como instancia de origen respecto de la adhesión de la actora al régimen de la ley 27.260 y sus implicancias (condonación de multa y comiso de las mercaderías), pese a que el planteo fue sustanciado entre las partes y asimismo, motivó el dictado de dos medidas para mejor proveer por parte del tribunal administrativo. Tal circunstancia, determina la imposibilidad de considerarlo un pronunciamiento jurisdiccional válido y determina su nulidad. En consecuencia, corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo a su respecto.
VI. Que las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida, de acuerdo con principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (arts. 279 y 68, 1º parte del C.P.C.C.N.).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 1°) declarar la nulidad del pronunciamiento apelado; en consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo, y 2°) imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículos 279 y 68, 1° parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia