Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 123689932-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
5681/2024 MOLFINO HERMANOS SA (TF 123689932-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, mayo de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, por resolución del 2/10/23, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución AD CAMP 361/22, recaída en la actuación SIGEA 19144-11675-2019, en cuanto había denegado la devolución de la suma total de $2.701.717,36, abonada en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación al permiso de embarque 18008EC01009562S.
Para así resolver, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden porque entendió que la cuestión era compleja y que la actora pudo tener motivos para litigar como lo hizo, fundándose en la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. pp. 159-162 de la versión digital del expediente TF 123689932-A, remitida con el oficio del 25/4/24).
2. Que, disconforme, la actora interpuso y fundó apelación el 10/11/23, que se concedió el 21/11/23 y no fue replicada (v. pp. 167, 172-200 y 212, expte. cit.). Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por el Máximo Tribunal en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación el 15/11/23, que se concedió el 21/11/23 y fue replicado el 4/12/23 (v. pp. 206-210, 212 y 215-223, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
4. Que, el 9/5/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la causa 20415/21, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/5/22; a cuyos fundamentos — en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 2/10/23, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 4/12/18 —momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido—, y admitir la devolución del importe en pesos abonado por tal concepto con relación a la destinación de exportación 18008EC01009562S, oficializada el 23/10/18 (v. p. 84, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial examinar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que resta tratar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 6/5/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 25/4/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia