Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 72845708-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 3 de diciembre de 2020 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto;
2Hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de la parte actora ligado al procedimiento de impugnación contra los cargos 2, 3, 4 y 5/2013, por los cuales se le reclama el importe total nominal de u$s 2.391,53.-, en concepto de diferencia de tributos derivados de un ajuste del valor de exportación con respecto a las operaciones de exportación documentadas en los permisos de embarque Nros. 08 062 EC01 603 E, 604 F, 605 G y 606 H, y
3Modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
17159/2021 MOLFINO HERMANOS SA (TF 72845708-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 22 de marzo de 2022.- MA VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 3 de diciembre de 2020, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió rechazar la presente acción de amparo y distribuyó las costas en el orden causado. Para así decidir, en primer lugar destacó que podía observarse de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-40047-2013, una continuidad ininterrumpida de su trámite, con dos actos impulsorios contrapuestos en sus definiciones (dictamen 26/2019 de fecha 18/03/2019 y la nota 163/20 DV EVIN de fecha 05/11/2020) ordenando el último de ellos la prosecución de las actuaciones y censurando lo actuado en el dictamen 26/2019 –que invocó la Instrucción General 02/19– y que en el interín, las actuaciones administrativas fueron remitidas por el Administrador de la Aduana de Santa Fe a la División Empresas Vinculadas de la DGA recién el 9/09/2019, que las recibió con fecha 26/09/2019.
Destacó que, para la resolución del presente caso, no podía obviarse que: 1) el contenido del procedimiento de impugnación bajo examen, originado en una investigación sobre la manipulación de los precios comerciales de la actora con su contraparte vinculada (precios de transferencia); precios cuya alteración incide de modo directo sobre el valor en aduana, que constituye -en términos jurídicos- la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación; 2) la existencia de una actuación en origen durante el año 2019 considerada errónea por parte de la División Empresas Vinculadas de la DGA que, de modo contrapuesto, ordena proseguir la investigación en el sentido originariamente apuntado; 3) el hecho que este último acto de la División Empresas Vinculadas data de noviembre del año 2020: computado en el interín que recibió las actuaciones administrativas desde la Aduana de Santa Fe el 26.09.2019, la feria de enero de 2020 y el largo período de anormalidad suscitado por la pandemia del COVID-19 -iniciada en marzo del año 2020-; ello evidencia la existencia de un período de tiempo, desde septiembre de 2019, cuya utilidad resulta relativa para un procedimiento de los caracteres indicados en 1); 4) finalmente se observa que ni siquiera se encuentran agregados a las actuaciones administrativas los estudios de precios de transferencia correspondientes a los períodos fiscales bajo los que ocurrieron las exportaciones cuyos precios comerciales son escrutados, siendo tales estudios la pieza central -elaborada por el propio exportador para sustentar que sus precios no fueron afectados por la relación de vinculación con su contraparte comercial, perteneciente al mismo grupo económico.
Como corolario remarcó que, bajo dicho marco, la gran cantidad de actuaciones a cargo del servicio aduanero, la situación de cuarentena con la suspensión de la normalidad administrativa, sumado al carácter incompleto del trámite vinculado al amparo por mora solicitado, no se encontraba configurada la demora excesiva en el trámite de las actuaciones administrativas conforme los términos del art. 1160 del C.A., por lo que correspondía rechazar el recurso de amparo.
Que, en cuanto a las costas, consideraron los Vocales que debian imponerse por su orden, puesto que el carácter continuo de las actuaciones administrativas, desde el año 2013 al presente, resultaba desconocido para la actora, quien fue notificada por última vez sobre su avance en el año 2013, y tal hecho, confería a la empresa fundamento suficiente para solicitar el pronto despacho jurisdiccional de autos (páginas 317/320 del archivo en formato PDF de las actuaciones administrativas).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 28 de diciembre de 2020 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto (páginas 323/327 del documento en formato PDF de las actuaciones administrativas), el que fue contestado el 5 de febrero de 2021 (páginas 340/343 del archivo PDF de las actuaciones administrativas). Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida.
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Expuso que en noviembre del año 2013 se inició el procedimiento de impugnación contra los cargos 2, 3, 4 y 5/2013, por los cuales se le reclamaba el importe total nominal de u$s 2.391,53.-, en concepto de diferencia de tributos derivados de un ajuste del valor de exportación con respecto a las operaciones de exportación documentadas en los permisos de embarque Nros. 08 062 EC01 603 E, 604 F, 605 G y 606 H y que, desde dicha fecha hasta el presente aún no había sido notificada del dictado de una resolución definitiva en el procedimiento de impugnación, pese a que solicitó formalmente el pronto despacho de las actuaciones e invocó jurisprudencia aplicable a la cuestión de fondo allí ventilada.
Explicó que habían transcurrido más de siete años desde el inicio del procedimiento de impugnación analizado y que a la fecha el servicio aduanero no había notificado de resolución alguna en las presentes actuaciones.
Expresó que de esta manera, la Aduana se encontraba incumpliendo los plazos establecidos al respecto por la normativa vigente, afectando los principios administrativos de sencillez, celeridad y economía procesal, y los principios constitucionales de razonabilidad (art. 28 Constitución Nacional), de legalidad (art. 19 CN) y del derecho de propiedad (art. 17 CN).
Sostuvo que el Tribunal se equivoca al rechazar el amparo, toda vez que efectivamente existe una mora injustificada en la tramitación de la Actuación SIGEA 13289-40047-2013 y que dicho obrar debía ser reprochado en forma manifiesta y de no hacer lugar al recurso interpuesto, importaría un claro aval del proceder aduanero.
Destacó que la compulsa de las actuaciones surgían dos periodos prolongados de interrupción total de las actuaciones: el primero de ellos de aproximadamente dos años, desde la presentación de los alegatos, el 06/10/2014 hasta el 04/07/2016, en el cual que se los tiene por agregados y se ordena como medida para mejor proveer la agregación de reportes del Sistema Informático Malvina, y otro de más de dos años, desde el 09/08/2016, fecha en el que se emite el Dictamen 121/2016 (AD SAFE), y se ordena la remisión de las actuaciones a la División de Empresas Vinculadas, hasta el 15/11/2018, fecha en la que dicha División toma intervención por medio de la Nota 989/18 (DV EVIN) y ordena la devolución de expediente a la Aduana de Santa Fe.
De modo que, sostuvo el recurrente que, contrariamente a lo que afirma el a quo, a simple vista podía observarse una suma de cuatro años de inactividad total en el trámite de las actuaciones aquí involucradas, por lo que de ningún modo podía aseverarse que la Aduana no había incurrido en una mora injustificada.
Esbozo que la demora en la resolución de la Actuación N° 13289-40047-2013 causaba graves perjuicios a su mandante, que se veía obligada a efectuar previsiones contables en función de un litigio abierto con la Aduana que implicaría una posible deuda en dólares que estaría generando intereses desde el año 2013.
Asimismo, respecto de la demora en los procedimientos administrativos, recordó el concepto de “plazo razonable” en la duración de los mismos que emanaba de los precedentes de la C.S.J.N., “Lociser, Jorge Alberto y otros c/ BCRA –Resol. 169/05 (expte. 105666/86 SUM FIN 708)” –Fallos, 335:1126–, y “Marchal, Juan s/ apelación”. Como corolario indicó que la procedencia del recurso interpuesto, previsto por el art. 1160 del Código Aduanero, en el caso era indudable ya que desde la iniciación del procedimiento de impugnación habían transcurrido siete años, por lo que los plazos para la resolución de un procedimiento de impugnación se veían ampliamente excedidos y en consecuencia, solicitó a la Excma. Cámara que revoque la sentencia apelada y fije un plazo breve y perentorio a la Aduana para resolver la solicitud de su mandante.
III. Que, así las cosas, corresponde destacar que de las constancias agregadas digitalmente a estas actuaciones surge, en lo sustancial, que:
a) El 1 de noviembre de 2013 la firma actora inició una serie de procedimientos de impugnación vinculados a los cargos 2, 3, 4 y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 5/2013 en relación a los permisos de embarque Nros. 08 062 EC01 603 E, 604 F, 605 G y 606 H, que tramitaron bajo las Actuaciones SIGEA Nº 13289-40047-2013 (páginas 89/109, del PDF las actuaciones administrativas).
b) El 29 de abril de 2014, se dispuso tener por clausurado el periodo probatorio y correr traslado a las partes para alegar (página 166 del PDF de las actuaciones administrativas), habiendo la firma actora realizado tal diligencia con fecha 30 de septiembre del 2014 (página 171/174 del PDF de las actuaciones administrativas).
c) El 4 de julio de 2016, la administración tuvo por presentado en tiempo y forma el alegato de la parte actora y como medida de mejor proveer en los términos del art. 1111 del Código Aduanero ordenó agregar los reportes del Sistema informático Malvina, respecto a las destinaciones e ítems detallados a fs. 17 que incluyan carátula de las declaraciones detalladas, consulta de ítem y consulta de la síntesis de la declaración donde surja la fecha de cumplimiento/libramiento de las destinaciones (páginas 195/234 del archivo PDF de las actuaciones administrativas).
d) El 9 de agosto de 2016, la Aduana-Santa Fe mediante el dictamen 121/16, estimó que en virtud de los sostenido con relación a la diferencia de volumen entre lo importado y lo exportado por las otras firmas utilizadas como comparables, resultaba necesario una evaluación técnica de los fundamentos esgrimidos por los exportadores, por parte del área que propiciaría el ajuste –la División Empresas Vinculadas– y elevó las actuaciones al Sr. Administrador de la Aduana Santa Fe, el cual remitió las actuaciones a la oficina antes mencionada a sus efectos (páginas 235/236 del PDF de las actuaciones administrativas). e) El 15 de noviembre de 2018, la División Empresas Vinculadas, mediante la NOTA N° 989/18, se expidió en relación al pedido destacado en el párrafo precedente (páginas 238 del PDF de las actuaciones administrativas).
f) El 29 de octubre de 2018 la actora solicitó el “pronto despacho” de lo peticionado en el marco de las Actuaciones SIGEA Nº 13289-40047-2013 (páginas 240/243 del PDF de las actuaciones administrativas).
g) El 18 de marzo de 2019, la Administración emitió el dictamen N° 26/2019, en el cual estimó que toda vez que no se encontraban adjuntadas en las actuaciones, la publicación de los ajustes de valor en el B.O. que exige el anexo II punto 2.1.2.1 de la Resolución General 620/99, correspondía devolver las actuaciones al área de origen a los fines que proceda a su cumplimiento y rartificación o rectificación de los cargos formulados (páginas 280/284 del PDF de las actuaciones administrativas), habiendo dicha dependencia (División Aduana de Santa Fe – Sección Sumarios), contestado tal requerimiento con fecha 5 de noviembre del 2020, mediante la NOTA N° 163/2020 (páginas 280/284 y 288/289 del PDF de las actuaciones administrativas).
IV. Que, en tales condiciones, es menester advertir que se encuentra excedido el lapso normativamente previsto a los fines de que el servicio aduanero se pronuncie sobre lo requerido por la parte actora, tornando admisible el recurso intentado por ella.
Al respecto, recuérdese que el artículo 1160 del Código Aduanero establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite […]”.
Así, en el caso es posible verificar la existencia de: a) una petición sobre la cual la demandada debe expedirse (esto es el procedimiento de impugnación contra los cargos 2, 3, 4 y 5/2013, por los cuales se reclamó el importe total nominal de u$s 2.391,53.-, en concepto de diferencia de tributos derivados de un ajuste del valor de exportación con respecto a las operaciones documentadas en los permisos de embarque Nros. 08 062 EC01 603 E, 604 F, 605 G y 606 H, que data del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 1 de noviembre de 2013); b) un pedido de “pronto despacho” efectuado el 29 de octubre de 2018, y c) el transcurso en exceso del lapso de quince días que la normativa aduanera prevé como requisito de admisibilidad para acciones como la que aquí se encuentra bajo estudio.
En este sentido, cabe destacar que tampoco obstan a lo decidido las suspensiones de plazo invocadas por la instancia de origen para desestimar el planteo actoral, si se repara en que las suspensiones de plazos establecidas por las Resoluciones Generales 4682/2020, 4692/2020, 4695/2020, 4703/2020, 4713/2020, 4722/2020, 4736/2020, 4750/2020, 4766/2020, 4786/2020, 4794/2020, 4807/2020, 4818/2020, 4835/2020, 4840/2020, 4856/2020 y 4999/2021 establecieron como último periodo de suspensión, el comprendido entre los días 26 y 28 de mayo de 2021; de modo tal que, teniendo en cuenta que han transcurrido más de tres años desde la articulación del pedido de “pronto despacho” de la accionante y, más de un año desde la última actuación que surge de la compulsa del Expte. Administrativo, actualmente las suspensiones invocadas carecen de relevancia a los efectos de dirimir la cuestión planteada.
Por lo expuesto, debe concluirse que la demanda intentada por la firma actora resulta sustancialmente admisible y que, consecuentemente, corresponde fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de devolución de la parte actora ligado a la impugnación contra los cargos 2, 3, 4 y 5/2013, por los cuales se reclama el importe total nominal de u$s 2.391,53.-, en concepto de diferencia de tributos derivados de un ajuste del valor de exportación con respecto a las operaciones de exportación documentadas en los permisos de embarque Nros. 08 062 EC01 603 E, 604 F, 605 G y 606 H.
V. Que, finalmente y en razón del modo en que se decide, corresponde también modificar el régimen de costas (cfr. artículo 279 del C.P.C.C.N.), que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar a la promoción del amparo y consiguiente emisión de la orden de despacho, resultando por lo mismo sustancialmente vencida (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 3 de diciembre de 2020 y revocar la sentencia apelada en cuanto al fondo del asunto; 2º) hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, fijar un plazo de quince (15) días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas se pronuncie respecto del requerimiento de la parte actora ligado al procedimiento de impugnación contra los cargos 2, 3, 4 y 5/2013, por los cuales se le reclama el importe total nominal de u$s 2.391,53.-, en concepto de diferencia de tributos derivados de un ajuste del valor de exportación con respecto a las operaciones de exportación documentadas en los permisos de embarque Nros. 08 062 EC01 603 E, 604 F, 605 G y 606 H, y 3º) modificar el pronunciamiento recurrido en cuanto a las costas, las que se imponen en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia