Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 154.994
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCorresponde: I) Rechazar el recurso de apelación de la actora (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, modificando el monto reconocido en concepto de lucro cesante (el cual debe prosperar por $55.280,80.-), y confirmándola en toda otra cuestión que hubiera sido materia de agravio; III) Las costas en segunda instancia se imponen en un 80% a la parte demandada y el 20% restante a la parte actora en atención al resultado obtenido (art. 68 in fine y 71 del CPCCBA)
IV. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967. V)
REGISTRADA BAJO EL Nº 143-S Fo. 746/62 Expte. Nº 154994 Juzgado Civil y Comercial N°10 En la ciudad de Mar del Plata, a los 21 días del mes de junio de 2019 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MOLIENDAS DEL SUR S.A. C/ MARONTI S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 23 de mayo de 2018 y que obra glosada a fs. 2223/2238?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 23 de mayo de 2018 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 2242 y por la demandada mediante la presentación electrónica del 30 de agosto de 2018.
En lo que aquí interesa destacar, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de cumplimiento de contrato, rendición de cuentas y daños y perjuicios promovida por Moliendas del Sur S.A. contra Maronti S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última a: i) dentro del plazo de 10 días de quedar firme la sentencia rinda cuentas documentadas de la suma de U$D 250.000 recibida, bajo apercibimiento de aprobarse las que presente el actor; y ii) en el mismo plazo, abone a la actora la suma de $76.892,11.- más intereses en concepto de daños y perjuicios. Finalmente, impuso las costas a la demandada y difirió la regulación de honorarios.
Para así decidirlo, explicó que las partes reconocen haber suscripto un contrato mediante el cual Moliendas del Sur S.A. entregaría en préstamos a Maronti S.A. envases plásticos de su propiedad que ésta última requiriera y Moliendas del Sur pudiera suministrar, para el armado de sus buques actuales y futuros propios y/o alquilados y/o administrados por Maronti, en tanto que la demandada se comprometía a entregar a la accionante la totalidad del residuo de pescado que pudiera obtener de su captura. El contrato fue suscripto el 05 de julio de 2009 y tenía vigencia hasta el 05 de julio de 2013.
Explicó la colega que el conflicto entre las partes radica en el incumplimiento que las firmas recíprocamente se achacan así como también respecto de la obligación de rendir cuentas por la suma de U$D250.000 que la actora dice haberle entregado a la demandada en concepto de anticipo y cuya recepción esta última negó.
Abocado al tratamiento de las cuestiones sometidas a debate, el a quo reparó en los aspectos principales del contrato que vincula a las partes y destacó que el 3 de octubre de 2012 Moliendas del Sur SA le remitió a la demandada una intimación en la que le otorgaba un plazo de 15 días para dar cumplimiento con sus obligaciones de realizar el armado de sus buques con los cajones que la actora le proveyera y entregar la totalidad del residuo de pescado que pudiera obtener de su captura; ello con motivo de su incumplimiento unilateral e incausado y advirtiendo que se abstendría de cumplir con sus obligaciones hasta tanto la situación se regularice. Destacó que la misiva ingresó en la esfera de conocimiento de la demandada y no mereció respuesta. No obstante al responder la demanda la accionada dijo que Moliendas del Sur había dejado de entregar los cajones, lo cierto es que no hay pruebas que den cuenta que con anterioridad al 15/03/2012 la actora hubiera incurrido en algún incumplimiento de gravedad que autorizara la resolución unilateral del contrato por parte de Maronti S.A. y la derivación del residuo de pescado directamente a otra empresa sin requerimiento previo a la actora a regularizar su situación. Tampoco que hubiera constituido en mora a su contraparte por las obligaciones que decía incumplidas. Enfatizó que quien se encuentra en mora no puede constituir en dicho estado a la otra parte.
Señaló que la primera carta documento que la accionada remitió a la actora data del 16 de enero de 2013 y allí da por rescindido el contrato sin intimación previa (como lo contempla la cláusula segunda) y por una causa que es ajena a la falta de entrega y retiro de cajones. Tampoco las causales invocadas al responder la demanda fueron mencionadas al rescindir el contrato. En suma, consideró extemporánea e improcedente la rescisión unilateral de la demandada efectuada en la misiva del 16 de enero de 2013.
Seguidamente, consideró procedente la pretensión de rendición de cuentas con relación al adelanto de U$D250.000 contemplado en la cláusula tercera del contrato.
Consideró demostrado —pese a la negativa de la demandada— que el pago efectivamente ocurrió en moneda de curso legal a la cotización de la fecha en que fue realizado. Calificó de “poco creíble” que Maronti SA no haya activado los mecanismos contractuales pertinentes en caso de falta de pago (intimación) y puso de relieve que Maronti nunca invocó la no recepción de las sumas en las misivas que precedieron al pleito y sólo fue invocado cuando contestó la demanda. Agregó que de la causa “Maronti SA c/ Moliendas del Sur SA s/ incidente de revisión” (causa 39712/16 de trámite ante el juzgado de primera instancia) surge que la demandada adjuntó una factura a favor de la actora con fecha 20/08/2009 coetáneamente a la firma y ratificación del contrato y por anticipo de contrato de U$D250.000 con un dólar a valor $4 (pesificado, más IVA, dando un total de $1.200.000). Informes del Banco Central de la República Argentina dan cuenta que los cheques entregados por la actora fueron rechazados aunque los fondos fueron luego cancelados. Otras evidencias, incluyendo prueba pericial y testimonial, corroboran el pago del mencionado adelanto.
Expuso que el vínculo contractual entre las firmas queda aprehendido por las disposiciones del Código de Comercio, incluyendo el deber de rendir cuentas. Sobre esa base, receptó la demanda de Moliendas del Sur S.A. y dispuso que Maronti S.A. rinda cuentas sobre las sumas entregadas como anticipo de precio.
En cuanto a los daños, receptó únicamente el rubro lucro cesante por un total de $76.892.- más intereses.
II. Los recursos II.1. La actora expresó sus agravios mediante escrito electrónico el 18 de diciembre de 2018, mereciendo la réplica de la contraria —por igual medio— el 12 de febrero de 2019.
Alega que el juez se equivoca al estimar el lucro cesante sobre la base de la rentabilidad informada por la perito contadora. Entiende que no se ha valorado correctamente el testimonio de los Sres. Tolosa, Jauregui y Abbonadonza y la documental adjuntada al expediente. Dice que tampoco se ponderó la cantidad de descargas realizadas por los buques Kantxope, Alaelena y Mar Esmeralda a través de la cual se demuestra la cantidad de materia prima que la actora se vio privada de afectar a su actividad. Califica de arbitraria la sentencia, insistiendo en que el a quo se aparta de los criterios periciales en aspectos conducentes y sus conclusiones son ajenas a la prueba producida. Pone de relieve que el experto corroboró que la utilidad de la actora hubiera ascendido a más de tres millones de pesos, lo que se condice con lo dicho por los testigos que refieren a una merma del 30% o 40% en la actividad económica de la firma. Afirma que la merma es de $3.109.323,89, y solicita que este Tribunal pondere todos los elementos probatorios y cuantifique el rubro adecuadamente.
II.2. La demandada expresó sus agravios el 12 de febrero de 2019, mereciendo la réplica de la contraria el 06 de marzo de 2019. Expone las siguientes líneas argumentales:
a) Que la jueza erróneamente califica como única incumplidora a la firma demandada partiendo de premisas falaces y sin reparar en que la prueba producida no permite arribar a esa conclusión.
Dice que al momento en que Moliendas remitió una carta documento (el 13 de octubre de 2012), la demandada se encontraba imposibilitada de hecho para cumplir con la intimación cursada y ello fue así por responsabilidad de la actora. Afirma que el contrato que vinculó a las partes tiene ciertos elementos propios del suministro pero es atípico y el juez debe efectuar un encuadre con independencia de lo que los litigantes alegan.
Afirma que la jueza reparó en la obligación de suministro de residuos de pescado por parte de Maronti SA a favor de la actora pero no analizó que ambas partes tenían obligaciones recíprocas que no eran simultáneas en el tiempo: las de Maronti eran exigibles en tanto y en cuanto Moliendas entregare los cajones vacíos y limpios para que los buques puedan ser alistados y armados para zarpar del puerto.
b) Que la obligación de Maronti SA frente a Moliendas no era exclusiva. De los términos de la cláusula primera del contrato de fecha 05/07/09 surge que la demandada se obligó a entregar la totalidad del residuo de las capturas de sus barcos que hayan sido previamente aprovisionados con los cajones de Moliendas del Sur S.A. Señala que si se hubiese querido prever exclusividad en el armado de los buques con cajones de la accionada así se lo hubiese previsto en el contrato. No es posible, dice, presumir un pacto de exclusividad. Con relación a la misiva remitida a la demandada el 3/10/2012, refiere que en ningún momento la actora intimó la realización del armado de los buques con los cajones provistos por Moliendas del Sur dado que esa obligación no surgía del contrato. Reitera que las partes no previeron una obligación exclusiva de armado de los buques de Maronti SA con cajones o envases de Moliendas. El ambiguo texto de la misiva del 13/10/2012, dice, corrobora esta interpretación.
c) Que la actora no logró acreditar que al momento de remitir la carta documento del 13 de octubre de 2012 los barcos de Maronti SA se encontraban alistados con envases de plástico de su propiedad y tampoco demostró que la accionada haya retenido en forma ilegítima esos envases. Insiste en que Maronti no estaba obligada a suministrarle residuos de pescado si previamente la actora no proveía los envases plásticos. Alega que esta última, por este motivo, no se encontraba en condiciones de intimar a la demandada dado que en los contratos bilaterales una de las partes no puede reclamar el cumplimiento si no prueba ella misma haber cumplido u ofreciese hacerlo.
Destaca que en la misiva del 13/10/2012 Moliendas no ofrece cumplir con su obligación de entrega de cajones y que condicionaba la ulterior entrega del residuo de pescado. No se ha acreditado -dice- que Maronti SA poseía en su poder cajones de Moliendas.
d) Que la postura asumida por la demandada es conteste con los términos del contrato dado que ante los problemas operacionales de la actora habidos durante los años 2011 y 2012, sumado al paro de actividades del puerto de la ciudad, y en razón de no poseer un contrato de exclusividad con la accionante, simplemente aprovisionó sus buques con otro proveedor denominado “Comarpes Ltda”.
Destaca que el contrato previó que si no hubiere un correcto suministro de cajones la demandada debía intimar a Moliendas a recomponer la situación y, si ello no ocurriese, se aplicaría una penalidad de U$D2000 diarios. Refiere que Maronti no realizó intimaciones ni aplicó la multa por entender que el paro del sector portuario desde marzo de 2012 era un caso de fuerza mayor. Aprovisionó además a otros buques por entender que el contrato no contemplaba exclusividad.
Afirma que contrariamente a lo afirmado en el fallo, Maronti SA no debía intimar a Moliendas del Sur para que la aprovisione de cajones bajo apercibimiento de rescindir el vínculo contractual y poder armar sus barcos con cajones de otra empresa.
Dice que el debate pasa por definir si la actora podía exigir válidamente el cumplimiento del contrato a Maronti sin haber ofrecido cumplir con la entrega de cajones correspondiente o haber acreditado que Maronti había armado sus buques con sus cajones y entregado el residuo de sus capturas a otra empresa. Afirma que nada tiene que ver que la accionada no haya remitido comunicación formal de falta de entrega de envases dado que no existía exclusividad a favor de Moliendas.
Entiende que el hecho de que el 15 de marzo de 2012 la demandada estuviera armando sus barcos con cajones de Comarpes Ltda —a quien, además, le entregó el residuo de sus capturas—, bajo ningún punto de vista puede ser utilizado por la jueza para presumir en contra de Maronti. Ello —dice— pone de resalto la inexistencia de una obligación de exclusividad de aprovisionamiento de los buques con envases de la actora.
e) Que la interpretación del contrato y de la prueba hecha por la jueza es incorrecta. Reitera —una y otra vez— que la jueza parte de la base de considerar que el negocio contemplaba una exclusividad que no era tal y que Moliendas del Sur S.A. efectuó su primera intimación sin estar en condiciones de hacerlo dado que hacía varios meses había dejado de suministrar envases (y nunca se demostró lo contrario).
f) Que ha sido arbitraria la interpretación de la jueza de la prueba producida en la causa. Afirma que la actora no solo no logró acreditar que Maronti SA hubiera armado sus barcos con envases de su propiedad, sino que tampoco probó que la actora poseía capacidad operativa de cumplir con las obligaciones contractualmente previstas a su cargo. Entiende que la magistrada se equivocó al considerar que al remitir la misiva del 13/10/12 Moliendas del Sur se encontraba en condiciones de intimar a la demandada a cumplir con sus obligaciones. Entiende acreditado que desde el año 2011 la actora sufría de problemas operativos en su planta (hecho que, dice, no es un caso fortuito o fuerza mayor) y que en esa época se intensificaron medidas de fuerza de parte de los dependientes de la actora y desde marzo de 2012 se produjo un paro total de las actividades.
Explica que los testigos Schulz, Fredez, Balcedo y Pericaz fueron contestes en afirmar que si Moliendas del Sur no tenía preparados los cajones al momento en que los buques de Maronti descargaran el producido de su marea automáticamente dichas embarcaciones debían dejar su lugar en el muelle del puerto a otra embarcación que la siguiera por orden de llegada, hasta tanto se lograra hacer de los cajones vacíos como para lograr armar el buque y zarpar. Esa situación —refiere— es la que se produjo durante el año 2011 en reiteradas oportunidades.
Argumenta que los problemas gremiales que aquejaban a la actora —con más el resto de los conflictos que afectaban a todo el sector portuario— hace presumir válidamente que su capacidad operativa y productiva se encontraba severamente afectada. Entiende maliciosa la postura de Moliendas del Sur de reclamaren octubre de 2012 que la demandada cumpla sus obligaciones cuando en la misma misiva se reserva la no provisión de cajones (vuelve aquí sobre el hecho de que no podía cumplir su obligación -entregar residuo- si la actora no cumplía la suya -proveer envases-).
g) Que no se ha tenido en cuenta que se acreditó que desde el 19 de abril de 2012 la actora no tenía suministro de agua y en diciembre de ese mismo año tampoco tenía cloaca, siendo el primero esencial para el lavado de los cajones. Se pregunta cómo pretendía la actora procesar residuos o lavar envases si había paro total de actividades en el sector y, además, no poseía servicio de agua para hacer funcionar su planta.
h) Que la condena a rendir cuentas por el anticipo de U$D250.000 se ha sustentado en meras presunciones carentes de respaldo legal. Afirma que la actora no acreditó la entrega de ese dinero en efectivo y no hay en el expediente constancia del detalle de los títulos a los que refiere la cláusula tercera del contrato. Critica que se haya dado valor convictivo a los testimonios de Abbondanza y Tolosa, contadores de la accionante y que se encuentran comprendidos en las generales de la ley. Con relación a las constancias del proceso concursal, afirma que es incorrecto interpretar que la emisión de la factura por anticipo de contrato lleve a inferir o tener por acreditado que la demandada percibió esa suma. Afirma que la necesidad de reclamar ese cobro es lo que motivó su presentación en el proceso concursal.
i) Que la actora no logró acreditar la procedencia de la indemnización pretendida en concepto de lucro cesante. Dice que la jueza se limitó a transcribir una simple cuenta aritmética que realizó la perito contable sin tener en consideración la obtención de los datos a partir de los cuales se realizó el dictamen. Destaca que la experta afirmó que no tuvo documentación para cotejar y responder a los puntos de pericia que versaban sobre la cuestión y finalmente se tomó como base las declaraciones de los testigos de la actora (quienes, reitera, se encontraban comprendidos en las generales de la ley). Critica la contradicción en la que incurre la jueza al tener por acreditado el conflicto que existió entre marzo y julio de 2012 y, a la vez, hace responsable a la accionada por un lucro cesante desde marzo de 2012 y hasta julio de 2013.
III. Tratamiento de los agravios III.1. Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por las partes me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo los que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2da ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
La doctrina judicial interamericana señala que «el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso». (v. mi voto en causas n° 137518 -"Santecchia..."- del 14/2/2018, n° 163802 -"Morales..."- del 27/09/2017, n° 162854 -"Argaña..."- del 22/06/2017, 162070 -"Leguizamón..."- del 15/06/2017 y n° 163784 -“Lagos...”- del 9/11/2017, todos de la Sala Segunda de esta Cámara Departamental; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90; Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 40; Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, párr. 186).
Analizaré en primer lugar la fundabilidad de los agravios presentados por la parte demandada y que versan sobre el incumplimiento contractual y sobre la obligación de rendir cuentas por las sumas de dinero que —al decir de la accionante— le fueron entregadas en concepto de adelanto. Luego, sobre el final, abordaré las quejas que ambas partes formularon sobre el rubro lucro cesante (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
III.2. Sobre el incumplimiento contractual.
a. Una mejor comprensión del conflicto que media entre las partes y un correcto tratamiento de ambos recursos me obliga a recapitular muy brevemente la forma en que ha quedado zanjada la controversia en primera instancia, así como también las premisas basilares sobre las que se asentaron tanto la pretensión de Moliendas del Sur S.A. (en adelante, “Moliendas del Sur” o más simplemente “Moliendas”) y la resistencia de la demandada Maronti S.A. (en adelante, “Maronti”).
Mediante el contrato que las partes celebraron el 5 de julio de 2009 Moliendas del Sur se obligó a entregar en préstamo a Maronti los envases plásticos que esta última requiere (y que la actora estuviere en condiciones de suministrar) para transportar pescado entero o residuo, para el armado de sus buques actuales, futuros propios y/o alquilados y/o administrados por la demandada. Maronti, a su turno, se obligó a entregarle a Moliendas del Sur la totalidad del residuo de pescado que pueda obtener de su captura. El plazo de vigencia del negocio sería de cuatro años, desde la fecha de la firma hasta el 5 de julio de 2013. Acordaron que Moliendas pagaría a Maronti 43 centavos de dólar más IVA los dos primeros años y 45 centavos de dólar los dos años restantes La facturación se haría el 1 al 10 de cada mes. Se dejó aclarado además en la cláusula tercera que Maronti a la fecha de la firma poseía una flota cuya capacidad de bodega ascendía a 18.000 cajones y que si sufriera alguna limitación por la autoridad de aplicación en la carga de cajones no se tomaría como disminución de bodega.
La actora alegó que el negocio fue ejecutado sin inconvenientes hasta finales de 2011 —época en la que comenzaron los primeros problemas— y para el 1 de febrero de 2012 la demandada dejó de entregar residuos de pescado. Refirió que de allí se abrió un camino de diálogo informal que cesó el 13 de octubre de 2012, oportunidad en la que intimó formalmente a la demandada para que en el término de 15 días proceda a cumplir el contrato. Reprochó la falta de respuesta a sus reclamos y que la demandada se haya proveído residuo de otras firmas dedicadas a la producción de harina de pescado (Coomarpes). Reclama la rendición de cuentas sobre el anticipo entregado (U$D250.000.-) y los daños producidos por el incumplimiento contractual. La contestación de demanda presentada por Maronti S.A. fue desarrollada íntegramente sobre la base de una negativa particular de los hechos invocados por Moliendas del Sur y a la que se le incorporaron diversas explicaciones de las que —no sin cierta dificultad— logro hallar seis líneas argumentales que dan forma a su defensa: i) que la obligación de Maronti S.A. comprende la entrega de la totalidad del residuo de pescado que pueda obtener de su captura (fs. 981); ii) que la actora nunca pagó el adelanto de U$D250.000.- (fs. cit.); iii) que Maronti no incumplió el contrato sino que fue Moliendas del Sur la que merced a inconvenientes operativos internos [conflictos laborales, medidas de acción directa, corte de suministro de servicios, entre otros] omitió suministrarle los cajones previo a embarcar y omitió también retirarlos luego de que fueran remitidos a las plantas de procesamiento (fs. 981/vta, 982 y vuelta); ello generó incumplimientos de Moliendas que se remontan a agosto de 2011 (fs. 985); iv) que la actividad tanto de la actora como de la propia demandada se vio afectada por un paro general portuario que se extendió desde marzo hasta julio de 2012 y, consecuencia de ello, no puede serle imputado ningún incumplimiento por una situación excepcional que impidió el giro normal de ambas firmas (fs. 983/vta); v) que no incumplió el contrato, que lo rescindió por incumplimientos de la actora (quien, alega, tiene además una deuda dineraria con Maronti) y que no respondió la misiva del 13/10/2012 porque no fue recibida, lo que además implica que nunca fue constituida en mora (fs. 989/vta y sig.); vi) que los daños invocados por la reclamante no son procedentes y son infundadas las bases utilizadas para cuantificarlos (fs. 990 y sig.).
b. Coincido con la jueza de primera instancia cuando afirma que la demandada no ha logrado acreditar los presupuestos de hecho que dan soporte a su defensa principal: esto es, el supuesto incumplimiento de la firma Moliendas del Sur que —según dijo— precedió y motivó el cese del suministro de residuo de pescado sobre el final del primer trimestre de 2012, de conformidad con los términos del negocio celebrado el 05/07/2009.
En su extenso memorial, Maronti S.A. parte de la base de afirmar que Moliendas del Sur tuvo problemas operativos derivados de constantes cortes en sus servicios e insiste —como lo hizo al responder la demanda—que de tales inconvenientes debe presumirse que incumplió su obligación de suministrar correctamente los cajones que le eran requeridos para el armado de los barcos. Sin embargo, más allá de invocar esa premisa como parte de su argumentación y hacer afirmaciones generales y genéricas sobre el tema (utilizando giros como "cortes totales en la provisión de servicios públicos desde 2011" o "inconvenientes de larga data [que] poseía la firma Moliendas del Sur con distintos organismos tales como...") lo cierto es que no brinda precisiones temporales concretas sobre en qué momento específico ocurrieron (o cómo repercutieron en cada caso al cumplimiento regular del negocio frente a las necesidades de preparación de cada buque) ni explica cuál es la evidencia, de toda la que se produjo en la causa, que permitiría corroborar su alegación. De hecho, tampoco crítica la manera en que la colega evaluó la prueba para concluir que aquella premisa (reitero: basilar en la defensa de la demandada) no fue debidamente demostrada, sea porque los cortes no fueron de la entidad que se alegó, porque no fueron concomitantes al supuesto incumplimiento primigenio de la actora, porque afectaron a otros sectores de la empresa distintos a los que se vinculan con el suministro de cajones, etcétera [arg. art. 260 del CPCCBA]. Los “cortes totales de servicios en 2011” y los “inconvenientes de larga data” con entidades locales que invocó la recurrente o bien no fueron tales o bien no tuvieron la dimensión que se le pretende dar o de la cual pudiera inferirse algún problema operativo serio que llevase a presumir el primigenio incumplimiento de la actora.
EDEA informó que las suspensiones de suministro eléctrico fueron realizados en diciembre de 2011 y mayo de 2012 y se reconectaron el mismo día y 48 horas después, respectivamente [éste último solo sobre una de las dos cuentas que tiene la empresa] (fs. 1579 y 1745). El informe remitido por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible da cuenta de la aplicación de sanciones pecuniarias a la actora pero nada dice sobre la afectación total o parcial de sus servicios o de cualquier otra circunstancia que pudiere llevar a presumir el impedimento total o parcial de su actividad comercial (fs. 1755 y sig.). El corte de servicio más extenso que se verificó es aquel que informó Camuzzi Gas Pampeana en su informe de fs. 1693 en el que durante 11 días se cortó el servicio de gas natural. Reitero: nada de ello permite dar fundamento probatorio a la hipótesis de hecho que da sustento a la defensa de la accionada. Los testigos ofrecidos por Maronti tampoco resultan claros y convincentes sobre este punto. Schulz comenzó su relato afirmando que Moliendas del Sur tuvo una clausura en el año 2011 de aproximadamente un mes por una decisión de OSSE, extremo que contrasta considerablemente con el informe de la entidad que a fs. 1779 señaló que en aquel año no hubo cortes de servicio. El testigo luego reconocería que no recuerda la fecha de esa clausura (fs. 1537, 3ra repregunta) y que el corte al que hacía referencia afectó solo a uno de los dos sectores de la empresa: a la harinera y no la cajonera (aunque en esa oportunidad agrega, sin que la pregunta se lo exija, que la actora tenía otros problemas vinculados a los servicios y a la falta de pago de sueldos). Schulz refirió luego a la falta de suministro de cajones por parte de Moliendas del Sur y la realización de actas notariales, pero no explica a qué momento se refiere (que mes o año, si antes o después del paro del 2012) y las únicas actas notariales agregadas a la causa datan de tiempos muy posteriores al inicio de los problemas de suministro que la accionada invoca en su defensa (y a los que, debo suponer, intentaba referirse el deponente).
El testigo Balcedo (fs. 1542 y sig.) narró también problemas que Moliendas del Sur habría tenido con OSSE y afirmó que ésta última "le cortaba constantemente el suministro de agua", relato que, nuevamente, en nada se condice con los informes remitidos por la entidad sanitaria: en 2011 —momento en el que Maronti, al responder la demanda, alegó que comenzaron los inconvenientes en el suministro— no hubo cortes y en 2010 hubo un único corte que fue reconectado en agosto de ese mismo año. Tampoco hay constancias de las notas y las actas notariales que Balcedo dijo realizar o solicitar en 2012 (fs. 1543 respuesta séptima; las únicas glosadas a la causa datan recién de abril de 2013 -fs. 698 y sig.-; extremos a los que también, con igual déficit, se refiere el testigo Villegas a fs. 1562 primera repregunta). Sobre el final de su declaración Balcedo también —al igual que Schulz— precisó que los cortes de servicio a los que hacía referencia afectaban únicamente a la harinera, y que sobre otros sectores de la firma actora (por caso, el de lavado de cajones) "no les consta" (fs.cit.).
Esta prueba, reitero, es insuficiente para considerar acreditado que en algún momento a partir de agosto de 2011 (como se alegó a fs. 985), en marzo de 2012 y en los períodos posteriores a la finalización del conflicto portuario (como también, muy genéricamente, refiere la recurrente), Moliendas del Sur tuvo problemas operativos que le impidieron proveer normalmente los cajones exigidos por Maronti para el armado de los buques descriptos en la cláusula sexta del contrato (art. 375, 384 y cctes. del CPCCBA).
Por lo demás, resulta inadmisible que la demandada alegue en instancia recursiva que era la actora quien debía demostrar que estaba en condiciones operativas para cumplir el negocio al momento de realizar la interpelación en octubre de 2012. No solo este planteo contrasta con la posición asumida en las negativas n° 20 y 23 de la contestación de demanda (donde se propuso expresamente acreditar tal extremo), sino que se trata de un hecho impeditivo invocado como fundamento de una defensa y que, por definición, debe ser probado por quien lo alega (art. 375 segunda parte del CPCCBA). c. A lo dicho debo agregar una consideración complementaria: aun aceptando por hipótesis que, como alegó con insistencia al responder la demanda, fue Moliendas del Sur la que a partir de una fecha determinada comenzó a incumplir su obligación de suministrar cajones limpios (o, llegado el caso, de retirar aquellos que ya habían sido remitidos a las procesadoras), lo cierto es que en tal supuesto la demandada incumplió la obligación emergente de la cláusula quinta del contrato obrante a fs. 39/39bis.
Es decir, el relato que Maronti propone para resistir su pretensión refleja en sí mismo un apartamiento de las cláusulas contenidas en el contrato. En efecto, en la cláusula quinta el contrato de fecha 05/07/09 las partes acordaron que «en todo supuesto en que Maronti entienda que no existe un correcto suministro de cajones a los fines del armado de los busques (...) para cada salida a la pesca, el mismo deberá intimar por escrito a Moliendas de[l] Sur S.A. a recomponer la situación, de no ser así Moliendas del Sur S.A. tendrá una penalidad de dos mil dólares diarios (U$D2000) hasta que la misma se subsane» (sic., fs. 39 bis).
La cláusula prevé un sistema de reclamo documentado frente a problemas contingentes en el suministro de cajones. El operador deóntico expresamente utilizado por las partes en dicha disposición negocial (la demandada «deberá...») no ofrece mayores dificultades interpretativas y no hay ambigüedades semánticas que sea menester desentrañar: si se verificaba una hipótesis de conflicto (el hecho de que “Maronti entiende que no existe un correcto suministro de cajones”) Maronti S.A. tenía el deber —y no una opción, potestad o prerrogativa— de efectuar la prestación allí consignada (intimar a Moliendas a recomponer la situación).
En otras palabras, Maronti debió intimar a Moliendas del Sur a recomponer el flujo de cajones si es que —según ahora dice— estaba afectado por alguna razón interna o coyuntural. No solo esa era la conducta esperable de un contratante de buena fe (art. 1198 del Código Civil -Ley 340- y 207 del Código de Comercio -Ley 2637-) sino que además era la obligación que expresamente había asumido en el contrato y que implícitamente reconoce no haber cumplido sin causa que lo justifique (art. 1197 del Código Civil). Un principio cardinal del derecho civil es que las convenciones contenidas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Esta pauta de comportamiento se aplica no solo con relación a las cláusulas que regulan la ejecución normal y pacífica del negocio sino que también rige (y tal vez, con mayor vigor) con relación a aquellas cláusulas en las que los contratantes, obrando con cuidado y previsión, acuerdan de qué modo conducirse ante un eventual escenario de conflicto (arts. 1195, 1197 y 1198 del Código Civil -Ley 340-, art. 207 y sig. del Código de Comercio -Ley 2637-; 7 del Código Civil y Comercial -Ley 26.994-). En ninguno de los argumentos expuestos en su extenso memorial ni en ninguna de las negativas contenidas en el responde de la demanda Maronti justifica su pasividad frente al alegado incumplimiento primigenio de la firma actora.
Se limitó a afirmar en su recurso que no efectuó las intimaciones contempladas en el contrato porque entendió que el paro portuario que afectó la actividad pesquera constituía un caso de fuerza mayor, explicación que además de resultar extemporánea (por cierto, no fue mencionada en la etapa postulatoria; art. 272 del CPCCBA) luce también insuficiente. Coincido nuevamente con la Sra. Jueza cuando destaca que una vez finalizado el paro a fines de julio de 2012 Maronti nada hizo para reanudar la ejecución del negocio: no efectuó solicitudes de cajones en los términos de la cláusula primera y —llegado el caso, y aceptando por hipótesis que lo hizo pero fue Moliendas la que no se los proveía— tampoco realizó intimaciones en los términos de la ya analizada cláusula quinta. De hecho, para ese entonces ya llevaba meses proveyéndose cajones de otra firma.
En la negativa n°14 de su contestación de demanda (v. fs. 983/vta) la accionada negó que hubiera comenzado a entregar residuo de pescado a otras empresas utilizando sus cajones, pero sus propios testigos terminaron por reconocerlo. Schulz, Fredez y con mayor precisión Balcedo (todos empleados de la demandada o del grupo económico al que esta última pertenece) fueron contestes no solo en afirmar que a julio de 2012 Maronti ya se proveía de cajones con Coomarpes, sino que además reconocen que ese suministro había comenzado en marzo de 2012, cuando el conflicto sectorial estaba recién iniciándose (fs. 1538, 1540/vta y -en especial- 1543/vta respuesta octava y novena-; véase además, informe de fs. 347 de la causa 39.712/2016 “Maronti S.A. c/ Moliendas del Sur S.A. s/ incidente de revisión”, de trámite ante el JCyC N°10 departamental).
d. A los fines de justificar su relación comercial con Coomarpes la recurrente ha hecho foco con particular insistencia en un punto particular: que el contrato celebrado con Moliendas del Sur no preveía ningún pacto ni expreso ni implícito de exclusividad. Por ello, alegó, no estaba obligada a preparar sus barcos únicamente con cajones provistos por la actora.
El planteo merece dos observaciones; una vinculada a su inadmisibilidad y otra a su procedencia.
La jurisprudencia es unánime al señalar que «[m]ediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente, importando su tratamiento por parte de este Tribunal la violación de los arts. 34 inc. 4to., 163 inc. 6to., 266 y 272 del Código Procesal. Es decir, si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue planteada en la instancia de origen y obviamente sobre la cual no pudo pronunciarse el "iudex a-quo", ello encuentra el valladar que sienta el art. 272 del ordenamiento procesal, pues en el sistema de la doble instancia, informada por el principio dispositivo, no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen» (Cám.2da.Civ. Com. de La Plata, Sala Primera, c. 118312 -"Juarez, Daniel...", del 11/12/2014, en igual sentido, Cám.Civ.Com. de San Nicolás, c. 11459 -"Ramos, Daniel V...."- del 02/10/2014, Cám.Civ.Com. de Quilmes, Sala Primera, c. 11060 -"Medina, Ester..."- del 15/12/08, entre muchos otros, el resaltado me pertenece). A poco que recorro las páginas que componen el escrito de contestación de demanda, advierto que la firma Maronti S.A. no invocó una defensa como la que ahora plantea en su agravio y que se relaciona con el modo en que considera que debe interpretarse el contrato.
En las negativas obrantes a fs. 981 (la única parte en la que específicamente aborda el modo en que debe interpretarse negocio) la accionada cuestionó que la actora haya dicho que se había obligado a “entregar la totalidad del residuo de pescado que capturara hasta el 5 de julio de 2013”, aclarando que en verdad el compromiso era entregar “la totalidad del residuo de pescado que pueda obtener de su captura” (fs. cit.). Nada más aclaró allí, como lo hace ahora, que estaba en condiciones de proveerse de cajones de otras firmas so pretexto de la falta de pacto expreso de exclusividad (arg. art. 272 del CPCCBA).
Pero además de procesalmente inadmisible, encuentro que el planteo es improcedente y constituye un cambio sustancial en la estrategia de la defensa y que no se compatibiliza con el sustento fáctico que la misma accionada esbozó en su contestación de demanda.
Si Maronti no estaba compelida u obligada de ninguna forma a solicitarle a Moliendas del Sur los cajones necesarios para armar sus buques y —como alega ahora en su recurso— podía hacerlo libremente con cualquier otra firma, ¿por qué insistir en que hubo un incumplimiento primigenio de la actora que ocasionó la imposibilidad de cumplir sus obligaciones contractuales? ¿Por qué al contestar la demanda insistió en los problemas operativos de Moliendas y la imposibilidad técnica de proveerle cajones si le bastaba alegar, como ahora dice, que podía libremente escoger otro proveedor? ¿Por qué no ejerció o invocó esa prerrogativa de contratar sin restricciones en etapa extrajudicial una vez iniciado el intercambio epistolar? ¿Cuál era entonces el alcance y la extensión de las obligaciones que asumió frente a Moliendas del Sur en virtud del contrato que suscribió el 05 de julio de 2009?
La Sra. Jueza a quo remarcó correctamente la inconsistencia entre las defensas opuestas por Maronti al contestar la demanda y el silencio guardado en la primera etapa del intercambio epistolar que se inició con la interpelación efectuada por Moliendas en octubre de 2012 (punto sobre el cual la accionada invocó un argumento sumamente endeble, cual es la falta de recepción de una misiva que estaba a su disposición en el correo para ser retirada). Tales vaivenes estratégicos se reiteran y se intensifican ahora en instancia recursiva. Tratándose específicamente de las alegaciones de los escritos postulatorios, el Ministro de Lazzari afirmó con acertado criterio que “ese universo [refiriéndose a los hechos y alegaciones que serán luego objeto de controversia] no puede ser constantemente modificado, acomodándolo según las circunstancias y las conveniencias, porque ello implica la violación de elementales deberes de buena fe y de la doctrina elaborada respecto de los actos propios (todo ello traducido en la fórmula "venire contra factum propium non valet")” (v. SCBA, Ac 88395, del 13-12-2006).
Es cierto que el contrato de fecha 05/07/2009 no contenía un pacto de exclusividad ni expreso ni implícito por el cual la requirente (Maronti S.A.) estuviera obligada a proveerse únicamente de los cajones de Moliendas del Sur con exclusión de cualquier otra firma. Es decir, no hubo un acuerdo mediante el cual la accionada se hubiere comprometido a no procurarse cajones de ninguna otra firma durante la vigencia del negocio.
Pero el sistema de suministro convenido sobre la base de comodatos de cajones contemplado en la cláusula primera, la aclaración de que ese préstamo alcanzaría a los cajones requeridos por Maronti y que Moliendas “estuviese en condiciones de suministrar” (misma cláusula), el precio pactado en la cláusula segunda, el adelanto previsto en la cláusula tercera, el sistema de intimaciones y multas regulado en la cláusula quinta e incluso el detalle de las embarcaciones contenido en la cláusula sexta, son todas convenciones que dan forma a un negocio que solo explica —y solo se justifica desde el punto de vista jurídico, comercial y económico— si se considera que en el suministro de los cajones que Maronti necesitaba para armar los buques B/M Altalena, B/M Kantxope, B/M Mar Esmeralda daría preferencia a aquellos que les estuviese en condiciones de proveer la firma accionante.
Dicho de otra forma, del tenor de las cláusulas que componen el negocio sobre el cual gira el diferendo, de la forma en que quedó trabada la litis y de la interpretación que emerge implícita de los fundamentos que las partes dieron a sus respectivas pretensiones (fs. 11/36, 121/139, 746/762) y defensas (fs. 980/1005), no me caben dudas que el contrato contempló un derecho de preferencia a favor de Moliendas del Sur frente a Maronti en suministro de cajones para el armado de los buques detallados en la cláusula sexta, con más los futuros propios, alquilados o administrados (un pacto análogo al que hoy se encuentra contemplado en el art. 1182 del CCyC para el contrato de suministro). De ello se sigue que la ausencia de un pacto de exclusividad sobre la que hace foco la demandada en su recurso da cuenta de que, efectivamente, existía la posibilidad de Maronti S.A. de proveerse cajones de otra empresa (por caso, Coomarpes). Pero en la medida en que el contrato contemplaba un sistema de preferencia en el suministro frente a Moliendas del Sur, aquella posibilidad quedaba condicionada a seguir las pautas expresamente contempladas en el negocio suscripto. Es decir, Maronti hubiera podido procurarse cajones de otra empresa si se verificaban por lo menos cuatro recaudos: [1] exigía una determinada cantidad de cajones para armar sus barcos (de conformidad con lo acordado en la cláusula primera y sexta); [2] Moliendas del Sur no respondía adecuadamente a dicho requerimiento (condicionamiento también contemplado en la cláusula primera) , [3] Maronti intimaba por escrito a recomponer la situación bajo apercibimiento de multa (presupuesto regulado en la cláusula quinta) y [4] que Moliendas, frente a esa intimación, no brindaba una solución satisfactoria (ídem).
Reitero: nada de ello ocurrió en el caso y ha quedado demostrado que por lo menos a marzo de 2012 e incluso luego de finalizado el conflicto sectorial en julio de ese año, Maronti S.A. dejó de requerir cajones a Moliendas del Sur sin causa acreditada que lo justifique y procedió derechamente a armar sus naves con cajones provistos por Coomarpes, todo lo cual fue correctamente encuadrado por la magistrada como un incumplimiento del contrato suscripto el 5 de julio de 2009 (v. fs. 1543/vta, respuesta octava y novena).
Por todo lo dicho, entiendo que la sentencia —en lo que a este tópico refiere— debe ser confirmada y el recurso debe ser desestimado (arts. 260, 272, 354, inc. 2, 375, 384 y cctes. del CPCCBA; arts. 1195, 1197 y 1198 del Código Civil -Ley 340-, art. 207 y sig. del Código de Comercio -Ley 2637-; 7 del Código Civil y Comercial -Ley 26.994-).
III.3. Sobre la rendición de cuentas.
a. Los agravios formulados por la demandada tampoco logran demostrar un error en las consideraciones de hecho y de derecho efectuadas por la jueza a la hora de considerar acreditada la entrega de la suma de U$D250.000 como anticipo de contrato y respecto de la cual fue condenada a rendir cuentas (aspecto, este último, que no mereció queja alguna y llega incontrovertida a esta instancia).
Ha sido sumamente escasa la información y la prueba que una y otra parte han brindado para comprender de qué manera se abonó el adelanto contemplado en el contrato.
En la cláusula tercera del negocio se hace mención a un adelanto de un cuarto de millón de dólares (más IVA) que Moliendas del Sur le paga a Maronti S.A., y se hace referencia además a una entrega de cheques detallados en un recibo complementario al documento principal.
Pero la actora nunca acompañó ese instrumento anexo y nada dijo tampoco sobre su existencia. Tampoco explicó con claridad cuáles fueron los títulos que entregó, por qué monto fueron librados, a qué banco pertenecían las chequeras, etcétera. Maronti S.A., a su turno, contestó la demanda afirmando muy escuetamente que no recibió el importe y poniendo de relieve que la actora no acompañó recibo alguno en la que se acredite la entrega de ese dinero; señaló que tampoco acreditó que los valores supuestamente entregados hubieran ingresado a su patrimonio (véase, en particular, fs. 981, n°4). La falta de alegaciones precisas sobre este punto llevó a la jueza a evaluar en clave indiciaria la escasa prueba incorporada en el expediente y presumir —con base en lo normado en el art. 163.5 del CPCCBA— que la percepción del dinero quedó demostrada (v. considerando IV - página 18- de la sentencia de primera instancia).
Si bien algunos de los elementos de prueba a los que la magistrada le asignó valor indiciario no me generan mayor confianza y entiendo por ello que carecen de valor convictivo (por caso, los testimonios de los empleados de Moliendas, Sres. Tolosa y Abbondanza), coincido en líneas generales con su razonamiento y la conclusión a la que finalmente arribó: efectivamente, la entrega del adelanto contenido en la cláusula tercera del contrato ha quedado acreditada.
Seguidamente explicaré por qué.
b. Una primera observación a efectuar se vincula —nuevamente— con la conducta de la demandada y la ejecución del contrato.
Si la recurrente no recibió ni todo ni parte del anticipo contemplado en el contrato, como afirmó al contestar la demanda, cabe preguntarse cómo y por qué, mediando una deuda tan abultada, el negocio comenzó a ejecutarse y se ejecutó con relativa normalidad hasta por lo menos el segundo semestre del año 2011 (como implícitamente emerge del contraste entre lo narrado por la actora y las negativas de la accionada en la etapa postulatoria). Tampoco explica la accionada por qué no realizó la intimación fehaciente en los términos de la ya mencionada cláusula tercera del contrato para que Moliendas —so pena de resolver el negocio— regularice el pago de los valores si, según dijo, no pudieron ser depositados en su cuenta.
Tampoco logro compatibilizar su férrea negativa al momento de responder la demanda con el tenor de las misivas remitidas a Moliendas del Sur a partir de enero de 2013 y en las que absolutamente nada dijo sobre la falta de pago del adelanto (v. fs. 884, 886 bis y 890). Más aún, en la carta documento que Maronti S.A. remitió a la actora el 15 de marzo de 2013 (v. fs. 890) negó que “existiera en el contrato obligación alguna de rendir cuentas de la suma entregada en concepto de anticipo”, giro que por su redacción comprende: i) la negación de un hecho (la existencia de una obligación a rendir cuentas) y ii) el implícito reconocimiento de otro (que el anticipo —sobre el cual se alega no tener que rendir cuentas— efectivamente fue entregado).
Al responder la demanda Maronti guardó un sugestivo silencio sobre si efectivamente recibió los cheques mencionados en el contrato (y, en tal caso, al igual que la actora, no dijo cuáles eran, qué numeración tenían, qué problemas se supone que tuvo para cobrarlos, etcétera) y se limitó a afirmar que la actora no demostró —o debo interpretar: no ofreció prueba para intentar demostrar— que fueron efectivamente percibidos. Pero esa alegación contrastaría luego con la información y la documentación que la propia recurrente adjuntó al iniciar el proceso incidental de revisión frente al concurso de Moliendas del Sur. Se desprende de las constancias obrantes en la causa “Maronti S.A. c/ Moliendas del Sur. S.A s/ Incidente de revisión” (causa n° 39712/16 del JCyC N°10 departamental) que el adelanto documentado en la cláusula tercera del contrato que en copia obra glosado a fs. 39/39bis del principal implicó, por lo menos, la entrega de un total de diecinueve cheques de pago diferido de los Bancos Galicia y HSBC, y que se ve reflejada en la copia del recibo n° 0001-00000001 de fecha 24/08/09. Documento este último que la propia compañía recurrente adjuntó a fs. 84 de dicha incidencia y —sugestivamente— omitió agregarlo al resistir su pretensión en este proceso.
Más allá de que la leyenda contenida en dicha pieza despeja cualquier duda en torno a la recepción de los valores y su imputación al adelanto de contrato, lo cierto es que fue la perito CPN Gatti la que al analizar los libros contables de Maronti S.A. terminó por corroborar esa vinculación en las explicaciones presentadas el 23 de abril de 2019 a instancias de lo requerido por la aquí demandada el 27 de marzo de 2019 (en ambos casos me refiero a presentaciones electrónicas efectuadas en proceso concursal).
La experta explicó que de la documentación contable de la empresa pesquera accionada se desprende que el pago del adelanto motivó la tradición de diecinueve valores cuyos números son: 92038562, 92038563, 80685604, 80685595, 92038552, 92038554, 80685596, 80685598, 92038556, 80685597, 92038557, 92039558, 92038559, 92038560, 92038561, 80685602, 80685601, 80685600 y 80685599. Solo los anversos fueron incorporados en copia simple por la recurrente al inicio del proceso de revisión. Tales serían entonces los cheques a los que refiere la cláusula tercera del contrato de fecha 05/07/09, y en el que se hace referencia a un “recibo adjunto” que, reitero, nunca fue agregado a la causa (ni a la incidencia concursal ni a este pleito). Y si bien no dejo de reconocer que era muy sencillo para Moliendas del Sur presentar resúmenes bancarios que den cuenta de la cancelación de los títulos (véase que la perito contadora Correa explicó a fs. 1457 que no le fueron entregados extractos para verificar esa circunstancia), lo cierto es que en sus libros quedó asentado como “adelanto a proveedor” un monto idéntico al facturado por Maronti S.A. (v. fs. 1458 del principal y factura de fs. 68 de la incidencia) y a poco que contrasto el número de los cheques consignados por la CPN Gatti con el resto de la prueba producida advierto que dieciséis de esos diecinueve valores fueron efectivamente percibidos y sobre los tres restantes siquiera se acreditó un problema en su cobro.
Sobre los cheques correspondientes a cuentas del Banco Galicia que finalizan en los números 595, 597, 599, 600, 601 y 602 el BCRA informó a fs. 317 [del incidente] que fueron cancelados luego de su rechazo por falta de fondos en fechas 28/10/09, 17/12/09, 03/03/10, 23/04/10 y 09/06/10 respectivamente. Los que finalizan en los números 552, 554, 556, 558, 559 del HSBC la autoridad monetaria informó a fs. 324 [del incidente] que también fueron cancelados luego de su primigenio rechazo por falta de fondos en fecha 06/10/09, 11/11/09, 09/12/09, 08/02/10, y 08/03/10.
No soy ajeno al hecho de que el Banco Central informa solamente que aquellos once valores fueron cancelados luego de ser rechazados por falta de fondos y nada dice sobre quiénes percibieron ese dinero a través del correspondiente depósito en cuenta (repárese en que todos los cheques estaban cruzados -art. 44 de la Ley 24.452, vedando la posibilidad de percibirlos en efectivo).
Pero la suerte que han tenido esos títulos luego de su primigenio intento de cobro necesariamente ha de estar comprendida en alguna de las cuatro modalidades de cancelación de cheques rechazados reguladas por la autoridad monetaria en el apartado 8.3 de la Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria. O sea, o bien i) Moliendas levantó el cheque pagándolo en efectivo o de alguna otra forma y lo presentó ante el banco girado (art. 8.3.1 del reglamento), o ii) Moliendas depositó en su banco (el girado) los importes pertinentes con más los intereses correspondientes y esos fondos fueron pagados al legitimado (depositante, endosante o avalista) (art. 8.3.2 del reglamento); o iii) Maronti -u otro acreedor, portador del valor- dio constancia de cobro con firma autenticada y Moliendas lo presentó ante su banco (art. 8.3.3 del reglamento) o iv) el importe fue consignado judicialmente (art. 8.3.4 del reglamento).
Pero lo más importante —y aquí el punto a destacar— es que en cualquiera de estos escenarios (reitero: los únicos que permiten a la entidad girada informar que el cheque fue cancelado correctamente y que así surja del informe del Banco Central) hay un denominador común: Moliendas del Sur levantó los títulos ya sea pagándolos en efectivo (u otro medio) y haciéndose de los cartulares como recibo de pago para luego demostrar su cancelación en la entidad girada o, en su caso, proveer a su cuenta de fondos suficientes y logrando que los portadores endosatarios pudieran cobrarlos. Y en este último supuesto, aun cuando el destino de ese pago no fue técnicamente una cuenta de la beneficiaria original del cartular (esto es, Maronti), lo cierto es que la transmisión por vía de endoso del título no puede sino obedecer a una operación onerosa de Maronti en cuyo contexto el cheque fue entregado en pago por una prestación de valor equivalente.
En términos contables el resultado práctico es exactamente el mismo: el anticipo del contrato debe considerarse “percibido” por Maronti sea mediante los fondos remitidos por la entidad girada y depositados en su propia cuenta, o bien recibiendo una prestación de valor equivalente de un endosatario a quien luego le fue abonado el título (desligando a Maronti de la responsabilidad solidaria que deriva del art. 40 de la Ley de Cheques, tal como ocurrió con cinco valores del HSBC a los que haré referencia más abajo).
A ello debo agregar una consideración técnica sobre el recurso en estudio: en su memorial la demandada se enfoca exclusivamente en la falta de constancia directa de la entrega del dinero y de la escasa fiabilidad de los testimonios de los empleados de Moliendas, pero nada dice sobre el informe del Banco Central de la República Argentina al que me he referido en párrafos precedentes. La omisión no pasa desapercibida puesto que tal era —y en mi opinión, sigue siendo— la evidencia que constituye el indicio más importante que lleva a presumir el efectivo pago del controvertido adelanto (arg. art. 260 del CPCCBA).
Por lo demás, sobre otros cinco cheques (los que terminan con el número 560, 561, 562, 563 y 557) el HSBC informó a fs. 358 del incidente que fueron pagados los días 06/01, 06/04, 28/04, 28/05 y 28/06 de 2010. Emerge de las copias que obran glosadas a partir de fs. 417 (también del incidente concursal) que Maronti S.A. endosó los valores a otras compañías en operaciones que, debo presumir, le permitieron cancelar con éxito otras obligaciones comerciales.
Finalmente, sobre los tres cheques restantes a que refiere la CPN Gatti como vinculados al controvertido adelanto (esto es, los n° 604, 596 y 598) solo obran en el incidente de revisión fotocopias de su anverso (fs. 85, 86 y 87) pero no hay constancia de que hubieren sido rechazados por falta de fondos o cualquier otra causal.
Para resumir lo hasta aquí dicho, i) Maronti S.A. no negó (e implícitamente reconoció) la percepción del adelanto del contrato en las misivas remitidas a la actora previo al inicio del pleito (fs. 884, 886 bis y 890), ii) surge de su propia contabilidad que cincuenta días después de celebrar el contrato recibió diecinueve cheques expresamente imputados a la cancelación del adelanto mencionado en la cláusula tercera (fs. 84 del incidente de revisión) y, por último, iii) fue acreditado que dieciséis de esos cheques fueron cancelados (once de ellos luego de un primigenio rechazo por falta de fondos) y sobre los restantes tres no hay prueba ni alegación que verse sobre una dificultad o imposibilidad de cobro. En tal contexto, es correcto concluir —como lo ha hecho la jueza en su sentencia— que ha quedado suficientemente acreditado que el adelanto sobre el cual se exige una rendición de cuentas fue efectivamente percibido por la demandada recurrente (arts. 163 inc. 6°, 375 y 384 del CPCCBA).
Los agravios de la accionada que a esta cuestión refieren deben ser desestimados (arts. 163 inc. 6°, 375 y 384 del CPCCBA).
III.4. Sobre el rubro lucro cesante.
Ambas partes formularon cuestionamientos sobre el modo en que fue receptado el reclamo por lucro cesante. Analizaré en primer lugar el recurso de la actora y luego el de la demandada.
III.4. i. El recurso de Moliendas del Sur es inadmisible.
En el considerando «VI.3.a.» de su sentencia la jueza a quo consideró acreditado un lucro cesante de la accionante por un total de $76.892.-, ocasionado —según explicó— por el incumplimiento contractual en el que incurriera la demandada. Para cuantificar la indemnización, la magistrada reparó en la utilidad bruta que hubiere percibido Moliendas del Sur en el período marzo de 2012 a julio de 2013 y en la rentabilidad neta que la firma tuvo en tres períodos anteriores, todo ello de conformidad con la pericia contable producida por la parte actora.
Más allá de genéricas referencias a errores, arbitrariedades y lecturas parcializadas de la prueba producida, Moliendas del Sur no ha dedicado párrafo alguno a explicar en qué consiste, concretamente, el equívoco que dice hallar en el fallo apelado.
La recurrente se limita a reclamar que el rubro prospere por la suma de $3.019.323,89 sin reparar en que dicho monto ha sido considerado por la perito contadora —a instancias de sus propias solicitudes de explicaciones, con base en su propia documentación comercial y las declaraciones de sus propios testigos— como un promedio de utilidad bruta para los períodos marzo/2012 a julio/2013, valor que luego fue ponderado por el promedio de rentabilidad neta que los períodos anteriores reflejaban.
Insisto en este punto: tanto el resultado final como el cálculo del cual este último se deriva (detallado por la experta en las explicaciones correspondientes a los puntos 33 a 37; v. fs. 1473/vta y 1474), no obedeció más que a las indicaciones que la aquí recurrente le dio y sobre las cuales ninguna objeción formuló luego de su presentación.
Este Tribunal tiene dicho que "...la pericia que es consentida por las partes, por no haber sido cuestionada en primera instancia en ocasión del traslado pertinente, no puede ser objetada por vía del recurso..." (esta Sala, causa nº 113.270, RSI 543/00 del 13/6/2000; nº 86.612, RSD 431/93 del 21/12/1993; en igual sentido, Sala I, causa nº 118.929; RSD 236/00 del 27/8/2000; v. esta Sala, Expte. 128.485 "Rossi, Horacio Alberto c/ Citibank NA s/ materia a categorizar", REG. 477 S. 5-8-04; en sentido similar, CC2a.LP, Sala 3, Expte. B 82.803 RSD-102-96 S. 9-5-1996; CACiv. y Com. Formosa, "Banco Provincia de Formosa c/ Cárcano, Luciana y García, Eduardo s/Ordinario” S. 1/12/94).
En las explicaciones requeridas en el escrito que obra glosado a fs. 1478 la recurrente consintió el sistema de cálculo utilizado por la contadora a fs. 1474 (el mismo cuyo resultado ahora le agravia) y se limitó únicamente a corregir un supuesto error aritmético.
El error no era tal dado que la recurrente confundió allí el modo en el que la experta realizó la operación consignada a fs. 1474.
La contadora multiplicó un valor [la utilidad bruta de los períodos analizados en el punto de pericia n°24 -fs. 1474-] por la suma aritmética de tres porcentajes que, a su vez, se dividían por tres, dado que se trataba de una rentabilidad promedio. La cuenta es sumamente sencilla y es fácil comprobar su corrección.
El error de la recurrente en el pedido de explicaciones de fs. 1478 es evidente: tomó los porcentajes promediados como si fueran números enteros. Sumó «3,19+4,24+0,21» y le dio 7,64 (siete coma sesenta y cuatro) cuando en verdad la suma correcta -luego promediada- es «3,19%+4,24%+0,21%» da 7,64% (siete coma sesenta y cuatro por ciento), lo que equivale a 0,0764. Este último valor dividido por tres da 0,0254. La recurrente arrastra el error y en el último tramo de su cálculo multiplica 3.019.323,89 x 2,54 en lugar de multiplicar 3.019.323,89 x 2,54 por ciento (o lo que es lo mismo, por 0,0254). Adviértase que la expresión de un porcentaje y la utilización del signo «%» no es más que un modo de representar una proporción, una relación fraccionaria entre una cantidad y la unidad 100. Decir “siete coma dos por ciento” (7,2%) es una manera diversa de hacer referencia al número 0,072 (o 7,2/100). Moliendas confunde una y otra manera de expresar los valores y arrastra ese error a la operación aritmética con la que intentó demostrar el supuesto yerro de la contadora. La impugnación, por este motivo, es inadmisible.
Por último, tampoco puedo dejar de destacar que la recurrente no solo nada dice en su memorial [ni dijo a fs. 1478] sobre el sistema de cálculo utilizado por la perito contadora, sino que tampoco hizo mención ni efectuó una crítica concreta y razonada de la parte del fallo apelado en el que la jueza consideró que tal era el modo en que correspondía cuantificar monetariamente el lucro cesante reclamado (esto es, ponderando la utilidad bruta por el promedio de rentabilidad neta de períodos pasados).
La Suprema Corte bonaerense ha dicho que «[n]o cumple acabadamente con la exigencia contenida en el art. 260 del Código adjetivo, que alude a una "crítica concreta y razonada" de las partes del fallo que el apelante estime equivocadas, la impugnación que soslaya hacer alusión al fundamento principal de la resolución cuestionada, el que resulta -entoncesvirtualmente firme» (SCBA, C.116953, in re "Perazo Construcciones S.A...", del 14/08/2013).
En otras palabras, y como he dicho en otra oportunidad, no puede juzgarse debidamente fundamentado un recurso cuando la parte solo formula alegaciones que dan cuenta de una disconformidad con la resolución pero sin analizar de manera puntual y concreta los argumentos, las razones de hecho y de derecho que cimientan la decisión que le es adversa (arg. arts. 260, 261 CPCC; mi voto en causa n° 143781 -"Patalagoyti, Lía Rosa..."- del 11/10/2018). Por todo lo dicho, el recurso de la actora debe ser desestimado por inadmisible (arts. 260, 375, 384 y cctes. del CPCCBA).
III.4.ii. La demandada criticó la recepción del rubro sobre la base de dos argumentos: i) la escasa fiabilidad del testimonio de Abbondanza y Tolosa (contadores de la firma actora) y la falta de respaldo documental de las variables utilizadas por la perito para cuantificar el parcial, y ii) la contradicción que existe en el fallo al reconocer el daño desde marzo de 2012 a julio de 2013 y a la vez afirmar que existió un paro portuario entre marzo y julio de 2012. Las críticas que efectúa la recurrente sobre la precisión técnica del dictamen pericial contable no pasan de ser meras discrepancias y pareceres subjetivos que no logran conmover la estructura argumental del razonamiento volcado en la decisión atacada. Me refiero aquí puntualmente a aquellos que versan sobre el valor convictivo que tienen algunas de las fuentes utilizadas por la experta para extraer los datos sobre los cuales realizaría el cálculo del rubro en estudio.
Pero entiendo que tiene razón la demandada cuando critica la extensión temporal del rubro cuestionado y la contradicción en la que se incurre en el fallo apelado.
En efecto, la jueza tuvo por acreditado que desde mediados de marzo de 2012 a fines de julio del mismo año el puerto local sufrió un paro que afectó de manera total su actividad. Así se desprende de los documentos periodísticos de la época (fs. 1602/21) y de lo informado por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas a fs. 1781. Los propios empleados de Moliendas del Sur narraron esta circunstancia y reconocieron que el conflicto impidió el laboreo normal del sector, hecho que, debo interpretar, también comprendió a la actividad de la empresa accionante (véase relato de Sitjar a fs. 1341/vta y 1342 respuesta novena y décimo primera y de Tolosa a fs. 1366/vta, segunda repregunta).
El conflicto portuario fue expresamente considerado por la jueza de primera instancia como un caso fortuito en los términos del art. 514 del Código Civil (v. fs. 2228/vta) no obstante argumentó en el último párrafo de fs. 2227/vta que los riesgos implicados en el casus fueron absorbidos por la demandada al haber sido constituida en mora. Tal es el argumento que, interpreto, sostiene la decisión de la jueza de hacer responsable a la demandada por el daño patrimonial ocasionado a la actora durante el período durante el cual se extendió la medida de fuerza.
No comparto este último aspecto de la sentencia: en verdad, no se dan en el caso los presupuestos de hecho que tornarían aplicable el artículo 513 del entonces vigente Código Civil (Ley 340, actual 1733 inc. “c” del Código Civil y Comercial) conforme el cual el deudor moroso no puede invocar la falta de cumplimiento motivado por caso fortuito o fuerza mayor. La interpelación mediante la cual la jueza consideró que Moliendas del Sur constituyó en mora a la contraria ocurrió recién el 13 de octubre de 2012 mientras que el conflicto portuario se había iniciado y había concluido varios meses antes.
Se sigue de ello que si el paro portuario ha sido considerado como un caso fortuito (aspecto que llega incontrovertido a esta instancia) y ello ocurrió en una etapa en la que la accionada aún no había sido constituida en mora (previo a octubre de 2012, extremo que también llega firme a esta instancia), es injusto que se obligue a la demandada a resarcir los daños sufridos por Moliendas del Sur en el plazo temporal que duró el conflicto que paralizó por completo al sector.
El caso fortuito, por definición, rompe el nexo causal que debe mediar entre el incumplimiento y el daño ocasionado, motivo por el cual no hay allí ninguna responsabilidad a cargo del pretenso deudor (art. 514 y cctes. del CPCCBA). O lo que es lo mismo decir: si Moliendas del Sur sufrió algún daño patrimonial durante los meses de marzo a julio de 2012 ello es atribuible causalmente al paro portuario que la juez encuadró como un caso fortuito y no al incumplimiento que se le reprocha a la accionada (art. 514 del CC). Por este motivo, corresponde que del total reconocido por lucro cesante para un total de 491 días ($76.892.-, desde el 01/03/2012 hasta el 05/07/2013) se detraiga el proporcional correspondiente a los 138 días que duró el paro portuario (del 15/03/2012 al 31/07/2012), lo que arroja un total de $55.280,80.- [(353x76892)/491].
Lo dicho obedece a una estricta consideración de lo que ha sido materia de agravio y a lo que fue expresamente requerido en el memorial (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA), no obstante dejo mi opinión en cuanto a que el rubro reclamado debiera haber sido calculado únicamente desde el momento en que fuera constituida en mora la firma Maronti S.A. mediante la interpelación fehaciente de Moliendas del Sur remitida el 13/10/2012 (arg. arts. 505.3, 509 seg. párr. y cctes. del CC).
Con tales alcances previamente señalados, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de la demandada y modificar el monto reconocido por lucro cesante (arts. 509, 513, 514, 889, 1068 y cctes. del Código Civil -Ley 340- y 7 del Código Civil y Comercial -Ley 26.994-).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación de la actora (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, modificando el monto reconocido en concepto de lucro cesante (el cual debe prosperar por $55.280,80.-), y confirmándola en toda otra cuestión que hubiera sido materia de agravio; III) Las costas en segunda instancia se imponen en un 80% a la parte demandada y el 20% restante a la parte actora en atención al resultado obtenido (art. 68 in fine y 71 del CPCCBA) IV) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967.
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación de la actora (art. 68 del CPCCBA); II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, modificando el monto reconocido en concepto de lucro cesante (el cual debe prosperar por $55.280,80.-), y confirmándola en toda otra cuestión que hubiera sido materia de agravio; III) Las costas en segunda instancia se imponen en un 80% a la parte demandada y el 20% restante a la parte actora en atención al resultado obtenido (art. 68 in fine y 71 del CPCCBA)
IV. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967. V) Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J.
LOUSTAUNAU ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia