Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2025-123286697-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución RESOL-2025-19-EAFIP-ADRAFA#SDGOAI, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLFINO HERMANOS S.A., en relación al P.E. 18 093 EC01 001768 W, con costas a la parte actora (Cfme. Art. 1163 CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-37964016-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Abril de 2026 S.A.
TRIBUNAL FISCAL E LA NACION
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Horacio Joaquín Segura (como Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término a fin de resolver en los autos caratulados: EX-2025-
123286697- -APN-SGASAD#TFN (MOLFINO HERMANOS S.A.).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que el 05/11/2025 la firma “MOLFINO HERMANOS S.A.”, por apoderado, interpuso recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2025-19-E-AFIP-ADRAFA#SDGOAI, dictada el 29/01/2025 por el Administrador de la Aduana de Rafaela en el expediente SIGEA N° 19144-11711-2019, notificada el 29/04/2025, en cuanto rechazó la solicitud de repetición promovida respecto de la suma abonada en concepto de derechos de exportación con relación al permiso de embarque N° 18 093 EC01 001768 W, oficializado el 08/11/2018, por un monto total de $ 242.648,03. Que, al fundar su recurso, la recurrente refiere a los antecedentes del caso y sostiene que, al haber abonado los derechos de exportación exigidos para documentar la operación en trato, se encuentra legitimada para promover su repetición, de conformidad con lo previsto en los arts. 1068 y concordantes del Código Aduanero, señalando asimismo que, conforme al art. 1069 del mismo cuerpo legal, son susceptibles de repetición tanto los pagos efectuados espontáneamente como aquellos realizados a requerimiento del servicio aduanero.
En esa línea, rechaza el argumento desarrollado en la resolución apelada en cuanto a que la firma carecería de derecho a reclamar la devolución por no haber formulado reserva o protesta al momento del pago, aduciendo que tal exigencia no se encuentra contemplada en el régimen legal aplicable. Que expresa que, mediante el permiso de embarque antes individualizado, su mandante documentó la exportación de la mercadería allí declarada y que, al tiempo de procederse al embarque, debió abonar —por exigencia del servicio aduanero— el derecho de exportación establecido por el Decreto N° 793/2018, el cual fijó, con carácter general para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, un derecho de exportación adicional del doce por ciento (12%), con los topes previstos en dicha norma.
Aduce que lo que aquí se controvierte no es la existencia del pago ni la legitimación de quien lo efectuó, sino la validez jurídica de la fuente normativa invocada para exigirlo. Que sostiene que el citado decreto, aunque presentado formalmente como reglamentario y dictado con invocación de los arts. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional y 755 del Código Aduanero, en realidad importó el ejercicio de potestades legislativas en materia tributaria, vedadas por los principios de reserva de ley y legalidad tributaria, en tanto estableció o modificó un elemento esencial del tributo sin sustento suficiente en una ley formal del Congreso. Afirma que no se trató de un mero reglamento ejecutivo, sino de una norma que operó materialmente como reglamento delegado, en una materia respecto de la cual la delegación legislativa se encuentra constitucionalmente restringida.
Que, en tal sentido, invoca la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo” (Fallos: 337:388), y afirma que, del mismo modo en que allí se consideró que el art. 755 del Código Aduanero no contenía pautas suficientes respecto de los elementos esenciales del tributo, el Decreto N° 793/2018 tampoco superaría el examen de constitucionalidad, por haber sido dictado sobre la base de una habilitación legal que reputa insuficiente. Añade que, si bien el precedente de la Corte versó sobre la Resolución ME N° 11/2002, la doctrina allí establecida sería plenamente trasladable al sub examine, en tanto el vicio constitucional denunciado sería sustancialmente análogo.
Que agrega que, según su postura, el Decreto N° 793/2018 careció de aptitud para generar válidamente la obligación tributaria al momento en que fue exigido en el caso de autos, y que recién habría adquirido eficacia jurídica a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.467, la cual —según afirma— ratificó expresamente la validez y vigencia del decreto y de las normas dictadas en su marco. Señala que dicha ley comenzó a regir el 04/12/2018, de modo que, siendo el permiso de embarque aquí involucrado de fecha 08/11/2018, la obligación tributaria habría quedado regida por una norma que, a ese momento, no contaba aún —a su juicio— con respaldo legislativo suficiente. Que, sobre esa base, manifiesta que, dado que conforme al art. 726 del Código Aduanero el hecho imponible en materia de derechos de exportación se configura con el registro de la solicitud de destinación de exportación para consumo, la exigencia del tributo respecto del permiso de embarque aquí examinado habría resultado improcedente, por haber sido determinada con fundamento en una disposición que reputa inválida al tiempo de producirse el hecho imponible.
