Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 116078512-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
43614/2023 MOLFINO HERMANOS SA (TF 116078512-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, marzo de 2024.
1. Que, por resolución del 14/6/23, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones 326 y 327 del 2021, dictadas en las actuaciones SIGEA 19144-11927-2019 y 19144-11926-2019, en cuanto habían denegado la devolución de la suma total de $5.403.434,82 abonada en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18, y con relación a los permisos de embarque 18 088 EC01 008877 L y 18 088 EC01 009014 S.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden porque la cuestión era compleja y se decidía por una doctrina legal posterior al inicio de las actuaciones, lo que pudo hacer creer a las partes que tenían derecho a litigar (v. pp. 318-321 de la versión digital del expediente TF 116078512-A, remitida con el oficio del 10/11/23).
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación el 3/8/23, que se concedió el 4/8/23 y no fue replicado (v. pp. 328-337 y 380, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
3. Que, por su parte, la actora interpuso y fundó apelación el 14/7/23, que se concedió el 31/7/23 y fue replicada el 30/8/23 (v. pp.340-367, 374, 378 y 386-412, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
También indicó que el plenario al cual remitía la resolución apelada no determinaba una doctrina legal unívoca, puesto que los vocales opinantes habían arribado a una misma conclusión por diversos argumentos; todo lo cual le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
4. Que, el 29/2/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por el Tribunal en la causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad. En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 14/6/23, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 4/12/18 — momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido —, y admitir la devolución del importe en pesos reclamado ($ 5.403.434,82), abonado por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación 18 088 EC01 008877 L y 18 088 EC01 009014 S, oficializadas el 24/10/18 y 29/10/18 (v. pp. 106 y 187, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso de apelación del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 24/11/23).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 13/11/23, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
43614/2023 MOLFINO HERMANOS SA (TF 116078512-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia