Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 96662
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal confirma en su integridad la sentencia de fecha 21/11/2017, mediando aclaración que la acción prosperó a favor de la constitución de la servidumbre de paso o tránsito sobre el predio sirviente de propiedad de la accionada “Agropecuaria Las Juanas S.A.”. Las costas de esta instancia se imponen a la actora recurrente en su condición de vencida. (arts. 168, 172 Const. Prov.; 3073, 3074 Cód. Civil; 68, 163 inc.2, 260, 261, 272, 273, 307, 375, 384, 473, 474 CCPC).
En la ciudad de Dolores, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 96.662, caratulada: "MOLINA Y ANCHORENA O MOLINA ANCOHRENA Y SEBASTI O MOLINA ANCHORENA, FRANCA MERCEDES ELENA O FRANCA MERCEDES C/ AGROPECUAR S/ SERVIDUMBRE D TRANSITO", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie, Mauricio Janka y Silvana Regina Canale.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera ¿Resulta ajustada la valoración probatoria que muestra la sentencia de fs. 541/549? Segunda ¿Qué decisión corresponde tomar?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. El letrado apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 554) contra la sentencia de mérito dictada con fecha 21/11/2017 (fs. 541/549). Radicada la causa en esta instancia, en cumplimiento de la manda del art. 254 del CPCC expresó los agravios que la decisión, a su entender, le causa a fs. 561/564. A su tiempo aquellos fueron respondidos por el mandatario de la demandada (fs. 566/571). Cumplidos tales extremos de procedimiento, se produjo el llamado de autos para dictar sentencia (fs. 572) y ante su firmeza se realizó el sorteo de rigor (fs. 573) en el que he resultado designada para emitir el voto de pre opinión, tarea a la que me he de avocar.
II. La sentencia recurrida receptó la demanda promovida por Franca Mercedes Elena o Franca Mercedes Molina y Anchorena o Molina Anchorena y Sebasti o Molina Anchorena, constituyendo una servidumbre de tránsito a favor de los inmuebles Nomenclatura Catastral Circunscripción XI, Parcelas 1207 h, k y m, con dominio inscripto en la Matrícula 21.172 (027) sin indemnización alguna. Fijó la traza detallada con remisión al Considerando III del decisorio e impuso las costas por su orden. Media diferimiento de la regulación de honorarios para su oportunidad (fs. 549 vta.).
Por no resultar de buena técnica sentencial referir a lo dicho en los Considerandos, he de parafrasear el Tercero señalado en el Fallo. De aquella parcela sólo he de decir que la iudex a quo decidió luego de realizar la valoración probatoria; que la servidumbre debe constituirse por “… donde cause menos perjuicio y considero que el croquis Nº2 es el que mejor se condice con la situación planteada, no sin dejar de advertir que habrá que levantar la primer parte de ingreso de la calle pública al campo y desmontar el monto de talas que existe pasando la primer parte del terreno …” y agrega que los trabajos estarán a cargo de la actora (fs. 549).
En cuanto a la imposición en costas funda su decisión la Dra. Hernández en los “…términos de la acción incoada y la forma de resolver,…” (fs. 549 vta.).
Medió para sentenciar de tal manera la individualización normativa aplicable al caso (arts. 3068, 3073, 3074 Cód. Civil) y el mérito que le diera a la prueba producida en la causa. En este marco valorativo incluyó la testimonial de ambas partes, las periciales de ingeniería, de agrimensora y de tasador, absolución de posiciones, informe y planos.
III. Omisión. Vista la redacción de la parte dispositiva de la sentencia recurrida o fallo, surge en forma nítida que no se ha hecho constar el nombre y apellido de la parte accionada, en el caso la identificación de la razón social, tal como lo requiere el art. 163 inc. 2 del CPCC.
La norma señalada demarca aquellos ítems que debe contener la sentencia, sean formalidades extrínsecas o intrínsecas, ello así en tanto la exigencia del legislador tiene por fin el resultado de la actividad jurisdiccional.
En particular el fallo o parcela dispositiva es la sección más trascendente en una sentencia, porque es el mandato judicial propiamente dicho, es el imperium como atributo de quien ejerce la función jurisdiccional en el marco constitucional en su máxima expresión; razón por la que debe cumplir con las exigencias normativas, aún cuando se trate de requisitos formales.
Consignar el nombre y apellido de las partes es uno de aquellos extremos a cumplir, que si bien no acarrean sanción de inexistencia del acto ni su nulidad, resultan indispensables para que el fallo adquiera la autonomía de que debe gozar.
En tal camino de reflexión, en razón de que ninguna de las partes hubo de advertir el déficit indicado es deber de esta instancia superior el repararlo de conformidad con las constancias de la causa. De allí que he de entender que la demanda receptada conlleva la demarcación de la servidumbre de tránsito o paso sobre propiedad de la accionada “Agropecuaria Las Juanas S.A.”; expresión que fuera omitida en la primera instancia.
IV. Agravios. Su tratamiento.
a. Agravios de la actora recurrente (fs. 561/564).
En tiempo y forma el Dr. Iriarte, mandatario de la parte actora, expresó los agravios que a su entender le causa la decisión tomada por la Dra. Hernández.
Aquellos se ven reducidos a dos agravios; el primero referido a la valoración probatoria, de modo puntual a la pericial de ingeniera agrónoma y de martillero; en cuanto al segundo refiere a la imposición de las costas.
i. Primer agravio: Se duele el quejoso en tanto a su entender la sentenciante con el fin de evitar incomodar al fundo sirviente priorizaría el principio de la necesidad y no el de la comodidad como lo hiciera la Suprema Corte en la causa Santa Coloma c/ Ibarbia. Agrega que para darle mayor comodidad al fundo de la accionada ordena realizar una obra (construir un nuevo camino y desmontar un monte de talas); refiere que no se ha probado en la causa el costo de esa obra que debería soportar su mandante. Extremo que habría sido establecido sin comparar y/o equiparar los sacrificios de cada parte (fs. 561 vta. primer párrafo). Continúa diciendo el recurrente que lo perseguido con esta acción era consolidar una situación inmemorial, fijando la servidumbre por el lugar que tiene al presente; lo que no cambiaría en nada al campo del demandado.
A su entender tanto el perito martillero cuanto la ingeniera agrónoma habrían sido inducidos a confusión. Con relación al dictamen del primero manifiesta que lo impugnó a fs. 500 por incurrir en errores de concepto que enumera en clara transcripción de los indicados en aquella foja. Aduna que los puntos observados no hacen a la especialidad o conocimientos técnicos del experto e incontrovertibles, sino que resultarían el producto de premisas falsas. El dictamen habría sido realizado en la “… creencia de que se fracciona el campo en compartimientos estancos, independientes y sin comunicación.” (fs. 562 vta.). En cuanto al aumento o disminución de los valores informados, entiende que la constitución formal de la servidumbre no los afectaría.
Por su parte en cuanto al informe de la ingeniera agrónoma, el recurrente lo observó a fs. 489, en los términos allí indicados que se reducen a que no existe obligación de alambrar la traza de la servidumbre con la consecuente inexistencia de división del fundo sirviente.
Resume su posición el recurrente en la no justificación de la elección del croquis nº 2 por parte de la iudex, sin que se haya acreditado un perjuicio real y concreto en la utilización de la traza actual, sin que existan reclamos anteriores por parte del fundo sirviente y agrega que no se acreditó el costo de la obra (fs. 563 vta., primer párr.).
ii. Segundo agravio: En esta parcela el quejoso se refiere a la imposición de las costas en el orden causado. Entiende que esa forma de decidir las costas violenta el principio general de costas al vencido, en tanto no ha habido allanamiento por la accionada, por lo que la demandada en su condición de perdidosa debe soportar las costas. Finaliza diciendo que fue necesario iniciar este proceso para la constitución del derecho real de paso o tránsito (fs. 564, cuarto párr.).
Con pie en tales agravios peticiona la modificación de la sentencia.
b. Responde de la accionada (fs. 566/571).
Sabido es que la contestación de los agravios del recurrente no es una carga impuesta bajo sanción, no obstante ello el Dr. Colombi, apoderado de la accionada, en tiempo propio dio respuesta a aquellos. Lo ha hecho en una réplica pormenorizada que sigue el discurso del apelante, en lo destacable indica que la accionante persigue mantener la traza actual aún a costa de su mandante y que el principio de comodidad que alega no resulta acertado en tanto la naturaleza de la servidumbre de paso radica en dotar de un paso al fundo encerrado causando el menor perjuicio al fundo sirviente (fs. 570 último párr.).
Respecto de la imposición en costas, señala que la juzgadora debió haber fundamentado su apartamiento del principio general. Agrega que su representada propuso diversas alternativas para la solución del conflicto y que no es posible hablar de inexistencia de requerimiento previo puesto que las cartas documento que enviara la accionante no habrían sido recibidas por su poderdante.
En definitiva, solicita se confirme la sentencia apelada, con costas al recurrente.
c. Tratamiento de los agravios.
Trazado aquel sendero debo señalar que la actividad revisora, genuina de esta instancia, se encuentra limitada por el agravio traído por el recurrente, fijándose así la frontera de aquella tarea. Así se han de examinar las cuestiones de hecho y de derecho que hubieron de ser sometidas a la decisión del juez de la primera instancia, siempre que resultaran materia de agravios. Mas aún, esta Alzada se encuentra dispensada de examinar aún cuestiones decisivas para el desenlace del proceso, si al expresar sus agravios el quejoso no realizó un planteo expreso a su respecto; al igual que aquellas sobre las que el iudex a quo guardara silencio. Estos principios resultan de inexorable cumplimiento, sin perjuicio del acierto o desacierto con que se hubiera dictado la sentencia puesta en crisis (arts. 260, 261, 266, 272 del CPCC; S.C.B.A., Acs. 74.366 S 19-2-2002, 16.832 S 16-III-1971; CSJN, diciembre 2 de 1980, Fallos, v, 302, pág. 1435).
1. Marco normológico y jurisprudencial.
De acuerdo con los agravios traídos por el apoderado de la parte actora, no se evidencia cuestionamiento al marco normológico que hubo de configurar la jueza de grado; sí, lo hace con pie en jurisprudencia del Máximo Tribunal Provincial la decisión de trazar la servidumbre de conformidad con el croquis 2, en cuanto a los principios necesidad y comodidad que a su entender debe imperar en la materia de debate; que no habrían sido tenidos en consideración.
Es así que con respecto a las normas aplicables poco he de decir, sólo que ha quedado reconocido por las partes en sus escritos postulatorios y ratificado por la prueba arrimada que se trata de un predio en origen de un único propietario que con el correr de los tiempos y efectos de diversos procesos adjudicatarios quedó dividido en diversas parcelas; que trajo como consecuencia el encierro del campo propiedad de la accionante –Parcelas 1207 h, k y m- privándolo de comunicación con todo camino público.
De allí que sólo quede realizar algunas precisiones que completen lo dicho por la Dra. Hernández. En ese rumbo, el encerramiento derivado de una venta, permuta o división de una parte o del todo de un predio; nos pone ante una situación en la que uno o ambos de los litigantes no intervinieron pues al producirse la transmisión del dominio ya se había configurado la situación de hecho que aquí se intenta superar; para afirmar la posición corresponde recordar que el codificador en la nota al art. 3073, aplicable al caso. tuvo como antecedentes a Demolombe y a Pardessus, aún con las observaciones de Segovia. El enclavamiento es la situación de un fundo que no tiene salida a la vía pública o que tiene una salida insuficiente para su utilización. El legislador ha venido a dar solución mediante la figura de la servidumbre de paso en caso de encerramiento; que si bien puede haber sido establecido por el hombre, en casos como el que me ocupa, su establecimiento la ha de tornar legalmente obligatoria (Josserand, Derecho Civil, T. I v, III, pág. 462, nº 1930; Salvar, Derechos Reales, edic. 1946, T. II, pág. 398, nº 1941).
En particular el art. 3073 parte de la hipótesis de que la antigua heredad no necesitaba de la servidumbre de tránsito por disponer de terrenos propios para acceder a la calle pública, de allí que la ley en amparo de razones económicas y de interés público posibilita que se establezca la servidumbre sobre otra u otras heredades derivadas del fraccionamiento, aún cuando el camino resulte más largo y costoso. Esta servidumbre descansa sobre la voluntad presunta de las partes, lo que explica su existencia sin indemnización alguna (Lafaille, Derechos Reales, pág. 563, nº 1570). La figura así delineada tiene como límite los principios de necesidad y comodidad, traídos por apoderado de la actora en sus agravios, en tanto entiende que han sido violados en la sentencia bajo revisión desde su punto de vista crítico. Para sostener tales agravios trae como soporte la sentencia dictada en “Santa Coloma, Juan C. vs. Ibarbia, María Teresa y otros s. Reconocimiento de servidumbre de tránsito” (SCBA; Causa L. 26.663, 05/12/1978) que tuvo como génesis la decisión de esta Alzada del 29/12/1977.
Lo cierto es que aquella causa giró sobre una situación fáctica diferente a la que es origen de este proceso, en tanto la heredad que pretendía la servidumbre tenía un camino expedito a calle pública; no lo es en cuanto al principio de comodidad. En “Santa Coloma” se pretendía una salida más cómoda y ese fin es idéntico al de la causa que hoy me convoca en tanto por esa misma razón –la comodidad de la accionantepretende consolidar una situación pre existente.
A esa pretensión la accionada, titular del fundo sirviente, en clara protección de su heredad ofrece diferente alternativas a diagramación del camino. Asimismo viendo el responde de la accionada, es lo cierto que se vislumbran ciertos problemas de vecindad emergentes del actual recorrido de la servidumbre, que deben ser resueltos para el futuro.
Entiendo que los principios del antecedente “Santa Coloma” debe ser atendido, pero no en el sentido que le da el quejoso sino de manera proporcionada a las necesidades de ambas heredades y a los beneficios y perjuicios que pudieran sufrir, sin perder el eje normativo que manda el art. 3074 primer párrafo del Cód. Civil.
El intento del quejoso radica en que se realice una lectura de los principios de necesidad y de comodidad solo en su propio beneficio, no del modo en que lo indica el Juez Colombo al votar en la causa referida. Aún cuando los principios indicados no constituyen ratio es lo cierto que los he de tener en consideración mediando su correcto balance.
ii. Mérito probatorio.
Tal como han sido expresados los agravios y centradas las críticas del Dr. Iriarte en la valoración de la prueba de los peritos ingeniera agrónoma y martillero; me he de referir sólo a los dictámenes de tales expertos, los que por otra han sido los determinantes a fin de que la sentenciante de grado decidiera que trazar la servidumbre de conformidad con el croquis 2 (fs. 121) traído por la accionada resulta lo más conveniente para resolver el conflicto.
No hay discusión respecto de que el juez debe valorar el dictamen pericial en oportunidad de dar su sentencia definitiva teniendo en cuenta “... las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.” (art. 474, última parte CPCC).
Por su parte las aclaraciones y adiciones al dictamen forman parte de éste y constituyen con él una unidad, de modo que el estudio y apreciación de la opinión deben ser tomados juntamente con la relación original, como un solo cuerpo; de otra manera, no se podría saber cuál es el concepto definitivo y completo de los peritos (SCBA, 20/7/79, Ac. 23.719, DJBA, 113-79 y ED, 78-362).
El juez es soberano al sentenciar en la apreciación de la prueba y de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen. Así lo interpreta de modo unánime la doctrina judicial; pero, en consonancia con las reglas de juzgamiento enunciadas por el precepto, se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones; razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno, en principio, al hombre de derecho.
Debe quedar en claro que la ley ritual no prevé un procedimiento impugnatorio de las conclusiones del perito sino tan sólo aquel estatuido por el art. 473 del CPCC, mas no por ello ha de desecharse de plano un cuestionamiento de esa índole que hace al ejercicio de defensa en juicio por la indudable trascendencia que el o los dictámenes de expertos pueden tener en la definición de intereses litigiosos controvertidos, dado que el órgano jurisdiccional acude a tal o tales opiniones frente a la necesidad de dilucidar determinadas circunstancias fácticas para las cuales es necesario detentar un conocimiento de rigor científico con incumbencia en la especificidad temática y respecto del cual el director del proceso en principio podría carecer, y es allí donde acude –para integrar sus conocimientos- a los servicios de un auxiliar de la justicia que ha demostrado previamente –en el caso- su específica idoneidad a tal fin en virtud de ostentar un título universitario de nivel científico (Liebman, E.T., Manuale de diritto processuale civile, 2ª ed. T. II.I, pág. 93).
La situación del justiciable para el caso de considerar de su lado que el dictamen pericial se encuentra afectado bien en su validez o en su eficacia –lo que en manera alguna cercena la facultad del órgano jurisdiccional- debe brindar certeros fundamentos (si de eficacia se trata, de indudable rigor científico) demostrativos de sus argumentos de ataque, pues no se debe favorecer la fácil y reiteradamente observada postura de cuestionar las conclusiones del experto en tanto ellas no se compadezcan con los fines del impugnante perseguidos en el proceso.
En el rumbo indicado tengo que la ingeniera agrónoma Fernández presentó su dictamen a fs. 489/490, el que resultó observado a fs. 498 por el Dr. Iriarte; obrando a fs. 510 el responde de la experta. Vista la observación del apoderado de la actora, sin gran esfuerzo se puede concluir que no constituye una observación propiamente dicha sino que se trata de una serie de reflexiones y valoraciones en favor de la postura de su mandante sin soporte científico, que no pueden ser atendidas (arts. 384, 474 CPCC). Es de destacar por su referencia puntual a la afirmación de la perito en cuanto a que en caso de mantenerse la traza de la servidumbre se afectaría el predio sirviente (fs. 489 vta. y 500 vta.). Entiendo que lo dicho por la auxiliar de justicia resulta válido y atendible, que no constituye una falacia, ello desde la valoración que brindan las máximas de experiencia; en tanto que si la fracción de la accionada es de casi 300 has., al quedar divididas por un camino, si bien es cierto que no es obligatorio que se lo alambre, también lo es que de alguna forma se debe evitar la invasión por parte de semovientes, se obligaría al demandado a colocar tranqueras o guardaganados para pasar de una fracción a otra y por supuesto aguadas, quedando un remanente de apenas 38 has..
Desde la lectura expertís el perjuicio se funda en las rotaciones del ganado vacuno de cría por distintos potreros para salvaguardar el aprovechamiento de los campos de pastura; labor que desde mi punto de vista resulta dificultosa ante la cantidad de hectáreas propiedad de la demandada.
No tengo dudas de que la impugnación pretendida debe ser desestimada, en razón de que no se ha desvirtuado lo dicho por la ingeniera agrónoma mediante fundamentos científicos propios de la materia. En cuanto a la intervención del martillero Caputo, dio por cumplido su trabajo con el dictamen de 408/427 y ampliación de fs. 493/495; esta última resultó impugnada por el mandatario de la accionante. Con relación a la impugnación de fs. 500, a fin de no reiterar conceptos, aprecio que ha de correr la misma suerte que la realizada a fs. 498; en tanto son meras reflexiones carentes de sustento científico, el recurrente indica su disconformidad más no realiza un cuestionamiento sostenido en literatura propia de la materia, en el caso perito martillero tasador.
Existe una identidad entre lo dicho por los expertos que he mencionado en cuanto al perjuicio que de mantenerse la traza se causaría al accionado en la partición de una propiedad rural de no gran magnitud - 300 has. aproximadamente- no sólo respecto de la metodología de producción (fs. 489 vta. primer párrafo) sino también en cuanto a su valor (fs. 427 Punto 3).
La permanencia de la servidumbre en el lugar en que se encuentra conlleva beneficio exclusivo para el fundo dominante (fs. 426 vta./427 Punto 2) con perjuicio al sirviente, situación que debe ser evitada en tanto en cuanto exista la posibilidad de hacerlo y en esta causa la Dra. Hernández con su decisión lo ha hecho.
Adviértase que el martillero Caputo a fs. 495 vta. Punto b), señala que la reducción del valor del predio de “Agropecuaria La Juanas” sería de hasta el cincuenta por ciento (50%); porcentaje que no merece mayores aclaraciones para trasladarlo a una eventual venta de la propiedad.
En el mismo sendero de apreciación que he marcado no encuentro mérito alguno para apartarme del dictamen bajo análisis, con la desestimación de la impugnación de fs. 500; la que como ya he dicho sólo intenta hacer decir al perito los conceptos que la accionante pretende.
En cuanto a la parcela del agravio que hace al costo de realización de la nueva traza de la servidumbre de paso conforme el croquis 2, no trae el recurrente argumentos de convicción atendibles. Visto que las tareas quedan reducidas a la tala de un pequeño monte, que conforme la foto de fs. 490 vta. tiene apariencia de no ser producto de la mano del hombre sino de plantas autóctonas, cuyas dimensiones tienen aspecto de ser escasa y a levantar o elevar la cota del terreno en la zona baja; interpretando estas palabras de la ingeniera Fernández (fs. 510) no se trata de elevar todo el camino sino una parte del mismo. En definitiva, no son obras de envergadura ni de difícil realización; sobretodo porque no sólo se trata de una traza corta sino que el material para elevar la cota puede ser extraído de la misma propiedad de la accionante, que no sólo es cercana sino que tiene una importante dimensión (1.200 has. aproximadamente) por lo que esa operación no le causaría perjuicio en su fundo.
En particular el recurrente manifiesta que la elevación del terreno tiene como sostén “…un bajo o depresión importante…, el que estaba bajo agua el día de su visita al campo [en referencia a la perito Fernández]…”; más no se ha acreditado en este proceso costo alguno de aquella obra ni siquiera las longitudes de la futura traza, extremos que como ampliación de puntos de pericia o pedido de explicaciones hubiera podido efectuar el Dr. Iriarte, más nada hizo se mantuvo en la posición de su pretensión respecto de que se mantenga la traza actual.
El hecho de que se descarte la traza actual resulta razonable como así las restantes soluciones propuestas por la accionada (fs. 120/122) en tanto como bien refiere la perito ingeniera agrónoma involucran la propiedad de terceros, a lo que debo agregar no han sido convocados en este proceso.
Vistos los croquis acompañados por la demandada, no hay duda que el número 2 (fs. 121) es el más corto y no afecta la propiedad de Agropecuaria fraccionándola, con evidente disminución de su valor y repito, así lo ha dicho la perito ingeniera agrónoma.
La servidumbre de paso en casos como este, tiene como sustento no sólo la situación fáctica de resolver la situación del fundo enclavado sino cuestiones de vecindad, que por sus características requieren de la voluntad de ambas partes. Así en este proceso se advierte que la voluntad conciliatoria solo existió en la demandada que al contestar la demanda propuso soluciones alternativas, mientras que como vengo sosteniendo Molina y Anchorena por medio de su apoderado no ha mostrado la mínima vocación conciliadora; extremo que se sostiene al expresar los agravios.
iii. Costas de primera instancia.
En cuanto a las costas que fueron impuestas en el orden causado, entiende el recurrente que al no haber habido un allanamiento por parte de la demandada y dado que la acción fue acogida, las costas debieron imponerse a aquélla en razón del principio general que rige la materia. Agrega que fue necesario incoar la pretensión para constituir el derecho real de servidumbre de paso o tránsito (fs. 564).
Como es sabido la imposición de costas merece que el sentenciante, en caso de apartarse del principio general que rige la materia, dé razones de porqué lo hace bajo pena de nulidad; también lo es que cuando esas razones fueran deficitarias o no existieren puede ser subsanado con la intervención del Superior en el marco del agravio (art. 68 párr. segundo CPCC).
La jueza de grado en el Considerando V impuso las costas por su orden con pie en los términos de la acción, del responde del accionado y la forma de resolver la cuestión; con cita de los arts. 68 y 69 CPCC. Considero que en su primera instancia, aún en forma escueta, ha fundado su decisión con relación a la imposición en costas.
En el marco del art. 273 CPCC infiero que cuando se hace referencia a los términos de la acción lo es en tanto la accionante persigue consolidar una situación fáctica pre existente sin brindar alternativa alguna a la solución del conflicto en tanto el responde del accionado, si bien no constituye un allanamiento en los términos del art. 307 del Ritual pues se opuso a aquella petición mas en una actitud que puede rotularse de armonizadora propuso diferentes fórmulas para determinar el trazado de la servidumbre. Ante ambas posiciones y el resultado negativo de las audiencias conciliatorias que fijó el juzgado, la cuestión debió ser resuelta por la iudex mediando la valoración probatoria y la correcta determinación normativa. Con este hilo reflexivo he de decir que la imposición en costas por su orden ha resultado correcta, no obstante que la redacción de la dispositiva de la sentencia dice “Haciendo lugar a la demanda…”; pues se ha valorado en debida forma el devenir de las actuaciones.
V. Costas.
Las costas de esta instancia se corresponde que sean impuestas al recurrente en su condición objetiva de vencida (art. 68 CPCC; CSJN, 17-10-94, LL., 1995-D-926 nº 1631).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
LOS SEÑORES JUECES DOCTORES JANKA Y CANALE ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
De conformidad con las citas legales, jurisprudenciales y argumentación realizada dejo propuesto al Acuerdo confirmar en su integridad la sentencia de fecha 21/11/2017, mediando aclaración que la acción prosperó a favor de la constitución de la servidumbre de paso o tránsito sobre el predio sirviente de propiedad de la accionada “Agropecuaria Las Juanas S.A.”. Las costas de esta instancia se imponen a la actora recurrente en su condición de vencida (arts. 168, 172 Const. Prov.; 3073, 3074 Cód. Civil; 68, 163 inc.2, 260, 261, 272, 273, 307, 375, 384, 473, 474 CCPC).
ASI LO VOTO.
LOS SEÑORES JUECES DOCTORES JANKA Y CANALE ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal confirma en su integridad la sentencia de fecha 21/11/2017, mediando aclaración que la acción prosperó a favor de la constitución de la servidumbre de paso o tránsito sobre el predio sirviente de propiedad de la accionada “Agropecuaria Las Juanas S.A.”. Las costas de esta instancia se imponen a la actora recurrente en su condición de vencida. (arts. 168, 172 Const. Prov.; 3073, 3074 Cód. Civil; 68, 163 inc.2, 260, 261, 272, 273, 307, 375, 384, 473, 474 CCPC).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
MARIA R. DABADIE
Siguen/// ///las firmas.
MAURICIO JANKA SILVANA REGINA CANALE GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario
Fin de la sentencia