Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución RESOL-2025-62-E-AFIP-ADRAFA#SDGOAI dictada por el Administrador de la Aduana de Rafaela en el SIGEA 19144-12069-2019, en cuanto dispuso rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLFINO HNOS SA, imponiendo las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-75288753-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 11 de Julio de 2025 Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Claudia B. Sarquis (subrogante en la Vocalía de la 14ª nominación) a fin de resolver en los autos caratulados EX-2025-37715255- -APN-SGASAD#TFN (“ MOLFINO HNOS SA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Mediante RE-2025-37713943-APN-SGASAD#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2025-62-E-AFIP-ADRAFA#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de Rafaela en el SIGEA 19144-12069-2019. La referida resolución se apela por denegar la repetición de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación –establecidos conforme el decreto 793/2018- correspondientes a los permisos de embarque (“PE”) 18093EC01001720K. Las sumas reclamadas por cada PE suman un total de Pesos Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Treinta y Seis con 99/100 ($250.536,99). La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, mediante el PE involucrado documentó las exportaciones allí declaradas y, al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, pagó los derechos de exportación establecidos mediante el decreto 793/18.
Señala que dicho decreto fijó para todo el universo arancelario un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 4 pesos, según el tipo de mercadería) invocando para disponerlo los arts. 99 inc. 1 y 2, de la Constitución y el 755 del Código Aduanero (“CA”). Agrega que si bien en los considerandos del decreto se destaca que la norma es un decreto reglamentario lo cierto es que opera como un reglamento delegado; es decir, uno que se dicta en mérito a una habilitación conferida por el Poder Legislativo. Por ello argumenta que el decreto aquí cuestionado, entonces, no es un mero reglamento, sino que opera como el antiguamente denominado reglamento delegado (autorizado a partir de la doctrina sentada por la Corte en Delfino-Mouviel-Cocchia que admitió la delegación impropia) y que tenía sustento en el antiguo art. 86, inc. 2 de la Constitución y que hoy en día -luego de la reforma del año 1994- se encuentra prohibido por el art. 76.
Explica que el servicio aduanero entiende que el mencionado decreto 793/18 se dictó en el ámbito interno de la administración y que, por lo tanto, no le resultan aplicables las conclusiones a las que arribó la Corte en el caso “Camaronera Patagónica”. Sin embargo, señala que la Aduana omite considerar no solo que el decreto en cuestión es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice (en tanto el art. 755 del CA no supera el test de constitucionalidad), sino que el tema analizado en dicho precedente es ciertamente análogo al que aquí se cuestiona y que, además, motivó el dictado de la ley 27.467 que, luego de ratificar la validez y vigencia del decreto en cuestión, sí estableció una clara política legislativa, a la luz de la doctrina allí fijada.
Con base en lo anterior examina los alcances del citado decreto y la norma prevista en el art. 755 del CA, explayándose al respecto, para concluir de este modo que la fijación de un derecho de exportación mediante un decreto del Poder Ejecutivo merece un reproche constitucional. Cita el principio de legalidad y refiere jurisprudencia de la Corte Suprema, considerando que es indudable que, en el caso bajo estudio, el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación para el universo arancelario, sin que exista una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional; opone que, como bien lo ha dicho la Corte en el considerando 9º del caso “Camaronera Patagónica”, “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”.
Añade que no desconoce que el fallo allí emitido refería a la Resolución (ME) 11/02, pero tampoco desconoce la Corte señaló allí que en el CA no se prevé “la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”. Plantea que es indudable que el decreto 793/18 no resiste el test de constitucionalidad, en tanto se excede en sus facultades y regula materias prohibidas por la Constitución; por ello los derechos de exportación allí fijados, resultan inconstitucionales, por violentar el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, tal como lo dijo la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica”.
Expresa que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley que lo validó; lo que recién ocurrió el 13/12/2018, cuando entró en vigencia la ley 27.467, por lo cual siendo que los PE aquí involucrados se oficializaron previo a dicha fecha, y visto que, conforme el art. 726 del CA, el momento imponible queda fijado con el registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, la exigencia de pago del derecho de exportación establecido por el decreto 793/18 es improcedente. Destaca que esta postura fue recogida por el Juzgado Federal de Caleta Olivia y por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia refiriéndose y explayándose en relación a ello, como así también a fallos dictados por la Justicia Federal de Rosario, de Bahía Blanca y de Mendoza.
Hace referencia a la facultad de este tribunal para dictar la inconstitucionalidad de la norma, argumentando que, si bien es cierto que el artículo 1164 del CA le impide, en principio, al tribunal pronunciarse sobre la validez constitucional de una norma tributaria o aduanera, si se lo permite en tanto la Corte hubiere declarado su inconstitucionalidad. Por todo ello solicita que se aplique la doctrina sentada por la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica S.A.” y asimismo determine que el decreto 793/18 sólo resultó válido a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.647 que lo ratificó. Ello así, por cuanto su dictado se sustentó en una norma inválida (art. 755 del CA) y, por lo tanto, solo pudo tener efectos una vez que el Congreso la ratificó.
Cita jurisprudencia de este tribunal y peticiona que se declare la inconstitucionalidad o ilegitimidad del Decreto 793/18 en tanto, reitera, es una norma inválida que recién pudo haber generado efectos a partir de su ratificación legislativa por el Congreso. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 26.06.25 mediante el IF-2025-68924691-APN- DTD#JGM y acompaña el SIGEA involucrado. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que le dio la Corte Suprema. Cita jurisprudencia de este tribunal y refiere a su limitación para declarar la inconstitucionalidad solicitada (art. 1164 del CA). En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada, atento a que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con costas a la actora.
III. El 11.07.25 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. A las actuaciones administrativas SIGEA 19144-12069-2019 se inician con la repetición de la suma pagada en demasía en concepto de derechos de exportación respeto al PE 18093EC01001720K. A fs. 19/20 se elabora el informe de fecha 06.09.24. Se agregan prints de pantalla del Sistema Informativo Malvina, de la afectación de depósitos sistema en Scta. María y de la consulta de empresas activas y copia certificada del PE 18093EC01001720K. A fs. 43 obra acompañada la constancia de CBU de la empresa. A fs. 48 con fecha 23.10.24 se pone el expediente administrativo a disposición del presentante para que alegue. A fs. 53 alega la firma MOLFINO HNOS SA. Obra a fs. 57/61 el dictamen jurídico 218/24 y a fs. 62/67 la resolución RESOL-2025-62-E-AFIP-ADRAFA#SDGOAI de fecha 06.02.25, por la cual se rechaza la repetición.
V. Corresponde resolver en la causa si la resolución RESOL-2025-62-E-AFIP-ADRAFA#SDGOAI dictada por la Aduana de Rafaela en cuanto denegó la devolución de la suma pretendida por MOLFINO HNOS SA, en concepto de derechos de exportación abonados con relación al PE 18093EC01001720K, oficializado 01.11.18, se ajusta a derecho. Mediante el referido PE la actora documentó la exportación de la mercadería allí declarada, abonando los derechos establecidos por el decreto 793/18 que los fijó, para todo el universo arancelario, con una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería). La actora cuestiona la validez constitucional del decreto 793/18 por los fundamentos que expone, remitiendo al precedente de la Corte in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
Asiste razón a la actora en su planteo, conforme los fundamentos que, en un caso análogo al presente, expuse en mi voto correspondiente a la sentencia de esta Sala E del 29/10/2021, autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA”
(EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN), en donde se tratan todos los argumentos expuestos por las partes en estos autos y a la que, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto. En consecuencia, opino que en este caso, pese a que votaré en sentido contrario por aplicación del plenario del tribunal, hubiera correspondido: declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18 entre el 04/09/2018 y 04/12/2018 con fundamento en los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y revocar la resolución apelada; hacer lugar al reclamo de repetición de la actora por la suma total reclamada de Pesos Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Treinta y Seis con 99/100 ($250.536,99) con sus intereses hasta la fecha de pago (art. 811 del CA); e imponer las costas a la Aduana vencida.
VII. Que, sin perjuicio de lo expuesto, el 26/04/2022, este tribunal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA C/DGA S/RECURSO DE APELACIÓN”, por mayoría, acordó fijar la siguiente doctrina legal: “(…) ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Conforme lo dispuesto en el art. 151 de la ley 11.683, resulta aplicable a este caso la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, correspondiendo confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLFINO HNOS SA.
VIII. En cuanto a las costas considero que, al decidirse la causa por aplicación de un plenario del tribunal, la naturaleza de la cuestión debatida, así como los precedentes de la Corte Suprema y las cámaras federales en la materia, deben imponerse por su orden.
IX. Por ello VOTO POR:
Confirmar la resolución RESOL-2025-62-E-AFIP-ADRAFA#SDGOAI dictada por el Administrador de la Aduana de Rafaela en el SIGEA 19144-12069-2019, en cuanto dispuso rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLFINO HNOS SA, imponiendo las costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE
Confirmar la resolución RESOL-2025-62-E-AFIP-ADRAFA#SDGOAI dictada por el Administrador de la Aduana de Rafaela en el SIGEA 19144-12069-2019, en cuanto dispuso rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLFINO HNOS SA, imponiendo las costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Juárez (arts. 6, 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2025.07.11 14:21:24 ART Date: 2025.07.11 14:59:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.11 15:00:27 -03:00
Fin de la sentencia