En consecuencia, solicita que se revoque la resolución recurrida y se ordene la repetición de la suma ingresada, con más los intereses previstos en el art. 811 del Código Aduanero. Que asimismo argumenta que, si bien el art. 1164 del Código Aduanero limita, en principio, la potestad de este Tribunal para pronunciarse sobre la invalidez constitucional de las normas tributarias o aduaneras, ello no impediría —según afirma— la aplicación al caso de la doctrina ya establecida por la Corte Suprema en materia de derechos de exportación, en particular la emergente del citado precedente “Camaronera Patagónica”. Con ese alcance, peticiona que se declare la inconstitucionalidad o, en su defecto, la ilegitimidad del Decreto N° 793/2018 respecto del período anterior a su convalidación legislativa, y que, en consecuencia, se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido el 12.03.26 mediante el IF-2026-25991546-APN- DTD#JGM, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria, que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: artículos 724, 725 y 755 del Código Aduanero, Resolución N° 11/2002 del Ministerio de Economía, Decretos N° 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y Ley N° 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que quiso darle la C.S.J.N. Cita Jurisprudencia de este Tribunal Fiscal de la Nación en los autos caratulados “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ Recurso de apelación”, expediente N° 38.422-A como así también los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al citado Decreto N° 793/2018, que le dieron razón a su mandante. Refiere a la limitación de este Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad solicitada y al respecto indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 del CA, que cita y transcribe. Agrega que la contraria plantea como único argumento la inconstitucionalidad de normas jurídicas, entendiendo que, conforme la normativa transcripta, esté Tribunal no debería expedirse al respecto. En el hipotético caso que esté Tribunal no concuerde con los argumentos citados precedentemente, solicita la aplicación de los argumentos expuestos en el fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. C/ D.G.A. S/ APELACIÓN, Expediente N° EX-2020-15395348--APN-SGASAD#TFN, del 18/02/2021, que cita y da por reproducidos. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada. Indica que, en el negado caso que se haga lugar a la repetición solicitada, correspondería aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del Caso Federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que con fecha 07.04.26 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Que de las constancias de autos y de las actuaciones administrativas surge que la presente controversia tiene origen en el procedimiento de repetición promovido por la firma MOLFINO HERMANOS S.A. con relación a los derechos de exportación abonados respecto del permiso de embarque N° 18 093 EC01 001768 W, oficializado el 08/11/2018, por aplicación de lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018. El expediente administrativo fue individualizado bajo el SIGEA N° 19144-11711-2019, surgiendo de su carátula que tuvo fecha de origen y registración el 18/09/2019. La pretensión repetitoria se articuló sobre la base de que el tributo ingresado carecía -a juicio de la interesada- de sustento legal suficiente, por haberse exigido con fundamento en una norma que reputó contraria a los principios constitucionales de legalidad y reserva de ley en materia tributaria.
Que, a continuación, fue agregado al expediente administrativo el escrito mediante el cual la interesada fundó formalmente la devolución pretendida. Posteriormente, con fecha 22/08/2023, se dictaron las providencias por las cuales se tuvo por presentada a la peticionante, por deducido el procedimiento de repetición y se dispuso la remisión de las actuaciones a la Sección Económica y Financiera, a fin de que certificara el pago cuya devolución se pretendía. De tal modo, se impulsó la sustanciación administrativa de la petición, verificándose los extremos fácticos y contables vinculados con el importe ingresado en concepto de derechos de exportación por la destinación en trato. Que luce luego incorporado el informe producido por la Sección Económica y Financiera, en el cual se dejó constancia de la liquidación correspondiente a los derechos de exportación relacionados con el permiso de embarque de que se trata, verificándose el importe abonado por la interesada con sustento en la normativa entonces aplicada por el servicio aduanero. De las constancias glosadas surge que la suma cuya repetición se persigue asciende a $ 242.648,03, coincidente con la consignada en la resolución apelada y en el recurso de apelación deducido ante este Tribunal. Que, cumplidas esas medidas de comprobación, se otorgó a la administrada la intervención correspondiente, oportunidad en la cual presentó su alegato, insistiendo en la procedencia del reclamo de repetición y en la inaplicabilidad constitucional del régimen invocado por la Aduana para exigir el tributo. Más tarde, se incorporó el dictamen jurídico emitido en sede administrativa, en el cual se concluyó que no correspondía hacer lugar a la repetición intentada, esencialmente por considerar que la Administración carecía de atribuciones para declarar la invalidez constitucional de la norma aplicada, que el art. 755 del Código Aduanero constituía fundamento suficiente para la actuación del Poder Ejecutivo, y que, además, el Decreto N° 793/2018 había mantenido su validez y vigencia en virtud de la normativa posterior dictada por el Congreso Nacional. Que, finalmente, con fecha 29/01/2025, el Administrador de la Aduana de Rafaela dictó la Resolución RESOL-2025-19-E-AFIP-ADRAFA#SDGOAI, por la cual resolvió no hacer lugar al pedido de repetición formulado por la firma actora respecto de los derechos de exportación abonados con relación al referido permiso de embarque N° 18 093 EC01 001768 W.
V. Que corresponde resolver en la causa si se ajusta a derecho la resolución RESOL-2025-19-EAFIP- ADRAFA#SDGOAI, en cuanto dispusieron no hacer lugar a la devolución de la suma abonada por “MOLFINO HERMANOS SA” en concepto de derechos de exportación con relación a los P.E. N° 18 093 EC01 001768 W, oficializado el 08.11.18.
Que cabe señalar que mediante el aludido permiso de embarque la actora documentó la exportación de la mercadería allí declarada abonando los derechos de exportación establecidos por el Decreto N° 793/18, que fijó para todo el universo arancelario, un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería).
Que de las actuaciones administrativas del caso, resulta que la firma “MOLFINO HERMANOS SA”
documentó mediante el P.E. N° 18 093 EC01 001768 W, oficializado el 08.11.18, por la que se abonaron derechos de exportación en los términos de lo dispuesto en el Decreto N° 793/18.
Que el art. 726 del Código Aduanero dispone que es aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, y dada la vigencia del Decreto Nro. 793/18 la recurrente, abonó los derechos de exportación liquidados a la fecha de registro de la operación.
Que atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, en primer término corresponde dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/18, ni tampoco resulta aplicable –ver fundamentos en el punto IX “infra”- el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), por lo que a su respecto corresponde rechazar el planteo efectuado por la recurrente.
VI. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
VII. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban (e interactúan) en forma conjunta con las leyes 26.939 (B.O. 29-04-2014) que al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (confr. doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
En el caso de autos, y toda vez que -como se expondrá en los puntos siguientes- el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 793/2018, en consecuencia, no se ha producido la vulnerabilidad al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
VIII. Que en relación al planteo de la recurrente en cuanto a que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y que recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley 27.467 que lo validó recién a partir del día 13/12/18 (sic), corresponde tener presente las siguientes consideraciones. En primer lugar, efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisamente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Aclarado ello, corresponde analizar si la aprobación expresa realizada por el Congreso de la Nación mediante la Ley de Presupuesto N° 27.467 resulta suficiente para convalidar la validez del Decreto 793/2018 entre los días 04/09/18 y 04/12/2018, toda vez que a partir de ahí y hasta el final del periodo de tiempo de fijación de las alícuotas (30/12/2020) nada se ha cuestionado.
Este punto es medular a los fines de comprender la controversia planteada. El recurrente no plantea la invalidez del Decreto “in totum” sino solo respecto del período de tiempo comprendido entre el día 04/09/18 y el 04/12/2018, por lo que se deduce, que la aprobación realizada por el Congreso de la Nación, a partir de ahí es suficiente, caso contrario se hubiera planteado su invalidez absoluta.
En otros términos, la parte no cuestiona que la aprobación del Congreso mediante la Ley 27.467 es nula por no haber seguido los procedimientos formales de la ley 26.122, sino que solamente plantea que su aprobación no puede ser retroactiva, lo que nos conduce nuevamente al punto previo ya analizado y resuelto por el artículo 17 de la ley 26.122.
Pero si existieran dudas sobre la interpretación respecto de la fecha de vigencia de las alícuotas, la misma ha quedado expresamente aclarada en el art. 82 de la ley 27.467 que expresamente dispone: “ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades.” (las negritas me corresponden).
Es decir, que el Congreso de la Nación expresamente “mantuvo” la validez y vigencia del Decreto 793/18 desde su dictado y publicación ocurrida con fecha 04/09/2018.
Con respecto al argumento de que la aprobación del Congreso mediante la ley 27.467 no tendría efecto convalidante toda vez que no se ajusta al procedimiento instaurado por la ley 26.122, debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar -entre muchos otros- los gastos de la nación.
En definitiva, se ha cumplido (dentro de un plazo razonable: 3 meses) con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas. En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
Además de ello, el legislador reiteró nuevamente la integra aprobación del Decreto N° 793/18 en el artículo 54 de la ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), en donde, también fijó un tope arancelario máximo (33 % del valor imponible o del precio oficial FOB) por lo que la voluntad del legislador en este sentido es indubitable.
Que en este mismo sentido, con fecha 26/04/2022, este Tribunal Fiscal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437- APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad del Decreto N° 793/2018 planteada por la parte recurrente.
IX. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa (Leyes 27.467 y 27.541) de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
X. En relación a las costas, por la forma en que se resuelve y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora. (Cfme. Art. 1163 CA).
Por todo lo expuesto, VOTO por:
Confirmar la Resolución RESOL-2025-19-EAFIP-ADRAFA#SDGOAI, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLFINO HERMANOS S.A., en relación al P.E. 18 093 EC01 001768 W, con costas a la parte actora (Cfme. Art. 1163 CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez en cuanto aplica el art. 3 del plenario del tribunal del 26.04.22 y respetuosamente disiento respecto de la imposición de costas, las que entiendo deben hacerse por su orden atento dirimirse la controversia por aplicación de un plenario y la uniforme jurisprudencia federal en esta cuestión. El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Adhiero voto del Dr. Juárez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Confirmar la Resolución RESOL-2025-19-EAFIP-ADRAFA#SDGOAI, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLFINO HERMANOS S.A., en relación al P.E. 18 093 EC01 001768 W, con costas a la parte actora (Cfme. Art. 1163 CA).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2026.04.14 18:42:34 ART Date: 2026.04.15 12:40:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.15 13:35:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.15 13:36:17 -03:00
Fin de la sentencia